Reclamación contra el Ayuntamiento de Hinojos por falta de acceso a informes técnicos de accesibilidad y visitas de comprobación de un establecimiento

RESOLUCIÓN 317/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 49/2025 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Hinojos Artículos 2.a) LTPA; 19.3 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 17 de enero de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. La persona reclamante presentó el 13 de diciembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “1º.- Facilite copia del informe técnico emitido en relación al cumplimiento de la medidas de accesibilidad (adaptación de rampas, lavabos para personas con discapacidad, entre otras) exigibles al establecimiento público de hostelería "Bar Tosca", ubicado en la calle (...) de esta localidad. 2º.- Indique la fecha de la última visita de comprobación realizada por los servicios técnicos municipales al referido establecimiento. 3º.- Identifique al empleado público municipal encargado de tramitar la presente solicitud (nombre, apellidos, condición funcionarial o laboral, grupo, subgrupo, categoría profesional y denominación del puesto de trabajo que ocupa)". Tercero. Sobre la reclamación presentada La persona reclamante indica en su reclamación que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada, y pone de manifiesto los siguientes extremos, en lo que ahora interesa: "El ayuntamiento de Hinojos ha incumplido su obligación de facilitar la información relativa a las medidas de accesibilidad y visita de comprobación relativas a un establecimiento público de la localidad, sin que conste la ampliación o suspensión del plazo de resolución y contrariando la consolidada doctrina de esta Autoridad Administrativa Independiente (por todas, las Resoluciones nº 269/2023, de 2 de mayo; nº 599/2023, de 20 de septiembre; nº 604/2023, de 20 de septiembre; nº 712/2023, de 2 de noviembre; nº 818/2023, de 13 de diciembre; nº 57/2024, de 23 de enero; nº 77/2024, de 21 de enero; nº 93/2024, de 30 de enero; (...) La presente reclamación se circunscribe a los dos primeros apartados de la solicitud adjunta". Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 23 de enero de 2025 el Consejo puso a disposición de la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día puso a disposición de la entidad reclamada la solicitud de copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 4 de febrero de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se adjunta la Resolución de la Alcaldía número 2025-0080, de 23 de enero, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "En relación a la cuestión 1º.- Que la solicitud del informe técnico emitido en relación al cumplimiento de la medidas de accesibilidad (adaptación de rampas, lavabos para personas con discapacidad, entre otras) exigibles al establecimiento público de hostelería "Bar Tosca", ubicado en la calle (...) de esta localidad, informan que se remiten a lo especificado en el informe de fecha 22/04/2024 del expediente num. 671/2024 y a los restantes emitidos en relación a las circunstancias de dicho establecimiento. En relación a la 2º.- Fecha de la última visita de comprobación realizada por los servicios técnicos municipales al referido establecimiento, los servicios Técnicos Municipales informan que se remiten a lo especificado enel informe de fecha 22 de abril de 2024 del expediente n.º 671/2024 y a los restantes emitidos en relación a las circunstancias de dicho establecimiento". 3. El 3 de marzo de 2025 se solicita a la entidad reclamada la copia de la documentación que acredite la puesta a disposición del reclamante de la información solicitada. 4. Con fecha 7 de marzo de 2025 tiene entrada documentación remitida por la entidad reclamada relacionada con la información solicitada, sin acreditarse la puesta a disposición de la Resolución de la Alcaldía número 2025-0080. Entre la documentación remitida consta Resolución de la Alcaldía número 2024-0450, de 23 de abril, por la que se concede el acceso a la copia del informe emitido por el técnico municipal de fecha 22 de abril de 2024. En el referido informe se pone de manifiesto los siguientes extremos: "• En dicho escrito se solicita información referente a: «1) Informe sobre el resultado de la visita de comprobación girada por los servicios técnicos al establecimiento indicado y, en particular sobre la existencia o no de la póliza de responsabilidad civil exigible al referido establecimiento y sobre si está expuesto en lugar visible el cartel relativo al aforo máximo del establecimiento; 2) Facilite copia del informe técnico que se hubiera emitido al efecto comprensivo del número de extintores del local y de otras medidas contraincendios; 3) Facilite copia del informe técnico que se hubiera emitido en relación a las medidas de accesibilidad establecidas en el capítulo I, del título II del Decreto 193/2023, de 21 de marzo». • Con respecto a la copia del informe sobre visita girada al establecimiento, se hace constar que a fecha de hoy no se ha efectuado dicha visita por los servicios técnicos y en cuanto a la póliza de responsabilidad civil se reitera que éste Área de Urbanismo no dispone de dicha información. • Con respecto a la copia del informe sobre el número de extintores del local y de otras medidas contraincendios, se hace constar que a fecha de hoy no se ha efectuado visita por los servicios técnicos. • Con respecto a la copia del informe en relación al Decreto 193/2023 de 21 de marzo, en su disposición final sexta (entrada en vigor) especifica lo siguiente: (...)". FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 13 de diciembre de 2024, y la reclamación fue presentada el 17 de enero de 2025. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. El contenido de la solicitud de información que es objeto de reclamación, es el siguiente: “1º.- Facilite copia del informe técnico emitido en relación al cumplimiento de la medidas de accesibilidad (adaptación de rampas, lavabos para personas con discapacidad, entre otras) exigibles al establecimiento público de hostelería "Bar Tosca", ubicado en la calle (...) de esta localidad. 2º.- Indique la fecha de la última visita de comprobación realizada por los servicios técnicos municipales al referido establecimiento. Como es sabido, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la ciudadanía puede solicitar toda suerte de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Y, no cabe albergar la menor duda de que la información solicitada constituye inequívocamente “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Y así lo entendió la entidad reclamada, al poner de manifiesto en la Resolución de la Alcaldía número 2025- 0080, de 23 de enero, que se remite a lo ya especificado en un informe de fecha 22 de abril de 2024 emitido por el arquitecto técnico municipal, objeto de una anterior solicitud de información. En cualquier caso, se ha de indicar que no consta en la documentación remitida a este Consejo que se haya notificado al interesado el referido informe ni la Resolución de la Alcaldía. 2. Debemos ahora entrar a conocer el contenido de la respuesta ofrecida por la entidad reclamada. La información solicitada por la persona reclamante es la copia de un informe técnico emitido en relación al cumplimiento de la medidas de accesibilidad de un establecimiento de hostelería, así como la fecha de la última visita de comprobación realizada por los servicios técnicos municipales al referido establecimiento. Sin embargo, la solicitud de información a la que se remite la respuesta ofrecida versaba sobre un informe en el que se refleje el resultado de una visita de comprobación girada por los servicios técnicos al establecimiento indicado y la copia del informe técnico que se hubiera emitido al efecto comprensivo del número de extintores del local y de otras medidas contraincendios del referido establecimiento. En relación con ambos supuestos se pone de manifiesto en el informe de 22 de abril de 2024 por la entidad reclamada que "no se ha efectuado visita por los servicios técnicos". Se puede observar que la información requerida en ambas solicitudes se refiere al mismo establecimiento y versa sobre cuestiones relacionadas, pero son distintas. Por ello no puede considerarse, en ningún caso, que la solicitud de la que trae causa la reclamación que se resuelve en la presente Resolución ya esté contestada en el informe de 22 de abril de 2024, que por otro lado, no consta notificado al interesado en la documentación remitida. Pues bien, considerando que la información solicitada se incardina claramente en el concepto de información pública, que no consta que la persona reclamante haya recibido la información solicitada y que no ha sido alegada por la entidad reclamada ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que permita restringir el acceso a la misma, este Consejo debe estimar la presente reclamación en virtud de la regla general de acceso a la información que referíamos en el fundamento jurídico anterior. 3. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución una vez concedido el trámite de alegaciones, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. En cualquier caso, se deberá realizar el trámite de audiencia a terceros si el acceso a la información afectara a sus derechos o intereses, en el supuesto en que efectivamente se vaya a facilitar la información requerida; en el caso en que no conste información al respecto, como se informó en su momento en relación con la anterior solicitud de información presentada por el reclamante, no será necesario retrotraer el procedimiento para la realización del trámite de alegaciones, pero sí deberá la entidad reclamada transmitir expresamente la inexistencia de la información a la persona reclamante. En cualquier caso, la información sobre la fecha de la visita de comprobación no puede considerarse que afecte a los derechos o intereses de terceras personas. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “1º.- Facilite copia del informe técnico emitido en relación al cumplimiento de la medidas de accesibilidad (adaptación de rampas, lavabos para personas con discapacidad, entre otras) exigibles al establecimiento público de hostelería "Bar Tosca", ubicado en la calle (...) de esta localidad. 2º.- Indique la fecha de la última visita de comprobación realizada por los servicios técnicos municipales al referido establecimiento". La entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, que esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. b) Retrotraer el procedimiento respecto al resto de información. Todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.