Reclamación de acceso a expediente urbanístico de una parcela en Alcocer desestimada por falta de competencia de la Diputación de Guadalajara

RESOLUCIÓN 144/2024 S/REF: 13010151Q REF Interna RE0207 Fecha: La de la firma Reclamante: Dirección; Diputación de Guadalajara Resolución: DESESTIMAR ASUNTO: RECLAMACIÓN DE ACCESO I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 3 de abril se presenta, en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y buen gobierno de Castilla- La Mancha escrito de con registro de entrada nº 207 escrito en que él solicita que por parte del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha reclamación de acceso contra la Diputación de Guadalajara, en el que pone de manifiesto y solicita los siguiente: “ al amparo de Ley 7/1985, de 2 de abril, y el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y Ley 4/2016, de 15 de diciembre, y Ley 39/2015, de 1 de octubre, y Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y R.D. 4/2010, de 8 de enero. “ Por vía electrónica, copia del expediente o expedientes que tengan relación con la parcela sita en Camino del Molino, 21 19125 ALCOCER, con referencia catastral 3797016WK3739N0001FS. La información solicitada es información pública no incluida en ninguna de las excepciones al derecho de información de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, ni la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, resulta esencial para cumplir con mis obligaciones y deberes y, posiblemente, en defensa de acción pública urbanística, conforme al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.” 1. Con fecha 10 de abril se remite escrito a la Diputación Provincial para que procedan al traslado del expediente y manifiesten cuanto consideren oportuno. 2. Con fecha 14 de mayo se contesta al requerimiento indicando lo siguiente: “Dicha solicitud de acceso a la información pública no ha sido resuelta expresamente, lo que implica su desestimación por silencio administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Pese a que el interesado cita la normativa sobre transparencia, lo cierto es que es que en el expone de su solicitud se presenta “ ”y motiva la solicitud en que “resulta esencial para cumplir con mis obligaciones y deberes como y, posiblemente, en defensa de acción pública urbanística” Al respecto, la Disposición adicional primera de la Ley 19/2013, relativa a las regulaciones especiales del derecho de acceso a la información pública indica que: 1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo. 2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. 3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Segundo.- Carácter auxiliar de la documentación obrante en el expediente tramitado por la Diputación Provincial La Diputación Provincial, en su competencia propia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios (artículo 36.1.b Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local emite informes técnicos a solicitud de los Ayuntamientos de la provincia en relación con expedientes urbanísticos de tramitación municipal. En este contexto, se emite informe dirigido al Ayuntamiento de Alcocer con carácter de informe de apoyo facultativo y no vinculante en el marco de la colaboración interadministrativa entre los servicios jurídicos municipales y el servicio de asistencia al municipio de la Diputación Provincial de Guadalajara, dentro de la competencia de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios que tiene encomendada la Diputación Provincial de acuerdo con el artículo 36.1.b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Al tratarse de un expediente de otra Administración Pública, se desconoce el estado de tramitación del procedimiento en el citado Ayuntamiento, resultando posible que el expediente no esté cerrado, en cuyo caso, de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solo tienen derecho de acceso a los expedientes los interesados en el procedimiento administrativo. En el supuesto de que el procedimiento haya finalizado, se desconoce si la resolución del expediente siguió o no el sentido del mencionado informe, por lo que de acuerdo con el artículo 18.1.b de la LTAIBG procede inadmitir la solicitud, por referirse a información de carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. Al respecto, y como contraste, cabe hacer referencia a otra solicitud de información de este interesado, en la que solicitaba información respecto a una subvención otorgada por la Diputación Provincial al Ayuntamiento. En el caso señalado, al tratarse de un expediente tramitado por esta Administración, la solicitud de acceso a la información pública fue estimada y puesta a disposición del interesado (Resolución 2024-0063, de 18 de enero, notificada al interesado mediante acceso a la sede electrónica de fecha 24 de enero de 2024 según consta en el expediente de referencia). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia y Buen gobierno, se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 2.-Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. 3.- Igualmente el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Buen gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. 4.-La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 5.- En el presente caso, la información solicitada debe considerarse «información pública», no obstante la Diputación pone de manifiesto que ella sólo emitió un informe de carácter auxiliar destinado al Ayuntamiento de Alcocer, por ello no es ella la que dispone del expediente completo solicitado, debiendo ser solicitado el mismo al Ayuntamiento, ya que es este el que dispone del mismo y el obligado a facilitar el acceso a l reclamante. III. RESOLUCIÓN Por todo lo anterior y observando el expediente remitido se puede concluir que se debe INADMITIR dicha petición presentada por no haber objeto y no ser la Diputación de Guadalajara la competente para su concesión. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno11, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.