Solicitud de información sobre ofertas públicas de empleo 2007 y 2016-2018, manuales de buenas prácticas y auditorías de la Consejería de Sanidad

R2020000059 Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Sanidad relativa a la oferta pública de empleo 2016-2017-2018, manual de buenas prácticas de los tribunales de oposición, y reclamaciones y auditoría de la oferta pública de empleo 2007. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Sanidad. Información en materia de empleo público. Sentido: Estimatorio. Origen: Silencio administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Consejería de Sanidad, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 30 de enero de 2020 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada a la Consejería de Sanidad el 4 de diciembre de 2019, y relativa la oferta pública de empleo 2016-2017-2018, manual de buenas prácticas de los tribunales de oposición, y reclamaciones y auditoría de la oferta pública de empleo 2007. En concreto, el ahora reclamante solicitó la siguiente información: • “Primero: Información de qué centro/s directivo/s de la Consejería de Sanidad y qué Unidad/es están diseñando la Oferta Pública de Empleo 2016-2017-2018. Relación de qué personas (según la RPT 9/11/2018 del SCS) ostentan cada puesto de trabajo en dichas Unidades. Se solicita que dicha información no contenga otros datos personales salvo nombre y apellidos y situación laboral (contratado, sustituto, interino, fijo, y si es así, según qué proceso selectivo) o bien si se trata de personal de libre designación. • Segundo: Información de si existe en la Comunidad Autónoma de Canarias algún Documento o manual de Buenas Prácticas de los tribunales de oposición o similar. • Tercero: Información sobre cuantas reclamaciones por la insularización de la OPE 2007 para facultativos se produjeron, y en qué términos. • Cuarto: Información sobre los dictámenes jurídicos/directrices/circulares,...que apoyan la insularización de la Oferta de Empleo Pública insularizada 2016-2018 para facultativos. • Quinto: Información sobre cuántas reclamaciones/impugnaciones se han producido en la Oferta Pública de Empleo 2016- 2017-2018 en las categorías de matrona/enfermería y Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 fisioterapia y en qué términos, y si se ha presentado alguna impugnación en el Juzgado al respecto. • Sexto: Información acerca de si se van a implantar medidas en caso de denuncias de acoso laboral al respecto de la Oferta Pública de Empleo 2016-2017-2018. • Séptimo: Información acerca de qué medidas se han implantado/se van a implantar para evitar filtraciones a las preguntas de la Oposición. • Octavo: Información de a quién corresponde la custodia de los exámenes de la Oferta Pública de Empleo, y si se trata de una empresa externa, información acerca de la misma y desde cuando presta sus servicios para la administración y en virtud de qué concierto/convenio/contrato. • Noveno: Información de sí se han producido auditorías externas acerca de los procesos selectivos de OPE 2007 y OPE 2016-2017-2018, y de ser así, qué empresas las han realizado y resultados de las mismas. • Décimo: Que se le proporcione la información solicitada en escrito presentado con fecha 20/12/2018.” Segundo.- En su solicitud el ahora reclamante manifiesta que: “Primero: Que la Comunidad Autónoma de Canarias ha convocado una Oferta de Empleo Público en la Consejería de Sanidad (DECRETO 142/2016, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el año 2016; DECRETO 254/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la oferta de empleo público de personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud para el año 2017; DECRETO 188/2018, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio canario de la Salud para 2018 y la Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario de los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud). Que hasta ahora se han realizado los exámenes correspondientes a las categorías profesionales de matronas, enfermería y fisioterapia. Segundo: Que la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública de canarias consagran el derecho de los ciudadanos a la obtención de información pública relativa a: información en materia organizativa (art. 18), información en materia normativa (art. 22), información sobre servicios y procedimientos (art. 23), información sobre planificación (art. 26), información de convenios y encomiendas de gestión (art. 29). Tercero: Que en dicha Oferta de Empleo Público se ofertan para cada categoría unas plazas por promoción interna y otras para reserva de discapacidad. Que no está disponible para el Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 ciudadano el porqué de esta proporción de plazas por categoría (así como las de traslado), según el Decreto 123/1999, 17 junio, sobre selección de personal estatutario y la provisión de plazas básicas y puestos de trabajo en los Órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de la Salud, observándose muchas plazas por promoción interna en muchas categorías. Cuarto: Que se han publicado en medios de comunicación indicios de posibles filtraciones de preguntas de los exámenes de las categorías de fisioterapia y enfermería. Que estas publicaciones han generado un importante revuelo social. Quinto: Que se han convocado exclusivamente para Facultativos Especialistas de Área una convocatoria (Servido canario de la Salud. Dirección General de Recursos Humanos.- Resolución de 14 de noviembre de 2019, por la que se convocan pruebas selectivas para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área (Grupo A1 Sanitario) y de Auxiliar de Enfermería (Grupo C2 Sanitario), en los órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canari0 de la Salud) insularizada (En su base séptima se explicita “una previsión para que los aspirantes que concurran a plazas de Facultativo Especialista de Área indiquen la Gerencia o Dirección Gerencia por la que optaría en primera instancia para la elección de plazas".). Esta situación no se contempla en ninguna de las otras categorías. Que situación similar se produjo en la Oferta Pública de Empleo de 2007 y no fue corregida para la actual oferta de empleo. Se atiende por tanto al argumento de reforzar plantillas para islas menores, en detrimento de la igualdad de oportunidades de los opositores facultativos. Que dicha insularización puede discriminar a los opositores discapacitados, que no pueden optar en igualdad de condiciones que el resto. Sexto: Que en la Oferta de Empleo Público 2007 se reservaron plazas para discapacitados en especialidades médicas y gerencias donde no se presentó ningún discapacitado, sin que se convocaran en otras especialidades y gerencias en las que si los había, por lo que se produjo una situación discriminatoria pasando esas plazas de forma intencionada al cupo general. Séptimo: Que con fecha de 20/12/2018 presentó escrito (N.º General 1857398, n.º registro SCSI 357119), solicitando en virtud de la Ley de Transparencia el número de médicos con discapacidad de grado mayor o igual al 33% que estén prestando sus servicios en la Consejería de Sanidad y el Servicio Canario de Salud, por centro de trabajo, isla, gerencia, dirección de área de salud y especialidad o que estén en situación de excedencia en este Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 momento. Que dicho escrito no fue respondido. Octavo: Que se han denunciado recientemente casos de acoso laboral en el Servicio Canario de la Salud. Que pese a eso se convoca una oferta de Empleo Público para facultativos especialistas que está insularizada. Que esto implica que se creen tribunales por gerencias, que pueden vulnerar los derechos de las personas denunciantes por acoso laboral, así como dificultar el acceso igualitario de todos los opositores. Que la oferta pública de empleo convocada no establece medidas de ajuste ante esta circunstancia.” Noveno .- En su reclamación manifiesta que: “… solicitó entre otras cuestiones información de si existe en la Comunidad Autónoma de Canarias algún Documento o manual de Buenas Prácticas de los tribunales de oposición o similar, de cuantas reclamaciones por la insularización de la OPE 2007 para facultativos se produjeron, y en qué términos, reclamaciones/impugnaciones se han producido en la Oferta Pública de Empleo.” Decimo .- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Sanidad, el 13 de febrero de 2020, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. A la fecha de emisión de esta resolución la Consejería de Sanidad no remitido expediente alguno ni realizado alegaciones respecto de esta reclamación. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1. de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias” y a “b) Los organismos autónomos, entidades empresariales y demás entidades de Derecho Público vinculadas o dependientes de dicha Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.” El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. II.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud, ampliable otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 30 de enero de 2020. Toda vez que la solicitud es de fecha 4 de diciembre de 2019, y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ni se acredita la ampliación de plazo prevista en el artículo 46 de la LTAIP, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. IV.- Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y examinado el fondo de la reclamación planteada, esto es, la oferta pública de empleo 2016-2017-2018, manual de buenas prácticas de los tribunales de oposición, y reclamaciones y auditoría de la oferta pública de empleo 2007, es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de documentación que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. Ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad al no contestar a la solicitud de información, no remitir el expediente de acceso requerido por este Comisionado ni presentar alegación alguna, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o alguno de los límites de acceso a la información contemplados Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 en los artículos 37 y 38 de la misma Ley. V.- En relación a la información en materia de empleo en el sector público, el artículo 20 de la LTAIP dispone que “1. La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hará públicas y mantendrá actualizadas y a disposición de todas las personas, las relaciones de puestos de trabajo, los catálogos de puestos, las plantillas de personal o instrumentos similares, cualquiera que sea su denominación, especificando la identidad del personal que los ocupa y los puestos que están vacantes”. Respecto a las obligaciones de publicidad activa relativa a información en materia de retribuciones, la LTAIP en su artículo 21.c) dispone que la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, respecto de su personal y el de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la misma, hará pública y mantendrá actualizada la información general de las retribuciones del personal, funcionario, estatutario y laboral, articulada en función de los niveles y cargos existentes. Mediante Resolución de 22 de febrero de 2018, se establecieron instrucciones en relación a la publicidad activa y el derecho de acceso a la información de las relaciones de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el apartado tercero de su anexo recoge los datos e informaciones que deben contener las relaciones de puestos de trabajo objeto de publicación. VI.- Toda vez que se solicita “relación de qué personas” ostentan cada puesto de trabajo en las unidades que están diseñando la oferta de pública de empleo 2016-2017-2018, manual de buenas prácticas, reclamaciones, informes jurídicos, medidas a implantar y “a quién” corresponde la custodia de los exámenes, se entiende que la información reclamada no está afectada por ninguno de los límites al derecho de acceso previstos en el artículo 37 de la LTAIP; pero si pudiera estarlo en el caso de algunas personas respecto a la protección de datos personales regulada en el artículo 38 del mismo cuerpo legal, al solicitar el nombre del personal que ocupa cada plaza. Esta salvedad hace referencia a aquellas personas que, por sus circunstancias concretas, pueden alegar una reserva especial y más fuerte de sus datos personales, según se expresa a continuación. En materia de protección de datos, el artículo 38 de la LTAIP expresa: “1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma Ley. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”. Existe, por tanto, un principio general favorable al acceso. Sin embargo, deberán considerarse las circunstancias del caso concreto para poder ponderar entre la prevalencia del derecho a la protección de datos o el interés general que conlleva el acceso a la información pública. VII.- Para llevar a cabo esta ponderación, ya hemos aclarado que la LTAIP remite al artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos emitieron un dictamen conjunto el 24 de junio de 2015, en el que se indica cómo aplicar la ponderación regulada en dicho artículo en base a las siguientes reglas: 1.“Información referida a las RPT, catálogos, plantillas orgánicas, etc… de los órganos, organismos públicos y entidades del sector público estatal enumerados en el artículo 2 de la LTAIBG. A. En principio y con carácter general, la información referida a la RPT, catálogo o plantilla orgánica, con o sin identificación de los empleados o funcionarios públicos ocupantes de los puestos, se consideran datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano de modo que, conforme al artículo 15, número 2, de la LTAIBG, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación, se concederá el acceso a la información. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 7 B. Ello no obstante y en todo caso: a) La información –siempre en el supuesto de que resulte obligado facilitarla conforme a las reglas del anterior apartado A- no se facilitará cuando el acceso suponga un perjuicio para uno o varios de los bienes enumerados en el artículo 14.1 de la LTAIBG y la limitación sea justificada, proporcionada a su objeto y finalidad de protección y haya tenido en cuenta las circunstancias del caso concreto, especialmente la concurrencia en el mismo de un interés superior que justifique el acceso. b) Tampoco se facilitará cuando el acceso afecte a uno o varios empleados o funcionarios públicos que se encuentren en una situación de protección especial –p. ej. la de víctima de violencia de género o la de sujeto a una amenaza terrorista-, que pueda resultar agravada por la divulgación de la información relativa al puesto de trabajo que ocupan. En este último caso, si el órgano, organismo o entidad responsable de la información tuviera conocimiento o pudiera deducir razonablemente de la información de que dispusiese que alguno o algunos de los empleados concernidos por una solicitud de información pudiera hallarse en una situación de protección especial, deberá recabar del o los afectados la información necesaria para dilucidar si efectivamente se da el supuesto y proceder en consecuencia con la respuesta. 2.Información referida al puesto de trabajo desempeñado por uno o varios empleados o funcionarios públicos o a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados. A. Dado que en uno y otro caso la información incluye datos de carácter personal, el órgano, organismo o entidad responsable de la misma, a la hora de autorizar el acceso, habrá de realizar la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG, tal y como ya ha visto que sucedía en el supuesto de la letra b) del precedente apartado A. B. Para efectuar la ponderación, habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas: a. Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Y ello Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 8 porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal. b. En este sentido -y sin perjuicio de lo que se ha dicho en los antecedentes de este escrito sobre el carácter flexible y genérico de los criterios interpretativos contenidos en el mismo y sobre la competencia exclusiva de las Unidades de Información para resolver y evaluar en cada caso concreto-, con el fin de contribuir a la más clara comprensión de las reglas establecidas en el precedente apartado a) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el órgano, organismo o entidad responsable de la información concedería el acceso a la información sobre las retribuciones correspondientes a: • Personal eventual de asesoramiento y especial confianza: asesores aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. • Personal directivo, esto es: personal directivo de los organismos y entidades públicas, así como de las sociedades mercantiles, fundaciones públicas y consorcios integrantes del sector público autonómico, Cabildos y Ayuntamientos y demás entes obligados. • Personal no directivo de libre designación. En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 30 no Subdirectores Generales o asimilados, 29 y 28 –éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalentes, podría prevalecer, con carácter general, el interés público en la divulgación de la información relativa a las retribuciones de los puestos provistos con un grado de discrecionalidad sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalecería, con carácter general, el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados. C. En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos. en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 9 creencias y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Si la solicitud de información requiere expresamente el desglose de las retribuciones o su importe líquido habrán de aplicarse las normas del mencionado precepto de la LOPD. D. También en todo caso, y en el supuesto de que resulte obligado facilitar la información, se observará lo señalado en la regla B del precedente epígrafe 1 respecto a la aplicación del artículo 14.1 de la LTAIBG -artículo 37 LTAIP y a las situaciones especiales de los funcionarios o empleados públicos que desaconsejen el suministro de la información. 3. Información referente a las retribuciones vinculadas a la productividad o al rendimiento, con identificación o no de sus perceptores, e información relativa al complemento de productividad o incentivo al rendimiento percibido por uno o varios funcionarios o empleados públicos determinados. Con carácter general, la cuantía de los complementos o incentivos retributivos ligados a la productividad o el rendimiento percibidos efectivamente por los empleados o funcionarios de un determinado órgano, organismo o entidad del sector público estatal no puede conocerse a priori, pues, por esencia, depende de la productividad o rendimiento desarrollado por éstos y éste es un dato que solo puede determinarse a posteriori, una vez verificados dicho rendimiento o productividad. De este modo, la información, aún en el caso de que no incorpore la identificación de los perceptores, puede facilitarse únicamente por períodos vencidos. Igualmente, con carácter general, los complementos o incentivos vinculados a la productividad o al rendimiento no tienen carácter permanente sino coyuntural pues están dirigidos a retribuir un rendimiento o productividad especial, que no tiene porque producirse de forma continuada. Por ello, la información, caso de facilitarse, deberá incluir la expresa advertencia de que corresponde a un período determinado y que no tiene porque percibirse en el futuro con la misma cuantía. Hechas estas salvedades, los criterios expuestos en los precedentes apartados A y B serían de aplicación al caso de las retribuciones ligadas al rendimiento o la productividad: cuando la información solicitada no incluya la identificación de los perceptores, con carácter general debe facilitarse la cuantía global correspondiente al órgano, centro u organismo de que se trate; cuando incluya la identificación de todos o alguno de sus perceptores, debe realizarse la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG y resolverse de acuerdo a los criterios expuestos en los mencionados apartados”. VIII.- Este criterio interpretativo trae causa del informe conjunto de fecha 23 de marzo, del Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 10 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, en el que además se recoge que “La última categoría a tomar en consideración comprendería a los restantes empleados públicos, que han obtenido un determinado puesto de trabajo a través de los procedimientos establecidos en la legislación reguladora de la función pública, con independencia de quién ostente la titularidad del órgano superior o directivo del que dependan. La información referente a este personal resultará, con carácter general, de escasa relevancia para el logro de los objetivos que justifican el derecho de acceso a la información pública, de modo que debería considerarse que el objetivo de transparencia resulta insuficiente para limitar el derecho de estos empleados públicos a la protección de sus datos personales. De este modo, en relación con este colectivo, la ponderación establecida en el artículo 15.3 de la LTAIBG operaría, con carácter general, a favor de la denegación de la información”. IX.- Tanto el citado artículo 15 de la LTAIBG como el criterio conjunto del CTBG y la AEPD se ponen de relieve en la Sentencia de la Sección Cuarta, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo número 1768/2019, de 16 de diciembre de 2019, por la que se estima el recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 11 de mayo de 2018, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se decide sobre la solicitud de la Fundación Ciudadana Civio, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la cual recoge que: “… En estas condiciones, no parece que el acceso a la información pública consistente en la identidad del personal de confianza que desempeñó las secretarías de la Presidencia, de los Consejeros y de la Secretaría General del Tribunal de Cuentas deba ceder ante su derecho a la protección de datos. Ocuparon puestos de trabajo público; su nombramiento y separación fueron, según dice la Ley, libres; es manifiesta la relevancia de la autoridad a la que presta servicios y, a la vez, lo es la posición constitucional del Tribunal de Cuentas. Todo ello justifica, por tanto, la prevalencia del interés público al que satisface el derecho que, en desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución, ha regulado el legislador.” Esta sentencia anula la resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 11 de mayo de 2018 que niega el acceso a los datos relativos a la identidad del personal eventual que realizaba funciones de secretaría en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 y reconoce el derecho de la recurrente a que se le faciliten. X.- En cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 11 RESUELVO 1. Estimar la reclamación interpuesta por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada a la Consejería de Sanidad el 4 de diciembre de 2019, y relativa a relativa a la oferta pública de empleo 2016-2017-2018, manual de buenas prácticas de los tribunales de oposición, y reclamaciones y auditoría de la oferta pública de empleo 2007, en los términos de los fundamentos jurídicos quinto a décimo. 2. Requerir a la Consejería de Sanidad para que haga entrega al reclamante, en el plazo máximo de 15 días hábiles, de la información referida en el apartado anterior. 3. Requerir a la Consejería de Sanidad a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar a la Consejería de Sanidad para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar a la Consejería de Sanidad que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP. Queda a disposición del reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de que la respuesta suministrada por la Consejería de Sanidad no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.