Inadmisión de reclamación contra el Ayuntamiento de Arucas por solicitar la apertura de una carretera en lugar de acceso a información pública

R2021000150 Resolución de inadmisión sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arucas relativa a la apertura de una carretera. Palabras clave: Ayuntamientos. Ayuntamiento de Arucas. Información en materia de ordenación del territorio. Concepto de información pública. Sentido: Inadmisión. Origen: Silencio administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Ayuntamiento de Arucas, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 1 de marzo de 2021, se recibió en el registro del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a solicitud formulada al Ayuntamiento de Arucas el 1 de agosto de 2020 y relativa a la apertura de una carretera. Segundo.- El ahora reclamante manifestó en su solicitud que “informa del incumplimiento de las dos condiciones que en su día el Cabildo de Gran Canaria pone a la Excma. sra. dña. Carmen Fernández Del Campo y Madan, Marquesa de Arucas, reflejado en el documento oficial firmado en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de septiembre de 1961 por el Presidente, visible en el libro “La Montaña de Arucas y algo más” por Juan Miguel Sánchez de Armas, y cuyo documento debe estar en dominio del propio Ayuntamiento de Arucas. Así vengo a exponer el incumplimiento de la condición primera del presente documento oficial, pues en la zona supuestamente convertida en jardines de destino y uso público no hay signos de flora alguna, devastada por las reformas constantes, careciendo según se documenta el presente de autorizaciones para la retirada de plantas endémicas protegidas, ampliación del local y dado que lleva cerrado prolongado tiempo, no es de uso público. Incumplimiento de la segunda condición, pues las reformas acaecidas durante los años carecen de autorizaciones como la colocación de una valla en la vía pública GC-304 que da acceso a la zona del aparcamiento, obstrucción del acceso a los miradores mediante un panel de grandes dimensiones metálico en uno de sus laterales. Es por esto por lo que se solicita la anulación de dicho documento y se le devuelva al municipio de Arucas el camino vecinal que según el artículo 339.1 del Código civil son bienes de dominio público los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, torrentes construidos por el Estado, que se nombra en este documento oficial firmado por el presidente en 1961 con su correspondiente número de registro de salida, dado que los caminos públicos no son servidumbres de paso, sino bienes inmuebles de titularidad pública” añadiendo que solicita “el interdictum propium, dada su jurisprudencia y la potestad de la que gozan las Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife Administraciones de recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes, sin ninguna limitación de tiempo en el caso de los bienes de dominio público. Aparte de documentos oficiales como los que se nombran aquí, existe fotografías aéreas que muestran como dicho camino vecinal rodeaba la cima de la montaña de Arucas, pasando por cada uno de los miradores, por lo que se solicita la apertura de dicha vía, volviendo a dar paso al público alrededor de la montaña, su recorrido original.” A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos,...". El artículo 63 de la misma Ley regula la funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud, y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- Examinado el contenido de la solicitud, esto es, que se proceda a la apertura de una carretera, parece claro que no nos encontramos ante un supuesto de “contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Mediante el tipo de solicitud como la que aquí nos ocupa, no se está demandando determinada información que ya obre en posesión del organismo al que se dirige, quedando fuera del ámbito de la LTAIP. En efecto, esta petición no se encuentra amparada por la LTAIP, pues la misma solo es garante del acceso a documentación que obre ya en poder del órgano reclamado. De cara a futuras peticiones, se le informa que es necesario concretar la entrega de información en documento o archivos en formatos de los que se presume su existencia. De esta manera este Comisionado podrá entrar sobre el fondo del asunto planteado con mejores elementos de juicio; todo ello sin perjuicio del sentido estimatorio o desestimatorio que se dé a la reclamación, en función del estudio de los hechos y de la normativa que resulte aplicable. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO Inadmitir a trámite la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX contra la falta de respuesta a solicitud formulada al Ayuntamiento de Arucas el 1 de agosto de 2020 y relativa a la apertura de una carretera, por inexistencia de solicitud de información y no constituir lo solicitado información pública conforme a las previsiones de la LTAIP.