Reclamación por silencio administrativo ante la solicitud de acceso a expedientes de canalización de aguas del Barranco de la Ballena resuelta como estimatoria

R2023000417 Resolución estimatoria sobre solicitud de información al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria relativa a la Cuenca 1 (Intercuenca Tenoya – Guiniguada) del Barranco de La Ballena. Palabras clave: Cabildos Insulares. Cabildo Insular de Gran Canaria. Organismos autónomos. Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Acceso a expediente. Canalización de aguas. Información en materia de obras públicas. Sentido: Estimatorio. Origen: Silencio administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 28 de junio de 2023 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXXXXXX de la Comunidad de Propietarios Edificio Torres, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta de la solicitud de información formulada al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 21 de febrero de 2023 y relativa a la Cuenca 1 (Intercuenca Tenoya – Guiniguada) del Barranco de La Ballena. Segundo. - En concreto la ahora reclamante tras exponer que “en las tres plantas bajo rasante del edificio Torres Canteras, sito en el Paseo Barranco de Guanarteme nº 14 entre las calles Vergara, Almansa y Castillejos, en el barrio de Guanarteme, 35010 Las Palmas de Gran Canaria, se vienen produciendo, de forma reiterada, filtraciones e inundaciones de agua, tanto a través de los muros como del suelo en contacto con el terreno. Que el referido edificio se construyó sobre la cuenca 1 (Intercuenca Tenoya-Guiniguada) del Barranco de La Ballena, también conocido como Barranquillo de San Lázaro o Barranquillo del Cardón. Somos conocedores de que en el mismo lugar donde se construyó el edificio, y antes del inicio de las obras del mismo, se procedió a ejecutar un nuevo encauzamiento del barranco de La Ballena y desvío de su recorrido, obra que posibilitó la construcción del edificio de tres plantas bajo rasante destinadas a aparcamientos y once plantas sobre rasante destinadas a viviendas.” Solicitó el “acceso a los expedientes relacionados con la Cuenca 1 (lntercuenca Tenoya- Guiniguada) del Barranco de la Ballena, así como al expediente específico referido al desvío y nueva canalización llevada a cabo en la parcela donde se construyó el edifico de referencia. “ Tercero. - En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 6 de julio de 2023, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria tiene la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Cuarto. – El 1 de agosto de 2023, con registro de entrada 2023-001489, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta de la consejera de Área de Administración Pública y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria remitiendo el expediente de acceso y el informe firmado por la Coordinadora de la Unidad de Transparencia el día 28 de julio de 2023 en el que se recoge, entre otros, que la “solicitud de acceso a información pública se dirigió por la solicitante al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria el 21 de febrero de 2023, no habiéndose dado traslado a la Unidad de Transparencia en ningún momento. Tercero: La Unidad de Transparencia remitió al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria dicho Requerimiento del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañada de un oficio firmado electrónicamente el día 06.07.2023 por la Consejera de Área de Administración Pública y Transparencia, requiriendo que nos den traslado de la Resolución/Decreto que dicte el Presidente del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria con la información solicitada, a través de iMARES, del comprobante de recepción de la información por parte de la interesada, con objeto de dar traslado de ella al Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias. Dicha documentación se registró a través del Registro Interno de Salida iMARES el día 06.07.2023, con R.S nº 2023020921, siendo recepcionado por el Consejo Insular de Aguas el día 07.07.2023. Cuarto: En fecha 28.07.2023 no se ha recibido en la Unidad de Transparencia el Decreto dictado por el Presidente del Consejo Insular de Agua de Gran Canaria con la información solicitada, ni el comprobante de recepción de la información por parte de la interesada.” Quinto. - A la fecha de emisión de esta resolución por parte del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria no se ha remitido a este comisionado expediente alguno, no se han realizado alegaciones respecto de esta reclamación ni se ha presentado documentación acreditativa de haber dado respuesta a la ahora reclamante. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima." El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- Tal y como se recoge en su página web, www.aguasgrancanaria.com, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria es una entidad, con personalidad jurídica propia y plena autonomía funcional, que asume en régimen de descentralización y participación, la dirección, ordenación, planificación y gestión de las aguas en la isla de Gran Canaria. Los siete consejos insulares, uno por isla, fueron creados por la Ley de Aguas canarias, de 26 de julio de 1990. Al asignar las competencias hidráulicas a los cabildos, la ley establece que se habrán de ejercer a través de los consejos insulares de aguas, que se definen como organismos autónomos adscritos administrativamente a los cabildos. Sus presidentes serán en cada momento quienes lo sean de la corporación insular que corresponda, si bien tal adscripción orgánica, subraya la ley, “en ningún caso afectará a las competencias y funciones” de los nuevos organismos; a pesar de encomendarse a los cabildos la elaboración de sus estatutos y la aprobación de sus presupuestos anuales. III.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social”. En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular. IV.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. V.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 28 de junio de 2023. Toda vez que la solicitud se realizó el 21 de febrero de 2023 y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. VI.- Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y examinada la reclamación planteada, esto es, acceso al expediente de la Cuenca 1 (Intercuenca Tenoya – Guiniguada) del Barranco de La Ballena, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. VII.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 31 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “1. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación”. Por su parte, el artículo 46 de la LTAIP dispone que “1. Las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante”, recogiendo su artículo 47, sobre la resolución de las solicitudes de acceso, que “1. La resolución que se adopte podrá inadmitir la solicitud, conceder o denegar el acceso total o parcial y, en su caso, fijar la modalidad de acceso a la información solicitada”. VIII.- Al no contestar el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria la solicitud de acceso, no remitir el expediente ni presentar alegación alguna en el trámite de audiencia de esta reclamación, no es posible disponer de una información más precisa que nos permita conocer si son de aplicación o no alguna de las causas de inadmisión de la petición reguladas en el artículo 43 de la LTAIP o algún límite de acceso a la información contemplados en los artículos 37 y 38 de la misma Ley. Es por ello que, en ocasiones como la presente, cuando, sin la información previa de la administración reclamada, la resolución de este órgano de garantía ha de determinar la entrega de la información solicitada por los reclamantes, se ha de tener en cuenta la siguiente regla ya consolidada en la práctica tanto de la transparencia activa como de la pasiva: En los supuestos de existencia de datos de carácter personal no especialmente protegidos, se debe previamente ponderar la prevalencia o no del interés público sobre el conocimiento de dichos datos; que deberán entregarse si tal interés se justifica con motivos razonados. Si se diera el supuesto contrario, si a la hora de la ponderación se considera con motivos razonados que prima la protección de los datos personales, se procederá a la anonimización de los mismos antes de la entrega de la información, de acuerdo con lo regulado tanto en la legislación básica sobre derecho de acceso a la información como en la norma canaria. Y, en cualquier caso, la normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior por el reclamante de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO 1. Estimar la reclamación presentada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en su calidad de XXXXXXXXXXXX de la Comunidad de Propietarios Edificio Torres, contra la falta de respuesta de la solicitud de información formulada al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, el 21 de febrero de 2023 y relativa a la Cuenca 1 (Intercuenca Tenoya – Guiniguada) del Barranco de La Ballena. 2. Requerir al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para que haga entrega al reclamante de la información señalada en el resuelvo anterior en el plazo máximo de quince días hábiles, siempre que esa documentación exista; y para que, de no existir tal información, se le informe sobre tal inexistencia. 3. Requerir al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, copia de la información enviada al reclamante con acreditación de su entrega, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves/muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP. Queda a disposición de la reclamante la posibilidad de presentar nueva reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el caso de que la respuesta suministrada por el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria no sea considerada adecuada a la petición de información formulada.