Inadmisión de reclamación de acceso a información pública sobre identidad de empleado municipal y expedientes disciplinarios

RESOLUCIÓN 84/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 0055/2025 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Lora del Rio Artículos DA 4º LTPA; DA 1º LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 16 de enero de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 10 de diciembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “1º.- Identifique al empleado público municipal encargado de tramitar la presente solicitud (nombre, apellidos, condición funcionarial o laboral, grupo, subgrupo, categoría profesional y denominación del puesto de trabajo que ocupa). 2º.- Indique si por esta Alcaldía se ha ordenado el desarrollo de alguna actividad investigadora a fin de depurar la responsabilidad disciplinaria concurrente por el presunto desempeño negligente de las tareas propias del puesto de trabajo, la falta de dedicación al servicio público, la ineficacia y/o la manifiesta falta de rendimiento. Si la respuesta es afirmativa, facilítese copia de las actuaciones realizadas. 3º.- Para el caso de que se hubiera incoado procedimiento disciplinario contra la funcionaria identificada, sírvase facilitar la identidad del instructor y secretario designados con traslado de copia de las actuaciones realizadas. 4º.- Para el caso de que se hubiera incoado procedimeinto disciplinario, comuníquese su inicio al denunciante, deconformidad con lo dispuesto en el art. 27, in fine, del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero”. 2. La entidad reclamada contestó la petición el 19 de diciembre de 2024 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “RESUELVO PRIMERO. Que se ha procedido a realizar las investigaciones oportunas para conocer la causa del retraso en la tramitación del expediente mencionado, de las que se concluye que han sido varias áreas las que han intervenido en el expediente y que dicho retraso se ha debido a una acumulación puntual de tareas, por lo que no existen indicios de responsabilidad disciplinaria, Es por ello, que no se ha acordado el inicio de expediente disciplinario a ningún trabajador de esta entidad (...)”. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “A la vista de la Resolución 25/2025, de 14 de enero (...) por la que este Consejo inadmite la reclamación 1235/2024, de 20 de diciembre, sin perjuicio de su derecho a solicitar la información al amparo de la normativa de transparencia una vez que el procedimiento haya terminado o bien ya no ostente la condición de persona interesada. Habida cuenta que el ayuntamiento de Lora del Río no ha facilitado en el plazo establecido la información relativa a la identidad del empleado municipal responsable de tramitar la solicitud con nº 9775 que se adjunta (apartado 1º), el procedimiento ha terminado por silencio administrativo y, a juicio de quien suscribe, contrariando la doctrina de esta AAI cuya cita resulta ociosa”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) de la LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 19 de diciembre de 2024, y la reclamación fue presentada el 16 de enero de 2025, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El motivo de la reclamación formulada es que la entidad reclamada no ha facilitado en el plazo establecido la información relativa a la identidad del empleado municipal responsable de tramitar la solicitud que se adjunta (apartado 1º), presentada el día 10 de diciembre de 2024. La citada solicitud de información es la misma solicitud de información pública que fue resuelta por el Ayuntamiento reclamado mediante Resolución de 19 de diciembre de 2024. Esta Resolución, a su vez, fue objeto de la reclamación núm. 1235/2024, la cual fue inadmitida por este Consejo mediante Reso- lución 25/2025, de 14 de enero. Debemos concluir, por tanto, que este Consejo ya se ha pronunciado sobre la solicitud de información que se plantea en este caso. Por tanto, una vez dictada resolución por este Consejo sobre este asunto, no puede volver a dictar otra sobre el mismo objeto, ya que ello iría contra el principio de seguridad ju- rídica del artículo 9.3 de la Constitución, que excluiría la posibilidad de volver a plantear en un nuevo procedimiento lo ya resuelto en otro anterior, con elementos subjetivos y objetivos idénticos. 2. Debemos aclarar que en cualquier caso en esta reclamación igualmente hubiera sido de aplicación lo dispuesto en la disposición Adicional Cuarta de la LTPA, que en su apartado primero, contempla ex- presamente el supuesto de solicitudes de información sobre procedimientos en curso formuladas por quienes reúnen la condición de interesados: “La normativa reguladora del correspondiente procedi- miento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesa- dos en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Lo que determina la consideración de si estamos ante un procedimiento en curso no es el momento en el que se interpone la reclamación ante este Consejo, sino el momento en el que se formula la petición de información, y si en ese momento el procedimiento en cuestión aún sigue pendiente de resolución. Y resulta evidente que, en el momento en que presentó su solicitud —el 10 de diciembre de 2024—, la persona reclamante ostentaba la condición de interesada en un procedimiento administrativo en cur- so, cual es precisamente el procedimiento de acceso a la información pública iniciado con dicha solici- tud de información. En efecto, en el caso que nos ocupa, además de que la persona reclamante tenía la condición de inte- resada en el citado procedimiento por haberlo promovido como titular del derecho de acceso a la in- formación pública, conforme al concepto de interesado establecido en el artículo 4.1 de la LPAC, el procedimiento en cuestión se encontraba en curso en el momento de formularse la petición de infor- mación, por cuanto es precisamente dicha solicitud la que da inicio al procedimiento de acceso a la in- formación pública. El hecho de que la persona reclamante vuelva a plantear esta reclamación cuando ya ha transcurrido el plazo de resolución en nada modifica la anterior circunstancia. Como dijimos en nuestra anterior resolución, la petición contenida en el punto primero de dicha solici- tud de información no es más que el ejercicio de uno de los derechos que el artículo 53 de la citada LPAC reconoce a los interesados en un procedimiento administrativo, esto es, el derecho a identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. Así, pues, según se desprende de los propios términos literales de la citada Disposición adicional, la persona reclamante al tener la condición de interesada en el procedimiento sobre el que solicita infor- mación, y al haber formulado la petición en el momento de iniciar ese procedimiento, esto es, cuando estaba en curso, no podría optar a acceder a ella por el cauce previsto en la LTPA, sino que debió ate- nerse a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento. Procede pues la inadmisión de la reclamación, que se limita al punto primero de la solicitud de infor- mación formulada,por tratarse de una cuestión ya resuelta previamente por este Consejo que, ade- más, carece de competencias para evaluar la aplicación de la normativa que resulte de aplicación en dicho supuesto. Lo indicado anteriormente se entiende sin perjuicio de que la persona reclamante pueda hacer valer sus derechos a través de las vías establecidas por la normativa que rija el procedimiento en curso; o su derecho a solicitar la información al amparo de la normativa de transparencia una vez que el procedimiento haya terminado o bien ya no ostente la condición de persona interesada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la Reclamación presentada.