Reclamación de acceso a información pública al Ayuntamiento de Algeciras sobre inventario de caminos, censo de amianto y diversas solicitudes de actuaciones administrativas

RESOLUCIÓN 308/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 190/2025 Persona reclamante XXXXX Representante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Algeciras Artículos 2.a), 7.c), 24 LTPA; 12, 24 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 16 de febrero de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 23 de enero de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Que se nos proporcione el inventario de los caminos públicos de Algeciras. Que dicha información la queremos en formato digital desprotegido, en estándar abierto, reutilizable, debidamente anonimizada y respetando las limitaciones establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas, en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales; y a través del Portal Electrónico del Estado y/o dirigida a la dirección de correo electrónico de AGADEN-Ecologistas en Acción que se incluye más arriba". 2. La persona reclamante presentó el 5 de febrero de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Que realice las gestiones pertinentes para que se retire todo el cemento que se ha puesto alrededor de sus bases sustituyéndolo por alcorques en condiciones que favorezcan la retención del agua y por tanto la humedad en la tierra en la zona perimetral de estos arboles. Que se nos informe de las actuaciones que se deriven de este escrito, solicitud que realizamos en base a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en la Ley 1/2014, de 14 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía". 3. La persona reclamante presentó el 12 de febrero de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Que se proceda al desmantelamiento de este vertedero-chatarrería ilegal en la mayor brevedad posible. Que de igual forma, se nos informe de las acciones que se deriven de este escrito. Solicitud que realizamos en base a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en la Ley 1/2014, de 14 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía". 4. La persona reclamante presentó el 15 de abril de 2024, solicitud de acceso a información dirigida al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, en los siguientes términos: "Que desde Ayuntamiento se proceda a realizar las acciones oportunas para que la Zona Franca limpie el lugar y dichos residuos sean trasladados a un vertedero autorizado. Que se proceda al cierre de la puerta de acceso a esta parcela. De la misma manera que solicitamos que se nos informe de las acciones que se tomen en base a este documento. Solicitud que realizamos en base a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en la Ley 1/2014, de 14 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía". 5. La persona reclamante presentó el 24 de abril de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Que se tramite el expediente de acuerdo con la diligencia esperada en las administraciones públicas y se proceda al derribo de lo construido ilícitamente lo antes posible adoptándose las medidas cautelares necesarias para que no siga construyéndose y utilizando la construcción, acordando su precinto si fuera necesario. Igualmente solicitamos se investiguen las causas de la demora en la tramitación del expediente que superan los plazos razonables y las circunstancias por las que un hecho tan notorio con una infracción flagrante en un emplazamiento especialmente visible no haya sido detectado de oficio por los servicios competentes dependientes de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras por si hubiera lugar a algún tipo de responsabilidad ya sea de carácter administrativo o tipificada en el Código Penal, poniéndose en conocimiento del Ministerio Fiscal en este último caso. En último lugar, y de acuerdo con el derecho de información ambiental y como denunciante de los hechos ilícitos solicitamos se nos informe de los trámites y estado de los procedimientos de referencia". 6. La persona reclamante presentó el 24 de abril de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Solicita: Una reparación de estas laderas vegetales del vertedero de El Cobre lo antes posible. De la misma manera solicitamos que se nos informe de las acciones que se deriven de este escrito. Solicitud que realizamos en base a lo estipulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 18/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y en la Ley 1/2014, de 14 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía". 7. La persona reclamante presentó el 11 de julio de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "ASUNTO Puente roto en la Puerta Verde de Algeciras. Entre el vertedero clausurado de El Cobre y el centro penitenciario de Botafuegos. ESCRITO Solicitamos su arreglo". 8. La persona reclamante presentó el 24 de septiembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "ASUNTO Notificamos el mal estado de la Puerta Verde de Algeciras, entre la rotonda de acceso al centro penitenciario de botafuegos y el club hípico Botafuegos. Tramo paralelo a la carretera Cobre- Botafuegos CA-9208. -Adjuntamos croquis del tramo y fotografías ESCRITO solicitamos un rápido arreglo y nos informen al respecto". 9. La persona reclamante presentó el 26 de septiembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Por medio del presente escrito, desde AGADEN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, solicitamos a ese Ayuntamiento el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en el término municipal, así como la planificación de la retirada de dicho amianto". 10. La persona reclamante presentó el 20 de noviembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Por medio del presente escrito, desde AGADEN ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, solicitamos la creación de una comunidad energética local en su municipio". 11. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 4 de marzo de 2025 el Consejo pone a disposición de la persona reclamante la comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El 6 de marzo de 2025 se pone a disposición de la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 18 de marzo de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la primera petición de información, la presentada el 23 de enero de 2024. En concreto, en sus alegaciones se pone de manifiesto lo siguiente: "En relación con su expediente de reclamación SE-RECL-2025/0190, con entrada en la Delegación de Medio Ambiente en la fecha 10/03/2025, que se instruye en virtud de la solicitud de inventariado de caminos públicos realizada por la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden). Por la presente se adjunta copia del escrito de respuesta remitido al colectivo solicitante por el Secretario General de este Excmo. Ayuntamiento Algeciras en la fecha 31/01/2024". Así mismo, se adjunta la contestación facilitada por la entidad reclamada acerca del inventario de caminos públicos de Algeciras, informando únicamente al respecto que "se encuentra en elaboración", y la documentación acreditativa del rechazo de la correspondiente notificación. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto las solicitudes fueron presentadas en diversas fechas de 2024, siendo la última de ellas presentada el 20 de noviembre de 2024, y la reclamación se interpuso el 16 de febrero de 2025. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la presentación de las solicitudes, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El contenido de las diez solicitudes de información presentadas por la persona reclamante, citadas en el Antecedente Segundo de la presente Resolución, es de muy variada naturaleza. Sin embargo, la entidad reclamada en las alegaciones y documentación remitida a este Consejo únicamente hace referencia a la primera de las solicitudes presentadas, en la que se solicitaba el inventario de los caminos públicos del municipio. En la respuesta remitida, la entidad reclamada se limita a informar que no existe en la actualidad un inventario consolidado, y que se encuentra en elaboración. Conforme a lo establecido en el artículo 2.a) LTPA, ya reproducido, el concepto legal de “información pública” delimitado por la normativa de transparencia, así como la regla general de acceso que vertebra la misma, presupone y exige la existencia real y efectiva de un contenido o documento que obre en poder del sujeto obligado con ocasión del ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. Por ello, procede desestimar la reclamación que pretenda acceder a documentos inexistentes, “y ello con independencia de la valoración particular que dicha inexistencia pueda merecer a la persona reclamante” (así, entre otras muchas, la Resolución 142/2018, FJ 2º). En consecuencia, a este Consejo no le corresponde revisar si una determinada información debería o no existir, ni enjuiciar la corrección jurídica de la eventual carencia de la misma. Como se precisaría en el FJ 4º de la Resolución 149/2017: “[…] las presuntas irregularidades o deficiencias que –a juicio de los reclamantes- presente la información proporcionada por la Administración deberán, en su caso, alegarse y hacerse valer en la correspondiente vía administrativa y/o jurisdiccional que resulte competente en función de la naturaleza y alcance de las anomalías denunciadas. De lo contrario, este Consejo pasaría a operar como una suerte de órgano de revisión universal frente a cualquier irregularidad o defecto en la información que pudiera esgrimir la persona a la que se ha dado acceso a la misma, lo que manifiestamente escapa a la finalidad del marco normativo regulador de la transparencia.” Si en este caso no existe en el expediente ninguna información sobre lo solicitado, la satisfacción del derecho de acceso a la información pública del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. Con carácter general, una respuesta como la señalada, en la cual se comunique a quien ejerce su derecho de acceso a la información pública que una determinada información solicitada por este no existe o no se encuentra localizable, responde expresamente a la petición realizada. 2. Por otro lado, se ha de indicar que entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación del intento de notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación. A estos efectos, debemos aclarar que consta en el expediente el intento de notificación electrónica de la respuesta y el rechazo por caducidad de la notificación. Consta en la solicitud que las notificaciones se hagan al correo electrónico indicado. El artículo 41.1 LPAC que indica que las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónico y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía, circunstancia que concurre e este caso al ser la persona reclamante una persona jurídica (artículo10 LPAC). El artículo 43.2 establece que cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o hay sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. Y a su vez, el artículo 41.5 establece que cuando el interesado o su representante rechace la notificación de un actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. Por lo indicado anteriormente, este Consejo entiende que la entidad reclamada ha cumplido la previsiones legales establecidas sobre el ejercicio del derecho de acceso, ya que el intento de notificación se realizó conforme a lo establecido en la normativa que resultaba de aplicación. Por tanto, se ha de declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento, en lo que concierne a solicitud de información presentada por la persona reclamante el 23 de enero de 2024. 3. En relación con la novena solicitud de información presentada el 26 de septiembre de 2024, referida al censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en el término municipal, así como la planificación de la retirada de dicho amianto, nada indica la entidad reclamada en sus alegaciones. Lo solicitado es “información Pública”, al tratarse de documentos, o contenido, que obran en poder de la entidad reclamada, y han sido elaborados o adquiridos por ella en el ejercicio de sus funciones, todo ello de conformidad con el artículo 2.a) LTPA. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación, en lo que a esta solicitud de información se refiere, en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 4. En las solicitudes de información referidas en el Antecedente Segundo, apartados 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, concurren una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de las solicitudes de información de información referidas y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”. Y es que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta realice una específica actuación (retirada de cemento, que se desmantele un vertedero-chatarrería, que se limpie la Zona Franca y se cierre la puerta de acceso a una parcela, derribo de una construcción, reparación de unas laderas vegetales de un vertedero, arreglo de un vertedero, arreglo de Puerta Verde de Algeciras, y la creación de una comunidad energética). Se nos plantea, pues, unas cuestiones que, con toda evidencia, quedan fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación, en lo que a las solicitudes citadas se refiere. En cualquier caso, y pese a lo anteriormente indicado, se ha de destacar que la solicitud de información presentada el 15 de abril de 2024, referida a "que desde Ayuntamiento se proceda a realizar las acciones oportunas para que la Zona Franca limpie el lugar y dichos residuos sean trasladados a un vertedero autorizado. Que se proceda al cierre de la puerta de acceso a esta parcela (...)" se dirigió, según consta en la documentación remitida a este Consejo, al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, entidad de derecho público dependiente de la Administración General del Estado, por lo que en ningún caso podría haber sido contestada por la entidad reclamada. En cualquier caso, ya hemos indicado anteriormente que el contenido de la solicitud es ajeno al concepto de información pública previsto en la normativa de transparencia. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “(…) el censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en el término municipal, así como la planificación de la retirada de dicho amianto". La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto, apartado tercero, y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento, en lo referente a la petición contenida en el Fun- damento Jurídico Cuarto, apartado primero y segundo. Tercero. Inadmitir la reclamación por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA, en lo referente a las peticiones de información contenidas en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado cuarto. Cuarto. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.