Reclamación de acceso a información sobre gestión de animales abandonados y colonias felinas en el Ayuntamiento de Almedina con resultado de archivo

RESOLUCIÓN 217/2025 S/REF: 1517268r Interna RE0500 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Almedina RESOLUCIÓN: ARCHIVAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 3 de junio de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Almedina. Este documento, con registro de entrada nº 500 ha sido presentado por PRIMERO: el 29 de abril 2025, , solicita ante el Ayuntamiento lo siguiente: “PETICIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA Expone: Teniendo en cuenta que los datos relativos a la gestión de animales abandonados se consideran información pública según la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Solicita: 1 ¿Cuántos gatos comunitarios gestiona su municipio? ¿De qué fecha es su último censo? 2 ¿Qué porcentaje está ya esterilizado? 3 ¿Tienen aprobado por pleno el plan de Gestión Ético de Colonias Felinas? ¿En qué fecha? 4 ¿Están chipando a los gatos comunitarios? En caso afirmativo ¿Qué porcentaje llevan chipados? 5 ¿Tienen partidas presupuestarias aprobadas para la gestión de gatos comunitarios y perros abandonados en 2025? ¿A cuánto ascienden las dedicadas al CER y las dedicadas a la recogida de animales abandonados? 6 Número de perros recogidos en 2024, número de gatos recogidos en 2024 7 Número de perros recogidos fallecidos en 2024 y número de gatos recogidos fallecidos en 2024 8 ¿Tiene el Ayuntamiento actualmente algún convenio o contrato con alguna entidad protectora, veterinario o empresa privada de recogida de animales? Nombrar cuáles. 9 ¿Tienen un servicio de recogida de animales contratado 24/7? 10 ¿Tienen un veterinario para emergencias contratado 24/7?”. SEGUNDO: el 2 de junio de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: “A la atención del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Por medio del presente escrito, interpongo reclamación por falta de respuesta a la solicitud presentada el 29-02- 2025 a través del registro electrónico (REDSARA), dirigida al Ayuntamiento de Almedina .Adjunto justificante de envío emitido por el sistema REDSARA, en el que consta como “enviado” pero, hasta la fecha, no ha sido marcado como “recibido” por el órgano destinatario. Entiendo que, conforme a los principios de buena administración, la falta de recogida del documento por parte del destinatario no puede impedir ni suspender el ejercicio de mi derecho de acceso a la información pública ni eximir a la administración de su deber de responder. Por ello, solicito que el Consejo valore esta reclamación y requiera al órgano competente para que atienda la solicitud presentada.” TERCERO: Con fecha 16 de junio y posteriormente el 2 de julio de lleva a cabo un requerimiento al sujeto reclamado, recibiendo contestación con fecha 3 de julio, indicando que se ha procedido a dar traslado de la contestación a la reclamante, aportando justificante de notificación. CUARTO: con fecha 10 de julio la reclamante manifiesta que no desiste ya que ha sido contestado fuera de plazo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional Cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su Sector Público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: En primer lugar, hay que indicar que lo solicitado en relación con las políticas de protección animal sí entra dentro del concepto de información pública previsto en la LTAIBG. En este sentido, puede resultar ilustrativo citar, entre otros, el artículo 1.2 b) del Convenio del Consejo de Europa núm. 205 sobre el acceso a los documentos públicos, que se refiere a «toda la información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades». Para la Oficina Antifraude de Cataluña, partiendo de la definición que a la «información» le otorga la RAE, señala en «Estudio relativo al Derecho de acceso a la información pública y transparencia (febrero de 2013)» que habría que hacer una distinción entre los conceptos «datos», «información» y «conocimiento». La noción de información va mucho más allá de la mera obtención de datos aislados, desprovistos de valor per se. La información implica un mensaje que tenga sentido y que permita a su destinatario —haciendo valer su inteligencia y experiencia previas— adoptar decisiones con conocimiento de causa. Para la citada Oficina, en cuanto a la información pública, se trata de información que se halla en poder de cualquiera de los sujetos obligados por la LTBG 19/2013, ya la tengan «como poseedores, con independencia de que esta posesión sea directa o indirecta, de tal manera que un sujeto obligado, poseerá información no sólo cuando ésta se encuentre dentro de su órbita material de actuación, sino también cuando quien la tenga materialmente sea un tercero particular vinculado a un sujeto obligado (por prestar un servicio público, desarrollar una actividad administrativa o recibir financiación pública) y el sujeto obligado conserve su control, responsabilidad y/o disposición». Por lo anterior la solicitud de información de las políticas de protección animal del Ayuntamiento sí sería información pública. De la definición que presenta el art. 13 de la LTBG 19/2013 podemos extraer tres elementos inherentes: 1. La información ha de existir en el momento en que se ejercite el derecho y obrar en poder del sujeto al que se requiere. 2. La información ha de constreñirse a contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte. 3. La información debe haberse elaborado o adquirido, en el ejercicio de las funciones del sujeto que recibe la solicitud. SEXTO: El artículo 20 de la LTAIBG, en relación con el artículo 33.3 de la Ley 4/2016 de Castilla-La Mancha, establece que el plazo máximo para resolver una solicitud de acceso es de un mes, ampliable a dos meses previa notificación al solicitante cuando la complejidad o volumen de la información lo justifiquen. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, se entiende desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo. Si bien el Ayuntamiento no emitió resolución formal dentro del plazo legal, procedió a facilitar la información solicitada de manera extemporánea, aunque sin invocar previamente la ampliación del plazo y ante el requerimiento efectuado por este CRT. Este Consejo Regional de Transparencia (CRT) no admite la figura de "estimación por motivos formales", al no estar prevista en el ordenamiento jurídico aplicable. El silencio administrativo negativo no habilita automáticamente la estimación de la reclamación, sino que abre la vía para recurrir ante este órgano garante. En este caso, al haberse proporcionado finalmente la información completa y no existir desistimiento expreso de la reclamante, el CRT opta por archivar la reclamación por carecer ya de objeto, sin perjuicio de instar al Ayuntamiento a cumplir estrictamente los plazos en futuras actuaciones. El cumplimiento de los plazos legales es esencial para garantizar la seguridad jurídica y la eficacia del derecho de acceso a la información. La Ley permite ampliar el plazo de resolución, pero dicho trámite debe comunicarse formalmente al solicitante, tal como exige el artículo 20 LTAIBG. Se insta al Ayuntamiento a que, en el futuro, notifique debidamente las ampliaciones de plazo cuando sea necesario, ajustándose a los requisitos legales. Ello evitaría reclamaciones derivadas de retrasos injustificados y promovería una gestión más diligente. III. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por el reclamante y en base a los fundamentos jurídicos expuestos, se resuelve: ARCHIVAR la reclamación presentada, en consideración a que el Ayuntamiento, a pesar de haber actuado fuera de los plazos legales, facilitó finalmente la información, subsanando así el fondo del asunto. Se valora positivamente su disposición para cumplir con el derecho de acceso, aunque se recuerda la importancia de respetar los tiempos establecidos.