Solicitud de acceso a datos y trabajos de personal eventual de la Presidencia del Gobierno de Canarias

R2017000110 Resolución de reclamación relativa a solicitud de acceso a datos y trabajos de personal eventual de la Presidencia del Gobierno de Canarias Palabras clave: Presidencia del Gobierno de Canarias. Información relativa a personal de libre nombramiento. Personal. Personal eventual. Sentido: Desestimación. Origen: Estimación Parcial. Con fecha 16 de agosto de 2017 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en lo sucesivo LTAIP, contra la estimación parcial de acceso a la información formulada ante la Presidencia del Gobierno de Canarias el 23 de junio de 2017 al no considerarla ajustada a la LTAIP, y relativa a: "Rendición de cuentas y trabajos realizados por los asesores y asistentes que figuran en la relación de personal eventual de la Presidencia del Gobierno. Número de asesores y asistentes a la Presidencia del Gobierno en las últimas cinco legislaturas así como el gasto correspondiente". En base a los artículos 54 y 64 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, LTAIP, se solicitó el 24 de octubre de 2017 el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso a la información se dio a la Presidencia del Gobierno de Canarias la consideración de interesada en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara conveniente a la vista de la reclamación. El 9 de noviembre de 2017 se recibe informe del Secretario General de la Presidencia del Gobierno sobre la solicitud de acceso y la resolución del mismo. La resolución había estimado parcialmente la solicitud en lo relativo al número de asesores y asistentes a la Presidencia del Gobierno en las últimas cinco legislaturas, así como el gasto correspondiente. La reclamación se concreta contra el considerando tercero de la resolución: “No obstante lo anterior, solo se puede facilitar la información relativa al número de asesores y asistentes y su gasto correspondiente, por cuanto el personal eventual que ocupa los puestos de trabajo a él reservados en la relación de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno, no está sujeto a la entrega de ningún trabajo o informe, dada la naturaleza de sus funciones, de confianza o asesoramiento especial o político, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12.1 y 87.1 i) del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público”. El informe de la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 1 Presidencia del Gobierno concluye exponiendo lo que considera como principios básicos que caracterizan al personal eventual: - “Que el contenido y delimitación de sus funciones aparecen estrechamente ligados a su régimen legal de nombramiento y cese, absolutamente libre y que corresponde a los órganos políticos superiores, de acuerdo con criterios ajenos a los que preside el nombramiento de los funcionarios de carrera”. - “Que las funciones de confianza y asesoramiento especial, que no están definidas normativamente, y donde predominan las notas de afinidad y proximidad política, corresponde determinarlas al órgano del que depende, que decide también la forma de su prestación, la cual se realiza con el debido sigilo profesional”. - “Que no pueden desarrollar funciones de colaboración profesional en la administración pública que se proyecten en las funciones normales de la administración, y por tanto no están sometidos a la evaluación del desempeño en su puesto de trabajo, en los términos que, para otros empleados públicos, establece el artículo 20 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público”, En base a lo expuesto y por las mismas razones ya citadas en la resolución manifiesta su posición de que el personal eventual no está sujeto a la rendición de cuentas por los trabajos realizados. Consideraciones jurídicas: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, “contra la resolución, expresa o presunta, de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa”. Entre las funciones del Comisionado, el artículo 63,1 a) nos dice que le corresponde la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta Ley, que incluye a la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Los plazos de reclamación se concretan en el artículo 46 y 51 de la LTAIP, que fija un plazo máximo de un mes para resolver la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En este caso, la reclamación fue presentada el 16 de agosto de 2017 y la solicitud fue resuelta el 25 de julio de 2017 y comunicada al día siguiente, por lo que no Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 2 ha transcurrido más de un mes desde la resolución y, por tanto, la reclamación ha sido formulada en plazo legal para interponerla. Entrando ya en el fondo de la reclamación, la LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta norma y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de esta LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. El artículo 8.d) del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, establece bajo el título “concepto y clases de empleados públicos” que los empleados públicos se clasifican en: “… c) Personal eventual”. Por otro lado, la misma Ley establece en su artículo 12 al regular el personal eventual lo siguiente: “1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas. 3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera”. La Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria en su artículo 12 señala: “Es personal eventual el que en virtud de nombramiento, y en régimen no permanente, ocupa un puesto de trabajo considerado de confianza o asesoramiento especial de los cargos de carácter político. No podrán ser ocupados por personal eventual los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera”. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 3 En abril de 2005, la Comisión de expertos redactora del informe origen del Estatuto Básico del Empleado Público expresó que era razonable que los altos cargos de naturaleza política tengan el apoyo de un reducido grupo de personas de su confianza, que conforman el colectivo de empleados públicos denominado ”personal eventual”. Así indicaba también: “El nombramiento de personal eventual en todas y cada una de las Administraciones Públicas debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni al desempeño de puestos de trabajo estructurales y permanentes. Ahora bien, este tipo de funciones no puede ser definido, sino mediante conceptos muy generales e indeterminados, por un Estatuto que tiene carácter básico……”. Asimismo indicaba: “La Comisión considera, por tanto, que el personal eventual, de libre nombramiento y cese, sólo debe desempeñar funciones expresamente calificadas por las leyes como de confianza política y debe cesar automáticamente cuando lo haga la autoridad a la que presta su función de confianza…” Considerando la normativa aplicable y los pronunciamientos de los tribunales que a la hora de delimitar el significado de la expresión “confianza o asesoramiento especial” señalan que debe ponerse en relación esa expresión con el régimen de libre nombramiento y cese legalmente previsto para el personal eventual, así como posturas doctrinales que destacan además “la vinculación de este personal a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas” prevista en el artículo 12.2 del ya citado Estatuto, podemos considerar que los puestos del personal eventual están vinculados a una colaboración inmediata con aquellas personas que ostentan las decisiones políticas superiores. De este modo, puede afirmarse que la relación que une al personal eventual con la autoridad que lo nombra y de la que depende es estrictamente personal, de modo que el eventual se convierte en una especie de prolongación del cargo público Por ello se considera que el personal eventual no está sujeto a la entrega de ningún trabajo o informe como se indica en el considerando tercero de la resolución reclamada y que por ello tampoco existe una obligación de rendición de cuentas por los trabajos realizados prevista en el artículo 20 del Estatuto Básico, al estar los mismos comprendidos en los resultados de propio cargo que los nombra. El Estatuto indica que el personal eventual “le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen de los funcionarios de carrera”. Además de la diferencia indicada, por su naturaleza el personal eventual tiene precariedad de empleo, no se agrupa en las escalas funcionariales ni las situaciones administrativas y tampoco se les aplica el régimen disciplinario. Con independencia de las consideraciones ya apuntadas, existe otro argumento Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38009 Santa Cruz de Tenerife 4 relevante para la desestimación de la reclamación y es la propia indeterminación de la información solicitada, por cuento el derecho de acceso a la información es reconocido para temas concretos y focalizados. Apelar a la entrega de todos los contenidos informativos existentes en una determinada unidad o departamento o de todos los informes realizados por una persona durante años no es tanto una demanda informativa como un ejercicio de evaluación de rendimiento a personas determinadas; a no ser que se focalizara la petición informativa sobre un asunto concreto, obrante en los servicios de una unidad administrativa o departamento. Ha de tenerse en encuenta que un reconocimiento del derecho de acceso a todos los informes elaborados por una persona implicaría el análisis y ponderación para cada uno de ellos de los límites contemplados en los artículos 37 y 38 de la LTAIP. Resumidamente, el derecho de acceso otorga al ciudadano la posibilidad de conocimiento de la información publica en poder de una administración sobre un asunto concreto; y no ampara una entrega absolutamente indeterminada de todos los contenidos informativos elaborados por una persona (o un grupo de personas) sobre todo tipo de temas. Por todo lo expuesto, se adopta la siguiente resolución: Desestimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX el día 16 de agosto de 2017, contra la Presidencia del Gobierno de Canarias en base a las consideraciones expuestas. .