Reclamación de acceso a la relación nominal de gastos de representación y protocolo de la Diputación de Guadalajara

RESOLUCIÓN 272/2024 S/REF: 1341848D REF Interna RE0383 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Diputación de Guadalajara Resolución: ESTIMAR PARCIALMENTE I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 1 de julio se presenta, en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla- La Mancha escrito de con registro de entrada nº 383. En él pone de manifiesto lo siguiente: “ Como ciudadano de la provincia de Guadalajara y en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, solicito la información que disponga la Diputación de Guadalajara acerca de la relación nominal de gastos de representación y protocolo en los que haya incurrido la Diputación de Guadalajara durante los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 (hasta 1 de febrero)”.Pone de manifiesto que no está conforme con la resolución emitida por la Diputación. Con fecha 8 de julio se requiere a la Diputación de Guadalajara que manifieste o alegue lo que considere oportuno, recibiendo contestación con fecha de 6 de agosto. En la que manifiesta lo siguiente: “… Solicitada información a la Dirección de Servicios económicos y consorcios respecto a las obligaciones reconocidas en la aplicación presupuestaria 912 22601 “Atenciones protocolarias y representativas”, se aporta la siguiente: (…) Quinto. - En cuanto a la petición relativa a la relación nominal de gastos de representación y protocolo, concurre el límite establecido en el artículo 15 de la LTAIBG respecto a la protección de datos personales, siendo sea necesaria una acción previa de reelaboración para divulgar dicha información, lo que constituye una causa de inadmisión de la solicitud de acceso según lo establecido en el artículo 18.1.c de la LTAIBG. Atendiendo a los antecedentes y fundamentos jurídicos indicados y, de conformidad con las previsiones contenidas en las Leyes citadas, y conforme a la propuesta de resolución RESUELVO PRIMERO: Conceder el acceso a la información indicada en el fundamento de derecho cuarto. SEGUNDO: Inadmitir la solicitud relativa a la relación nominal de gastos, con la motivación contenida en el fundamento de derecho quinto, de conformidad con la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1.c de la LTAIBG.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, Transparencia y Buen Gobierno, se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. 2.-Visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. 3.- Igualmente el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. 4.-La LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». 5.- Respecto al caso que nos ocupa, en primer lugar, es necesario determinar si los gastos protocolarios son o no información pública, y si el acceso concedido por la Diputación se ajusta o no a lo dispuesto por la Ley. Es información presupuestaria en poder de la Diputación, por lo que es información pública. Vista la resolución emitida, la entidad concede relación de gastos protocolarios, por año, indicando a que gasto se ha destinado el dinero de la partida presupuestaria. Por otro lado, analizando la petición del reclamante, y su posterior escrito en el que indica que no se ha cumplido exactamente con su petición, conviene aclarar alguna cuestión. Al solicitar “relación nominal” sin más aclaración, la que suscribe el presente informe, no entiende si se refiere a los gastos protocolarios en los que ha incurrido nominalmente cada alto cargo de la Diputación, o al nombre de cada empresa adjudicataria y emisora de las facturas de esos gastos. Es una cuestión que no se aclara ni se amplía. Conviene advertir, en este sentido, que la formulación de la solicitud de información que realiza en términos extraordinariamente amplios y genéricos. 6.- Por otro lado, se hace alusión a la existencia de datos personales en dicha información. Si entendemos que lo solicitado es la relación de facturas y empresas que han prestado las actividades objeto de gastos protocolarios, aunque insisto, no es lo que se pide literalmente, aclarar que la información referida a las “personas jurídicas” adjudicatarias no están incluidas en el ámbito de protección del derecho de referencia establecido en el binomio normativo compuesto por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE –desde ahora, RGPD- y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales -en adelante, LOPDGDD-. En efecto, por una parte, según se desprende del propio título del RGPD su ámbito de aplicación se circunscribe a las personas físicas, y en su artículo 4.1 se definen los “datos personales” como “toda información sobre una persona física identificada o identificable. No siendo pues los datos identificativos de las personas jurídicas con carácter general datos de carácter personal. En cuanto a las empresas unipersonales y sus datos, en el caso de que la información sobre empresas individuales permita la identificación de personas físicas, en la decisión sobre la concesión o no del acceso a la misma habrá de tenerse en cuenta lo previsto en el artículo 15.3 LTAIBG, pues no estamos ante los que la ley denomina “datos especialmente protegidos”. Y, en tales supuestos, tratándose de información sobre empresarios individuales adjudicatarios de gastos protocolarios, la ponderación exigida en el citado artículo se ha de resolver en favor del acceso a la información pública. Frente a la escasa afectación que dicho acceso produce en la esfera personal, el interés público en conocer quiénes han sido los adjudicatarios de referencia es elevado. En definitiva, no se tratarían de datos personales protegidos, y a mayor abundamiento los datos de los contratos menores deben ser publicados en el portal de Transparencia de la entidad. No obstante, la petición realizada inicialmente no aclara exactamente los datos que el reclamante desea. III. RESOLUCIÓN A tenor de lo expuesto, procede DESESTIMAR la reclamación presentada, pues se considera que ha sido ya facilitada por la Diputación, no obstante, sería correcto que la Diputación remitiera enlace da la publicación de los contrataos menores que respaldan esos gastos protocolarios, para ampliar su información.