Denegación de acceso al listado de teléfonos y correos electrónicos de entidades ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla por protección de datos personales

RESOLUCIÓN 730/2024 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 822/2024 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Sevilla Artículos 32 y 33 LTPA; 15, 20 y 24 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2024 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 28 de abril de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Solicito que la información que aparece en la web del Ayto. de las entidades ciudadanas registradas aparezca el tfn y el correo electronico por ser los medios más habituales y rápidos para establecer contacto, ademas de la dirección postal que ya consta en la web. Entendiendo que esto puede llevar cierto tiempo, solicito se me facilite listado de entidades registradas con los siguientes datos: Nombre de la entidad; teléfono y correo electrónico” 2. La entidad reclamada contestó la petición el 29 de mayo de 2024. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “El 28 de mayo de 2024 [sic] solicité se añadiese en la web municipal de sevilla el teléfono y correo electrónico de las asociaciones ciudadanas inscritas en el registro municipal y una copia de la misma mientras se ejecutaban los cambios en la web. el 23 de mayo se emitió por la Jefa del servicio de participación ciudadana informe desestimatorio y el 29 de mayo resolución desestimatoria del area de Hacienda y participación ciudadana del Ayto de Sevilla. El 24 de junio, vía correo electrónico envié recurso de reposición al que no ha habido respuesta. Todas las capitales de provincia de Andalucía facilitan los datos, Tfn y Mail de las asociaciones ciudadanas en sus Webs. La Agencia Estatal de Protección de Datos me indica que esos datos no tienen la consideración de datos personales y que por tanto no s les aplica la Ley de protección de datos.” Se adjunta copia de un documento denominado “recurso de reposición”, pero sin acreditar la fecha de presentación. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 20 de septiembre de 2024 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de igual fecha a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. La entidad reclamada remite el 9 de octubre de 2024 determinada información relacionada con el expediente. Entre la misma, se incluye un informe con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Con fecha 30 de abril de 2024 tuvo entrada en el Servicio de Participación Ciudadana, remitido por el Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia, escrito presentado por [nombre y apellidos], en el que solicitaba acceso a la información pública, consistente en los teléfonos y correos electrónicos de las entidades ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla. Con fecha 23 de mayo de 2024, la técnico que suscribe emite informe del siguiente tenor (…) Por su parte el artículo 29 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de asociación indica: “1. Los Registros de Asociaciones son públicos. 2. La publicidad se hará efectiva mediante certificación del contenido de los asientos, por nota simple informativa o por copia de los asientos y de los documentos depositados en los Registros o por medios informáticos o telemáticos que se ajustará a los requisitos establecidos en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal. En el supuesto que nos ocupa, el solicitante del acceso nos pide se le entregue listado de todas las entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, con inclusión de los teléfonos de contacto y de los correos electrónicos. Las Entidades Ciudadanas inscritas en el Registro Municipal de Entidades ya aparecen publicados en la web del Ayuntamiento de Sevilla, pero sólo con los datos de denominación, nº de inscripción, CIF, domicilio social, tipo de entidad y Distrito al que pertenece, por lo que los datos a los quiere acceso son los teléfonos de contacto y los correos electrónicos. Pues bien, como ya se ha indicado, el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas es un Registro cuyos datos son públicos, lo que no quiere decir que todos los datos que se contengan en el mismo sean de libre acceso, sino que se accederá a los mismos previa solicitud del interesado, ya que si bien el Registro contiene información pública a la cual el ciudadano tiene derecho a acceder (física o telemáticamente), la comunicación de todos los datos a terceros debe realizarse con todas las cautelas necesarias para amparar el derecho a la protección de datos de carácter personal como derecho fundamental. Las Entidades Ciudadanas que figuran inscritas en el Registro Municipal en muchos casos son entidades pequeñas, de pocos miembros, por lo que los datos de teléfono y correo electrónico no son los propios de la persona jurídica, ni siquiera de las personas que tienen un cargo en la misma, sino que son los de algún socio, familiar, etc…, en definitiva, de personas físicas que en muchas ocasiones lo ponen a disposición de la entidad, al no disponer ésta de los suyos propios. Si bien son datos que no gozan de especial protección por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, si deben gozar de la debida protección, al amparo de lo establecido en la propia Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (artículo 15 ya citado), en cuyo caso, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación en el presente caso, y conforme a lo establecido en el artículo que se indica, dicho órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: la justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos, científicos o estadísticos; el menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquéllos; la mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad, o se refieran a menores de edad. Pues bien, dado que el solicitante no ha comunicado en su solicitud de acceso que interés pretende satisfacer con el acceso solicitado, no se puede ponderar de forma suficientemente razonada si procede dicho acceso o prevalece la protección de los datos personales de los posibles afectados, cuyos teléfonos móviles y correos electrónicos particulares constan en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, ya que además su divulgación puede afectar a su intimidad o seguridad, no tratándose además de datos meramente identificativos. Por tanto, procedería denegar el acceso solicitado”. Por Resolución nº 518, del Coordinador General de Hacienda y Participación Ciudadana, de fecha 27 de mayo de 2024, se deniega la solicitud de acceso a la información pública municipal solicitada por [nombre y apellidos], siendo la misma notificada al interesado el 29 del mismo mes y año. Posteriormente, con fecha 24 de junio de 2024 tiene entrada en el Servicio de Participación Ciudadana, a través de correo electrónico, escrito de recurso de reposición interpuesto por [nombre y apellidos] contra la Resolución de denegación de acceso a la información pública solicitada. Con fecha 25 de junio de 2024, la Jefa del Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia del Ayuntamiento de Sevilla, emite informe en el que indica que contra la denegación de acceso cabrá la interposición de Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses o bien potestativamente al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (CTPD) en el plazo de un mes desde su denegación, conforme al artículo 33 de la Ley de Protección de Datos de Andalucía”, comunicando asimismo que se ha presentado a través del Registro General el recurso de reposición referido. En consecuencia la técnico que suscribe, emite el siguiente informe: “Conforme al artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para ……c) Interponer recursos…como forma de acreditar su identidad. Por otro lado el artículo 16.4 del mismo texto legal señala que los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. d) En las oficinas de asistencia en materia de registros. e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Por tanto, en la presentación del escrito de recurso de reposición no se han cumplido los requisitos legales para para proceder a su tramitación, al no estar firmado ni manual ni electrónicamente, ni haberse presentado en la forma legalmente establecida, por lo que se tiene por no presentado a todos los efectos. En cualquier caso, si bien la notificación de la citada Resolución nº 518 de 27 de mayo, por error, incluía pie de recurso con la indicación de que procedía interponer contra la misma recurso potestativo de reposición, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que contra las Resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública sólo cabe interponer recurso contenciosoadministrativo, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, previamente a la impugnación en vía contencioso-administrativa. Así el artículo 20.5 de la citada Ley señala: “5. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.” Por su parte el artículo 23 de la misma Ley, señala al referirse a los recursos en materia de acceso a la información pública: 1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y el artículo 24 de la misma norma que indica: “[se transcribe]” Por todo lo expuesto, contra la Resolución nº 518 de fecha 27 de mayo de 2024 del Coordinador General de Hacienda y Participación Ciudadana, en la que se deniega el acceso a la información pública solicitada, por los motivos que en el informe que le sirve de base se indican, sólo puede interponerse recurso contencioso administrativo, o con carácter previo a éste, la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en sustitución de los recursos administrativos, por lo que no procede la interposición de recurso potestativo de reposición, ni de ningún otro recurso administrativo.” Se reiteran las consideraciones vertidas en el informe emitido por quien suscribe con fecha 23 de mayo de 2024, y que ha sido transcrito literal en este escrito, habiendo sido también consultado el asunto con la Delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento de Sevilla. Por otro lado indicar que actualmente hay inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla 3.643 entidades, lo que hace inviable dar trámite a todas ellas para que conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, puedan alegar lo que estimen conveniente, ya que se carece de medios materiales y personales para ello.” 3. El 7 de noviembre de 2024 el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía dicta Acuerdo por el que se amplía el plazo máximo de resolución del procedimiento de esta reclamación en 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha máxima de resolución. Dicho acuerdo es notificado a la entidad reclamada y a la persona reclamante el 8 de noviembre de 2024. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se inter- pondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impug- nado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimien- to Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán re- solverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máxi- mo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la soli - citud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que la entidad reclamada notificó la respuesta a la solicitud el 29 de mayo de 2024 y la reclamación no fue presentada hasta el 18 de agosto de 2024. Sin embargo, la persona reclamante informa de la presentación de un recurso de reposición, a través del correo electrónico, que la entidad reconoce haber recibido el día 24 de junio de 2024. En su informe, la entidad reconoce también que la Resolución de 27 de mayo de 2024 incluyó un pie de recurso erróneo, pues lo que cabría era presentar potestativamente una reclamación frente a este Consejo. Este Consejo comparte con la entidad que el correo electrónico no es la vía adecuada para presentar un recurso o una reclamación. Sin embargo, el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, establece que: “1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes. 2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente. 3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.” Y en nuestro supuesto, la entidad no incluyó correctamente los recursos que procedían, por lo que podemos considerar que la notificación de la Resolución de 27 de mayo de 2024 no surtió efectos hasta la presentación de la reclamación ante este Consejo, que se realizó – a diferencia del recurso de reposición- según lo exigido por la normativa de procedimiento administrativo común. Entendemos por tanto que la reclamación ha sido presentada en plazo. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para pro- teger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limita- ciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las cau - sas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y des- proporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limi- tar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Ad- ministración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “solicito se me facilite listado de entidades registradas con los siguientes datos: Nombre de la entidad; teléfono y correo electrónico” La entidad denegó el acceso por considerar que el acceso a la información podría afectar al derecho a la protección de datos, pues “Las Entidades Ciudadanas que figuran inscritas en el Registro Municipal en muchos casos son entidades pequeñas, de pocos miembros, por lo que los datos de teléfono y correo electrónico no son los propios de la persona jurídica, ni siquiera de las personas que tienen un cargo en la misma, sino que son los de algún socio, familiar, etc…, en definitiva, de personas físicas que en muchas ocasiones lo ponen a disposición de la entidad, al no disponer ésta de los suyos propios”. Y añade que : Pues bien, dado que el solicitante no ha comunicado en su solicitud de acceso que interés pretende satisfacer con el acceso solicitado, no se puede ponderar de forma suficientemente razonada si procede dicho acceso o prevalece la protección de los datos personales de los posibles afectados, cuyos teléfonos móviles y correos electrónicos particulares constan en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas, ya que además su divulgación puede afectar a su intimidad o seguridad, no tratándose además de datos meramente identificativos. Por tanto, procedería denegar el acceso solicitado.” Añade en fase de reclamación que “Por otro lado indicar que actualmente hay inscritas en el Registro Municipal de Entidades del Ayuntamiento de Sevilla 3.643 entidades, lo que hace inviable dar trámite a todas ellas para que conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, puedan alegar lo que estimen conveniente, ya que se carece de medios materiales y personales para ello”. La entidad deniega por tanto el acceso por protección de datos personales. Como es sabido, las relaciones entre el derecho de acceso a la información y el derecho fundamental a la protección de datos se regulan en el artículo 15 LTAIBG. El referido artículo configura un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se preten - de. El máximo nivel de tutela se proporciona a las categorías especiales de datos mencionadas en el primer párrafo del artículo 15.1 LTAIBG -ideología, afiliación sindical, religión y creencias-, toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los da- tos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Inmediatamente después en lo relativo a la intensi- dad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG (origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, o re- lativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pú- blica al infractor), ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consenti- miento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley”. En un segundo nivel de protección, el artículo 15.2 LTAIBG incluye los datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano interpe- lado, para lo que establece una regla general de accesibilidad, salvo que en el caso concreto prevalez- ca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Para el resto de datos personales (artículo 15.3 LTAIBG), la Ley establece una regla general de ponderación de los intereses en juego, a la que añade cuatro criterios de interpretación para aplicar a esa ponderación. Y en nuestro caso, tal y como la propia entidad indica, se trataría de datos incluidos en la tercera categoría, por lo que procedería ponderar los derechos en juego. 2. La persona reclamante solicita información sobre los números de teléfonos y correos electrónicos de las asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas. Este Registro se regula por el artículo 236 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entida- des Locales, aprobado por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre: “4. El Registro se llevará en la Secretaría General de la Corporación y sus datos serán públicos. Las inscripciones se realizarán a solicitud de las asociaciones interesadas, que habrán de aportar los siguientes datos: a) Estatutos de la asociación. b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en otros Registros públicos. c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos. d) Domicilio social. e) Presupuesto del año en curso. f) Programa de actividades del año en curso. g) Certificación del número de socios.” La regulación se completa en los artículos 48 y ss del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla. El artículo 50.1 establece que: “1. Las inscripciones se realizaran a solicitud de las Entidades interesadas que habrán de apor- tar los siguientes datos y documentos: a. Estatutos de la Entidad o copia compulsada de los mismos. b. Certificación del número de inscripción en el Registro General de Asociaciones o en otros Re- gistros públicos, o copia compulsada de los mismos, si procediese. c. Nombre de las personas que ocupan cargos directivos. d. Domicilio principal y, en su caso, otros locales de la Entidad. e. Presupuesto del año en curso. f. Programa de actividades del año en curso. g. Número de socios de la Entidad. h. Presencia, en su caso, en Órganos Municipales. i. Subvenciones recibidas por instituciones públicas o privadas en el año en curso. j. En el caso de la Comunidades de Propietarios, deberán aportar, además, copia compulsada de su acta fundacional. k. Si han sido declaradas de utilidad pública, fecha del acuerdo declarativo.” El artículo 52 indica expresamente que “Los datos del Registro Municipal de Entidades Ciudadanas se- rán públicos”. Y el artículo 54 indica que: “1. Los asientos del Libro Registro contendrán referencia exacta a la denominación de la Enti- dad, domicilio principal, número de inscripción en otros Registros Públicos, fines sociales perse- guidos, fechas de constitución de la entidad, fechas de inscripción y relación de cargos directi- vos. 2. Cualquier otro dato aportado por la Entidad, distinto de los anteriores, se incluirá en el Libro como anotación marginal” El registro esta compuesto por tanto de información de personas jurídicas, si bien la entidad considera que los datos de teléfono y correo electrónico pueden pertenecer a personas físicas porque “Las Enti- dades Ciudadanas que figuran inscritas en el Registro Municipal en muchos casos son entidades pequeñas, de pocos miembros, por lo que los datos de teléfono y correo electrónico no son los propios de la persona jurídica, ni siquiera de las personas que tienen un cargo en la misma, sino que son los de algún socio, familiar, etc…, en definitiva, de personas físicas que en muchas ocasio- nes lo ponen a disposición de la entidad, al no disponer ésta de los suyos propios”. La denegación de la información se fundamenta en esta afirmación, esto es, en la posibilidad de que parte de la información a facilitar contuviera datos personales de personas físicas. En muchos casos, la literalidad del correo electrónico permitiría la identificación de una persona, que se po- dría vincular fácilmente con su pertenencia a una asociación u otro colectivo. El conocimiento de un número de teléfono también podría facilitar la identificación de su titular mediante el cotejo del dato con otras tablas de datos o con procesos automatizados de comprobación. Si bien la entidad no ha ofrecido un número aproximado de registros que estuvieran en esta situación, lo cierto es que este Consejo tampoco dispone de elementos de juicio suficientes para considerar que la afir- mación no es verdadera. Debemos destacar que los datos de contacto de las asociaciones no conforman el contenido del Registro, a la vista del artículo 236 ROF y 51 del Reglamento de Participación Ciudadana. Conteni - do que es el que puede calificarse como público, según el artículo 52 del Reglamento. Este Consejo entiende que debe primar el derecho a la protección de datos frente al derecho de acceso a la información pública, por los motivos que se indican a continuación. La negativa al acceso se justifica en el riesgo -afirmado por la entidad- de que se produzca el ac - ceso a datos personales, ya que parte de los correos y teléfonos pueden pertenecer a las personas físicas que realizaron la inscripción de las entidades en el registro. Este riesgo se ve incrementado por el hecho de que los datos personales comunicados podrían estar relacionados con las catego- rías de especial protección previstas en el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Da- tos, en relación con el origen étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosófi- cas, la afiliación sindical, la salud, a la vida u orientación sexual. Además, el riesgo aumentaría por el volumen de información a facilitar, que asciende a más de 3.500 entidades, y por las posibilida - des tecnológicas de tratamiento de estos datos. Por otro lado, los datos de contacto son aportados por los representantes en el formulario de inscripción de la entidad en el Registro. No podemos considerar que la información solicitada sea pública, a los efectos del artículo 52 del Reglamento de Participación Ciudadana, ya que no se trata de un contenido a incluir en el Regis- tro. Por más que que los formularios de inscripción incluyan una casilla para rellenar los datos de teléfono y correo electrónico de la entidad, esto no puede suponer que se trate de un contenido del registro, ya que su inclusión se debe -previsiblemente- a la necesidad de incluir un medio para que el Ayuntamiento se comunique con la entidad asociativa. De hecho, el propio Reglamento di- ferencia el modo de asiento de los datos de la entidad, según lo previsto en el artículo 54. Y debe- mos tener en cuenta que la finalidad del Registro es “ conocer el número de Entidades existentes en el Municipio, sus fines y representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política mu- nicipal de fomento del asociacionismo ciudadano y permitir el desarrollo de los derechos de las Entidades de acuerdo con lo previsto en el R.D. 2568/1986 de 28 de Noviembre”, según el artículo 48 del Reglamento. El artículo 236 ROF se expresa en términos similares (“2. El Registro tiene por objeto permitir al Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el Municipio, sus fi- nes y su representatividad, a los efectos de posibilitar una correcta política municipal de fomento del asociacionismo vecinal”). Esto es, debemos presumir la razonable expectativa de privacidad de las personas que proporcionaron sus datos personales como contacto de una asociación en el sentido de que estos no se proporcionen indiscriminadamente a terceras personas. El propio for- mulario establece como la finalidad del tratamiento -respecto a los datos de los representantes- “para comunicaciones y consultas”. La persona reclamante ha justificado su petición en que los teléfonos y los correos son los medios habituales para relacionarse con las entidades. Sin embargo, este motivo no justifica el riesgo que supondría facilitar la información solicitada, que recordemos es muy voluminosa. Si la persona re- clamante desea contactar con alguna entidad, puede, como indica en el recurso, localizar la web que incluirá algún medio de comunicación con esta, sin que sea necesario generar un riesgo de tratamiento ilegítimo de datos personales. La finalidad descrita puede alcanzarse con otros me- dios que no suponga un riesgo tan elevado para un derecho fundamental. Tampoco podemos acoger la posible aplicación del artículo 15.4 y 16 LTAIBG. Y es que el volumen de información solicitado es tan elevado, que las tareas para la verificación de si un correo o telé- fono son de personas físicas conllevarían un paralización de los servicios ordinarios de la entidad reclamada. Ni la alegación relativa a la publicación por otros ayuntamientos de la información o de la publica- ción de parte de la información por el propio Ayuntamiento. Este Consejo desconoce, en primer lugar, si han publicado datos personales de personas físicas o por el contrario son datos de perso- nas jurídicas; y en segundo lugar, si las publicaciones es legítima a la vista del contenido del ar- tículo 6 RGPD. Pero en el caso del Ayuntamiento de Sevilla no parece existir previsión legal o moti- vo que legitime la publicación de correos electrónicos o teléfonos que permitan la identificación de una persona física. En resumen, consideramos que el acceso a la información supondría un riesgo cierto de tratamien- to ilegítimos de datos personales de personas físicas. Riesgo que se ve incrementado por el impor- tante volumen de información que se solicita y las posibilidades tecnológicas de tratamiento de esos datos. Debe primar por tanto el derecho a la protección de datos frente al de acceso a la información pú - blica. Procede pues la desestimación de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Desestimar la reclamación.