Solicitud de pliegos de concesión de aparcamiento de SAGULPA y resultado desestimado por inexistencia de la información

Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública R25/2016 RESOLUCIÓN DEL COMISIONADO CANARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE RECLAMACIÓN POR DESESTIMACIÓN PRESUNTA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN FORMULADA POR XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ANTE AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Con fecha 16 de mayo de 2016, se recibió en el Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículo 52 y siguientes de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, en lo sucesivo LTAIP, contra la denegación presunta de acceso a información pública de la solicitud formulada al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria el 4 de enero y el 22 de febrero de 2016, relativa a pliego de general y pliego técnico de concesión administrativa pública de aparcamiento a Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas de Gran Canaria, S.A. (SAGULPA), sociedad perteneciente al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Acompaña a la reclamación queja al Diputado del Común sobre solicitudes de entrevista no realizadas con el Alcalde de dicho ayuntamiento y sobre la prohibición a aparcar autocaravanas en el Aparcamineto del Rincón. La LTAIP indica en el apartado 1 de su artículo 53 que la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Toda vez que la solicitud no ha sido atendida en el plazo legalmente previsto, ha operado el silencio administrativo negativo respecto las dos peticiones; y ya que la reclamación se ha presentado el 10 de mayo de 2016, estaría fuera del plazo legal para interponerla al haber superado el mes previsto en el artículo 53 de la LTAIP. No obstante, de acuerdo con reiterada doctrina jurisprudencial y con las previsiones normativas contenidas en los artículos 122 y 124 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativas a la interposición de recurso de alzada y reposición, respectivamente, respecto de resoluciones presuntas, la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, determina en su Disposición adicional cuarta que la resolución de las reclamaciones de acceso corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. Por su parte, la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública señala en su artículo 51 que contra la resolución, expresa o presunta, de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso administrativa; también su Disposición Adicional Séptima se manifiesta en el mismo sentido. Por tanto es clara la competencia de este Comisionado para resolver esta reclamación. Con fecha 26 de mayo de 2016, reiterado el 11 de julio del mismo año, se solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en base al artículo 54 y 64 de LTAIP el envío en el plazo máximo de diez días de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Asimismo, se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara conveniente a la vista de la reclamación. Al primero de estos requerimientos se adjuntó copia de la petición del interesado. Estos escritos no han sido contestados oficialmente por el órgano administrativo responsable conforme a lo determinado por el artículo 10,4 LTAIP. Por el Comisionado se efectuó una vía de mediación con el Ayuntamiento y con fecha 8 de julio se recibió vía correo electrónico información de una petición de justificación de lo solicitado dirigida al reclamante, acompañada de una contestación de la empresa al Diputado del Común sobre la misma solicitud y un texto sucinto sobre lo solicitado. Ante la irrelevancia de lo remitido para la reclamación y después de insistir en la mediación, le fue remitida el 20 de julio de 2016, también por vía correo electrónico una información rubricada por la asesora Jurídica de la empresa, que se transcribe: Respecto a la petición de Pliegos. Con fecha 12 de febrero de 2016, tras recibir escrito de la Sección de tráfico y transportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en el que XXXXXXXX solicitaba los Pliegos anteriormente descritos, le contestamos, por email, que nos concretase su petición para poder atenderla, lo cual nunca hizo. SAGULPA tiene por objeto, entre otros, "La promoción de la construcción de locales y edificios y el acondicionamiento de espacios destinados al estacionamiento de toda clase de vehículos, así como su explotación y administración directa o indirecta", y, actualmente, existen unos 20 aparcamientos explotados por terceros a los que SAGULPA, adjudicó en su día la construcción y explotación de los mismos y 5 aparcamientos gestionados directamente por nosotros. Los Pliegos de condiciones, por tanto, rigen, por un lado, la relación entre SAGULPA y el adjudicatario a nivel constructivo y de gestión de la explotación (SAGULPA con los aparcamientos gestionados con terceros, únicamente tiene la inspección y el control de los mismos) y, por otro lado, respecto a los aparcamientos gestionados por nosotros en régimen de rotación, los Pliegos que tenemos son pliegos constructivos, Pliegos que regularon las obras de construcción de los mismos. De ahí que pidiésemos la concreción de la petición puesto que el motivo de queja "La señal de prohibición para vehículos de más de 5 metros en dicho aparcamiento", no se contiene el Pliego alguno. No existe normativa interna de Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública SAGULPA que regule las condiciones de uso de los aparcamientos en rotación que gestionamos, nos regimos por la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos que recoge los deberes del titular del aparcamiento y las obligaciones del usuario. En relación a la queja sobre "la señal de prohibición para vehículos de más de 5 metros en dicho aparcamiento", indicar que con fecha 5 de mayo de 2016 remitimos informe al Concejal delegado de Movilidad y Ciudad del Mar dando contestación a dicha queja, esta vez interpuesta por el XXXXXXX ante el Diputado del Común. Y con fecha 20 de junio de 2016 remitimos a dicha Institución, la contestación que hicimos al Concejal delegado de Movilidad y Ciudad del Mar. Adjunto contestación del Diputado del Común. Las medidas de las plazas de aparcamiento cumplen lo previsto en el artículo 5.6.14 del Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, que establece como dimensiones mínimas para las plazas de aparcamiento 2,20 metros de ancho por 4,50 metros de longitud, así como un 20% de las plazas deben tener 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud. Y todas las plazas de estacionamiento del Aparcamiento del Rincón tienen como medida 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud. Con la Instrucción 08/V-74, sobre Autocaravanas, que menciona el XXXXXXXX, la Dirección General de Tráfico ha recopilado e interpretado, en un único documento todos aquellos aspectos normativos que, relacionados con el autocaravanismo, se recogen en la legislación sobre tráfico y vehículos a motor, definiéndolos como vehículos de la categoría M ("vehículos de motor con al menos cuatro ruedas, diseñados y fabricados para el transporte de pasajeros") y aunque la Directiva {116/2001/CEE} no lo dice expresamente puede injerirse que al tener capacidad para ocho plazas, como máximo, (excluida la del conductor}, nos encontramos ante vehículos de la categoría M1. Sin embargo, el punto 1 de la sección C del anexo 11 de la citada Directiva 2001/116/C( al referirse a los tipos de carrocería de los vehículos de turismo {M1},menciona los siguientes: AA Berlina, AB Berlina con portón trasero, AC Familiar ("break"}, AD Cupé, AE Descapotable y AF Multiuso, no refiriéndose a las autocaravanas en el citado punto 1, sino en el punto 5, dentro de otra categoría de vehículos que denomina "vehículos especia/es".{1} Así pues, admitiendo que se trata de vehículos de categoría M1, su carrocería no está incluida en los tipos previstos para los turismos sino en los denominados "vehículos especiales", lo cual no es de extrañar dado están construidos sobre el chasis de vehículos comerciales utilizados comúnmente para la fabricación de furgones y camiones ligeros, su longitud oscila habitualmente entre los 5,50 m. Y los 8,00, su altura media está en torno a los 3,00 m. y su masa máxima autorizada es muy frecuentemente de 3.500 kg. Y, en algunos casos, superior, características constructivas que nada tienen que ver con un turismo medio y que inciden en su maniobrabilidad, en la distancia de frenado, comportamiento en los giros,etc. Respecto a la "PARADA Y ESTACIONAMIENTO" de dichos vehículos, prevé la citada normativa a juicio de esta Dirección General de Tráfico "es indiscutible que la exclusión de determinados usuarios debe ser necesariamente motivada y fundamentada en razones objetivas como pueden ser las dimensiones exteriores de un vehículo o su masa máxima autorizada, pero no por su criterio de construcción o utilización ni por razones subjetivas como puede ser los posibles comportamientos incívicos de los usuarios”. Por tanto, a la vista de lo informado, hemos de concluir que el no permitir el acceso el acceso a autocaravanas en los aparcamientos públicos gestionados por SAGULPA está motivado y fundamentado en razones meramente objetivas, señaladas en la Instrucción 08/V-74 anteriormente mencionada, "las dimensiones exteriores de estos vehículos", que no son compatibles con las medidas de las plazas de estacionamiento exigidas por el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, las longitud de estos vehículos está entre 5,50 y 8,00 metros y la dimensión de las plazas, estando en el máximo, es de 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud, por lo que los mismos sobresalen de Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública las dimensiones de las mismas, obstaculizando la circulación interior del aparcamiento, constituyendo un riesgo evidente para el resto de los usuarios, dado que los radios de giro contemplados con las vías de rodadura, no posibilitan la maniobra de vehículos de superior longitud sin poner en peligro al resto de vehículos estacionados. La Sociedad Municipal de Aparcamientos de Las Palmas De Gran Canaria, S.A. (SAGULPA), es una sociedad anónima constituida por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria donde figura como único accionista. Desarrolla su actividad actualmente en la gestión directa e indirecta de aparcamientos, en la construcción y promoción de aparcamientos para residentes, en la gestión del servicio de retirada de vehículos de la vía pública en la custodia de vehículos por cesión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en la gestión del servicio de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas de la ciudad, por acuerdo de dicho Ayuntamiento. SAGULPA, conforme a sus estatutos tiene la consideración de medio propio y servicio técnico del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y de las demás entidades y organismos autónomos dependientes del mismo, pudiendo éstos conferirle directamente las encomiendas de gestión o adjudicarles los contratos que sean precisos, siempre en el ámbito del objeto social de la Sociedad, sin más limitaciones que las que vengan establecidas por la normativa estatal básica en materia de contratación pública y por la normativa comunitaria europea directamente aplicable. CONSIDERACIONES JURÍDICAS La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la LTAIP regulan e incrementan la transparencia de la actividad de los organismos administrativos, así como de todos los sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades administrativas, mediante un conjunto de previsiones que se recogen en dos capítulos diferenciados y desde una doble perspectiva: la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. El artículo 2 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley será aplicables a : “…..d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, ….”. La Ley Estatal señala de manera genérica que las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las de las administraciones obligadas por la ley 19/2013 sea superior al 50 por 100, está sometidas a las mismas obligaciones. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, regula en su artículo 85 ter a las sociedades mercantiles locales, indicando que se regirán Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo. La LTAIP regula ampliamente el procedimiento a seguir en las peticiones de acceso de información en su Título III, Capítulo II, determinado su inicio, la solicitud, la posible inadmisión, los plazos y la finalización mediante resolución motivada y consignando las vías de recurso ante el Comisionado y/o jurisdicción contenciosa administrativa. A su vez, el artículo 10,4 regula la responsabilidad en materia de información pública cuando se solicita a sociedades mercantiles: “Las fundaciones públicas, sociedades mercantiles y consorcios integrados en el sector público de la Comunidad Autónoma deberán establecer el órgano o unidad de las mismas responsable de la información pública, encargada de dar cumplimiento a las obligaciones de información establecidas en esta ley, así como a facilitar la información que le sea requerida por el órgano competente de la Administración o entidad a la que esté adscrita o vinculada para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública”. Además, por aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, todas las resoluciones denegatorias, total o parcialmente, del acceso en aplicación de los límites previstos en el artículo 14 de la misma, serán objeto de publicidad previa disociación de los datos de carácter personal. Es obvio el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como entidad obligada y a la que está adscrita la empresa, del procedimiento establecido. Conforme a los estatutos sociales de la empresa SAGULPA, disponibles en su web y la documentación disponible sobre el “Aparcamiento del Rincón”, nos encontramos ante una gestión directa de un servicio público a través de una sociedad mercantil local, cuyo capital social es de titularidad pública, conforme al artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local; y no ante una gestión indirecta del Ayuntamiento mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. Respecto a este aparcamiento, se localiza en la web de SAGULPA la siguiente documentación: Anuncio de licitación: http://www.sagulpa.com/images/phocadownload/ANUNCIO_LICITACION_RINCON.pdf Pliego de condiciones económicas y administrativas: Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública http://www.sagulpa.com/images/phocadownload/PLIEGO_ECONOMICO_ADMINISTRATIVO_RI NCON.pdf Pliego de prescripciones técnicas: http://www.sagulpa.com/images/phocadownload/PLIEGO_PRESCRPCIONES_TECNICAS_APARC AMIENTO_EL_RINCON.pdf Documentación anexa: http://www.sagulpa.com/11-perfil-del-contratante/contratos-adjudicados/91-concurso-para- contratar-las-obras-de-acondicionamiento-como-aparcamiento-de-las-parcelas-s2-y-s3-del- area-de-el-rincon-en-las-palmas-de-gran-canaria-a-adjudicar-por-procedimiento-abierto De esta documentación se concluye que SAGULPA ha realizado una gestión de contratación conforme a la normativa de contratación como empresa pública para la ejecución de una obra destinada a aparcamiento. La solicitud de información reclamada se estima que parte del error de considerar que SAGULPA gestionaba el aparcamiento del Rincón a través de un sistema de gestión indirecta, mediante las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; y por ello solicitó los pliegos administrativos y técnicos reguladores de las condiciones en que el Ayuntamiento había licitado la obra y explotación de dicho parking. Como se deriva de la documentación, SAGULPA gestiona de manera directa un suelo del Ayuntamiento –se desconocen los actos del Ayuntamiento en cuanto a la disponibilidad del suelo y el encargo de la gestión del mismo para esa finalidad-, lo que implica la inexistencia de pliegos de contrato de gestión de servicios que regulen las condiciones de ejecución del mismo. En la respuesta al requerimiento del Comisionado, SAGULPA no aclara el título por el que explota directamente el Parking del Rincón. En el sucinto documento “Proyecto de Ejecución – Aparcamiento Intermodal área El Rincón” disponible a esta fecha en la cuarta de las direcciones web indicadas, se señala: “Se incorpora a los planos de este proyecto el plano de petición de suelo del área en cuestión. El objeto del presente proyecto de ejecución son únicamente las parcelas denominadas S2 y S3 del plano de cesión de suelo. La petición de suelo se realiza por parte de la Sociedad Municipal de Aparcamientos al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria”. Respecto a la existencia de unas condiciones por parte del Ayuntamiento para la gestión de ese suelo, o la existencia de algún acuerdo por los órganos de administración de la empresa, SAGULPA indica que “No existe normativa interna de SAGULPA que regule las condiciones de uso de los aparcamientos en rotación que gestionamos, nos regimos por la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos que recoge los deberes del titular del aparcamiento y las obligaciones del usuario” Las medidas de las plazas de Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública aparcamiento cumplen lo previsto en el artículo 5.6.14 del Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, que establece como dimensiones mínimas para las plazas de aparcamiento 2,20 metros de ancho por 4,50 metros de longitud, así como un 20% de las plazas deben tener 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud. Y todas las plazas de estacionamiento del Aparcamiento del Rincón tienen como medida 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud. Respecto a la limitación al aparcamiento de autocaravanas en los aparcamientos públicos gestionados por SAGULPA está motivada y fundamentada en razones meramente objetivas, señaladas en la Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico, referida a las vías urbanas, "las dimensiones exteriores de estos vehículos", que no son compatibles con las medidas de las plazas de estacionamiento exigidas por el Plan General Municipal de Ordenación de Las Palmas de Gran Canaria, la longitud de estos vehículos está entre 5,50 y 8,00 metros y la dimensión de las plazas, estando en el máximo, es de 2,50 metros de ancho por 5,00 metros de longitud, por lo que los mismos sobresalen de las dimensiones de las mismas, obstaculizando la circulación interior del aparcamiento, constituyendo un riesgo evidente para el resto de los usuarios, dado que los radios de giro contemplados con las vías de rodadura, no posibilitan la maniobra de vehículos de superior longitud sin poner en peligro al resto de vehículos estacionados. Esta misma instrucción de la Dirección General de Tráfico señala que la regulaciones limitatorias se realizan al amparo del artículo 7 del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, que atribuye a los municipios, en el ámbito de esa Ley, una serie de competencias, y entre ellas: “b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre todos los usuarios, con la necesaria fluidez del tráfico rodado, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, ...”. Se ha de tener en cuenta que se requiere una ordenanza para regular estas limitaciones y que en el caso que nos ocupa SAGULPA manifiesta que no existe normativa interna y que se rigen por por la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos que recoge los deberes del titular del aparcamiento y las obligaciones del usuario. Tampoco la Ordenanza de Tráfico del Ayuntamiento contempla esas limitaciones. Finalmente, y ciñéndonos a la normativa de la LTAIP, su artículo 5 indica que a los efectos de la misma se entiende por:  Información pública: Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el Comisionado Canario de Transparencia y Acceso a la Información Pública ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.  Acceso a la información pública: la posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la ley sin más requisitos que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley. La LTAIP, aplicable a SAGULPA como empresa de capital público superior al 50% contiene un régimen más amplio en materia de publicidad que la Ley estatal, define un catálogo de información a publicar por medios electrónicos más extenso y pormenorizado, desde los artículos 17 A 33. Sin perjuicio Así, Artículo 22.- Información en materia normativa obliga a la difusión de las directrices, instrucciones y circulares que tengan incidencia en los ciudadanos, así como aquellas directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. Su artículo 23, al regular la información sobre servicios y procedimientos, obliga a difundir los servicios que presta cada unidad, los requisitos y condiciones de acceso a los mismos, incluyendo horario y, en su caso, las tasas, tarifas o precios que se exigen. Por todo lo expuesto, se adopta la siguiente resolución 1. Desestimar la reclamación formulada por XXXXXXXXXXXXXXXXX por inexistencia de la información reclamada y careciendo por ello la petición de objeto. 2. Instar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al cumplimiento en su empresa SAGULPA, de las obligaciones de información previstas en los artículos 17 a 22 de la LTAIP. 3. Instar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al seguimiento de los procedimientos de tramitación de solicitudes de acceso y evitar la petición de justificación de petición no exigida por la Ley, así como emitir resolución en plazo y con las vías de recurso procedentes.