Queja por acceso incompleto a certificados de prestación de servicios de un aspirante en el Ayuntamiento de Guadalajara y desestimación por falta de competencia del CRT

RESOLUCIÓN 30/2025 S/REF: 1398930J REF Interna RE083 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Guadalajara RESOLUCIÓN: Aclaración I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 24 de enero de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de queja, con registro de entrada nº83, ha sido presentado por PRIMERO: Con fecha 19 de diciembre se dicta resolución en relación con reclamación presentada por contra el Ayuntamiento de Guadalajara, en la que se DESESTIMA la misma por haber sido facilitada al reclamante, no obstante, siendo información pública y siendo el reclamante interesado en el procedimiento, en caso de no haber sido facilitada en su integridad se le insta al Ayuntamiento que debe facilitarla de manera completa. SEGUNDO: ante la indicada resolución el reclamante presenta escrito de queja, con fecha 24 de enero en la que indica lo siguiente: Buenos días hace unos días me notificaron en el expediente 1398930J que mi reclamación se desestimaba de no conformidad con la documentación aportada porque el ayuntamiento de Guadalajara ya me había dado el curriculum vitae aportado por el otro aspirante al proceso de provisión de puestos de trabajo como jefe de servicio contencioso administrativo de Guadalajara. Como recordarán en ese expediente 1398930J solicité que el CONSEJO DE TRANSPARENCIA reclamase al ayuntamiento que me diera la información que falta y que hasta la saciedad había pedido al ayuntamiento de Guadalajara, consistente en los CERTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL otro aspirante al puesto el , y concretamente el certificado que acreditaría estaba desempeñando el puesto de letrado en al tiempo de presentar su solicitud Lo sorprendente, es que el propio CONSEJO DE TRANSPARENCIA en el ejercicio de sus funciones, me diga que mi reclamación esta ya satisfecha, me desestima mi disconformidad con la documentación dada por el propio ayuntamiento (que se limita al CV de este señor y poco más) De hecho, el propio DEFENSOR DEL PUEBLO al que también pedí amparo, para proteger mis derechos fundamentales, me ha remitido a VDS. Así que NO tiene EXPLICACIÓN esta actuación del Consejo de Transparencia. LES ADJUNTO LA RECIENTE RESOLUCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO REMITIENDOME A VDS. para que cumplan con sus funciones legales. De hecho, les voy a poner en antecedentes EXISTE documentación que acreditaría que el otro aspirante el no estaba desempeñando el puesto de letrado en , tal y como ha venido afirmando el ayuntamiento de Guadalajara COMO UNO DE LOS ELEMENTOS DETERMINANTE según las bases del proceso para darle el puesto de letrado ofertado en el ayuntamiento de Guadalajara. Y probablemente NO EXISTA ese Certificado o el que EXISTE no se ajusta a la realidad, y con ello creo serán conscientes de la tremenda gravedad de los hechos, caso de evidenciarse los mismos. Así que les doy traslado de la RESOLUCION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO para que VDS consideren SI ESTAN CUMPLIENDO CON SU TRABAJO, que honestamente a todas luces es insuficiente, pues la DOCUMENTACION proporcionada no es la solicitada y Vd. lo saben Pido que y tengo derecho a que se identifique quien/es han participado en la tramitación del presente expediente y PIDO QUE SE CONTINUEN CON LAS ACTUACIONES. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: a efectos de analizar lo expresado en su escrito, en primer lugar indicar que tal como nos alega y acredita el Ayuntamiento de Guadalajara en sus comunicaciones, todo parece indicar que la información solicitada inicialmente ha sido entregada, posteriormente el reclamante presenta recurso ante el Ayuntamiento, y en él añade más puntos sobre los que cuestiona las valoraciones y solicita nuevas cuestiones. Tras ello y habiendo requerido nuevamente al reclamante, éste amplia su solicitud con puntos que originalmente no aparecen en la solicitud inicial de reclamación, cuestiones que como se fundamente en el informe y posterior resolución no se han tenido en cuenta. Además, el reclamante plantea una serie de cuestiones que vienen a cuestionar la actuación y valoración del tribunal calificador y del Ayuntamiento, que no son competencia de este CRT. Es conveniente aclarar en este punto las funciones atribuidas a este CRT, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y buen Gobierno de Castilla, son funciones de este Consejo Regional: a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley y formular recomendaciones para su mejor cumplimiento. b) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a las Cortes de Castilla- La Mancha y al Gobierno regional, un plan de trabajo anual y una memoria sobre su actividad el año anterior comprensiva del grado de cumplimiento de la normativa de transparencia y buen gobierno y de las recomendaciones y requerimientos que haya realizado. El plan de trabajo y la memoria se publicarán en el Portal de la Transparencia de las Cortes de Castilla-La Mancha. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos del Gobierno regional en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. d) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa. e) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, se le planteen en materia de transparencia y buen gobierno. f) Promover e impulsar campañas de divulgación en las materias propias de su competencia. g) Cuantas otras funciones se le asignen normativamente. Entre las funciones del CRT no se encuentra analizar resoluciones, valoraciones y actuaciones de la entidad que no se ajusten al contenido de la Ley, si existe o no certificado o si se ha tenido en cuenta o no, no es una función asignada al Consejo de Transparencia. SEXTO: Por último, hay que aclarar que la LTAIBG y La LTCLM, en sus artículos 24 y 64, respectivamente indican, que, las resoluciones dictadas por el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No ante el Defensor del pueblo, que como muy bien a indicado no es competencia de él analizar estas cuestiones, sino del Consejo de Transparencia, y al ser una resolución firme en todo caso la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. No obstante, hay que recalcar que en la resolución 280/2024 de este CRT se indica expresamente que de no estar completa la información facilitada al reclamante se insta al Ayuntamiento a conceder la misma, siempre que esta exista, no se puede obligar a una entidad a facilitar documentos de los que no dispone, y en caso de no existir no es competencia de este CRT entrar en valorar sus actuaciones en este sentido.