Reclamación sobre solicitud de copia de expediente de subvención nominativa al Club Deportivo Conde Jackson resuelta como estimatoria parcial

R2022000246 Resolución estimatoria parcial sobre solicitud de información al Cabildo Insular de Gran Canaria relativa a una subvención nominativa a favor del Club Deportivo Conde Jackson. Palabras clave: Cabildos Insulares. Cabildo Insular de Gran Canaria. Información en materia de ayudas y subvenciones. Sentido: Estimatorio parcial. Origen: Resolución de inadmisión. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Cabildo de Gran Canaria y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 24 de junio de 2022 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la resolución de 21 de mayo de 2022, que le fuera notificada el 25 del mismo mes, del Presidente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, que resuelve la solicitud de 2 de mayo de 2022 y relativa al expediente de la subvención nominativa a favor del Club Deportivo Conde Jackson, con CIF nºXXXXXXXXXX, para los gastos corrientes del evento denominado W60 ITF World Tennis Tour Gran Canaria, concedida por Decreto Presidencial nº 451, de fecha 2/11/2021. Segundo.- En concreto el ahora reclamante expuso en su solicitud que: “El 25 de marzo se recibe por sede electrónica traslado del decreto de solicitud de acceso a la información nº 2022-013 en el que se me permitió el acceso a la información del expediente de la subvención nominativa a favor del Club Deportivo Conde Jackson, con CIF nº XXXXXXXXX, para los gastos corrientes del evento denominado W60 ITF World Tennis Tour Gran Canaria, concedida por Decreto Presidencial nº 451, de fecha 2/11/2021. Tras darme audiencia el 27/04/2022 y analizar la documentación solicitada en las oficinas de servicio del propio Instituto Insular de Deportes, se SOLICITA copia de todo el expediente.” Tercero.- En la citada resolución de 21 de mayo de 2022 por la que se inadmite la solicitud de información se recoge que el reclamante “ha accedido al mentado expediente en varias ocasiones tal y como se demuestra en los antecedentes de hecho del presente. En relación al punto anterior, hay que manifestar que este Instituto Insular de Deportes exhibe los expedientes, en aras del interés general, habida cuenta que la forma menos gravosa en el acceso a la Información pública para este organismo es mediante la exhibición de los expedientes. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 La justificación de la exhibición de los meritados expedientes se encuentra en que la misma, se realiza en una jornada laboral y por un único empleado público, toda vez que se exhiben a distintos solicitantes los expedientes citándoles el mismo día a distintas horas, mientras que la labor de imprimir, escanear, ordenar, indexar y disociar los datos de los expedientes administrativos solicitados conlleva mayor empleo de tiempo de trabajo, requiere de un mayor número de empleados públicos y paraliza la actividad administrativa del organismo autónomo. Por todo ello, y en aras a cumplir tanto con la Ley de Transparencia, como con los principios constitucionales eficacia, esto es, que la Administración Pública cumpla los objetivos fijados en los servicios prestados a los ciudadanos, y eficiencia, entendida como concepto íntimamente ligado al ahorro, ya sea de recursos, costes, tiempo e incluso desde un punto de vista más procedimental, de trámites, conectando con la eficacia a la hora de obtener los resultados que busca la Administración con su actuación mediante el procedimiento administrativo, pero añadiéndole la relación medios-objetivos y, por ende, del Interés general y en virtud del artículo 8 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública que dispone que: “Realizare el acceso a la Información de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, concretándose lo más precisamente posible la petición. Para mayor abundamiento, la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2007, la cual advierte que «que el derecho de acceso contemplado en el artículo 35.a) de la Ley 30/1992 no puede ser interpretado de modo absolutamente literal, de forma que cualquier petición en cualquier momento y cualquiera que sea su contenido (se solicitaba la copia de 300 folios) había de ser inmediatamente satisfecha, sino en un contexto sistemático, siendo la propia Ley, en su artículo 37, al regular el derecho de acceso a los archivos y registros, la que establece un límite a las peticiones de los particulares, al señalar que será ejercido de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos, debiéndose, a tal fin, formular petición individualizada de los documentos que se consultar sin que quepa, salvo para su consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una materia o conjunto de materias.,». Por todo ello, hay que significar que considerando que la finalidad de la LTAIP en materia de acceso a la Información no es otra que garantizar que la ciudadanía acceda a la información que obra en poder de la administración y la misma se ha cumplido con creces toda vez que dicho expediente ha sido exhibido en varias ocasiones.” Cuarto.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó el 20 de julio de 2022, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Cabildo de Gran Canaria se le dio la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Quinto.- El 18 de agosto de 2022, con registro de entrada número 2022-005795, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respuesta de la Consejera de Área de Igualdad, Diversidad y Transparencia adjuntando, entre otros, el expediente de acceso e informe del Director Insular de Transparencia firmado el día 29 de julio de2022. En este informe Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 se recoge, respecto al requerimiento realizado por este Comisionado, que “no se· ha dado traslado de este requerimiento al Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria al obrar en esta Unidad de Transparencia la Información solicitada, al haberse emitido por el Instituto Insular de Deportes Decreto de inadmisión de la solicitud de acceso a la información pública en respuesta a la solicitud objeto de este requerimiento. Asimismo, en fecha 28.07.2022 se ha recibido correo electrónico del Instituto insular de Deportes donde nos aportan un índice con numerosa documentación presentada por el mismo solicitante en el que se aprecian más de 500 páginas, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por esta Unidad de Transparencia con anterioridad, reflejando lo mismo el carácter abusivo que por parte del solicitante se está realizando en las solicitudes de acceso a la información pública, siendo además manifiestamente repetitiva al versar toda ella la misma petición, suponiendo todo ello un perjuicio al normal funcionamiento del Instituto Insular de Deportes”. En la voluminosa documentación remitida por la entidad reclamada no consta el expediente solicitado. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima." El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 3 derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social”. En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 24 de junio de 2022. Toda vez que la resolución contra la que se reclama le fue notificada al solicitante el 25 de mayo de 2022, se ha interpuesto la reclamación en plazo. V.- Una vez analizado el contenido de la solicitud, esto es, acceso al expediente de una subvención nominativa a favor del Club Deportivo Conde Jackson, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. Además, debe tenerse en cuenta las amplias obligaciones de publicidad activa de la información en materia de ayudas y subvenciones recogidas en el artículo 31 de la LTAIP. VI.- Respecto a las solicitudes presentadas por el ahora reclamante, alega la entidad local el carácter abusivo de la petición de información. Respecto al mismo el Consejo de Transparencia y Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 4 Buen Gobierno dictó su Criterio Interpretativo CI/003/2016 en los siguientes términos: El artículo 18.1.e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación:  Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”.  Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.  Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros.  Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA OCN LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de:  Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos.  Conocer cómo se toman las decisiones públicas.  Conocer cómo se manejan los fondos públicos.  Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando:  No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos.  Cuanto tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG.  Cuando tenga por objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 5 Concluyendo, en relación a esta causa de inadmisión, que debe aplicarse de manera restrictiva y, cuando sea aplicable, habrá de expresar los motivos que lo justifiquen. En todo caso, la concurrencia de esta causa de inadmisión requiere la concurrencia de dos requisitos, debe no solo ser cualitativamente abusiva sino además no estar justificada con la finalidad de la Ley. Además, las Administraciones y Entidades Públicas obligadas por la LTAIBG que apliquen esta causa de inadmisión deben hacerlo de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos, y así deben justificarlo convenientemente. A este respecto, el informe del Director Insular de Transparencia recoge que “en fecha 28.07.2022 se ha recibido correo electrónico del Instituto Insular de Deportes donde nos aportan un índice con numerosa documentación presentada por el mismo solicitante en el que se aprecian más de 500 páginas, incluyendo solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por esta Unidad de Transparencia con anterioridad, reflejando lo mismo el carácter abusivo que por parte del solicitante se está realizando en las solicitudes de acceso a la información pública, siendo además manifiestamente repetitiva al versar toda ella la misma petición, suponiendo todo ello un perjuicio al normal funcionamiento del Instituto Insular de Deportes.” VII.- Respecto a facilitar el acceso al expediente pero no copia del mismo, alega la entidad reclamada que su justificación se encuentra en que la exhibición de los expedientes “se realiza en una jornada laboral y por un único empleado público, toda vez que se exhiben a distintos solicitantes los expedientes citándoles el mismo día a distintas horas, mientras que la labor de imprimir, escanear, ordenar, indexar y disociar los datos de los expedientes administrativos solicitados conlleva mayor empleo de tiempo de trabajo, requiere de un mayor número de empleados públicos y paraliza la actividad administrativa del organismo autónomo.” VIII.- Examinada la reclamación, la resolución de inadmisión, las alegaciones presentadas en el trámite de audiencia así como el resto de documentación obrante en el expediente es evidente que el ahora reclamante tiene derecho a obtener copia de la documentación solicitada si bien no es menos cierto, a la vista de las causas alegadas por la entidad reclamada, que su obtención podría afectar a la eficacia del funcionamiento de los servicios públicos pues algunos expedientes requieren “imprimir, escanear, ordenar, indexar y disociar los datos de los expedientes administrativos solicitados.” Es por ello que este comisionado considera que debe facilitarse la parte del expediente cuya copia no menoscabe las funciones administrativas, esto es, aquella parte del expediente que esté digitalizada y la que no esté afectada por la protección de datos de carácter personal. Y respecto al resto de documentación del expediente se le puede facilitar el índice para que el ahora reclamante puede realizar otra solicitud acotando la información interesada con objeto de no incurrir en causa de inadmisión y, en su caso, presentar una nueva reclamación si no obtiene respuesta o no está conforme con la misma; todo ello sin perjuicio del sentido estimatorio o desestimatorio que se dé a la reclamación, en función del estudio de los hechos y de la normativa Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 6 que resulte aplicable. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Estimar parcialmente la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra la resolución de 21 de mayo de 2022, que le fuera notificada el 25 del mismo mes, del Presidente del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, que resuelve la solicitud de 2 de mayo de 2022 y relativa al expediente de la subvención nominativa a favor del Club Deportivo Conde Jackson, con CIF nºXXXXXXXXX, para los gastos corrientes del evento denominado W60 ITF World Tennis Tour Gran Canaria, concedida por Decreto Presidencial nº 451, de fecha 2/11/2021, en los términos de los fundamentos jurídicos quinto a octavo. 2. Requerir al Cabildo de Gran Canaria para que haga entrega al reclamante de la documentación señalada en el resuelvo anterior en el plazo de quince días. 3. Requerir al Cabildo de Gran Canaria a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar al Cabildo de Gran Canaria para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar al Cabildo de Gran Canaria que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP. Queda a disposición del reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de que la respuesta suministrada por el Cabildo de Gran Canaria no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.