Reclamación de Intersindical Canaria sobre la propuesta de cese del director del IML de Tenerife e informe jurídico, resuelta como desestimatoria

R2025000383 Resolución desestimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad relativa a la propuesta de resolución de cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del informe de los servicios jurídicos. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Representantes sindicales. Información en materia de empleo en el sector público. Ceses y nombramientos. Acceso a informes. Sentido: Desestimatorio. Origen: Resolución. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 8 de marzo de 2024 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , actuando en su condición de representante de Intersindical Canaria, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por Intersindical Canaria (CIF G38365946) el 6 de febrero de 2024 (R.G. 205449/2024 y RGE/80260/2024) y relativa a la propuesta de Resolución de cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del informe de los servicios jurídicos. Esta reclamación se tramitó bajo la referencia R2024000157. Segundo.- En concreto el ahora reclamante solicitó “que por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia o por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se nos dé traslado urgente de la Propuesta de Resolución de cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,( …), junto con el informe realizado por los servicios jurídicos de la meritada Consejería, en relación con dicha propuesta que elevó el anterior Director General,( …), el pasado día 15 de enero.” Tercero. - En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 20 de marzo de 2024, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Visto que por parte de la entidad reclamada no se dio respuesta al trámite de audiencia del procedimiento de reclamación, este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública dictó su Resolución R2024000157, de 26 de junio de 2024, por la que se estimó el acceso a la información. Cuarto.- Con fecha 5 de septiembre de 2024 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nueva reclamación del mismo reclamante, en este caso, contra la Resolución 1347/2024, de 7 de agosto de 2024, que le fuera notificada el 8 de agosto de 2024, de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, que da respuesta a la referida solicitud de información de 6 de febrero de 2024 (R.G. 205449/2024 y RGE/80260/2024) y relativa a la propuesta de resolución y el informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta reclamación se tramitó bajo la referencia R2024000609. Quinto.- En la citada Resolución 1347/2024, de 7 de agosto de 2024, se da respuesta al ahora reclamante “… poniendo por tanto en su conocimiento a tal fin el cese por jubilación del funcionario … con fecha 5 de julio de 2024, adjuntando a dichos efectos el certificado emitido en el Servicio de Recursos Humanos de este centro directivo. Dicho cese por jubilación implica claramente el cese definitivo en el ejercicio de funciones públicas al haber perdido el mismo la condición de funcionario de carrera, por lo que, en buena lógica, cualquier tipo de acto administrativo decae ante la situación en que el referido funcionario se encuentra, careciendo por tanto de sentido cualquier solicitud relacionada con el mismo.” Sexto.- En esta reclamación el ahora reclamante alegaba, entre otros, que habiendo solicitado “la Propuesta de Resolución de cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, …, junto con el informe realizado por los servicios jurídicos de la meritada Consejería, en relación con dicha propuesta que elevó el anterior Director General, …, el pasado día 15 de enero” con fecha 8 de agosto recibió la notificación de la Resolución 1347/2024, de 7 de agosto de 2024, de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia “por la que no se nos hace de la documentación que se recoge en el requerimiento, sino simplemente se limita a comunicarnos la fecha de jubilación del Director del IML de Tenerife, para el 5 de julio, algo que ya sabíamos, y que no hace referencia a lo solicitado:...” Séptimo.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó, el 11 de septiembre de 2024, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tiene la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Octavo.- El 28 de noviembre de 2024, con registro de entrada número 2024-004201, se recibió respuesta de la entidad reclamada comunicando haber dado nueva contestación al ahora reclamante mediante la Resolución 2335/2024, de 22 de noviembre de 2024, en la que se resuelve “no haber lugar a la solicitud de información mediante aportación de documentación referida al Director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife." Noveno.- La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia alega que: - Ya se le dio traslado de documentación relativa a la petición de cese de la persona que venía ocupando el puesto de trabajo de director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife. - Ya se le informó del cese por jubilación del funcionario (…) con fecha 5 de julio de 2024 y del cese definitivo en el ejercicio de sus funciones públicas. - Con anterioridad a dicho cese ya se le informó de la resolución 49/2023, de 17 de julio de 2023, de la Viceconsejería de Justicia del equipo de gobierno de la pasada legislatura, por la que se resolvía la no procedencia de incoación de expediente disciplinario. Décimo. – La directora general de relaciones con la Administración de Justicia alega asimismo que: “A pesar de haber sido informado en reiteradas ocasiones sobre este mismo asunto, ahora solicita que se le dé traslado de propuestas de resolución y/o informes de los servicios jurídicos, en caso que los hubiera, o dicho de otro modo, se están reclamando dictámenes o informes previos a la resolución dictada, cuando según doctrina jurisprudencial (Sala de lo Contencioso- Administrativo del T.S.J. Sección 1ª. Sentencia n.º 342/2020 de 29 de junio), la información previa no tiene carácter de procedimiento sancionador, siendo su finalidad únicamente realizar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. En definitiva, el documento cierto y válido, con capacidad jurídica es la resolución dictada, cuyo contenido ya conoce al haberle sido trasladada.” Atendida la respuesta de la entidad reclamada, este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública dictó su Resolución R2024000609, de 26 de marzo de 2025, por la que se estimó el acceso a la información y se requirió a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para que hiciera entrega al reclamante de la documentación señalada siempre que esa documentación existiera; y para que, de no existir tal información, se le informara sobre tal inexistencia. Décimo primero.- Con fecha 30 de abril de 2025 de 2024 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nueva reclamación del mismo reclamante, en este caso contra la Resolución 845/2025, de 23 de abril de 2025, que le fuera notificada en esa misma fecha, de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, que da cumplimiento a la Resolución del Comisionado R2024000609 de la reclamación interpuesta contra la Resolución 1347/2024, de 7 de agosto de 2024, que le fuera notificada el 9 de agosto de 2024, de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, que da respuesta a la referida solicitud de información de 6 de febrero de 2024 (R.G. 205449/2024 y RGE/80260/2024) y relativa a la propuesta de resolución y el informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esta nueva reclamación se ha tramitado bajo la referencia R2025000383 y es la que ahora nos ocupa. Décimo segundo.- En la citada 845/2025, de 23 de abril de 2025, se da respuesta al ahora reclamante Indicando “No haber lugar a la solicitud de información mediante aportación de documentación referida al Director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, por la inexistencia de informe elaborado por los servicios jurídicos, como así le consta a Intersindical Canaria. Al mismo tiempo se le informa que el borrador de cese elaborado por el anterior Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, documento que contiene datos muy sensibles que afectan a terceras personas, carece de valor y eficacia jurídica, por no estar refrendado ni publicitado por la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.” Se indica, además, respecto de la propuesta de cese que en el mismo “constan datos sensibles de terceras personas, a los que de manera involuntaria puede darse publicidad, y cuya solución no pasa por la simple anonimización de los mismos, dado su carácter, reiteramos, sensible.” Décimo tercero.- En esta reclamación el ahora reclamante indicaba, en síntesis, lo siguiente: - “No se trata de un borrador de propuesta de cese, sino una propuesta de cese elevada por el exdirector General de Relaciones con Director General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias” - “Nos de traslado de la propuesta de cese elevada a la Consejería de Justicia,(…), de acuerdo con lo establecido en la ORDEN de 20 de junio de 2013, por la que se regulan las comunicaciones electrónicas internas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente sobre transparencia y protección de datos, regulados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas” Décimo cuarto.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP se solicitó nuevamente, el 28 de mayo de 2025, el envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tiene la consideración de interesado en el procedimiento y la posibilidad de realizar las alegaciones que estimara convenientes a la vista de la reclamación. Décimo quinto.- El 3 de julio de 2025, con registro de entrada número 2025-001654, se recibió respuesta de la entidad reclamada comunicando haber dado nueva contestación al ahora reclamante mediante la Resolución 1306/2025, de 26 de junio de 2025, acompañando justificante de la notificación de misma fecha. Décimo sexto.- En esta ocasión, la resolución de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia incluye lo siguiente: - Recorrido cronológico en el que se pone de manifiesto la reiteración de la documentación reclamada que ha sido objeto de las resoluciones anteriormente señaladas, considerando que “la peticionaria Intersindical Canaria, plantea una vez más, -ahora maquillado con nuevo número de expediente-, que se le dé traslado de los documentos mencionados, como si fuera la primera vez que solicitara los citados documentos” - Alegación de la inexistencia del informe jurídico solicitado en los siguientes términos: “Esta Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, - vuelve a incidir por segunda vez-, no puede entregar al solicitante un supuesto informe redactado por los servicios jurídicos por la sencilla razón que jamás ha existido. Esta afirmación tan concisa y sencilla, debe ser que no se entiende ni comprende, al insistir una vez más en su empeño a pesar de que le consta su inexistencia. O dicho de otra manera más sencilla: cuando un documento no existe, por muchas veces que sea solicitado, jamás aparecerá. Por tanto, no entendemos esta insistencia de Intersindical Canaria, solicitando reiteradamente que se le remita un documento que no existe.” - Alegación respecto de la propuesta de cese, destacando que: “ya se le informó al interesado Intersindical Canaria, del cese por jubilación del funcionario (…) con fecha 5 de julio de 2024, dándole traslado al mismo tiempo, del certificado emitido por el Servicio de Recursos Humanos de este centro directivo, lo que implicaba, el cese definitivo en el ejercicio de sus funciones públicas al haber perdido la condición de funcionario de carrera, sin que desde dicha fecha tuviera relación contractual alguna con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Al mismo tiempo se le comunicaba que en el expediente personal de (…), existía un borrador o propuesta de cese del anterior Director General, sin valor ni eficacia jurídica, y sin que revista publicidad alguna, toda vez que dicho borrador de cese ni tan siquiera fue confirmado por la titular de la Consejería del ramo” - Conclusión por la que se reitera en los contenidos de las resoluciones notificadas al solicitante y resolución en el siguiente sentido: “No haber lugar a la solicitud de información mediante aportación de documentación referida al Director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, por la inexistencia de informe elaborado por los servicios jurídicos, como así le consta a Intersindical Canaria. Al mismo tiempo se le informa que el borrador de cese elaborado por el anterior Director General de Relaciones con la Administración de Justicia, documento que contiene datos muy sensibles que afectan a terceras personas, carece de valor y eficacia jurídica, por no estar refrendado ni publicitado por la Consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.” A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1.a) de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. II.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 30 de abril de 2025. Toda vez que la resolución contra la que se reclama le fue notificada al reclamante el 23 de abril de 2025, se ha interpuesto la reclamación en plazo. IV.- La solicitud de información se realizó por un representante sindical. La Constitución española da reconocimiento expreso en su artículo 7 a los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales como organizaciones que “contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios”. Según doctrina constitucional reiterada, el derecho de libertad sindical, consagrado constitucionalmente en el artículo 28.1 de la Constitución, está integrado por un contenido esencial mínimo e inderogable (autoorganización sindical y actividad y medios de acción sindical –huelga, promoción de conflictos colectivos y negociación colectiva-) y un eventual contenido adicional de concreción legal (representación institucional, promoción y presentación de candidaturas, etc.), que incluye los derechos de acción sindical reconocidas por los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical (LOLS), (STC 95/1996 y 64/1999), y el reconocimiento de una serie de garantías y facilidades para el eficaz ejercicio de sus funciones por parte de los representantes sindicales en la empresa. Entre ellas, y en el seno de la Administración Pública, el derecho de información de las juntas de personal y delegados de personal que, por aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la LOLS, se reconoce también a las secciones y delegados sindicales constituidos en los centros de trabajo de aquélla, el cual viene concretado en el artículo 9 de la citada ley, cuyo reconocimiento resulta esencial para la existencia de un auténtico y efectivo derecho de libertad sindical. A todo ello hay que añadir que, a efectos de la LOLS, se considerarán trabajadores tanto aquellos que sean sujetos de una relación laboral como aquellos que lo sean de una relación de carácter administrativo o estatutario al servicio de las Administraciones Públicas (artículo 1.2). Y a mayor abundamiento de los derechos de las normas laborales (LOLS, Ley 9/87, de 12 de mayo de órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Ley 7/1990, de 19 de julio, sobre negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos, texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre y texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEB), aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) se ha de considerar que el art. 29.1.i) de la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce como objeto contrario y sancionable “la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales”, si bien por el propio ámbito subjetivo del Título II de esta norma solo lo refiere a la Administración General del Estado. En todo caso los datos obtenidos pueden ser utilizados en la actividad sindical interna de la organización o en recursos jurisdiccionales y para su reutilización en el supuesto de ser compartidos con terceros ha de respetar las restricciones y limitaciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. V.- Téngase en cuenta la Sentencia número 748/2020, de 11 de junio de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sección tercera, que desestima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de la Sala de lo contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional (Sección séptima), de 23 de noviembre de 2018, que desestimó el recurso de apelación 53/2018 formulado por la Agencia Estatal de Administración Tributaria confirmado la sentencia número 49/2018, de 27 de marzo, del Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo número 4 que desestima el recurso 36/2016 contra las resoluciones del CTBG R/0144/2016, de 23 de junio de 2016 y R/0230/2016, de 24 de agosto de 2016, que se confirman por ser conformes a derecho. El Tribunal Supremo, en auto de fecha 4 de octubre de 2019, admitió el recurso de casación declarando que la cuestión que presenta interés casacional al objetivo para la formación de la jurisprudencia, consiste en interpretar la Disposición Adicional 1ª de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en relación con el artículo 40.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, a fin de determinar si el citado artículo 40.1 del Estatuto prevé o no un régimen jurídico específico de acceso a la información. En el fundamento jurídico segundo de su Sentencia número 748/2020, de 11 de junio de 2020, el Tribunal Supremo recoge que “el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por lo tanto, del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o métrica determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse.” Y tras reproducir las letras a) y f) del artículo 40.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público manifiesta que “a juicio de este Tribunal, el precepto transcrito no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso al a información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas a los empleados que representan y la información que les atañe. Dicha norma se limita a señalar que los representantes de los trabajadores (las juntas de Personal y los Delegados de Personal) han de recibir información sobre determinados aspectos, entre ellos “la evolución de las retribuciones del personal”. Una interpretación flexible de esta norma permitiría entender que bajo la expresión “evolución de las retribuciones” se incluyen las variaciones que se producen como consecuencia de la productividad y los criterios de reparto. Pero, en todo caso, aun cuando se acogiese una interpretación más restrictiva, el precepto no impide ni limita el derecho a tener acceso a otros datos distintos, incluyendo aquellos que inciden directamente en la retribución del personal al que representan. El mero hecho de ser destinatario natural de una información concreta no equivale a limitar su derecho a solicitar una información pública distinta.” Concluyendo que “En definitiva, el precepto en cuestión no fija límites o condiciones en el contenido de la información que puede solicitar y obtener las Juntas de Personal, por lo que no se constituye como un régimen jurídico específico de acceso a la información que desplace y sustituya al previsto en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno”. Frente a la posible aplicación de los límites del artículo 14.1, letra e) y g) la Audiencia Nacional consideró que la información solicitada, referida a los criterios seguidos para el reparto de los incentivos, no afecta a terceros ni a la normativa de protección de datos. Tampoco consideró acreditado que ello ponga en situación de riesgo la actuación de la inspección de persecución del fraudulento fiscal o tenga trascendencia tributaria. El Alto Tribunal considera que “si la Administración considerase que la información solicitada puede interferir o poner en riego una actividad inspectora en curso, la Ley permite en su artículo 16 la posibilidad de establecer límites parciales a la información que se proporciona, razonando concretamente las causas que impiden acceder a parte de la información solicitada, lo que no es posible sostener es que toda información relacionada con el reparto de la productividad, incluso respecto de ejercicios ya cumplidos, debe ser excluida. Por ello, este Tribunal considera, en consonancia con lo afirmado en las instancias anteriores, que la información solicitada podría haberse proporcionado de forma que no se pusiese en peligro la actividad inspectora, y, en todo caso, si la Administración consideraba que algún extremo concreto podría suponer un peligro real en la lucha contra el fraudulento fiscal, debería haberlo justificado de forma expresa y detallada, explicado las razones por las que dicha información constituía un peligro para la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios o el desarrollo de la actividad investigadora del fraudulento fiscal. Tal y como hemos señalado anteriormente, la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detalle que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida.” VI.- El Tribunal Supremo estableció la siguiente doctrina jurisprudencial: “En respuesta a la cuestión que presenta interés casacional objetivo, debe afirmarse que las previsiones contenidas en la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, por lo que respecta al régimen jurídico previsto para el acceso a la información pública, sus límites y el procedimiento que ha de seguirse, tan solo quedan desplazadas, actuando en este caso como supletoria, cuando otra norma legal haya dispuesto un régimen jurídico propio y específico de acceso a la información en un ámbito determinado, tal y como establece la Disposición adicional primera apartado segundo de la ley 19/2013, de 9 de diciembre. Ello exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que nos encontramos ante una regulación alternativa por las especialidades que existen en un ámbito o materia determinada, creando una regulación autónoma respecto de los sujetos legitimados y/o el contendido y límites de la información que puede proporcionarse. El artículo 40.1 del Real Decreto legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se regula el Estatuto Básico del Empleado Público, no contiene un régimen específico y alternativo que desplace el régimen general de acceso a la información contenido en la Ley 19/2013, ni limita o condiciona el acceso a la información que las Juntas de Personal pueden tener en relación con aquellas materias relativas a los empleados que representan y la información que les atañe.” VII.- Una vez analizado el contenido de la solicitud, esto es, acceso a la propuesta de resolución de cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y del informe de los servicios jurídicos, y hecha una valoración de la misma, es evidente que estamos ante una petición de información claramente administrativa; se trata de documentación que, de existir, obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. VIII.- Estudiadas las alegaciones del reclamante, así como la respuesta dada y notificada por parte de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en las que, de forma reiterada, se deja de manifiesto la inexistencia del informe jurídico, es importante resaltar que el derecho de acceso solo permite obtener información ya existente, no habilitando para obligar a la entidad reclamada a elaborar información nueva, incluso aunque dicha información debiera haberse generado en su momento. Así, el derecho de acceso no faculta para exigir, por ejemplo, la realización a posteriori de trámites que no se practicaron al tramitar un determinado procedimiento, ni la motivación de decisiones previamente tomadas, ni la realización de informes, ni que se informe sobre las actuaciones que se piensa llevar a cabo en el futuro sobre un determinado asunto. En tales supuestos este comisionado entiende que, en su caso, debe indicarse al reclamante que la información solicitada no existe, a fin de que pueda actuar en consecuencia. IX.- En relación a las alegaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia sobre la propuesta de cese, cabe indicar que ese documento no ha sido remitido al Comisionado de Transparencia y Acceso a la información Pública y sobre el mismo se insiste que se trata de un documento “en el que constan datos sensibles de terceras personas, a los que de manera involuntaria puede darse publicidad, y cuya solución no pasa por la simple anonimización de los mismos, dado su carácter, reiteramos, sensible” En este sentido, debe subrayarse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LTAIP: “1. Las solicitudes de acceso a información que contenga datos personales especialmente protegidos se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y en la legislación básica reguladora del derecho de acceso a la información pública. (actual Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 2. Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales y otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. 3. Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. Para la realización de la citada ponderación, el órgano tomará particularmente los criterios establecidos en el artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen gobierno, así como los criterios de aplicación que puedan adoptarse conforme a lo previsto en la disposición adicional quinta de la misma Ley. 4. No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. 5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso.” Existe, por tanto, un principio general favorable al acceso. Sin embargo, deben considerarse las circunstancias del caso concreto para poder ponderar entre la prevalencia del derecho a la protección de datos o el interés general que conlleva el acceso a la información pública. Como ya se ha indicado, no consta en el presente expediente que la entidad reclamada haya remitido al Comisionado la propuesta de cese aludida, por lo que resulta imposible determinar el alcance del carácter sensible de los datos contenidos en el documento. Consta, sin embargo, las alegaciones contenidas en la Resolución número 845/2025, de 23 de abril de 2025 y en la Resolución número 1306/2025 de 26 de junio de 2025 que insisten en la imposibilidad de ceder dicha información por tener carácter sensible que afecta a terceros que no pueden protegerse a través de “ la simple anonimización de los mismos”. Vistas las alegaciones de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta comisionada no puede más que desestimar la reclamación presentada. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública, RESUELVO Desestimar la reclamación presentada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , actuando en su condición de representante de Intersindical Canaria, contra la Resolución 845/2025, de 23 de abril de 2025, que le fuera notificada en esa misma fecha, de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, que da cumplimiento a la Resolución del Comisionado R2024000609 de la reclamación interpuesta contra la Resolución 1347/2024, de 7 de agosto de 2024, que le fuera notificada el 9 de agosto de 2024, de la directora general de relaciones con la Administración de Justicia, que da respuesta a la referida solicitud de información de 6 de febrero de 2024 (R.G. 205449/2024 y RGE/80260/2024) y relativa a la propuesta de resolución y el informe de los servicios jurídicos de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del cese del Director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.