Reclamación de acceso a sentencia judicial contra el Ayuntamiento de Corral de Almaguer desestimada por inexistencia del documento

RESOLUCIÓN 226/2024 S/REF: 1365448F REF Interna RE0479 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Corral de Almaguer ( Toledo) Resolución: DESESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 4 de septiembre se presenta, en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y buen gobierno de Castilla- La Mancha escrito de la con registro de entrada nº 479, de reclamación de acceso contra petición realizada contra el Ayuntamiento de Corral de Almaguer: En él solicita: “Copia de la sentencia recaída por resolución del Juzgado de lo Contencioso de Toledo sobre el acceso a los informes técnico y jurídico en el expediente de concesión de las licencias de instalaciones provisionales de SECALSA.” Con fecha 10 de septiembre se remite requerimiento al Ayuntamiento para que manifieste lo que considere oportuno, recibiendo la información con fecha 19 de octubre, en el que el Ayuntamiento remite certificado de la Secretaría en el que pone de manifiesto lo siguiente: “Que de acuerdo con los datos que constan en esta Secretaría a mi cargo, y trasladando el requerimiento nº138838 (Exp.1365448F) del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, consta informe con el íter procesal emitido por nuestros servicios de defensa jurídica con la siguiente conclusión: “A fecha de firma del presente informe el procedimiento judicial reseñado anteriormente se encuentra pendiente de Sentencia.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia y Buen gobierno, se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 2.-Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. 3.- Igualmente el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Buen gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. 4.-La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 5.- En relación con la presente reclamación no puede aportarse la información solicitada ya que como se pone de manifiesto por parte del Secretario de la entidad como fedatario público, no existe sentencia firme en el asunto solicitado. Además de la procedencia de la declaración anterior, debe recordarse que entre los principios generales contemplados artículo 3.1 e)7 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se encuentran los de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. En virtud de ellos y en sus relaciones con administraciones y entidades de derecho público, este Consejo presupone la veracidad de los documentos procedentes de aquéllas y de las manifestaciones en ellos recogidas, a mayor abundamiento al haber sido certificado por el secretario de la entidad como fedatario público. Conviene destacar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible. En este caso, la empresa ha declarado la inexistencia de ciertos documentos solicitados, lo que se alinea con estos precedentes jurídicos. Como ejemplos de esta jurisprudencia se pueden citar varias sentencias a modo de ejemplo: 1. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (STS 548/2019), en la que se establece que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible, y no obliga a la administración a crear documentos nuevos ni a proporcionar información que no posee, cuestión que puede aplicarse al caso que nos ocupa, ya que ha declarado la inexistencia de ciertos documentos solicitados por la asociación. 2. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2018 (STS 1594/2018), en ella el Tribunal Supremo se reafirma que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible, y no obliga a la administración a crear documentos nuevos ni a proporcionar información que no posee y subraya que las administraciones públicas deben actuar con diligencia para facilitar el acceso a la información, pero dentro de los límites de la información que ya tienen. Esto significa que no están obligadas a generar nueva información o a realizar compilaciones específicas que no existan previamente. Argumento que comparte la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 29 de junio de 2010, en el asunto C-28/08 P. III. RESOLUCIÓN Por todo lo anterior y observando el expediente remitido se puede concluir que se debe DESESTIMAR la reclamación presentada de información, ya que aún no existe sentencia firme sobre el asunto.