Reclamación de AXTEC sobre informe inmobiliario y convenio con el Colegio de Economistas resuelta como estimatoria

R2025000688 Resolución estimatoria sobre solicitud de información a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias relativa al informe de análisis del sector inmobiliario en la capital grancanaria, convenio firmado con Colegio de Economistas y documento justificativo de la necesidad. Palabras clave: Gobierno de Canarias. Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad. Información de las obras públicas. Información sobre la planificación y programación. Información de los convenios y encomiendas de gestión. Sentido: Estimatoria. Origen: Silencio Administrativo. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 8 de septiembre de 2025 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de la Asociación por la transparencia en Canarias (AXTEC), al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (en adelante, LTAIP), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada a la Sociedad Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U (Visocan) adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias el 3 de agosto de 2025 (RGE / 595559 / 2025 ), y relativa al informe de análisis del sector inmobiliario en la capital grancanaria, convenio firmado con Colegio de Economistas y documento justificativo de la necesidad. Segundo.- En concreto la ahora reclamante indicó lo siguiente: “Del informe elaborado el Colegio de Economistas que analiza el sector inmobiliario en la capital grancanaria quisiéramos: * Informe * ¿Por qué no ha sido elaborado por los técnicos del Gobierno de Canarias? * Convenio firmado con el Colegio de Economistas para la redacción de este informe, ¿Cuál es la fecha de la encomienda? ¿Quién firma esa encomienda? * Documento en dónde un/a funcionario/a indique se ese informe no puede generarse con recursos propios (procedimiento administrativo común)” Tercero.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP, el 18 de septiembre de 2025 se solicitó, para que, en el máximo de 15 días se procediera al envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, así como cuanta información o antecedentes considerase oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias se le considera interesada en el procedimiento pudiendo realizar las alegaciones que estimase convenientes a la vista de la reclamación. Cuarto.- El 8 de octubre de 2025, con registro de entrada número 2025-002290, se recibió en este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública respuesta de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias en el que se indica: “En relación con el requerimiento indicado y que tuvo su entrada en la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad el 18 de septiembre de 2025 con nº de registro (…), se comunica que la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A. ha remitido la siguiente documentación, la cual se adjunta para dar por respondida la reclamación: - Convenio de colaboración entre VISOCAN y el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas para la emisión de informes sobre solicitudes de declaración de zonas de mercado residencial tensionado en Canarias. - Informe de la zona de mercado residencial tensionado en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.” Examinada la documentación remitida, consta el informe y el convenio mencionado, sin embargo, no consta el documento realizado por personal funcionario público solicitado, ni se ha acreditado en el expediente que se haya facilitado el acceso de la información solicitada a la asociación reclamante. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1.a) de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a “a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”. El artículo 63 de la misma Ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. II.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. III.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud, ampliable otro mes cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 8 de septiembre de 2025. Toda vez que la solicitud fue realizada el 3 de agosto de 2025, y que no fue atendida en el plazo del mes legalmente previsto para ello, ha operado el silencio administrativo negativo respecto a la misma y se ha interpuesto la reclamación en plazo. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con las previsiones normativas contenidas en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas a la interposición de recurso de reposición, respecto de resoluciones presuntas la presentación de una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo. IV.- Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto y examinado el fondo de la reclamación planteada, esto es, tener acceso al informe elaborado por el Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas que analiza el sector inmobiliario en la capital grancanaria y el convenio firmado con el mencionado colegio profesional, es evidente que por lo que respecta a esta documentación, estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de información que obra en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. V.- Respecto del documento elaborado por personal funcionario público que “indique que ese informe no puede generarse con recursos propios” y en el que podría encontrarse la respuesta a “ por qué no ha sido elaborado por los técnicos del Gobierno de Canarias” es evidente que estamos ante una solicitud de información claramente administrativa; se trata de información que, de existir, obraría en poder de un organismo sujeto a la LTAIP, elaborada en el ejercicio de sus funciones y que, por tanto, es información pública accesible. Importa insistir aquí en que lo que se reconoce en la Ley es el derecho a la información y no al documento, no siendo necesario, por lo tanto, que la información se encuentre previamente recogida en soporte documental para proporcionarla. Esto constituye uno de los aspectos importantes de la regulación general de la transparencia. En efecto, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, recoge en su artículo 13 que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Y en el mismo sentido, el artículo 5 de la LTAIP que ya hemos reproducido. Ahora bien, la reclamante debe tener en cuenta que el derecho de acceso solo permite obtener información ya existente, no habilitando para obligar a la entidad reclamada a elaborar información nueva, incluso aunque dicha información debiera haberse generado en su momento. Así, el derecho de acceso no faculta para exigir, por ejemplo, la realización a posteriori de trámites que no se practicaron al tramitar un determinado procedimiento, ni la motivación de decisiones previamente tomadas, ni la realización de informes, ni que se informe sobre las actuaciones que se piensa llevar a cabo en el futuro sobre un determinado asunto. En tales supuestos este comisionado entiende que, en su caso, debe indicarse a la reclamante que la información solicitada no existe, a fin de que pueda actuar en consecuencia. VI.- Vista la respuesta dada por la entidad reclamada en el trámite de audiencia del procedimiento de reclamación es importante subrayar que la LTAIP prevé que son las administraciones y entidades a ella sujetas las que han de remitir directamente la información al solicitante que por vía del ejercicio de derecho de acceso ha manifestado su interés en conocerla. No es competencia del Comisionado realizar esa entrega sino ser garante del ejercicio de este derecho de acceso a la misma en los términos previstos en la LTAIP y de que la información se aporte al solicitante. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, RESUELVO 1. Estimar la reclamación interpuesta por reclamación de la Asociación por la Transparencia en Canarias (AXTEC), contra la falta de respuesta a la solicitud de información formulada a la Sociedad Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias, S.A.U (Visocan) adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias el 3 de agosto de 2025, y relativa al informe de análisis del sector inmobiliario en la capital grancanaria, convenio firmado con Colegio de Economistas. 2. Requerir a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para que haga entrega a la reclamante de la documentación del resuelvo primero, en el plazo máximo de 15 días hábiles, así como el documento justificativo de la necesidad siempre que esa documentación exista; y para que, de no existir tal información, se le informe sobre tal inexistencia. 3. Requerir a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias a que en ese mismo plazo remita a este Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la documentación acreditativa de haber dado respuesta a la reclamante, para comprobar el cumplimiento de la presente resolución. 4. Instar a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias para que cumpla con el procedimiento establecido para el acceso a la información pública en la LTAIP, resolviendo las peticiones de información que le formulen. 5. Recordar a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias que el incumplimiento de la obligación de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información pública y no atender a los requerimientos del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en caso de reiteración constituyen infracciones graves o muy graves previstas en el artículo 68 de la LTAIP.