Inadmisión de reclamación de acceso a expediente de apremio por concurrencia de régimen jurídico específico de interesado

RESOLUCIÓN 804/2025 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 1499/2025 Persona reclamante XXXXX Representante XXXXX Entidad reclamada AYUNTAMIENTO EL PUERTO DE SANTA MARÍA Artículos 24 LTPA; 24 LTAIBG. Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 20 de octubre de 2025 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y del artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante alega haber presentado el 17 de septiembre de 2024, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información sobre un expediente de apremio en los siguientes términos: “1. Que en relación al obligado tributario con CIF [N.º CIF] interesa al derecho de esta parte obtener copia íntegra del expediente administrativo existente en el reseñado expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.a de la Ley 39/2015 que dispone: “Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos.” 2. Interesa al derecho de esta parte que, en la medida de lo posible, se le facilite la documentación en formato digital”. 2. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “(…) 1. Que el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María emitió liquidación en el expediente E- 27726/2019, por el concepto ¿Ocupación de la vía pública con materiales (licencia de uso del acerado municipal)¿, ejercicio 2019, con un principal de (...), según consta en informe del Servicio Provincial de Recaudación de la Diputación de Cádiz de 13 de junio de 2024. 2. Que la Comunidad no recibió notificación previa ni trámite de audiencia, motivo por el cual presentó escrito al Ayuntamiento el 17 de septiembre de 2024, solicitando acceso íntegro al expediente y copia digital. 3. Que ha transcurrido más de un año desde el embargo practicado por la Diputación Provincial, sin que se haya obtenido respuesta ni documentación justificativa, lo que vulnera el derecho de acceso a la información pública y los principios de transparencia establecidos en la Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía, y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. 4. Que esta falta de respuesta impide conocer el fundamento jurídico del embargo y la situación real de la deuda, generando indefensión y posible inactividad administrativa por parte de las entidades implicadas. SOLICITA: 1. Que, al amparo de los artículos 6, 13, 20 y 31 de la Ley 1/2014, se requiera al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y, en su caso, a la Diputación Provincial de Cádiz, la remisión íntegra del expediente E-27726/2019, así como la documentación relativa al procedimiento de apremio y embargo efectuado. 2. Que se valore si ha existido incumplimiento del deber de resolver y vulneración del derecho de acceso a la información pública, y se adopten las medidas previstas en la citada Ley. 3. Que, en caso de apreciarse tales incumplimientos, se tramite la reclamación de transparencia correspondiente y se ordene la entrega de la información solicitada”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) de la LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local andaluza, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “El personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 4. Por último, en cuanto a las consideraciones generales a tener en cuenta en la Resolución de la Reclamación, establece el apartado primero de la Disposición Adicional Cuarta LTPA “la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”, redacción idéntica a la contenida, como precepto básico, en la Disposición adicional primera, apartado 1, LTAIBG. Igualmente, el apartado segundo de las citadas disposiciones adicionales establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación. La Disposición Adicional Cuarta de la LTPA, en su apartado primero, contempla expresamente el su- puesto de solicitudes de información sobre procedimientos en curso formuladas por quienes reúnen la condición de interesados: “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimien- to administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Y resulta evidente que, en el momento en que la persona reclamante alega haber presentado la solici- tud de información _ el 17 de septiembre de 2024_ la persona reclamante ostentaba la condición de interesada en un procedimiento administrativo de apremio en curso. En la misma solicitud de informa- ción, la propia persona reclamante invoca el artículo 53.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativo a los derechos que los interesados tienen en un procedimiento administrativo. De la documentación aportada junto con la reclamación puede extraerse que la comunidad de propie- tarios reclamante recibió el 10 de junio de 2024 la notificación de una providencia de apremio de la Di- putación Provincial de Cádiz, reclamando el pago de la deuda contraída con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María en concepto de la tasa “ocupación de la vía pública con materiales” (O.V.E.); y que el 11 de septiembre de 2024 recibió notificación de la retención del saldo de la cuenta corriente por embargo de la Diputación Provincial de Cádiz. El 17 de septiembre de 2024 solicita al Ayuntamien- to copia del expediente en cuestión. Pues bien, el embargo es una fase del procedimiento de apremio adoptada para asegurar el cobro de la deuda, pero no supone la finalización de dicho procedimiento. Según el artículo 173 de la Ley General Tributaria, el procedimiento de apremio termina con el pago de la cantidad debida, con el acuerdo que declare el crédito incobrable, o con el acuerdo de haber quedado extinguida la deuda por cualquier otra causa. Por tanto, la entidad reclamante ostentaba la condición de interesada en el procedimiento administra- tivo de apremio en curso en el momento en que presentó su solicitud, según se desprende del propio contenido de la solicitud. Así, pues, y según se desprende de los propios términos literales de la citada Disposición adicional, la persona reclamante al tener la condición de interesada en el procedimiento en el que se incluye la in- formación solicitada, no podría optar a acceder a ella por el cauce previsto en la LTPA, sino que debió atenerse a lo previsto en la normativa reguladora de dicho procedimiento. Procede pues la inadmisión de la reclamación al carecer este Consejo de competencias para evaluar la aplicación de la normativa que resulte de aplicación en dicho supuesto. Lo indicado anteriormente se entiende sin perjuicio de que la persona reclamante pueda hacer valer sus derechos a través de las vías establecidas por la normativa que rija el procedimiento en curso; o su derecho a solicitar la información al amparo de la normativa de transparencia una vez que el procedimiento haya terminado o bien ya no ostente la condición de persona interesada. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir la Reclamación presentada, por existir un régimen jurídico específico de acceso a la información según la Disposición adicional cuarta LTPA.