Reclamación de acceso a información sobre facturación y exenciones de tasas de recogida de residuos en una finca específica con resultado estimatorio

RESOLUCIÓN 442/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 0313/2025 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Agua y Residuos del Campo de Gibraltar, S.A (ARCGISA) Artículos 2.a) LTPA; 15 y 19.3 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 21 de marzo de 20245 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 6 de marzo de 2025, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: "Que tiene conocimiento del desarrollo de diversas actividades (guardería infantil, ludoteca, local para fiestas diurnas y nocturnas, etc) en la finca referencia catastral (...) sita en (...) de Sotogrande (Cádiz). Que los residuos que generan las distintas actividades al parecer no son recogidos por su empresa, acabando en las fincas y caminos colindantes, lo cual provoca los lógicos problemas de suciedad. Esta situación se agrava especialmente los lunes al dejar en la zona numerosas bolsas con los restos de las botellas, etc de las fiestas organizadas durante el fin de semana. Que ante la duda de la obligación de recogida de esos residuos, SOLICITA: Se le remita copia de la documentación que acredite las actividades económicas e importes que se facturan en la finca indicada, así como los horarios de recogida en la zona. Si existe algún motivo por el que estén exentos del pago de recibo por recogida de residuos, y de la propia recogida , ruego me lo indiquen". 2. La entidad reclamada contestó la petición mediante escrito de fecha 12 de marzo de 2025, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "En contestación a su escrito con fecha de entrada en esta empresa el 06 de marzo de 2025, con número de registro 00xxxx, mediante el que solicita a esta entidad se le remita documentación e información en relación a las facturas emitidas relativas a la Tarifa de Recogida y Tratamiento de Residuos del titular del inmueble ubicado en calle (...), del municipio de Sotogrande, le informamos que; no ha sido posible atender su petición debido a que usted no es titular de la póliza, vinculada al inmueble referenciado, sobre la que solicita la información. ARCGISA no le reconoce legitimación alguna a efectos de proporcionarle la información solicitada: cualquier derecho vinculado a la prestación del servicio corresponde al sujeto pasivo de esta prestación patrimonial, en concepto de contribuyente, que son las personas físicas y/o jurídicas,' las comunidades de propietarios (...) que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar, conforme al presupuesto de hecho, en base a la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial de carácter público no tributario del servicio Mancomunado de Recogida de Residuos municipales del Campo de Gibraltar, publicada en BOP n ° 50 de 16 de marzo de 2022. Le aclaramos que, usted solicita una información que no se le podría revelar en base a la normativa sobre protección de datos de carácter personal, es decir, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Por todo lo expuesto anteriormente sentimos tener que desestimar su solicitud". 3. Mediante escrito de 21 de marzo de 2025 dirigido a la entidad reclamada, la persona reclamante pone de manifiesto los extremos de la contestación recibida con los que no está de acuerdo, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Que ha recibido su negativa a facilitar la información pública solicitada el pasado 6 de marzo del presente por los siguientes motivos: 1.- «Que no es titular de la póliza, vinculada al inmueble referenciado, sobre la que solicita la información». Efectivamente no soy titular ni lo preciso para solicitar la información que consta en sus archivos, como empresa pública, en este caso perteneciente a la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, a efectos de comprobar la transparencia en la administración pública y si, como parece en este caso, están permitiendo actividades sin el abono de la tasa correspondiente o ésta no se sujeta a la actividad realmente realizada. A estos efectos les recuerdo el objeto de la normativa de transparencia, que quedaría totalmente derogada si fuera preciso ser titular de póliza, inclusive de las que no existan, para conocer si la administración pública está o no funcionando correctamente. 2.- «Cualquier derecho vinculado a la prestación del servicio corresponde al sujeto pasivo de esta prestación patrimonial…» Efectivamente. Cualquier derecho vinculado a la prestación del servicio, como es el recibir un suministro de agua adecuado, la recogida de los residuos que genera, mantener un servicio en caso de averías de la red, etc. corresponde al titular, pero es que no he pedido que se me reconozca ningún derecho vinculado a la prestación del servicio. Simplemente solicito información pública, es decir, documentación que consta en los archivos de una administración pública o, como en este caso, una empresa pública, que permita conocer si están realizando bien su labor o por el contrario no mantienen ningún control sobre las actividades que generan residuos y pagamos, por ello, los demás ciudadanos con nuestras tasas. 3.- «Solicita una información que no se le podría revelar en base a la normativa sobre protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales» Al respecto cabe recordar que no se solicita ningún dato personal. Es más, si el titular de la póliza fuera una empresa ya que se trata de actividades empresariales, quedaría totalmente al margen de la normativa de protección de datos personales. Lo que se solicita es simple y llanamente conocer si existe póliza que corresponda a las actividades empresariales desarrolladas en la parcela indicada, que ya se apuntaron por la publicidad adjunta a la petición, o por el contrario se está permitiendo el desarrollo de estas actividades sin coste alguno en lo relativo a la recogida de residuos, con lo que, insisto, los demás ciudadanos estarían asumiendo ese coste. Todo ello por supuesto debido a una mala gestión de la empresa pública encargada de este servicio". Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación formulada, la persona reclamante expone lo siguiente: “Tras realizar solicitud de información pública a la empresa ARCGISA, ésta responde con negativa basada en tres motivos que he rechazado en respuesta a la misma. Les adjunto mi solicitud, la respuesta negativa de ARCGISA, y la contestación que les he hecho llegar al respecto como alegaciones. Cabe destacar que en su respuesta, anónima por lo que no puedo saber si el órgano que contesta es el competente, la empresa ARCGISA no informa de los recursos que procederían ante una solicitud de información pública, incumpliendo, una vez más, la normativa de transparencia y buen gobierno”. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 31 de marzo de 2025 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. 2. El 11 de abril de 2025 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. En concreto, se adjunta contestación de fecha 4 de abril de 2025, remitida por la entidad reclamada a la persona reclamante, con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: "En contestación a su escrito, con fecha de entrada en esta empresa el 24 de marzo de 2025, con número de registro de entrada 6.530, mediante el que reitera la petición de información y documentación sobre el cobro de los recibos por la Prestación Patrimonial No Contributiva de Recogida y Tratamiento de Residuos, emitidos por Arcgisa, del inmueble sito en calle (...) de la urbanización Sotogrande, del municipio de San Roque, vinculada con la referencia catastral (...), dado que no está conforme con la respuesta recibida como contestación del expediente número 94.950/25; y tras la revisión del citado expediente, le trasladamos nuevamente que la información y documentación solicitada está vinculada a datos personales y su traslado supondría la vulneración de los citados datos por lo que no es posible acceder a su petición. Por otro lado, analizando el escrito anterior, se ha detectado que solicitaba información sobre el horario de recogida de residuos en la zona de la calle (...) de Sotogrande, del municipio de san Roque, y esa información no fue facilitada. Tras, consulta con el Servicio de Residuos del municipio afectado, le informamos que dicho servicio se presta por Arcgisa a diario, en horario comprendido entre las 6'00 y 13'00 horas. Por último, adjunto al presente escrito le remitimos copia de la siguiente documentación con el fin de que realice las consultas que considere oportunas: • Copia de las Ordenanzas Reguladora de las (sic) Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario del Servicios (sic) de Recogida de Residuos Municipales en el ámbito Comarcal, publicado en BOP número 50, de 16 de marzo de 2022. • Copia de las Ordenanzas Reguladora de las (sic) Prestación Patrimonial de Carácter Público no Tributario del Servicios (sic) de Tratamiento de Residuos Municipales en ámbito Comarcal, publicado en el BOP número 50, de 16 de marzo de 2022. • Copia de la Modificación de Ordenanzas Reguladoras de las Prestaciones Patrimoniales (PPCPNT) de los diferentes Servicios Públicos Comarcales, publicado en el BOP número 137, de 17 de julio de 2024, donde se recoge; entre otros, las cuantías a abonar por las prestaciones de recogida y tratamiento de residuos". FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.i) LTPA, al ser la entidad reclamada una sociedad mercantil participada en su integridad por una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la solicitud fue respondida el 12 de marzo de 2025, y la reclamación fue presentada el 21 de marzo de 2025, por lo que la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información, referido a un determinado inmueble, fue el siguiente: "Se le remita copia de la documentación que acredite las actividades económicas e importes que se facturan en la finca indicada, así como los horarios de recogida en la zona. Si existe algún motivo por el que estén exentos del pago de recibo por recogida de residuos, y de la propia recogida , ruego me lo indiquen". La entidad reclamada únicamente ha facilitado la información referente a los horarios de recogida, pero ha denegado el acceso al resto de la información y documentación solicitada alegando que la misma "está vinculada a datos personales y su traslado supondría la vulneración de los citados datos por lo que no es posible acceder a su petición". 2. Como es sabido, las relaciones entre el derecho de acceso a la información y el derecho fundamental a la protección de datos se regulan en el artículo 15 LTAIBG. Antes de entrar a examinar el régimen jurídico previsto en dicho artículo, debemos indicar que el mismo sólo resultará de aplicación si la información solicitada afecta a personas físicas, respecto a las personas jurídicas no cabe invocar el derecho a la protección de datos personales como límite del derecho de acceso. Aclarado lo anterior, debemos reseñar que el referido artículo configura un régimen más o menos estricto de acceso a la información en función del mayor o menor nivel de protección del que disfruta el específico dato cuya divulgación se pretende. El máximo nivel de tutela se proporciona a las categorías especiales de datos mencionadas en el primer párrafo del artículo 15.1 LTAIBG -ideología, afiliación sindical, religión y creencias-, toda vez que “el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso”. Inmediatamente después en lo relativo a la intensidad de la garantía se encuentran los datos especialmente protegidos a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 15.1 LTAIBG (origen racial, salud, vida sexual, datos genéticos o biométricos, o relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor), ya que “el acceso sólo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquél estuviera amparado por una norma con rango de Ley”. En un segundo nivel de protección, el artículo 15.2 LTAIBG incluye los datos personales meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano interpelado, para lo que establece una regla general de accesibilidad, salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Para el resto de datos personales (artículo 15.3 LTAIBG), la Ley establece una regla general de ponderación de los intereses en juego, a la que añade cuatro criterios de interpretación para aplicar a esa ponderación. Por su parte, el artículo 4 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. Igualmente, el Considerando 26 afirma, respecto a la disociación: “Los principios de la protección de datos deben aplicarse a toda la información relativa a una persona física identificada o identificable. Los datos personales seudonimizados, que cabría atribuir a una persona física mediante la utilización de información adicional, deben considerarse información sobre una persona física identificable. Para determinar si una persona física es identificable, deben tenerse en cuenta todos los medios, como la singularización, que razonablemente pueda utilizar el responsable del tratamiento o cualquier otra persona para identificar directa o indirectamente a la persona física. Para determinar si existe una probabilidad razonable de que se utilicen medios para identificar a una persona física, deben tenerse en cuenta todos los factores objetivos, como los costes y el tiempo necesarios para la identificación, teniendo en cuenta tanto la tecnología disponible en el momento del tratamiento como los avances tecnológicos. Por lo tanto los principios de protección de datos no deben aplicarse a la información anónima, es decir información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable, o deje de serlo. En consecuencia, el presente Reglamento no afecta al tratamiento de dicha información anónima, inclusive con fines estadísticos o de investigación.” 3. Según venimos sosteniendo desde una de nuestras primeras decisiones, “cuando un operador jurídico afronte un eventual conflicto entre el derecho fundamental a la protección de datos personales y el derecho al acceso a la información pública, no puede decantarse apriorísticamente por uno de ellos, atribuyéndole así una primacía casi automática. Antes de acordarse una precipitada realización de uno de ellos a costa del otro, debe procurarse la armonización entre los derechos que colisionan a fin de que ambos alcancen la máxima efectividad posible. Es en este sentido en el que ha de realizarse la ponderación a la que alude el artículo 15.3 LTAIBG” (Resolución 42/2016, FJ 6º; doctrina constantemente reiterada desde entonces). Pues bien, a los efectos de realizar la indicada ponderación, hemos analizado el régimen jurídico previsto en la Ordenanza Reguladora de la Prestación Patrimonial (PPCPNT) Servicio mancomunado de Recogida de Residuos Municipales en el ámbito del Campo de Gibraltar, que es gestionado por la Mancomunidad de Municipios de la Comarca del Campo de Gibraltar en forma directa, a través de la empresa reclamada, sociedad de capital íntegramente público perteneciente a la citada Mancomunidad. Según establece dicha Ordenanza, el presupuesto de hecho que determina la obligación de pago de esta Prestación Patrimonial lo constituye la prestación del Servicio Público de recogida de residuos municipales. La prestación del servicio es de carácter general y obligatorio, por lo que se entiende que es utilizado por todos los titulares y usuarios de los inmuebles existentes y ubicados en el ámbito territorial correspondiente, que constituyan viviendas, residencias, colegios, establecimientos sanitarios, de hostelería, así como locales donde se ejerza o pueda ejercerse actividad industrial, comercial o de servicios o conste su utilización para cualquier otro destino. Por tanto, se consideran pasivos de esta prestación patrimonial todas las personas físicas y jurídicas, las comunidades de propietarios… que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas por el servicio que presta la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones sobre la prestación del servicio público de recogida de residuos que lleva a cabo la entidad reclamada, este Consejo considera que conocer la información solicitada en este caso (la actividad que se desempeña en una finca según los residuos que genera, cómo se presta el servicio, si existen exenciones en el pago de la prestación patrimonial…) enlaza directamente con la finalidad pretendida por la normativa de transparencia de que los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, y por ello, en este supuesto concreto, estimamos que prevalece el interés público en el acceso a esta información sobre el derecho a la protección de datos personales de las personas físicas afectadas, dado que tampoco consideramos que la información requerida pueda afectar de manera grave o perjudicial a su intimidad o a su seguridad, ni que se refiera a menores de edad. 4. Sin perjuicio de lo expuesto, a la vista de los antecedentes de la reclamación, no consta que la entidad reclamada haya dado trámite de alegaciones a las terceras personas cuyos derechos o intereses puedan verse afectados por el acceso a la información solicitada, tal y como establece el artículo 19.3 LTAIBG. Por ello, debe cumplirse lo previsto en el citado artículo, y conceder a las terceras personas afectadas, “un plazo de quince días para que pueda(n) realizar las alegaciones que estime(n) oportunas.” Además, la persona reclamante “deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación”. La resolución que ponga fin a dicho procedimiento, o la ausencia de respuesta transcurrido el plazo máximo de resolución una vez concedido el trámite de alegaciones, podrá ser reclamada potestativamente ante este Consejo, circunstancia que deberá ponerse de manifiesto en su notificación en aplicación de lo previsto en el 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Este Consejo debe aclarar que la retroacción se realizará para aquella parte de la información cuyo acceso pudiera afectar a los derechos o intereses legítimos de terceras personas. Esta afección no ocurrirá para aquella parte de la información que está ya publicada o bien debió estar ya publicada en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. En resumen, la entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas, que esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial, como la de contratación pública o subvenciones. b) Retrotraer el procedimiento respecto al resto de información, en los términos del apartado anterior. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar, en el sentido que se indica a continuación, la Reclamación en cuanto a la solicitud de : "Se le remita copia de la documentación que acredite las actividades económicas e importes que se facturan en la finca indicada,(...). Si existe algún motivo por el que estén exentos del pago de recibo por recogida de residuos, y de la propia recogida , ruego me lo indiquen". La entidad deberá: a) Facilitar la información solicitada que no afecte a los derechos o intereses de terceras personas o que, afectando tales derechos o intereses, esté ya publicada o bien debió publicarse en cumplimiento de obligaciones de publicidad activa o de otras obligaciones de publicación previstas en una normativa sectorial. b) Respecto al resto de información, retrotraer el procedimiento al momento en que se conceda el trámite de alegaciones previsto en el artículo 19.3 la LTAIBG a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vean afectados por la petición de información en el sentido previsto en el apartado 4 del Fundamento Jurídico Cuarto. La entidad reclamada deberá facilitar a la persona reclamante la información teniendo en cuenta lo indicado en los Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.