Reclamación de acceso a información sobre proceso selectivo docente y solicitud de revisión de calificaciones

RESOLUCIÓN 387/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 242/2025 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 26 de febrero de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 7 de enero de 2025, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Desde el 23/07/2024 llevo presentando diferentes escritos para la obtención de respuestas sobre el proceso selectivo de cuerpos docentes recogido en la Orden de 12 de diciembre de 2022. “Que la respuesta a la reclamación electrónica presentada el 23/10/2024 y la consulta de los documentos referidos en dicha respuesta sobre los criterios de calificación, que no de evaluación del proceso selectivo de cuerpos docentes recogido en la Orden de 12 de diciembre de 2022, sigue sin haber un criterio de calificación que permita la corrección objetiva del proceso selectivo, asegurando los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la convocatoria. “Sin estos criterios de calificación, donde se pueda observar de forma clara los motivos por los que un aspirante obtiene una u otra calificación, es imposible determinar la auténtica validez de las calificaciones recogidas por el tribunal de oposiciones. Más aún cuando las directrices de la consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional para todos los tribunales el día de la revisión fueron, según varios miembros de diferentes tribunales, que las notas eran ya inamovibles. “(...) “SOLICITA “Una copia de la parte B (oral) de mi prueba del proceso selectivo de cuerpos docentes recogido en la Orden de 12 de diciembre de 2022, que debería estar custodiada en cualquier formato o soporte que permita su almacenamiento según la ley de Transparencia Pública de Andalucía, para poder demostrar la imparcialidad del tribunal, de acuerdo con los principios que rigen los procesos selectivos y poder rebatir o demostrar cualquiera de las calificaciones que se han registrado. “Los criterios de calificación utilizados para determinar la nota numérica de cada uno de los apartados, tanto de la parte A (escrita) como de la parte B (oral) de la prueba de selección, con el fin de determinar la adecuación de la calificación y asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad a lo largo de este proceso selectivo. “En el caso de que no se pueda hacer llegar alguna de las solicitudes. Solicito la revisión y el cambio de TODAS las calificaciones que no puedan demostrarse correctas, de forma clara e inequívoca, a la calificación máxima para cada uno de los apartados, en este caso 10. Con las correspondientes implicaciones que conllevarían en cuanto a la lista de seleccionados dentro del proceso selectivo, si se da el caso al hacer la ponderación entre la fase de concurso y de oposición”. Junto con el escrito de reclamación la persona reclamante aporta el escrito de fecha 23 de octubre de 2024, mencionado en su solicitud, presentado ante la entidad reclamada, en el que solicitaba: “Que se me hagan llegar las rúbricas con la escala de valoración utilizadas por el tribunal para valorar tanto el examen escrito como la prueba oral con el fin de cotejarlo tanto con mi prueba escrita como con las valoraciones publicadas en el tablón del opositor en el resumen de rúbrica, donde me ha parecido detectar errores de transcripción en algunas valoraciones. “Es indispensable que la rúbrica que me hagan llegar no sea la que ya está publicada, pues esta no cuenta con las escalas de valoración, por lo que sería imposible valorar si las notas se corresponden con lo que está plasmado en mi prueba escrita y/o el documento de la situación de aprendizaje presentada en el proceso selectivo. “Soy consciente de que hay una rúbrica pública que puedo consultar donde se resume la valoración de cada miembro del tribunal, no es eso lo que estoy solicitando, sino las rúbricas completas con las escalas de valoración para constatar que la nota se corresponde con la escala de valoración de cada apartado de la rúbrica, y que además esta ha sido correctamente transcrita al aplicativo informático que la Consejería pone a disposición de los tribunales durante el proceso”. Este escrito de 23 de octubre de 2024, fue respondido el 2 de diciembre de 2024, indicando lo siguiente, en lo que ahora interesa: “[…] las correcciones por parte del tribunal se realizan directamente sobre las rúbricas publicadas en la página web y que por lo tanto no existe ningún otro documento ni se realizan transcripciones en el proceso de calificación por parte de los miembros del tribunal. “Así mismo le indicamos que puede consultar información adicional sobre el proceso selectivo en: “• Normas generales para la realización de las pruebas para todos los cuerpos y todas las especialidades e indicaciones adicionales sobre las pruebas prácticas, publicadas el 20 de mayo de 2024. “• Determinación de los criterios de actuación de los tribunales y homogeneización de estos, para los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, Maestros y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, convocados por Orden de 12 de diciembre de 2022, publicada el 12 de febrero de 2024”. 2. En la reclamación, la persona reclamante solicita lo siguiente: “Amparo al consejo de transparencia para que insten a la consejería de educación a remitirmie una copia de la parte B (oral) de mi prueba del proceso selectivo de cuerpos docentes recogido en la Orden de 12 de diciembre de 2022, que debería estar custodiada en cualquier formato o soporte que permita su almacenamiento según la ley de Transparencia Pública de Andalucía, para poder demostrar la imparcialidad del tribunal, de acuerdo con los principios que rigen los procesos selectivos y poder rebatir o demostrar cualquiera de las calificaciones que se han registrado. Los criterios de calificación o rúbrica utilizados para determinar la nota numérica de cada uno de los apartados, tanto de la parte A (escrita) como de la parte B (oral) de la prueba de selección, con el fin de determinar la adecuación de la calificación y asegurar el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad a lo largo de este proceso selectivo. En el caso de que no se pueda hacer llegar alguna de las solicitudes. Solicito la revisión y el cambio de TODAS las calificaciones que no puedan demostrarse correctas, de forma clara e inequívoca, a la calificación máxima para cada uno de los apartados, en este caso 10. Con las correspondientes implicaciones que conllevarían en cuanto a la lista de seleccionados dentro del proceso selectivo, si se diese el caso al hacer la ponderación entre la fase de concurso y de oposición, ya que se vulnera el principio de igualdad, mérito y capacidad, a mi entender, de forma manifiesta, siendo la Consejería incapaz de demostrar, con documentos, la propia Prueba B, que aún no me han hecho llegar, como los criterios para calificar ambas pruebas de forma justa y fuera de toda duda”. Tercero. Tramitación de la reclamación. 1. El 19 de marzo de 2025 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 1 de abril de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo en el que informa, entre otras cosas, que el “4 de marzo de 2025, esta Dirección General contestó a un escrito presentado por el interesado el 7 de enero de 2025. En el mismo, realizaba una reclamación similar a la remitida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y se dio respuesta a todos los asuntos planteados” por la persona reclamante. 3. Entre la documentación remitida por la entidad reclamada, se incluye la citada respuesta notificada a la persona solicitante el día 6 de marzo de 2025, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Para garantizar que el procedimiento procedimiento selectivo se realice conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad la normativa establece que: “1. Los tribunales estarán compuestos por personal funcionario de carrera en activo, de igual o superior grupo de clasificación que el que corresponda al cuerpo al que optan los aspirantes, en un número impar de miembros no inferior a cinco. “2. Corresponde a los tribunales la calificación de las distintas partes de las pruebas de la fase de oposición. “3. Que los ejercicios escritos de la primera prueba son corregidos y valorados de forma anónima. “4. Que la calificación de cada una de las partes de la fase de oposición será la media aritmética de las puntuaciones de todos los miembros presentes en el tribunal, debiendo calcularse con aproximación de hasta diezmilésimas para evitar en lo posible que se produzcan empates. Cuando entre las puntuaciones otorgadas por los referidos miembros exista una diferencia de tres o más enteros, serán automáticamente anuladas las calificaciones máxima y mínima, hallándose la puntuación media entre las tres calificaciones restantes. “Por tanto esta administración, en cumplimiento del Real decreto 276/2003 de 23 de febrero y de la Orden de 12 de diciembre de 2022 ha cumplido la normativa vigente para garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero no puede entrar a valorar el juicio técnico de los componentes del tribunal, que son funcionarios de carrera en activo, seleccionados en su gran mayoría por sorteo, del cuerpo y especialidad convocada y los legalmente habilitados para calificar los ejercicios de las distintas fases de la oposición. “QUINTO: En cuanto a su petición de una grabación de la exposición de la unidad didáctica, usted sabe que no existe ni en este procedimiento ni en ninguno una grabación de la exposición de la unidad didáctica, ya que no está contemplado ni el el Real Decreto 276/2007 ni en la Orden de 12 de diciembre de 2022 de convocatoria, por lo tanto no se le puede facilitar lo que no existe. No existe obligación de demostrar la imparcialidad del tribunal, ya que como se ha indicado se trata de cinco miembros elegidos cuatro de ellos por sorteo entre funcionarios docentes de la especialidad convocada y se les supone esa imparcialidad. “Además cada miembro califica directamente en su ordenador sobre la rúbrica que usted se ha descargado, y que por tanto está en su poder desde la publicación de las calificaciones del procedimiento selectivo, sin conocer las notas grabadas por los demás miembros del tribunal. Esta rúbrica conforma los criterios de calificación de la prueba, no existe mayor transparencia que esta, obtener la rúbrica de cada uno de los miembros del tribunal. “SEXTO: En cuanto a su petición de cambio de las calificaciones del procedimiento selectivo, la referida Orden de 12 de diciembre de 2002 estableció en su disposición final los recursos procedentes en el seno del procedimiento selectivo regulado por ella, que fueron el recurso de reposición a interponer en el plazo de un mes tras la publicación de la Orden de seleccionados y el Contencioso administrativo a interponer en el plazo de dos meses tras la referida publicación de la Orden de seleccionados. No consta en este servicio la presentación de recurso de reposición ni se ha recibido comunicación de ningún juzgado referente a un recurso contencioso administrativo. De todas formas si se hubiese interpuesto en tiempo y forma se dará cumplida resolución o información respectivamente de los mismos. Solo en el ámbito de esos recursos citados se podría producir una revisión de la calificación efectuada por los tribunales del procedimiento selectivo”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.a) LTPA, al ser la entidad reclamad Administración de la Junta de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 20 días hábiles desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, prorrogables por igual período en el caso de que el volumen o la complejidad de la información solicitada lo requiera. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue presentada el 7 de enero de 2025, y la reclamación fue presentada el 26 de febrero de 2025. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública. 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. 1. Esta reclamación se interpone ante la ausencia de respuesta de la entidad reclamada a la solicitud presentada el 7 de enero de 2025 por la persona reclamante, planteando diversas pretensiones relativas a un proceso selectivo en el que ha participado. La entidad reclamada en las alegaciones remitidas a este Consejo comunica que “esta Dirección General contestó a un escrito presentado por el interesado el 7 de enero de 2025. En el mismo, realizaba una reclamación similar a la remitida por el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, y se dio respuesta a todos los asuntos planteados”. Podemos deducir que se trata del mismo escrito, y no de uno “similar”. Es decir, el escrito presentado por la persona reclamante el 7 de enero de 2025, a través del formulario de presentación general, fue objeto de contestación por la entidad reclamada, pero no al amparo de la normativa de transparencia, sino dentro del procedimiento selectivo objeto del escrito, y conforme a la normativa administrativa que regula, con carácter general, los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración -artículo 13.d) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas-. 2. Entre la documentación aportada por la entidad reclamada a este Consejo consta la acreditación de la notificación practicada a la persona reclamante de la puesta a disposición de la información solicitada, una vez presentada la reclamación, sin que esta haya puesto en nuestro conocimiento ninguna disconformidad respecto de la respuesta proporcionada. Este Consejo ha analizado el contenido de la respuesta ofrecida, estimando que el propósito de la petición ha sido satisfecho y que se ha visto cumplida la finalidad de la transparencia prevista en la LTPA. Procede, por tanto, declarar la terminación del procedimiento de la reclamación por desaparición sobrevenida de su objeto. 3. En la reclamación formulada la persona reclamante también solicita “… la revisión y el cambio de TODAS las calificaciones que no puedan demostrarse correctas, de forma clara e inequívoca, a la calificación máxima para cada uno de los apartados, en este caso 10”. En esta petición concurre una circunstancia que impide que este Consejo pueda entrar a resolver el fondo del asunto. Según establece el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación. Sin embargo, resulta imprescindible que la petición constituya “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia. Concepto que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, a la vista de la solicitud de información y de la anterior definición, es indudable que la pretensión de la persona reclamante resulta por completo ajena a esta noción de “información pública”. Y es que con la misma no se persigue acceder a documentos o contenidos que previamente obren en poder de la entidad reclamada -como exige el transcrito artículo 2 a) LTPA-, sino que esta realice una específica actuación (revisión de las calificaciones obtenidas por la persona reclamante en el proceso selectivo). Se nos plantea, pues, una cuestión que, con toda evidencia, queda fuera del ámbito objetivo delimitado en la LTPA, procediendo por tanto la inadmisión de la reclamación. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Declarar la terminación del procedimiento, al haberse puesto a disposición la información solicitada durante la tramitación del procedimiento. Segundo. Inadmitir la reclamación respecto a la solicitud de revisión y el cambio de todas las calificaciones que no puedan demostrarse correctas, por no estar lo solicitado incluido en el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA.