Solicitud de documentación, acta y transcripción de la sesión del Consejo de Gobierno de la Universidad de La Laguna del 24 de mayo de 2017

R2017000085 Resolución estimatoria sobre reclamación por solicitud de información a la Universidad de La Laguna de copia de datos relativos de los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2017. Palabras clave: Universidad. Información acuerdos. Sentido: Estimatoria. Origen: Inadmisión. Con fecha 14 de julio de 2017, se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo LTAIP, contra la desestimación presunta por silencio administrativo de acceso a la información pública solicitada por el ahora reclamante a la Universidad de La Laguna el 24 de mayo de 2017, y relativa a: “El día 24 de mayo de 2017 se celebró una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno. El orden del día enunciaba una lista de documentos que no se encontraban disponibles al público. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno, y la Ley 12/2014, de transparencia y acceso a la información pública, solicito una copia en formato electrónico de toda la documentación mencionada en el orden del día, así como el acta de la sesión, y (si dicho documento existiese) una transcripción literal de lo hablado en la sesión”. En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP, se le solicitó el 25 de agosto de 2017 el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considere oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso a la información, a la Universidad de La Laguna se le dio la consideración de interesada en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimase convenientes. La Universidad de La Laguna remite el expediente y formula alegaciones el 12 de septiembre de 2017 adjuntando la solicitud, la inadmisión de la misma y respuesta a consulta formulada al Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno. La inadmisión se motiva en base artículo 18 b) de la Ley 19/2013 de Transparencia Acceso a la Información pública y Buen Gobierno y artículo 43 1 de la LTAIP, concretamente en el supuesto en que permite la inadmisión a trámite mediante resolución motivada, de las solicitudes: ”a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.” Y “b) Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 1 Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.” Sobre esta base jurídica, considera que los documentos que se ponen a disposición del Consejo de Gobierno son informaciones o estudios auxiliares con base a los cuales se toman las decisiones; o borradores o proyectos de normas que una vez introducidos los cambios que el Consejo estime conveniente y aprueba, son objeto de publicación inmediatamente posterior. Por ello concluye que esta circunstancia hace que los informes y documentos que el Consejo de Gobierno conoce queden excluidos del ámbito de aplicación de las normas de transparencia y buen gobierno. Además, indica que “A lo anteriormente dicho debe añadirse, además, que los acuerdos, reglamentos y decisiones que tomó el Consejo de Gobierno en su sesión de 24 de mayo de 2017 han sido publicados en el número del Boletín Oficial de la Universidad inmediatamente posterior a esa fecha o en los números inmediatamente posteriores, para general y público conocimiento. En este sentido, el Boletín Oficial de la Universidad de La Laguna se edita en formato electrónico y se puede consultar en la siguiente dirección https://www.ull.es/private/folder/institucional/ull/wull/boletinoficial/index.html”. Consideraciones jurídicas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, “contra la resolución, expresa o presunta, de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa”. Entre las funciones del Comisionado, el artículo 63.1 a) nos dice que le corresponde la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados con el artículo 2.1 de esta Ley, así como a los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos, entre las que se incluyen las sociedades mercantiles vinculadas o dependientes. El artículo 2,1 de la LTAIP regula su ámbito de aplicación:”1. Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a: …e) Las universidades públicas canarias…”. Asimismo, el artículo 5.c) conceptúa el acceso a la información pública como “la posibilidad de acceder a la información pública que obre en poder de las entidades incluidas en el ámbito de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 2 aplicación de la ley sin más requisitos que los establecidos en la normativa básica estatal y en esta ley.”. La LTAIP indica, en el apartado 1 de su artículo 53, que la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La solicitud fue presentada el 24 de mayo de 2017 y resuelta y comunicada el 10 de julio siguiente, dando inicio al plazo de presentación. La reclamación se presentó el 14 de julio de 2017 dentro de plazo para su interposición. Entrando ya en el fondo de la reclamación, la LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las contempladas en la misma. A efectos de esta Ley, se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es un criterio ya consolidado en varios órganos de control de la transparencia y el acceso a la información pública que no es posible sostener la interpretación que permita denegar la información que esté en curso de elaboración con procedimiento no terminado. Toda vez que el hecho de que éste no haya finalizado no implica que no existan documentos integrantes del expediente correspondiente que ya se encuentren elaborados y respecto a los cuales, por tanto, no concurre la causa de inadmisión prevista en el artículo 43.1.a) de la LTAIP. Lo que debe estar en fase de elaboración o publicación es la información o documentación que se solicite, no el procedimiento dentro del cual se encuentra la misma. Respecto a la interpretación la información que pueda ser considerada “informaciones o estudios auxiliares”, el Consejo Estatal de Transparencia y Buen Gobierno ha emitido un Criterio interpretativo 6/2015 sobre esta causa de inadmisión. En el mismo señala que “una solicitud de información auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, podrá ser declarada inadmitida a trámite cuando se den, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias: 1. Cuando contenga opiniones o valoraciones personales del autor que no manifiesten la posición de un órgano o entidad. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 3 2. Cuando lo solicitado sea un texto preliminar o borrador sin la consideración de final. 3. Cuando se trate de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud. 4. Cuando la solicitud se refiera a comunicaciones internas que no constituyan trámites del procedimiento. 5. Cuando se trate de informes no preceptivos y que no sean incorporados como motivación de una decisión final. Por último, debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuentas, el conocimiento de la toma de decisiones públicas, sus criterios y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo”. El Reglamento del Consejo de Gobierno de La Universidad de La Laguna (aprobado el 3 de diciembre de 2004) indica en su apartado 4 “A la convocatoria se adjuntará la documentación relativa a los asuntos a debatir en la sesión correspondiente, salvo en los casos en que exista dificultad para ello por razón del volumen o por otras circunstancias razonables, en cuyo caso estará a disposición de los miembros del Consejo de Gobierno para su consulta en la Secretaría General de la Universidad, lo que deberá hacerse constar en la convocatoria.”. La propia resolución de la Universidad pone de manifiesto que “…los documentos que se ponen a disposición del Consejo de Gobierno son informaciones o estudios auxiliares con base a los cuales se toman las decisiones, y borradores o proyectos de normas que una vez introducidos los cambios que el Consejo estime conveniente y aprueba…”. De esta afirmación se deduce que estamos ante una solicitud de información de documentación que se utiliza de base para la toma de decisiones. Además, en el caso de borradores y proyectos de normas, se trata de información afectada por las normas de publicación de información en sus web, conforme al art.22 “Información en materia normativa” de la LTAIP. La misma resolución alude a la publicación de los acuerdos en su boletín y aporta una Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 4 dirección web genérica del mismo. En ningún caso es suficiente la remisión genérica al portal o a la sede o página web correspondiente. Es necesario de que se concrete la respuesta. Ésta podrá redireccionarle a la información solicitada pero deberá señalar expresamente el enlace mediante el cual se accede a la información y, dentro de este, los epígrafes, capítulos, datos e informaciones exactas que se refieran a lo solicitado, siendo requisito que la remisión sea precisa y concreta y lleve, de forma inequívoca, rápida y directa, a la información sin necesidad de requisitos previos, ni de sucesivas búsquedas. En todo caso, la información pública accesible a través del ejercicio del derecho de acceso no restringe en modo alguno el contenido de esa información por estar o no sometida al régimen de publicidad activa. Por tanto, está claro que la información solicitada por el reclamante es una información pública afectada por el derecho de acceso y que sin perjuicio de las posibles exclusiones conforme al criterio 6/2015 del Consejo Estatal, en ningún caso pueden excluirse los informes preceptivos de cualquier acuerdo o informe, ni los documentos que sean tenidos en cuenta en los acuerdos, ni aquellos que se indiquen en Reglamento del Consejo de Gobierno de La Universidad de La Laguna. La información así definida solicitada no está sujeta a límite alguno del artículo 37 de la LTAIP. En el caso de que alguna de estas informaciones implique el acceso a datos personales protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, los documentos o partes de documentos que se proporcione deben evitar incluir aquella información que puedan atentar contra el derecho fundamental a la protección de datos, como nombre y apellidos, DNI, dirección y, en general, cualquier otro que pueda llegar a identificar a la persona física titular de los datos de manera inequívoca, tanto en la esfera personal o familiar como laboral, fiscal, administrativa, académica, etc. Estos datos deberán anonimizarse los documentos que contengan esta información. Por todo lo expuesto, se adopta la siguiente resolución: 1. Estimar la reclamación formulada por XXXXXXXXXXXXXXXXXX respecto a su solicitud de acceso a información pública a la Universidad de La Laguna, consistente en copia electrónica de la documentación de cada uno de los puntos tratados en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2017, conforme al orden del día publicado, acta de la sesión y (si dicho documento existiese) una transcripción literal de lo hablado en la sesión. En ningún caso Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 5 pueden excluirse los informes preceptivos de cualquier acuerdo o informe, ni los documentos que sean tenidos en cuenta en los acuerdos, ni aquellos que se indiquen en Reglamento del Consejo de Gobierno de La Universidad de La Laguna. 2. Requerir a la Universidad de La Laguna que realice la entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo anterior en el plazo de quince días hábiles, dando cuenta al Comisionado de la información entregada y de la recepción por el reclamante en el mismo plazo. 3. Instar a la Universidad de La Laguna a dar cumplimiento a las previsiones de la LTAIP en lo que se refiere al procedimiento, plazos y obligación de resolver las solicitudes de acceso a la información pública