Reclamación de acceso a información sobre protocolos de actuación ante animales abandonados en la GC-550 resuelta como terminación del procedimiento

R2025000765 Resolución de terminación sobre solicitud de información al Cabildo Insular de Gran Canaria relativa al procedimiento de actuación ante la presencia de animales abandonados en la GC- 550. Palabras clave: Cabildos Insulares. Cabildo Insular de Gran Canaria. Información sobre los servicios y procedimientos. Sentido: Terminación. Origen: Resolución estimatoria parcial. Vista la reclamación tramitada en el Servicio de Reclamaciones y Asuntos Generales contra el Cabildo Insular de Gran Canaria y teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES Primero. - Con fecha 6 de octubre de 2025 y número de registro de entrada 2025-002273 se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, reclamación de la Asociación de Protección de los Animales “Patitos feos”, al amparo de lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública (en adelante, LTAIP), contra el Decreto nº CGC/2025/10593 de fecha 6 de octubre de 2025 del Cabildo Insular de Gran Canaria, que le fuera notificada en misma fecha, que resuelve la solicitud de información de 27 de agosto de 2025 (registro nº 2025066558), y relativa al procedimiento de actuación ante la presencia de animales abandonados en la GC-550. Segundo. - En concreto, la ahora reclamante había solicitado: “1. Copia del protocolo o procedimiento vigente para actuar ante la presencia de animales abandonados en vías de titularidad insular, en particular en la GC-550. 2. Servicio o unidad responsable dentro del Cabildo de Gran Canaria de atender situaciones de animales abandonados en carreteras. 3. Coordinación existente entre el Cabildo y los municipios de Agüimes y Santa Lucía de Tirajana para la gestión de animales abandonados en la GC-550. 4. Número de actuaciones realizadas por el Cabildo entre el 19 y el 26 de agosto de 2025, relacionadas con animales abandonados en carreteras insulares” Tercero.- Consta en el expediente, por haberlo aportado la reclamante el Decreto CGC/2025/10593 de fecha 6 de octubre de 2025 que estima parcialmente el acceso a la información solicitada al no obrar parte de la misma en poder del Cabildo de Gran Canaria. El apartado Dispositivo del Decreto indica “desconocer cuál puede ser el órgano o la administración donde esta reside (en concreto el protocolo o procedimiento vigente para actuar ante la presencia de animales abandonados en vías de titularidad insular, en particular en la GC- 550). No obstante, a juicio de esta Consejería, puede ser competente para conocer dicha información el Ayuntamiento de Agüimes, o bien el de Santa Lucía de Tirajana”. Además, el Decreto facilita el enlace a un informe de fecha de 2 de octubre de 2025 que recoge la normativa reguladora de las competencias de la Consejería de Medio Ambiente de la corporación insular y se justifica que en base al artículo 22 de la Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, relativo a la “Recogida y atención de animales” corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados. Concluye este informe indicando: “En conclusión, y en virtud a lo expuesto es por lo que se le comunica que la recogida de animales abandonados es una competencia que corresponde a los Ayuntamientos, con independencia del lugar en que se encuentre el animal dentro del término municipal. No obstante, este Cabildo colabora con los Ayuntamientos a través de la gestión del Albergue Insular de Animales, mediante la acogida de los animales que no pueden ser gestionados por los Centros municipales”. Cuarto.- En la reclamación presentada contra el mencionado Decreto, la reclamante el reclamante manifiesta lo siguiente: “El 6 de octubre de 2025, la Consejera de Administración Pública y Transparencia dictó el Decreto nº CGC/2025/10593, que pone fin a la vía administrativa sin facilitar la información solicitada ni motivar la denegación” Quinto.- En base a los artículos 54 y 64 de la LTAIP, el día 20 de octubre de 2025, se notifica la solicitud para que, en el plazo máximo de 15 días, se proceda al envío de copia completa y ordenada del expediente de acceso a la información, informe al respecto, documentación acreditativa de haber dado respuesta a la persona reclamante, así como cuanta información o antecedentes considere oportunos. Como órgano responsable del derecho de acceso el Cabildo Insular de Gran Canaria, tiene la consideración de interesado en el procedimiento y podrá realizar las alegaciones que estime convenientes a la vista de la reclamación. Sexto.- Con fecha de 5 de noviembre de 2025, se recibe en este Comisionado respuesta de la entidad reclamada a través de informe del coordinador de la unidad de transparencia del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 3 de noviembre, en el que se indica, entre otros, lo siguiente: “Primero: Que en el decreto de acceso dictado el 06.10.2025 se estima el acceso a la información en lo que a los apartados 2, 3 y 4 de la solicitud del ahora reclamante se refiere, en los siguientes términos: - En cuanto al apartado número 2 (unidad dentro del Cabildo de Gran Canaria, responsable de los animales abandonados en carreteras) el decreto deja claro el Cabildo no es competente en materia de recogida de animales abandonados, por lo que se puede deducir que no existe una unidad concreta responsable de atender situaciones de animales abandonados en carreteras. Y ello se basa nada menos que en el propio mandato establecido en la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales. - En relación al apartado numero 3 (coordinación con los Ayuntamientos) el decreto, de forma explícita, enuncia que este Cabildo colabora con los Ayuntamientos a través de la gestión del Albergue Insular de Animales, mediante la acogida de los animales que no pueden ser gestionados por los Centros municipales. - En cuanto al apartado 4 (número de actuaciones de recogida de animales entre el 19 y el 26 de agosto) relacionado con el primer apartado, se puede deducir que no existen datos al no ser el Cabildo competente para ello. Segundo: Que la información solicitada por el ahora reclamante con el apartado número 1 (copia del protocolo o procedimiento vigente para actuar ante la presencia de animales abandonados en vías de titularidad insular) entendemos que se trata de una información que no obra en el Cabildo de Gran Canaria. En este sentido, es doctrina consolidada del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la que dispone que el artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG, en adelante) reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. Teniendo en cuenta lo anterior, aunque el ahora reclamante entienda que ese protocolo de animales abandonados debe existir y lo reclame por la vía de transparencia, su solicitud no puede ser atendida porque estamos hablando de un documento que no obra en poder del Cabildo de Gran Canaria. Tercero: Que numerosos pronunciamientos judiciales refrendan la doctrina del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trae a colación la reciente STS 1395/2023, de 6 de noviembre, FD 5.6 aludiendo a que (subrayado propio): 6. El actor insiste en que litiga por su derecho a " obtener la Información Solicitada en toda su extensión y detalle", y -como acabamos de exponer- se le ha dado la que se tiene, con la extensión y detalle que se deduce de los documentos que obran en los archivos del Tribunal Constitucional (cfr. artículo 13 de la Ley 19/2013). Para el demandante lo informado carece de la extensión y detalle que desearía, pero no porque se le oculte información o sea defectuosa, sino porque o reclama unos documentos e informes inexistentes o, existiendo, porque considera que su contenido o extensión debió ser distinto y sea una hipótesis u otra, ambas son ajenas al derecho ejercitado. Cuarto: Que no debe olvidarse que en el decreto de acceso de 06.10.2025, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 19.4 LTAIPBG y 44.2 LTAIP, se señaló que a juicio de esta Consejería el órgano competente para conocer dicha información podría ser el Ayuntamiento de Agüimes, o bien el de Santa Lucía de Tirajana. Quinto: Que todos los extremos citados quedan confirmados y reforzados en virtud del nuevo informe de fecha 23.10.2025 de la Jefa del Servicio Administrativo de Medio Ambiente. Sexto: Para concluir, esta Consejería entiende que el Cabido de Gran Canaria ha facilitado toda la información de la que dispone actualmente, por lo que la reclamación interpuesta contra el Decreto CGC/2025/10593 de 06.10.2025, de la Consejera de Administración Pública y Transparencia no ha de prosperar, en ningún caso.” De la documentación a la que ha tenido acceso este Comisionado se deduce que la entidad insular ha facilitado la información de la que disponía, y, además, ha procedido en los términos establecidos en el apartado segundo del artículo 44 de la LTAIP, al facilitar la información de entidades a las que podría dirigir su solicitud, puesto que, a su juicio, pueden ser los competentes para resolverla. A tales antecedentes son de aplicación los siguientes, FUNDAMENTOS JURÍDICOS I.- El artículo 2.1 de la LTAIP indica que las disposiciones de esa ley serán aplicables a: "...d) Los cabildos insulares y los ayuntamientos, los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, en los términos establecidos en la disposición adicional séptima." El artículo 63 de la misma ley regula las funciones del comisionado o comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública e indica que ejercerá la resolución de las reclamaciones que se interpongan contra los actos expresos o presuntos resolutorios de las solicitudes de acceso a la información de las entidades y organismos relacionados en el artículo 2.1 de esta ley, así como de los cabildos insulares, ayuntamientos y entidades dependientes y vinculadas de los mismos. La Disposición Adicional Séptima señala que “la aplicación de los principios y previsiones contenidas en esta ley respecto de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública a los cabildos insulares y los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma, a los organismos autónomos, entidades empresariales, fundaciones, sociedades mercantiles y consorcios vinculados o dependientes de los mismos, así como las asociaciones constituidas por cualquiera de los anteriores, se establecerá en las respectivas disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de los mismos.” II.- La Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares regula en su Título II su funcionamiento, información y transparencia. En concreto, en el artículo 96, derecho de acceso a la información pública, dispone que “1. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en poder de los cabildos insulares, de acuerdo con lo establecido en la legislación reguladora del derecho de acceso a la información pública. 2. Los cabildos insulares están obligados a habilitar diferentes medios para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y proporcionar información, de modo que resulte garantizado el acceso a todas las personas, con independencia del lugar de residencia, formación, recursos, circunstancias personales o condición o situación social”. En su apartado tercero atribuye la competencia para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública a la presidencia del cabildo insular, que podrá delegarla en los órganos administrativos superiores y directivos de la corporación insular. III.- La LTAIP reconoce en su artículo 35 que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública en los términos previstos en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Conforme al artículo 5.b) de la referida LTAIP, se entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es claro que la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información como el acceso a una información existente y en posesión del organismo que recibe la solicitud, ya sea porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. IV.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la LTAIP, contra la resolución, expresa o presunta de la solicitud de acceso podrá interponerse reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Los plazos para las respuestas a solicitudes de acceso y posibles reclamaciones ante el Comisionado de Transparencia se concretan en los artículos 46 y 53 de la LTAIP, que fijan un plazo máximo de un mes para resolver sobre la solicitud y de otro mes para interponer la reclamación, contándose desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. La reclamación se recibió en el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública con fecha 6 de octubre de 2025 contra la respuesta contenida en decreto de fecha 6 de octubre del mismo año. V.- Visto que la entidad reclamada ha dado respuesta a la solicitud de información esta comisionada no puede más que declarar la terminación de este procedimiento de reclamación que tuvo su origen en el silencio administrativo. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 63 de la Ley canaria 12/2014, de 26 de diciembre, de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, RESUELVO Declarar la terminación del procedimiento de la reclamación presentada la Asociación de Protección de los Animales “Patitos feos”, contra el Decreto nº CGC/2025/10593 de fecha 6 de octubre de 2025 del Cabildo Insular de Gran Canaria, que le fuera notificada en misma fecha, que resuelve la solicitud de información de 27 de agosto de 2025 (registro nº 2025066558), y relativa al procedimiento de actuación ante la presencia de animales abandonados en la GC- 550, por haber perdido su objeto al informar la entidad reclamada que se dio respuesta a la solicitud de información.