Solicitud de expediente de imputación del exalcalde por malversación y movimientos de tarjetas de crédito de la Alcaldía

R2018000118 Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Garachico relativa a expediente de imputación de exalcalde por malversación de caudales públicos así como sobre tarjetas de crédito o débito. Palabras clave: Ayuntamiento. Ayuntamiento de Garachico. Información económico- financiera. Sentido: Estimación. Origen: Desestimación. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Ayuntamiento de Garachico, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 6 de abril de 2018 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la desestimación por resolución de 2 de abril de 2018 de solicitud de acceso a información pública formulada al Ayuntamiento de Garachico el 16 de marzo de 2018, y relativa a: copia de expediente completo de la imputación de Ramón Miranda por malversación de caudales públicos, e información de las tarjetas de crédito o débito asignadas por el Ayuntamiento a la Alcaldía y copia de los movimientos de dichas tarjetas desde el año 2000 hasta la actualidad, con detalle, fechas, concepto y gastos de los movimientos. Segundo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 22 de mayo de 2018, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Ayuntamiento de Garachico se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Tercero.- El 1 de junio de 2018, con registro número 724, tuvo entrada en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respuesta del Ayuntamiento de Garachico adjuntando copia del expediente de acceso. En el mismo Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 consta Decreto del Alcalde-Presidente núm. 160/2018 en el que resuelve en primer lugar acceder a lo solicitado para después darle traslado del contenido del informe emitido por el Secretario General del Ayuntamiento, en el que se recoge lo siguiente: “Segundo.- En relación a la petición del expediente de imputación del exalcalde don Ramón Miranda Adán, no procede facilitar dicha información al solicitante en base a lo siguiente: don Ramón Miranda Adán es ahora un ciudadano sin cargo público en este Ayuntamiento, y en consecuencia, siendo un ciudadano sin funciones públicas, en base al contenido del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que expresa no proceder a lo solicitado cuando la información afecte a la Ley de Protección de Datos, no procede conceder lo solicitado por lo expresado, salvo autorización expresa del afectado por la información. Tercero.- En lo que respecta a los movimientos de gasto con las tarjetas asignadas a la Alcaldía desde el año 2000, expresar que los movimientos de las tarjetas bancarias son destruidos entre miles de documentos auxiliares del presupuesto municipal con la autorización del Tribunal de Cuentas, con la antigüedad mínima de dos años de su vigencia. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no es posible dar la información solicitada por el interesado, por cuanto el órgano que debe facilitar dicha información no dispone de la misma”. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos,...". El artículo 63 de la misma Ley regula la funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, no regula especialidades respecto a la LTAIP más allá de la previsión de su artículo 22, que se refiere al derecho de acceso a la información pública: “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder de los Ayuntamientos, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. El Alcalde será el órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, sin perjuicio de su delegación”. Por su parte, el artículo 24 de la citada ley de municipios de Canarias atribuye al Alcalde la competencia para la elaboración, actualización y publicación de la información que debe hacerse pública en la página web de la corporación, tanto de la relativa al Ayuntamiento como la referida a las demás entidades del sector público municipal. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 6 de abril de 2018. Toda vez que la resolución es de 2 de abril de 2018, se ha interpuesto la reclamación en plazo. V.- Afectando esta reclamación a un ayuntamiento, es conveniente recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local establece en su artículo 18.1.e) como derecho de los vecinos, “ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución”. A su vez su artículo 70.3 dispone que “todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución”. La denegación de información deberá realizarse dictando resolución motivada cuando se apliquen los límites del derecho de acceso o las causas de inadmisión de las solicitudes contemplados en los artículos 37 y 43 de la LTAIP. VI.- Entrando ya en el fondo de la reclamación, esto es, copia de expediente completo de la imputación de Ramón Miranda por malversación de caudales públicos, e información de las tarjetas de crédito o débito asignadas por el Ayuntamiento a la Alcaldía y copia de los movimientos de dichas tarjetas desde el año 2000 hasta la actualidad, con detalle, fechas, concepto y gastos de los movimientos, debemos separar su estudio en dos partes. En primer lugar el ahora reclamante requiere copia del expediente completo de la imputación de Ramón Miranda por malversación de caudales públicos. Respecto a esta petición, el Decreto del Alcalde-Presidente número 160/2018, por el que se resuelve la misma, copia lo dispuesto en el informe del Secretario General del Ayuntamiento, y dice que “no procede facilitar dicha información al solicitante en base a lo siguiente: don Ramón Miranda Adán es ahora un ciudadano sin cargo público en este Ayuntamiento, y en consecuencia, siendo un ciudadano sin funciones públicas en base al contenido del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que expresa no proceder a lo solicitado cuando la información afecte a la Ley de Protección de datos, no procede conceder lo solicitado por lo expresado, salvo autorización expresa del afectado por la información”. El referido artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (en adelante, LTAIBG), Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 modificado por la disposición final undécima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece: “1. Si la información solicitada contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, el acceso únicamente se podrá autorizar en caso de que se contase con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, a menos que dicho afectado hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. Si la información incluyese datos personales que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual, incluyese datos genéticos o biométricos o contuviera datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas que no conllevasen la amonestación pública al infractor, el acceso solo se podrá autorizar en caso de que se cuente con el consentimiento expreso del afectado o si aquel estuviera amparado por una norma con rango de ley”. Esto es, incluso en el caso de datos especialmente protegidos como son los que revelen la ideología, afiliación sindical, religión o creencias, no es necesario el consentimiento expreso y por escrito del afectado si el mismo hubiese hecho manifiestamente públicos los datos con anterioridad a que se solicitase el acceso. El propio Ramón Miranda ha hecho pública su situación en numerosos medios de comunicación. A título de ejemplo, https://eldia.es/norte/2016-06-19/4-Ramon-Miranda-inculpe-miedo-perder- libertad.htm donde manifiesta: “Me inculpé por miedo a perder la libertad” y puede leerse: “El exalcalde de Garachico, condenado por malversación de caudales públicos y prevaricación , afirma a EL DÍA que “si todo se repitiera, volvería a actuar igual”. En ese propio artículo se recogen diferentes manifestaciones del exalcalde y también se pone de relieve que “el exalcalde conserva la orden de pago de 16 de octubre de 2009 de la sentencia al Juzgado Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, que está firmada por el interventor, el tesorero y el alcalde, como presidente del patronato. A su juicio, las firmas de los dos técnicos “dejan claro que ellos no consideraban que el pago fuera incorrecto””. De todo lo hasta ahora expuesto y examinada la reclamación así como el expediente de acceso remitido por el Ayuntamiento de Garachico, es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder del Ayuntamiento, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible, y que lo alegado para denegar el acceso, Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 esto es, “salvo autorización expresa del afectado por la información” pierde validez toda vez que el propio Ramón Miranda ha hecho pública en numerosos medios de comunicación información referida al expediente que nos ocupa. VII.- En segundo lugar, el ahora reclamante solicita información de las tarjetas de crédito o débito asignadas por el Ayuntamiento a la Alcaldía y copia de los movimientos de dichas tarjetas desde el año 2000 hasta la actualidad, con detalle, fechas, concepto y gastos de los movimientos, el Decreto del Alcalde-Presidente copiando el informe del secretario manifiesta que “los movimientos de las tarjetas bancarias con destruidos entre miles de documentos auxiliares del presupuesto municipal con la autorización del Tribunal de Cuentas, con la antigüedad mínima de dos años de su vigencia” y en consecuencia “no es posible dar la información solicitada por el interesado, por cuanto el órgano que debe facilitar dicha información no dispone de la misma”. Hay que tener en cuenta que si bien se han destruido ciertos documentos con antigüedad superior a dos años de su vigencia, tienen que obrar en el Ayuntamiento los de una antigüedad menor. Respecto a estos así como en relación a los documentos destruidos pero cuya información debe obrar en los archivos y registros municipales, es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder del Ayuntamiento, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. VIII.- A la vista de las alegaciones realizadas por el Ayuntamiento, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o algún otro de los límites de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley. Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la pasiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria. Y en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Estimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la desestimación por resolución de 2 de abril de 2018 de solicitud de acceso a información pública formulada al Ayuntamiento de Garachico el 16 de marzo de 2018, y relativa a: copia de expediente completo de la imputación de Ramón Miranda por malversación de caudales públicos, e información de las tarjetas de crédito o débito asignadas por el Ayuntamiento a la Alcaldía y copia de los movimientos de dichas tarjetas desde el año 2000 hasta la actualidad, con detalle, fechas, concepto y gastos de los movimientos. 2. Requerir al Ayuntamiento de Garachico para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo primero en el plazo de quince días hábiles. 3. Requerir al Ayuntamiento de Garachico a que en el plazo de quince días hábiles remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar al Ayuntamiento de Garachico para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar al Ayuntamiento de Garachico que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.