Reclamación por silencio administrativo sobre el plan de obras de la calle Ingeniero Orencio Hernández en Arucas, resuelta como desestimatoria por abuso del derecho

R2021000437 Resolución desestimatoria sobre solicitud de información al Ayuntamiento de Arucas relativa al plan de las obras en la calle Ingeniero Orencio Hernández. Palabras clave: Ayuntamientos. Ayuntamiento de Arucas. Información de las obras públicas. Información en materia de ordenación del territorio. Sentido: Desestimatoria. Origen: Silencio administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Ayuntamiento de Arucas, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 9 de agosto de 2021 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 24 de febrero de 2021 y relativa a obras en las calles Doctor Fleming y Acequia Alta del municipio y datos de la zona de la cruz de piedra situada en la cima de la montaña de Arucas, que se tramita con la referencia R2021000436. Segundo.- En concreto el ahora reclamante tras exponer que: “Debido a las obras sin fin de la calle acequia alta de la localidad de Arucas desde principios de febrero hasta el 19 del mismo mes. Al seguir con las obras después del día 19 de febrero, día que el ayuntamiento comunica la terminación de dichas obras. Al no comunicar a los ciudadanos el cierre de dicha vía ni a informar del plan de obra, teniendo por objeto la supuesta ocultación de información a sus habitantes, saltándose así el artículo 13.4 sobre la ley de 19/2014 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Al colocar una barrera en la calle Doctor Fleming de la misma localidad, sin comunicarlo a la población.” Solicitó: “Que se me proporcione por correo electrónico los planes de obra de la calle doctor Fleming sobre la barrera metálica así como de la calle acequia alta situadas en la misma localidad de Arucas, detallando la fecha de dichas obras, la firma de quien elaboró dicho cometido así como los que la efectuaron. Solicito también los datos, documentos o resoluciones que tenga el ayuntamiento en el año 2020 y 2021 relacionado con la zona de la cruz de piedra situada en la cima de la montaña de Arucas, pues esta entidad pública comunica a esta persona la confusión de la titularidad de esa zona en el año 2019, y ahora en febrero de 2021 dice ser de titularidad pública.” Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 Tercero.- En esa misma fecha se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación del mismo reclamante contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 30 de marzo de 2021 y relativa al plan de las obras en la calle Ingeniero Orencio Hernández, que se tramita con la referencia R2021000437. Cuarto.- En concreto el ahora reclamante tras exponer que: “Viendo las obras acaecidas en la calle Ing. Orencio Hernández, en el casco antiguo de Arucas con la colocación de unos pivotes y la forma irregular de ponerlos.” Solicitó: “Que se me proporcione el plan de obra de este hecho sucedido esta semana del mes de marzo del presente año a solicitud de una vecina. Solicito la debida autorización por parte del Cabildo de Gran Canaria si la hubiere para la ejecución de la instalación de estos bolardos al estar el casco antiguo considerado un bien de interés cultural.“ Quinto.- También ese mismo día se recibió otra reclamación del mismo reclamante contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 7 de abril de 2021 y relativa a la colocación de señales de tráfico y cadena en la bajada del aparcamiento de la calle Pedro Cerón, que se tramita con la referencia R2021000438. Sexto.- En concreto el ahora reclamante tras exponer que: “Ante la colocación de señales de tráfico y una cadena en la zona de la calle Pedro Cerón, concretamente en la bajada del antiguo aparcamiento, haciendo uso de esta zona por parte de una serie de particulares y ver una luz encendida dentro del antiguo mercado municipal, haciendo uso de él supuestamente por un local de hostelería.” Solicitó: “El motivo de la colocación de dicha señal de tráfico y cadena en la bajada del aparcamiento. Solicito el motivo por el cual solo usan esa zona una serie de particulares. Solicito la autorización en caso de haberla, para que un local haga uso de una parte del mercado municipal. “ Séptimo.- Asimismo presentó reclamación contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 18 de junio de 2021 y relativa a la licencia o permiso de explotación de suelo de titularidad pública en la zona de Clemente Jordán, que se tramita con la referencia R2021000439. Octavo.- En concreto el ahora reclamante manifestó que: “Por la explotación de un suelo público como es la zona de Clemente Jordán, Arucas, justo en frente del número 81, por una empresa privada. Se solicita la licencia o permiso de explotación en beneficio de dicha empresa por el que este hace uso diario de ese suelo de titularidad pública. “ Noveno.- Por último presentó, también el 9 de agosto de 2021, reclamación contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 27 de junio de 2021 y relativa al coste de fabricación y colocación de una bandera puesta en el centro de la localidad. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 Décimo.- En concreto solicitó: “Ante la puesta de una bandera de considerables dimensiones en el mismo centro de la localidad de Arucas y la falta de transparencia del coste de la misma. Se solicita la factura o albarán en la que venga reflejado el coste total de la fab ricación y colocación de dicha bandera que se adjunta en la imagen.“ Undécimo.- En el año 2021 este mismo reclamante ha interpuesto otras siete reclamaciones ante este órgano, seis de las cuales, de referencia R2021000132, R2021000148, R2021000149, R2021000150, R2021000151 y R2021000151 contra el Ayuntamiento de Arucas, las cuales fueron inadmitidas por inexistencia de solicitud de información y no constituir lo solicitado información pública conforme a las previsiones de la LTAIP. Duodécimo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 9 de septiembre de 2021, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Ayuntamiento de Arucas se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Decimotercero.- El 4 de octubre de 2021, con registro número 2021-002478, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la información Pública adjuntando, entre otros, un extenso informe del Técnico de Administración General jefe del Servicio de Contratación en el que se recogen numerosas alegaciones parte de las cuales se reproducen a continuación: - Que el ahora reclamante ha presentado ante el Ayuntamiento de Arucas un total de 85 instancias durante el presente año 2021, más otras 12 en el año 2020 y una más en el año 2019. - Que las pretensiones del ahora reclamante abarcan solicitudes de iniciación de procedimientos, peticiones, quejas, sugerencias y accesos a información pública. Alguna de ellas son auténticos despropósitos (dicho sea con los respetos debidos): solicitud dirigida a este Ayuntamiento de anulación de un acuerdo del Cabildo del año 1961 (nº 8); solicitud a este Ayuntamiento de un expediente del Cabildo Insular de Gran Canaria que se encuentra en el Archivo General de dicha Entidad y al que el interesado podría haber acudido directamente (nº 2, 4 y 6); solicitud de que se expropie nada más y nada menos que la conocida como Montaña de Arucas (nº 15); solicitud de que se anule un curso de yoga para mujeres porque discrimina a los hombres (nº 11); solicitud de que se i mplante un sistema de transporte urbano gratuito los siete días de la semana en el municipio (nº 61); solicitud a este Ayuntamiento de que arregle la carretera GC-20 de titularidad insular (nº 19)… - Que el Ayuntamiento de Arucas sufre un problema muy grave de falta de medios personales, situación que se ve agravada al tener que dedicar muchos medios y tiempo a contestar tal cúmulo de instancias presentadas por la misma persona,… - Desde el punto de vista cuantitativo, y atendido el problema estructural de la f alta de medios personales que sufre esta Administración, es evidente que dada la cantidad de Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 solicitudes presentadas por el hoy reclamante (nos remitimos a los Antecedentes), no resulta posible que el poco personal con el que cuenta este Ayuntamiento reali ce sus funciones con normalidad si ha de dedicarse a atender tal cúmulo de solicitudes, muchas de ellas verdaderamente absurdas, como ya queda dicho. La contestación de todas ellas (que implica en la mayoría de los casos la tramitación de un expediente administrativo) afecta, sin duda, al normal funcionamiento de esta Administración. Prueba de ello es que quien emite el presente informe (y quien ha debido encargarse de la tramitación de otras contestaciones a las que se hace referencia en los Antecedentes) es el Técnico de Administración General Jefe del Servicio de Contratación, que en absoluto debería llevar a cabo funciones relativas a transparencia, pero que se ve en la necesidad de hacerlo por orden superior descuidando sus propias funciones relativas al ámbito de la contratación pública de esta Administración, al carecer la misma del número adecuado de técnicos superiores a los que pueda encomendarse tales tareas. Ni que decir tiene que para poder atender todas las reclamaciones, quejas, sugerencias y peticiones de acceso de información del hoy reclamante haría falta la dedicación exclusiva de uno o varios empleados públicos, desatendiendo otras labores ... - Que a la corporación local le resulta poco menos que imposible dar contestación a todas las pretensiones de esta persona sin que se resienta el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. - Que desde un punto de vista cualitativo la información solicitada, tendidas las circunstancias concurrentes, en absoluto es acorde con la finalidad de las leye s sobre transparencia. Décimocuarto.- Además en el referido documento se comunica a este órgano la siguiente información: - Que en referencia a la solicitud que es objeto ahora del requerimiento efectuado por parte del Comisionado de Transparencia, el solicitante después de hacer referencia a las obras efectuadas en la Calle Ingeniero Orencio Hernández y la colocación de unos “pivotes” (en realidad unos bolardos que delimitan la calzada y la acera) solicita que se le proporcione “el plan de obra de este hecho sucedido esta semana del mes de marzo del presente año a solicitud de una vecina”, así como la “autorización por parte del Cabildo de Gran Canaria si la hubiere”. Desconocemos que pueda entender el interesado por “plan de obra”. Si interpretamos que por tal quiere referirse al proyecto de la obra, es evidente que resulta totalmente desproporcionado e injustificado solicitar tal documento (que nada aportará a la denuncia realizada de colocación de bolardos que supuestamente dificultan la circulación, como tan solo tres días antes había manifestado en otra instancia). - Que entre la petición efectuada el 27/marzo/2021 y la solicitud de acceso presentada el 30/marzo/2021, el interesado presenta tres nuevas reclamaciones. - Que el mismo día 30/marzo/2021 decide presentar aún dos solicitudes más: Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 - Que la solicitud planteada (objeto del presente informe) debe analizarse desde la perspectiva del control de la acción de la Administración y la rendición de cuentas por las decisiones públicas. Y así, debe tenerse en cuenta que es la protección del interés general en la transparencia pública, como bien común de nuestra sociedad, la que debe prevalecer frente a solicitudes de información que persiguen otros intereses de carácter privado, que no encajan en la finalidad perseguida por la normativa de transparencia y, por tanto, no pueden ser considerados superiores, como es el caso que nos ocupa. No acertamos a entender que la solicitud efectuada por el reclamante, en la forma en que ha sido hecha, justifique el cumplimiento de la finalidad de la LTAIP, pues ni pretende someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, ni pretende conocer cómo y bajo qué criterios se ha tomado dicha decisión, sino que se limita a reclamar nada más y nada menos que la copia de todo un proyecto de obra para justificar la supuesta mala colocación de unos bolardos. Y si bien es cierto que tanto la LTAIP como la LTAIBG disponen que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información, no es menos cierto que también afirman que “sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución”. Y en el presente caso, si el motivo de la reclamación efectuada se encuentra en la supuesta mala colocación de unos bolardos, resulta claramente irrelevante y desproporcionado exigir que se le entregue, a tales efectos, nada más y nada menos que la copia del proyecto de una obra. - Que la reclamación de acceso a información pública se presenta apenas tres días después de que el mismo interesado presentase una petición de retirada de dichos bolardos (es decir, la misma justificación que utiliza en su solicitud de acceso), sin tan siquiera esperar a que dicha petición le sea en su caso contestada o transcurra el plazo legalmente establecido para su contestación (en este caso, tres meses conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición). Lo que demuestra, una vez más, que el único interés del solicitante es la presentación de denuncias y reclamaciones de forma indiscriminada, cuantas más mejor… A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos,...". El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, no regula especialidades respecto a la LTAIP más allá de la previsión de su artículo 22, que se refiere al derecho de acceso a la información pública: “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder de los Ayuntamientos, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. El Alcalde será el órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, sin perjuicio de su delegación”. Por su parte, el artículo 24 de la citada ley de municipios de Canarias atribuye al alcalde la competencia para la elaboración, actualización y publicación de la información que debe hacerse pública en la página web de la corporación, tanto de la relativa al Ayuntamiento como la referida a las demás entidades del sector público municipal. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamie nto jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objet o de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 9 de agosto de 2021. Toda vez que la solicitud fue realizada el 30 de marzo de 2021, y que no fue atendida en el plazo del mes Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. V.- Afectando esta reclamación a un ayuntamiento, es conveniente recordar que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local establece en su artículo 18.1.e) como derecho de los vecinos, “ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Constitución”. A su vez su artículo 70.3 dispone que “todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105, párrafo b), de la Constitución. La denegación o limitación de este derecho, en todo cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse mediante resolución motivada”. VI.- Una vez analizado el contenido de la solicitud, esto es, acceso al plan de las obras en la calle Ingeniero Orencio Hernández, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. VII.- La entidad reclamada alega el carácter abusivo de la petición de información. Respecto al mismo el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó su Criterio Interpretativo CI/003/2016 en los siguientes términos: El artículo 18.1.e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 7 supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación:  Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”.  Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.  Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros.  Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de:  Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos.  Conocer cómo se toman las decisiones públicas.  Conocer cómo se manejan los fondos públicos.  Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando:  No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.  Cuanto tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG.  Cuando tenga por objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Concluyendo, en relación a esta causa de inadmisión, que debe aplicarse de manera restrictiva y, cuando sea aplicable, habrá de expresar los motivos que lo justifiquen. En todo caso, la concurrencia de esta causa de inadmisión requiere la concurrencia de dos requisitos, debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. VIII.- En el informe del Técnico de Administración General jefe del Servicio de Contratación, parte de cuyas alegaciones se han recogido en los antecedentes de hecho de esta resolución, queda acreditado un comportamiento abusivo de la persona reclamante en la formulación de las solicitudes presentadas ante la entidad local. Debe tenerse en cuenta a este respecto que el artículo 7 del Código Civil “1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 8 buena fe.” Añadiendo en su apartado segundo que “2. La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.” IX.- Una vez estudiada la solicitud de acceso a la información, la reclamación presentada y otras presentadas por la misma persona con referencia R2021000436, R2021000438, R2021000439 y R2021000440 así como la documentación presentada por el Ayuntamiento de Arucas y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede más que desestimar la reclamación presentada. Entiende este órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública que en el caso que nos ocupa dar cumplimiento a todas las solicitudes planteadas por el ahora reclamante implica menoscabo y obstaculización de la eficacia administrativa por lo que tal y como manifiesta la entidad local pueden ser consideradas estas peticiones como abuso del propio derecho resultando imposible atender a tal número de solicitudes referidas a tan amplia información. Ello no es óbice para que el ahora reclamante pueda realizar una solicitud acotando la información interesada con objeto de que le pueda ser facilitada sin incurrir en causa de inadmisión y, en su caso, presentar una nueva reclamación si no obtiene respuesta o no está conforme con la misma; todo ello sin perjuicio del sentido estimatorio o desestimatorio que se dé a la reclamación, en función del estudio de los hechos y de la normativa que resulte aplicable. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO Desestimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la falta de respuesta a solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Arucas el 30 de marzo de 2021 y relativa al plan de las obras en la calle Ingeniero Orencio Hernández.