Solicitud de fecha de alta como objeto tributario de una vivienda y copia de dicha acta en el Ayuntamiento de Arona

R2019000219 Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arona relativa a la fecha de alta como objeto tributario de una vivienda del municipio así como copia de dicha alta. Palabras clave: Ayuntamientos. Ayuntamiento de Arona. Información del patrimonio. Sentido: Estimatoria. Origen: Resolución desestimatoria. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Ayuntamiento de Arona, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 13 de diciembre de 2018 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la resolución desestimatoria nº 2018/2777, de fecha 23 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Arona en relación a la fecha de alta como objeto tributario de una vivienda del municipio así como copia de dicha alta. La referida resolución desestimó el acceso al no quedar acreditada la representación de la titular de la vivienda. Segundo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 8 de febrero de 2019, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Tercero.- El 19 de marzo de 2019, con registro número 184, tuvo entrada en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como respuesta al trámite de audiencia anterior, una nueva resolución del Ayuntamiento de Arona con número 2019/1382, de fecha 28 de febrero de 2019, desestimando la solicitud de información del ahora reclamante con una argumentación distinta a la que sirvió de fundamento a la de fecha 23 de noviembre de 2018. Esto es, en el trámite de audiencia dado por este Comisionado, ese Ayuntamiento dictó una resolución diferente pero también desestimando el acceso a la información solicitada. Cuarto.- El 5 de abril de 2019, con registro número 2019000231, tuvo entrada en este Comisionado nueva reclamación del mismo reclamante, en este caso frente a la respuesta dada por el Ayuntamiento en su resolución nº 2019/1382, de 28 de febrero de 2019, del Teniente de Alcalde del Área de Planificación, Participación Ciudadana y Transparencia. Examinada esta nueva reclamación este Comisionado declaró la terminación del Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 1 Tenerife procedimiento 2018000341 que tuvo como origen la resolución número 2018/7777, de fecha 23 de noviembre de 2018, y continuó la tramitación de la reclamación con número de expediente 20190000219, contra la resolución de 28 de febrero de 2019, que es la que ahora nos ocupa. Quinto.- La resolución contra la que ahora se reclama expone en sus fundamentos de derecho que: - La disposición adicional primera de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su apartado 2 establece que se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. - El mismo texto legal en el apartado 3 establece que, en este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. - El artículo 95.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que los datos recabados por las Administraciones con finalidades tributarias sólo pueden cederse en determinados supuestos regulados en la norma. No siendo la solicitud formulada por el ahora reclamante uno de ellos. Sexto. - En base a tales antecedentes de hecho, resuelve, “denegar el acceso a la información solicitada, en base a lo establecido en el citado artículo 95.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria”. Séptimo. - En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 3 de diciembre de 2019, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Ayuntamiento de Arona se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. A la fecha de emisión de esta resolución por parte del Ayuntamiento de Arona no se ha remitido expediente alguno ni se han realizado alegaciones respecto de esta reclamación. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, ...". El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 2 Tenerife ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, no regula especialidades respecto a la LTAIP más allá de la previsión de su artículo 22, que se refiere al derecho de acceso a la información pública: “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder de los Ayuntamientos, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. El Alcalde será el órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, sin perjuicio de su delegación”. Por su parte, el artículo 24 de la citada ley de municipios de Canarias atribuye al alcalde la competencia para la elaboración, actualización y publicación de la información que debe hacerse pública en la página web de la corporación, tanto de la relativa al Ayuntamiento como la referida a las demás entidades del sector público municipal. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 3 Tenerife la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 5 de abril de 2019. Toda vez que la resolución contra la que se reclama fue notificada al ahora reclamante con registro de salida del día 6 de marzo de 2019, se ha interpuesto la reclamación en plazo. V.- Afectando esta reclamación a un ayuntamiento, es conveniente recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local establece en su artículo 18.1.e) como derecho de los vecinos, “ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución”. A su vez su artículo 70.3 dispone que “todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”. VI.- Entrando en el fondo de la reclamación planteada, esto es la fecha de alta como objeto tributario de una vivienda del municipio así como copia de dicha alta y examinada la documentación remitida por el reclamante, es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. En la página web del Ayuntamiento de Arona, https://www.arona.org/Areas-Municipales/Economia-y-Hacienda/Informacion- Tributaria/Ordenanzas-Fiscales, puede consultarse la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los Tributos y Otros Ingresos de Derecho Público Locales (entrada en vigor de la modificación, según Acuerdo del Ayuntamiento Pleno, aprobado en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia nº 63, de viernes 10 de mayo de 2013), cuyo artículo 12.3.6 dispone que: “12.3.6.- Podrán ser objeto de padrón o matrícula los tributos en los que por su naturaleza se produzca continuidad de hechos imponibles. Las altas se producirán bien por declaración del sujeto pasivo, bien por la acción investigadora de la Administración, surtiendo efecto desde la fecha en que por disposición de la Ordenanza del tributo nazca la obligación de contribuir, salvo la prescripción, y serán incorporadas definitivamente al padrón o matrículas del siguiente periodo. Las bajas deberán ser formuladas por los sujetos pasivos y surtirán efectos a partir del periodo siguiente a aquél en que hubiesen sido presentadas, sin perjuicio de las Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 4 Tenerife responsabilidades a que dieran lugar por falsificación de documento. Los contribuyentes estarán obligados a poner en conocimientos de la Administración municipal, dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a aquél en que se produzcan, toda modificación sobrevenida que pueda originar alta, baja o alteración en el Padrón. Los padrones se someterán a la aprobación del Alcalde. Una vez aprobados se expondrán al público para examen y reclamación por parte de los legítimamente interesados, durante un periodo de un mes en el Boletín Oficial de la Provincia, dentro del cual podrán presentar las reclamaciones que estimen oportunas. La exposición al público de los padrones producirá los efectos de notificación de las liquidaciones de deudas tributarias que figuren consignadas para cada acto de los interesados.” De ello se infiere que el padrón es objeto de publicación general por parte del Ayuntamiento, si bien esto no quiere decir que los ciudadanos no puedan ejercer su derecho de acceso a la información con relación a datos ya publicados. VII.- Ahora bien, atendiendo a lo expresado en los antecedentes de hecho de la resolución contra la que se reclama, resulta necesario que nos detengamos en el análisis de una cuestión formal, como es la relativa a las previsiones del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT) y la posible aplicación al caso que ahora nos ocupa de lo previsto en la Disposición adicional primera de la LTAIP. Es aquí donde puede suscitarse la duda de si el artículo 95 de la LGT constituye un régimen jurídico específico de acceso a la información y por tanto la LTAIP pasaría a ser de aplicación supletoria. A este respecto se considera que el mencionado precepto legal no recoge una regulación sustancial que merezca aquella consideración. En efecto, no puede considerarse que la regulación del artículo 95 LGT – que solamente prevé la obligación de confidencialidad de la Administración- pueda ser considerada un régimen jurídico de acceso, ya que no regula un procedimiento específico de acceso a la información tributaria, como sí hace la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, para el acceso a la información medioambiental, o la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el acceso y la reutilización de información pública. La obligación de confidencialidad de la Administración en relación con la información que obtiene para la imposición tributaria o de sanciones prevista por el artículo 95 LGT debe entenderse como habilitación legal requerida para que pueda considerarse dicha información incluida en los supuestos de límites al derecho de acceso y que, en virtud del artículo 37 de la LTAIP, su aplicación será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. La finalidad del deber de confidencialidad de la Administración es preservar los derechos e intereses privados de los obligados tributarios –y, particularmente, el derecho al carácter reservado de la información que obtenga la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 5 Tenerife Administración tributaria de ellos en un entorno de confidencialidad, reconocido y garantizado por el artículo 34.1 de la LGT; se trata de una garantía de reserva hacia los obligados tributarios. Conforme a lo expuesto y al principio de proporcionalidad del artículo 37.2 de la LTAIP, concluimos, en los mismos términos en los que se expresa la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) en su Resolución 299/2018, de 25 de octubre, que “cuando dicha confidencialidad actúe como límite al acceso deberá tenerse en cuenta que el objetivo y la finalidad es la protección de los derechos de los obligados tributarios, y será exigible que se aplique de manera proporcional a este fin”. Y de ello se derivan dos consideraciones: la primera, que si el objeto y la finalidad de la confidencialidad es proteger y no defraudar el derecho del obligado a la reserva de la información que la Administración ha obtenido de él, cuando la información utilizada por la Administración tributaria no haya sido proporcionada por el obligado tributario con dicha expectativa de reserva, sino que la haya obtenido la Administración a raíz de su propia actividad (por ejemplo, cuando el Ayuntamiento fija la fecha de alta en el padrón municipal de basura) la confidencialidad perderá buena parte de su finalidad de protección de la expectativa de reserva de los obligados tributarios y su aplicación deberá perder, proporcionalmente, intensidad. La segunda, que si la información tributaria se facilita disociada de la identidad del obligado tributario (en este caso, del titular de la finca sobre la que se pide información) no se estaría vulnerando su derecho a la reserva reconocido por el artículo 34.1 LGT y, no sirviendo a este fin, no se justificaría la confidencialidad de la información que se impone a la Administración tributaria, precisamente para garantizarlo, en el artículo 95 LGT. VIII.- Ante el argumento mantenido por la administración local de aplicación de la disposición adicional primera de la LTAIBG en virtud de un procedimiento de acceso previsto en el artículo 95 de la LGT también es importante poner de manifiesto la Sentencia nº 131/2019, de 3 de diciembre de 2019, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 4, dictada en procedimiento ordinario número 41/2018, por la que se desestima el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la Abogacía del Estado, contra la resolución de fecha 24 de septiembre de 2018 del Consejo de Transparencia y Acceso a la Información Pública dictada en los expedientes acumulados de referencia R/0398/2018 y R/0425/2018 y frente a la Resolución R/0397/2018. Respecto a la alegación fundada en que el régimen de confidencialidad recogido en el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios constituye un régimen específico de acceso, la referida Sentencia 131/2019, de 3 de diciembre, manifiesta, en su fundamento de derecho quinto, que: “Sobre la contravención de la disposición adicional primera de la ley 19/2013, por existir un régimen propio a tenor del artículo 7 del RD 1591/2009. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 6 Tenerife La Sentencia de la Sección 7ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 21 de marzo de 2019, dictada en el recurso de apelación núm. 78/2018 ha dicho que “A nuestro juicio, para que pueda aplicarse lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 19/2013, la regulación específica debe señalar con claridad que la información sobre la materia que regula solo podrá obtenerse en la manera que en ella se especifica”. En este caso, no se advierte que el artículo 7 del RD 1591/2009, constituya una normativa específica sobre la materia. La anterior conclusión se encuentra avalada por la interpretación que el CTBG ha hecho del apartado segundo de la Disposición Adicional 1ª, y que se encuentra recogida, en el criterio interpretativo 8/2015, de 12 de noviembre. No cabe entender que el artículo 7 del RD 1591/2009, que reza con el título de “confidencialidad” contenga una regulación específica sobre la materia. Por tanto, la Ley 19/2013, es de aplicación a la solicitud formulada por los interesados.” Es, por tanto, un claro ejemplo de que un régimen de confidencialidad contenido en una norma específica no es un régimen jurídico específico de acceso a la información a los que se refiere la Disposición adicional primera de la LTAIBG. IX.- Respecto a la fecha de alta como objeto tributario, y al tratarse únicamente de un dato numérico, entiende este Comisionado que no es de aplicación ninguna las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o algún otro de los límites de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley. Ahora bien, respecto a la copia de dicha acta, al no haber realizado ponderación alguna en su resolución ni aportar el ayuntamiento alegación alguna en el trámite de audiencia, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si es de aplicación alguna de aquellas causas o alguno de esos límites de acceso a la información. Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la reactiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria. Y en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de 7 Tenerife acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Estimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la Resolución nº 2019/1382, de 28 de febrero de 2019, del Teniente de Alcalde del Área de Planificación, Participación Ciudadana y Transparencia, por la que se desestima el acceso a la información relativa a la fecha de alta como objeto tributario de una vivienda del municipio así como copia de dicha alta. 2. Requerir al Ayuntamiento de Arona para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo primero en el plazo máximo de quince días hábiles, en los términos del fundamento jurídico noveno. 3. Requerir al Ayuntamiento de Arona a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar al Ayuntamiento de Arona para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar al Ayuntamiento de Arona que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP. Queda a disposición del reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de que la respuesta suministrada por el Ayuntamiento de Arona no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.