Solicitud de certificaciones y oficios sobre turnos de guardias del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en Tenerife

R2019000075 Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a turnos de guardias provinciales para el personal del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de los Institutos de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Información en materia de empleo en el sector público. Sentido: Estimatoria parcial. Origen: Resolución de inadmisión. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 3 de abril de 2019 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la Resolución nº 331/2019, de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la que se inadmite solicitud de acceso a información pública ante esa Dirección General, y relativa a: “Se nos dé traslado de certificaciones de los Consejos de Dirección del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife desde agosto de 2014 hasta la fecha, en los que se acordaron las propuestas de guardias provinciales en dicho Consejo, en caso negativo se nos remita los oficios remitidos por el Director del IML en relación con los turnos de guardias provinciales de acuerdo con lo establecido en la Resolución nº 866/2014, de 1 de agosto de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, por la que se acuerda el régimen del servicio de guardias para el personal del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de los Institutos de Medicina Legal de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife”. Segundo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 17 de mayo de 2019, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso a la entonces denominada Consejería de Presidencia, Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 Justicia e Igualdad se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Tercero.- El 10 de junio de 2019, con registro de entrada número 2019-000737, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta de la entonces denominada Secretaria General Técnica de Presidencia, Justicia e Igualdad, adjuntando, entre otros, Resolución 331/2019 contra la que se reclama. Cuarto.- La Resolución nº 331/2019, de 2 de abril de 2019, del Director General de Relaciones con la Administración de Justicia pone de manifiesto en sus antecedentes de hecho lo que a continuación se recoge: “Con fecha 31 de julio de 2018 cursa entrada en el Registro de este Centro Directivo escrito firmado por los representantes de las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Justicia Intersindical Canarias, COBAS, STAJ, CC.OO. y CSIF mediante el que solicitan a esta Dirección General determinada documentación a los efectos de preparación de la Mesa precitada. En concreto, en el apartado 5 de dicho escrito solicitan “Copias de las Actas de las Sesiones del Consejo de Dirección de los últimos 5 años (2014-2018) (…)”.” Añadiendo que: “Mediante Resolución 122/2018 de 27 de septiembre se procede a dar respuesta a dicho escrito. En el Resuelvo Tercero de la misma se dispone que “En relación con la solicitud del apartado 5 del escrito de referencia relativo a la aportación por este Centro Directivo de copias de las Actas de las Sesiones del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal, se recuerda, que según lo establecido en el artículo 7.1 del Decreto 198/2002, de 20 de diciembre, por el que se crea el Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia no forma parte de dicho órgano y que toda vez que el Instituto de Medicina Legal no depende funcionalmente de esta Dirección, no caben tareas de fiscalización por lo que el Consejo de Dirección citado no remite copias de las actas de sus reuniones a este Centro Directivo.” Quinto.- El Director General de Relaciones con la Administración de Justicia destaca que la citada resolución le fue notificada a la organización sindical a la que representa el ahora reclamante con fecha 27 de septiembre de 2018. Acredita la notificación realizada a las organizaciones sindicales Intersindical Canarias, COBAS, STAJ, CC.OO. y CSIF y resuelve inadmitir la solicitud de información referente a las certificaciones del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal en base al artículo 43.1.e) de la LTAIP que recoge la posibilidad de inadmisión a trámite de aquellas solicitudes que sean manifiestamente repetitivas. Sexto.- Respecto a la petición alternativa de remisión de los “oficios remitidos por el Director del IML en relación con los turnos de guardia provinciales (…), el Director General manifiesta que “este Centro Directivo entiende que el solicitante se refiere a las certificaciones mediante Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 las cuales el Director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife acredita el cumplimiento de las mismas por los médicos forenses adscritos a ese organismo con el fin de proceder a su abono en nómina. En el Anexo II de la Resolución 866/2014 de esta Dirección General, en la cual el propio solicitante fundamenta su petición, se recoge el “Modelo para la certificación de la prestación del servicio de guardia”. En dicho modelo figuran, al efecto de identificar a los médicos forenses que han realizado los servicios de guardia, sus números de DNI así como sus nombres y apellidos.” Séptimo.- Asimismo, y tras la reproducción parcial del artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), alega la protección de datos de carácter personal como fundamento para la denegación de la solicitud de acceso a la información relativa a la remisión de los oficios remitidos por el director del IML en relación con los turnos de guardias provinciales de acuerdo con lo establecido en la ya mencionada Resolución nº 866/2014, de 1 de agosto, por considerar que su remisión implicaría el incumplimiento de la obligación relativa a la protección de datos de carácter personal de los funcionarios relacionados en dichas certificaciones. Nada alega respecto a la preceptiva ponderación regulada en el artículo 38.3 de la LTAIP. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1.a) de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. El Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, creado por Decreto 198/2002, de 20 de diciembre, y el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas creado por Decreto 83/2007, de 23 de abril, están adscritos orgánicamente a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y se configuran como órganos auxiliares de Juzgados, Tribunales, Fiscalías y Oficinas del Registro Civil cuyas funciones se centran en la realización de cuantos Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 informes periciales médico-forenses, tanto tanatológicos como clínicos y de laboratorios, le sean solicitados y realizará actividades de docencia e investigación relacionadas con la medicina forense. II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 3 de abril de 2019. Toda vez que la resolución contra la que se reclama fue notificada al ahora reclamante el día 2 de abril de 2019, se ha interpuesto la reclamación en plazo. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- Examinado el contenido de la reclamación y respecto a la primera de las peticiones, esto es, certificaciones del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, en la documentación remitida por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia consta acreditación de la respuesta dada mediante Resolución nº 122/2018, de 22 de septiembre, notificada el 27 de septiembre de 2018, sin que contra dicha respuesta se interpusiese reclamación alguna, por lo que este Comisionado no puede más que inadmitir la reclamación en este punto, conforme a la aplicación del artículo 43.1.e) de la LTAIP al ser la misma repetitiva de otra anterior ya contestada y no recurrida. V.- Respecto a la segunda de las peticiones, esto es, las certificaciones del Director del Instituto de Medicina Legal en relación con la Resolución 866/2014, de 1 de agosto, y tal y como manifiesta el Director de Relaciones con la Administración de Justicia y visto el anexo II de la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 misma que establece el modelo para la certificación de la prestación del servicio de guardia, se constata que en esas certificaciones se recogen datos personales de los médicos forenses que realizan los servicios de guardia, en concreto su DNI y apellidos y nombre. En efecto, el artículo 4 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) define como datos personales “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona.” Ahora bien, no nos encontramos ante categorías especiales de datos personales, contemplados en el artículo 9 del Reglamento general de protección de datos y también en el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, como aquellos “que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o las orientación sexual de una persona física.” VI.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.3 de la LTAIP: “Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente en consideración los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma ley.” En el ejercicio de la competencia atribuida por dicha disposición adicional quinta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos emitieron un criterio interpretativo conjunto el 24 de junio de 2015, en el que se indica respecto a las Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 relaciones de puestos de trabajo, catálogos, plantillas orgánicas, etc… de los órganos, organismos públicos y entidades del sector público que en principio y con carácter general, la información referida a las relaciones de puestos de trabajo, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identificación de los empleados o funcionarios públicos ocupantes de los puestos, se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, salvo que respecto de la identificación prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación. Existe, por tanto, un principio general favorable al acceso. Sin embargo, deberán considerarse las circunstancias del caso concreto para poder ponderar entre la prevalencia del derecho a la protección de datos o el interés general que conlleva el acceso a la información pública. Sólo así se podrá valorar, por ejemplo, si el acceso a la información pudiera afectar a su seguridad, como podría ocurrir con víctimas de violencia de género o testigos protegidos; o si se trata de datos de menores de edad, entre otros supuestos. Por ello, se deberá dar trámite previo a los empleados públicos que puedan verse afectados por el acceso a la información para que puedan alegar si en ellos concurre alguna circunstancia especial que deba ser tomada en consideración en la ponderación pretendida. Sólo así podrá efectivamente entenderse que el acceso es conforme a la normativa sobre protección de datos. Y, en todo caso, conforme al artículo 38.5 de la LTAIP la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Inadmitir la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la Resolución nº 331/2019, de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la que se inadmite solicitud de acceso a información pública ante esa Dirección General, en lo que respecta a la solicitud de certificaciones del Consejo de Dirección del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, conforme a la aplicación del artículo 43.1.e) de la LTAIP al ser la misma repetitiva de otra anterior ya contestada. 2. Estimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la Resolución Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 nº 331/2019, de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia por la que se inadmite la solicitud de acceso a información pública ante esa Dirección General, en lo que respecta a las certificaciones del Director del Instituto de Medicina Legal en relación con la Resolución 866/2014, de 1 de agosto, por la que se acuerda el régimen del servicio de guardias, previo trámite de audiencia a los empleados públicos que puedan verse afectados por el acceso a la información para que puedan alegar si en ellos concurre alguna circunstancia especial que justifique la limitación o eliminación de ciertos datos en la información que ha de proporcionarse. 3. Requerir a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo anterior en el plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la finalización del plazo de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; o hasta quince días hábiles después de la finalización del plazo en que pueda prorrogarse el citado Real Decreto o, en su caso, contados a partir de la conclusión del preceptivo trámite de audiencia. Y ello para posibilitar que -en las especiales y graves circunstancias por las que atraviesa el país- su institución tenga un conocimiento adelantado y previo, y disponga de más tiempo para la entrega de la información requerida. 4. Requerir a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 5. Instar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 6. Recordar a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.