Inadmisión de reclamación por extemporaneidad y falta de objeto informativo sobre cortes de suministro eléctrico

RESOLUCIÓN 118/2026 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 2025/2226 Persona reclamante XXXXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Villanueva del Rio y Minas Artículos 2 y 7 c) LTPA; 12 LTAIBG; 77 LRBRL; 14, 15 y 16 ROF Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD); Ley 7/1985, de 2 de abril, Regu- ladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL); Reglamento de Or- ganización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Lo- cales (ROF); Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 28 de diciembre de 2025, la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Conse- jo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al am- paro del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informa- ción pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el Artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 7 de agosto de 2025, ante la entidad reclamada, solicitud en los siguientes términos: “1. Que por parte del Ayuntamiento se proceda con carácter de urgencia a realizar todas las actuaciones necesarias para poner fin inmediato a los cortes de suministro eléctrico que se están produciendo en la zona descrita. 2. Que se exija formalmente a la compañía suministradora responsable (si se trata de una incidencia en la red) o, en su defecto, que se actúe con medios propios si la responsabilidad recae sobre instalaciones o servicios municipales. 3. Que se informe al Pleno y a los grupos municipales sobre las causas de los cortes, las medidas adoptadas y el calendario previsto de solución. 4. Que, en caso de no actuarse de inmediato, se valoren acciones por la vía de protección de derechos fundamentales, en especial la integridad física, la salud pública y la defensa del interés económico local, todo ello en aplicación de los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local ”. 2. La entidad reclamada contestó la petición con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En relación con su escrito registrado con fecha 07/08/2025 con N.º de Registro de Entrada 3013, le informamos que, los cortes de suministro eléctrico continuados y reiterados no corresponden a la competencia de esta entidad, por lo que no está en nuestras facultades intervenir directamente en la resolución de dichos problemas. En este sentido, los establecimientos afectados deberán dirigirse, en calidad de interesados o bien a través de un representante legalmente autorizado, a la empresa suministradora del servicio eléctrico correspondiente. Esta empresa es la entidad responsable de garantizar la continuidad y calidad del suministro, así como de atender y gestionar las incidencias que puedan surgir en relación con el servicio. Le recomendamos que, al contactar con la compañía suministradora, facilite toda la información y documentación relevante que pueda ayudar a agilizar la atención de su reclamación o consulta”. 3. La persona reclamante presentó el 12 de agosto de 2025, ante la entidad reclamada, un escrito en el que solicita que se emita una respuesta motivada, completa y documentación a la solicitud presentada el 7 de agosto de 2025. 4. La entidad reclamada contestó la anterior petición de 12 de agosto de 2025 con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “En relación con su escrito registrado con fecha 12/08/2025 con N.º de Registro de Entrada 3070, le informamos que, la respuesta a su petición se le ha aportado con la respuesta a su escrito con fecha 07/08/2025 con N.º de Registro de Entrada 3013 (…)”. Tercero. Contenido de la reclamación En la reclamación formulada se requiere que se dicte resolución por la que se declare que el Ayunta- miento reclamado ha vulnerado el derecho de acceso a la información pública de la persona reclaman- te y se le requiera para que facilite una respuesta completa, clara, expresa y motivada a la solicitud formulada con fecha 7 de agosto de 2025, registrada con número 3013, dando contestación efectiva a todos los extremos solicitados y facilitando la información requerida. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1.d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiem- bre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de An- dalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad” , con las conse- cuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el pla- zo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día si- guiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispues- to en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local (LRBRL), establece que el plazo máximo de de resolución de las solicitudes presentadas por los miembros de las Corporaciones locales será de cinco días naturales a partir del día siguiente al que se hubiera presentado. A su vez, el artículo 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las En- tidades Locales (ROF), establece que la petición de acceso a las informaciones se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Comisión de Gobierno no dicten resolu- ción o acuerdo denegatorio en el término de cinco días. 2. En el presente supuesto se desconoce con exactitud la fecha en la que fue respondida la solicitud de información presentada el 7 de agosto de 2025 porque en la respuesta aportada no consta ni firma ni fecha, pero sí podemos deducir del escrito presentado por la persona reclamante el 12 de agosto de 2025, que la primera respuesta tuvo que notificarse entre el 7 y el 12 de agosto de 2025 y la reclama- ción fue presentada el 28 de diciembre de 2025, por lo que la reclamación ha sido presentada fuera de plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. 3. A este respecto, el hecho de que la persona reclamante presentara tras la notificación de la respuesta un nuevo escrito relacionado con la petición no es causa que justifique la suspensión del plazo de interposición de la reclamación fijado por la legislación reguladora de la transparencia. En efecto, si los intentos tendentes a conseguir la plena satisfacción de sus pretensiones no fructificaron en el plazo previsto, la persona solicitante debió interponer la reclamación dentro del mes que tiene para hacerlo. Una solución contraria a ésta contravendría la seguridad jurídica y el principio de preclusión — principio en cuya virtud, una vez transcurrido el momento procedimental oportuno establecido para la realización de un determinado acto, se pierde la oportunidad de realizar el acto en cuestión—, pues el plazo para interponer la reclamación podría reabrirse libremente por el interesado en función de los reparos u observaciones que decidiera dirigir a la Administración interpelada acerca de la resolución de su solicitud o del cabal cumplimiento de la misma (en esta línea, Resolución 206/2020, FJ 3º). 4. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, también debemos indicar que la reclamación debería inadmitirse ya que lo solicitado no tiene encaje en el concepto de información previsto en el artículo 77 LRBRL. Este artículo reconoce el derecho de los concejales a obtener “cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función”. Sin embargo, en este supuesto, es claro que la persona reclamante pretende que el Ayuntamiento realice una serie de actuaciones y tome determinadas decisiones, lo que no se corresponde con lo previsto en el artículo. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Inadmitir a trámite la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.