Reclamación contra el Ayuntamiento de Ohanes por acceso a información sobre la tala de árboles en la plaza del Anchurón y resultado de estimación parcial

RESOLUCIÓN 224/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 16/2025 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Ohanes Artículos 7 LTPA; 12 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 3 de enero de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 14 de junio de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Tras ser conocedores de la tala y destrucción de diversos ejemplares de árboles de gran porte con varias décadas de edad, en el caso urbano del municipio, desde nuestra formación rechazamos tales actos. (...) “Por ello, desde PACMA, tenemos una serie de preguntas acerca de la tala de los ejemplares en el municipio para convertir un pequeño anchurón en una plaza: “1. ¿Cuál ha sido el motivo de la tala: Quejas vecinales, enfermedades, algún tipo de peligro para los vecinos?. “2. ¿Existe informe técnico que avale la destrucción de los ejemplares?. “3. La decisión de la tala, ¿se ha consultado con los vecinos, se ha llevado a pleno, o a sido realizada de manera unilateral y discrecional?”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 15 de enero de 2025 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 23 de enero de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se aporta la respuesta a la solicitud notificada a la persona reclamante el 23 de enero de 2025, con el siguiente contenido: “En respuesta a su consulta del 14 de junio de 2024, le indico que, desde el Ayuntamiento de Ohanes somos plenamente conscientes del papel crucial que desempeña el arbolado urbano en la biodiversidad, el patrimonio natural y la lucha contra el cambio climático. “Por ello trabajamos activamente en la conservación de nuestro espacio natural y sus recursos hídricos como las acequias de careos, que aparte del mantenimiento anual que realizamos, vamos a destinar 125.000 €, de los Fondos Next Generations, a un proyecto de mejora y acondicionamiento de las mismas, con el cual, entre otros beneficios, mejorará el sistema de recargar de acuíferos, fuentes y manantiales y la conservación de la biodiversidad desde especies freatófitas a comunidades de invertebrados. “También, durante este año contaremos con la contratación de un técnico forestal y silvicultura, así como de varios alumnos de ciclos agrarios y medioambientales que han elegido hacer sus prácticas formativas con nosotros, siendo uno de los principales ejes que van a desarrollar la puesta en valor del jardín botánico, el cual cuenta con varias representaciones de árboles, arbustos y plantas autóctonos de Sierra Nevada. “Además, hemos solicitado a la Diputación de Almería, dentro del Plan SAVIA, un lote de árboles y arbustos, que serán destinados a su plantación en el Cementerio Municipal y en su entorno. “Asimismo, le traslado que, en el último pleno celebrado, el 10 de enero de 2025, fue aprobada por unanimidad la Agenda Urbana de la Alpujarra, en la que nuestro municipio participa activamente con aspectos como la autosuficiencia energética, la preservación del medio natural o la gestión inteligente de los recursos tantos naturales como humanos. Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030. “Con respecto a sus cuestiones, le comento que dicha plaza no es de nueva creación y es conocida por todos nuestros vecinos y vecinas como «plaza del Anchurón», «rincón del Anchurón» o «Anchurón»; y aprovechado una mejora en el acceso, pavimentación y mobiliario urbano, se procedió a sustituir los dos árboles, que se encontraban desde hace tiempo en mal estado, pues estaban ahuecados en su interior y presentaban un tronco cada vez más frágil y ante el inminente riesgo de producir daños se han sustituido por otros dos árboles. A continuación, le indico los enlaces de la publicación que hicimos al respecto con imágenes del mal estado de los mismos, así como de los nuevos ejemplares y acondicionamiento d la plaza del Anchurón: “Mal estado de los árboles: https://www.facebook.com/ayuntamientodeohanes/posts/485300443696522 “Estado de la plaza del Anchurón, tras la remodelación: https://www.facebook.com/ayuntamientodeohanes/posts/782685883957975”. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 14 de junio de 2024, y la reclamación fue presentada el 3 de enero de 2025. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente, con relación a la “tala de los ejemplares en el municipio para convertir un pequeño anchurón en una plaza”: “1. ¿Cuál ha sido el motivo de la tala: Quejas vecinales, enfermedades, algún tipo de peligro para los vecinos? “2. ¿Existe informe técnico que avale la destrucción de los ejemplares? “3. La decisión de la tala, ¿se ha consultado con los vecinos, se ha llevado a pleno, o a sido realizada de manera unilateral y discrecional?”. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada el 23 de enero de 2025 a la persona reclamante de la puesta a disposición de cierta información, una vez presentada la reclamación. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición no ha sido satisfecho y no se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA ya que de las tres cuestiones que integran la solicitud de información solamente la primera de ellas, relativa al motivo de la tala, ha sido adecuadamente respondida. En este sentido, la entidad reclamada ha trasladado a la persona solicitante que “se procedió a sustituir los dos árboles, que se encontraban desde hace tiempo en mal estado, pues estaban ahuecados en su interior y presentaban un tronco cada vez más frágil y ante el inminente riesgo de producir daños se han sustituido por otros dos árboles”. 2. Sin embargo, no se pronuncia la entidad reclamada en su respuesta acerca de la existencia de un “informe técnico que avale la destrucción de los ejemplares” ni acerca de si la “decisión de la tala, se ha consultado con los vecinos, se ha llevado a pleno, o a sido realizada de manera unilateral y discrecional”. Lo solicitado es “información pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona reclamante la información solicitada relativa al “informe técnico que avale la destrucción de los ejemplares” y a si la “decisión de la tala, se ha consultado con los vecinos, se ha llevado a pleno, o a sido realizada de manera unilateral y discrecional”. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada, por tanto, ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc.; todo ello en aplicación del principio de minimización establecido en el artículo 5.1c) RGPD (datos adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “2. ¿Existe informe técnico que avale la destrucción de los ejemplares? “3. La decisión de la tala, ¿se ha consultado con los vecinos, se ha llevado a pleno, o a sido realizada de manera unilateral y discrecional?”. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto, apartado segundo, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento en lo que corresponde a la petición contenida en el apartado primero del Fundamento Jurídico Cuarto. Tercero.Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.