Inadmitida 06/02/2025 · 63 días en resolverse

Inadmisión de reclamación por extemporaneidad sobre solicitud de expediente de bonificación de tasas de ocupación del dominio público al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Una asociación de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife el expediente de bonificación de tasas de ocupación del dominio público. Ante el silencio administrativo, reclamó ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quien inadmitió la solicitud por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.

Puntos clave de la argumentación

1 El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el órgano competente para resolver reclamaciones contra actos expresos o presuntos de ayuntamientos canarios según la LTAIP.
2 El derecho de acceso a la información pública se limita a contenidos o documentos existentes que obren en poder del organismo y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
3 El plazo para interponer la reclamación ante el Comisionado comienza a contar desde el día siguiente a la notificación del acto o a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
4 La reclamación fue presentada el 5 de diciembre de 2024 frente a solicitudes de noviembre de 2024, resultando extemporánea al no haberse cumplido los plazos legales de respuesta previos.

Texto completo

R2024000816 Resolución de inadmisión de solicitud de información al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife relativa al expediente completo de bonificación de tasas de ocupación del dominio público. Palabras clave: Ayuntamientos. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Fuera de plazo. Sentido: Inadmisión. Origen: Silencio administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Con fecha 5 de diciembre de 2024 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, en calidad de representante de la asociación de vecinos Urban Centro El Perenquen, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en fechas 22 y 25 de noviembre de 2024, que han sido acumuladas por la entidad local en el expediente 53/2024/AIP, en los términos indicados en la comunicación de fecha 4 de diciembre de 2024 y registro de salida 2024051305. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, ...". El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 1 establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, no regula especialidades respecto a la LTAIP más allá de la previsión de su artículo 22, que se refiere al derecho de acceso a la información pública: “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública que obre en poder de los Ayuntamientos, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución española y en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. El Alcalde será el órgano competente para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública, sin perjuicio de su delegación”. Por su parte, el artículo 24 de la citada ley de municipios de Canarias atribuye al alcalde la competencia para la elaboración, actualización y publicación de la información que debe hacerse pública en la página web de la corporación, tanto de la relativa al Ayuntamiento como la referida a las demás entidades del sector público municipal. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 5 de diciembre de 2024. Toda vez que la solicitud cuya falta de respuesta se reclama es de fecha 22 y 25 de noviembre de 2024, se ha presentado la reclamación fuera del plazo legal para interponerla, por lo que este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública no puede más que declarar su inadmisión. Ello no es óbice para que, si en esta fecha no ha recibido respuesta, presente una nueva Edificio del Parlamento de Canarias. C/ Teobaldo Power, 7. 38002 Santa Cruz de Tenerife 2 reclamación en plazo ante este órgano garante del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin perjuicio del sentido estimatorio o desestimatorio que se dé a la resolución de la reclamación, en función del estudio de los hechos y de la normativa que resulte de aplicación. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública. RESUELVO Inadmitir la reclamación presentada el 5 de diciembre de 2024 por xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, en calidad de representante de la asociación de vecinos Urban Centro El Perenquen contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife los días 22 y 25 de noviembre de 2024, acumulados en el expediente 53/2024/AIP, relativa al expediente completo de bonificación de tasas de ocupación del dominio público, sin perjuicio de la interposición de una nueva reclamación en plazo.