Reclamación de acceso al expediente y proyecto de asfaltado de parcela en el Monte Consorciado GU-3149 en Almoguera, estimada

RESOLUCIÓN 279/2024 S/REF: 1389444J REF Interna RE0586 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Almoguera ( Guadalajara) Resolución: ESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 29 de octubre de 2024, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha un escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Almoguera. Este documento, con registro de entrada nº586, ha sido presentado por PRIMERO: el 18 de septiembre de 2024, , actuando en nombre propio, solicita ante el Ayuntamiento reclamado: “copia digital del expediente por el que se autoriza y ejecuta el asfaltado de una parcela de suelo en el Monte Consorciado GU-3149, con acceso desde la calle Fuenbellida, coordenadas 40.29342686801588, -2.9771680072887223 . Copia digital del expediente del contrato de la ejecución de dicha obra y de la redacción del proyecto”. Y ello tal como expresa literalmente “al amparo de la normativa vigente en materia de transparencia y acceso a la información”. SEGUNDO: el 29 de octubre de 2024, el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone, de manera literal, “Que se inste al Ayto de Almoguera, GU, a que remita lo solicitado, información pública de un expediente sobre obra municipal”, adjuntando el escrito de solicitud que hizo en su día al ayuntamiento, sin que dicha información haya sido proporcionada por el sujeto reclamado, en este caso, el Ayuntamiento de Almoguera. TERCERO: con fecha 4 de noviembre de 2024, se realiza requerimiento al Ayuntamiento de Almoguera, instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por CUARTO: A fecha de hoy y habiendo transcurrido el plazo legal de un mes el reclamado no ha presentado ninguna alegación o manifestación al requerimiento realizado por el CRT. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: En relación con la presente reclamación, se señala que la información se encuentra en poder de la Administración y es de carácter público. Sin embargo, es fundamental evaluar si el reclamante tiene derecho a acceder a ella. Se solicita una copia completa del expediente de ejecución de obra y del proyecto correspondiente a una parcela del monte consorciado. En el ámbito de urbanismo, resulta útil referirse al Informe CTAR 5/2020, emitido el 19 de octubre por el Consejo de Transparencia de Aragón (en adelante, CTAR), que aclara muchas dudas sobre el acceso a la información pública contenida en los expedientes urbanísticos. El acceso a expedientes de naturaleza no sancionadora no requiere el consentimiento expreso del afectado. El CTAR establece que, para acceder a estos expedientes, no es necesario dicho consentimiento, dado que el acceso está protegido por una norma de rango legal que reconoce la acción pública en el ámbito urbanístico. Según el artículo 15 de la LTAIBG, el acceso a estos expedientes no sancionadores no precisa el consentimiento expreso del afectado, ya que no contienen datos personales especialmente protegidos. No obstante, el reconocimiento de la acción pública en materia de urbanismo puede influir en la evaluación entre el interés público por divulgar información y los derechos de los afectados cuyos datos se incluyan en la solicitud, conforme al apartado 3 del artículo 15 de la LTAIBG. Es importante recordar que, cuando la información solicitada no incluye datos especialmente protegidos—como sucede con los expedientes urbanísticos no sancionadores—el organismo encargado de la solicitud otorgará acceso, previa ponderación de los intereses y derechos mencionados. Es en este momento de evaluación donde la acción pública en materia de urbanismo cobra relevancia. El informe del CTAR también menciona que, a efectos del derecho de acceso a la información pública, no es pertinente si la información solicitada pertenece a un procedimiento en curso o ya concluido. Cualquiera puede acceder a la información pública contenida en un expediente urbanístico, independientemente de su estado de tramitación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas. El CTAR aborda una cuestión interesante sobre el uso que se le puede dar a la información proporcionada. A mi juicio, esto va más allá del ámbito de la transparencia y el acceso a la información pública. La legislación sobre transparencia no impone restricciones sobre cómo se puede utilizar la información obtenida; tales limitaciones se establecen en otras leyes, como la de protección de datos, así como en las normativas sobre propiedad industrial o intelectual, y en las legislaciones civil o penal que salvaguardan el derecho al honor y a la propia imagen. El destinatario de la información será responsable de su uso. Por lo tanto, es necesario analizar si el reclamante tiene derecho a obtener una copia completa del Proyecto de ejecución de la obra, o si existen limitaciones como las relacionadas con la propiedad intelectual, reguladas en el artículo 20.1.b), que protegen los derechos de creación y producción literaria, artística, científica y técnica. El artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual estipula que los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas e ingenierías son objeto de propiedad intelectual. Sin embargo, la Ley 23/2006, de 7 de julio, que modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, indica que no se requiere autorización del autor para reproducir o comunicar públicamente la obra con fines de seguridad pública o para el adecuado desarrollo de procedimientos administrativos. No obstante, queda por definir qué se entiende por "correcto desarrollo" de un procedimiento administrativo, lo que parece implicar el cumplimiento de los trámites necesarios para emitir una resolución administrativa. Con todo lo anterior en mente, es pertinente señalar que de la legislación de transparencia podrían deducirse ciertos límites al uso de la información obtenida mediante el derecho de acceso. No se puede difundir libremente la información cuando su acceso pueda causar perjuicio a alguno de los límites establecidos en los artículos 14 y 15, y, aun así, se conceda el acceso tras un juicio ponderado que considere especialmente las circunstancias subjetivas de quien solicita el acceso, la finalidad buscada o las garantías de confidencialidad que se ofrezcan. III. RESOLUCIÓN A tenor de lo expuesto, procede ESTIMAR, la presente reclamación por considerar que es información pública y debe ser concedido su acceso al reclamante.