Inadmisión de reclamación por falta de respuesta a denuncia de irregularidades en el Ayuntamiento de Munera

RESOLUCIÓN 93/2025 S/REF:1446854W REF Interna RE0227 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Consejería Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Viceconsejería de Administración Local (JCCM) RESOLUCIÓN: INADMITIR l. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 7 de marzo de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de queja presentado por , con registro de entrada nº 0227 contra la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa. PRIMERO: con fecha 7 de marzo de 2025, el reclamante presenta escrito de queja ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla­ La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone, de manera literal, que el motivo de esta es:" Asunto: Falta de respuesta de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa a denuncia sobre irregularidades en el Ayuntamiento de Munera Con la presente queja, solicito la intervención del Consejo Regional ante la falta de respuesta de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa a una denuncia presentada el 5 de diciembre de 2024. En dicha denuncia, expuse irregularidades relacionadas con el nombramiento de , hermano del alcalde, como secretario interventor accidental, quien podría tener responsabilidad política directa en este proceso. Estimados miembros del Consejo Regional, En mi calidad de portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Munera, me dirijo a ustedes para formalizar esta queja ante la pasividad mostrada por la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa respecto a la denuncia presentada el 5 de diciembre de 2024. Hasta la fecha actual, han transcurrido más de tres meses sin recibir respuesta. La denuncia en cuestión detalla las siguientes irregularidades y solicitudes: 1. Nombramiento del hermano del alcalde como secretario inteNentor accidental: Dicho nombramiento fue aprobado por la Viceconsejería el 26 de noviembre de 2024, a pesar de que esta persona ha ejercido el cargo desde mayo de 2019 sin un nombramiento válido. 2. Incumplimiento del marco legal: El ejercicio prolongado e irregular del cargo contraviene el artículo 49 del Real Decreto 128/2018, que regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local. 3. Permisividad del secretario titular: permitió esta situación irregular, contraviniendo los principios de control administrativo. 4. Falta de idoneidad: Existen funcionarios en el Ayuntamiento con mayores méritos y capacidades para desempeñar el cargo. 5. Conflicto de intereses y percepción de nepotismo: La relación familiar entre el alcalde y el funcionario compromete la transparencia del proceso y puede ser interpretada como un acto de nepotismo según la Ley 19/2013. 6. Criterios de mérito y capacidad: Esta situación parece ignorar los principios básicos de igualdad, mérito y capacidad establecidos en la normativa de empleo público. Por todo lo expuesto, solicito: 1. Investigar y depurar las responsabilidades administrativas y políticas que correspondan, incluidas las del alcalde y el secretario titular. 2. Evaluar la validez legal de los actos firmados por el secretario interventor accidental desde mayo de 2019, dado que ha estado ejerciendo sin un nombramiento oficial de la Viceconsejería. 3. Garantizar que se adopten las medidas necesarias para restablecer la legalidad en el Ayuntamiento de Munera. Considerando la falta de respuesta por parte de la Viceconsejería y en virtud de mi derecho a obtener una respuesta a mi denuncia, solicito al Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha que intervenga para garantizar que se dé respuesta a mi denuncia y se investiguen las irregularidades denunciadas. Agradeciendo de antemano su atención a esta queja, quedo a su disposición para cualquier información adicional que consideren necesaria." 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional Cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su Sector Público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública" en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: Para la Oficina Antifraude de Cataluña, partiendo de la definición que a la «información» le otorga la RAE, señala en «Estudio relativo al Derecho de acceso a la información pública y transparencia (febrero de 2013)» que habría que hacer una distinción entre los conceptos «datos», «información» y «conocimiento». La noción de información va mucho más allá de la mera obtención de datos aislados, desprovistos de valor per se. La información implica un mensaje que tenga sentido y que permita a su destinatario -haciendo valer su inteligencia y experiencia previas- adoptar decisiones con conocimiento de causa. Para la citada Oficina, en cuanto a la información pública, se trata de información que se halla en poder de cualquiera de los sujetos obligados por la LTBG 19/2013, ya la tengan «como poseedores, con independencia de que esta posesión sea directa o indirecta, de tal manera que un sujeto obligado, poseerá información no sólo cuando ésta se encuentre dentro de su órbita material de actuación, sino también cuando quien la tenga materialmente sea un tercero particular vinculado a un sujeto obligado (por prestar un servicio público, desarrollar una actividad administrativa o recibir financiación pública) y el sujeto obligado conserve su control, responsabilidad y/o disposición». Igualmente, ya se ha plasmado que no es información pública peticiones que lo que persiguen es obtener una valoración o pronunciamiento institucional sobre una concreta cuestión (por ejemplo; preguntas o explicaciones sobre la posición de la entidad acerca de la aplicación de una norma, sobre la celebración de un evento), tampoco se considera una solicitud en el ejercicio de este derecho aquella que efectúa preguntas retóricas que no buscan realmente obtener información que la Administración tenga en su poder, sino, el pronunciamiento de la misma sobre una cuestión o consultas sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto, emitir criterios, o aclaraciones de la normativa aplicable, dado que, se trata de información inexistente a la fecha de la solicitud, tampoco consultas sobre información de carácter puramente administrativo o de funcionamiento o presentación de denuncias (por ejemplo; quejas sobre el estado de la calzada, por los cortes de tráfico). A título de ejemplo citar Resolución de la Comisión de Garantía de acceso a la información pública de Cataluña ( GAIP) 698/2023, de 27 de julio, Reclamación 635/2023 1 , que pretenden obtener una aclaración, explicación o respuesta a una pregunta, consulta o duda jurídica (ya lo sea sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto); el posicionamiento a adoptar, la obtención de criterios de valoración o interpretativos de actuación; así como obtener 2023/20230727_Resolucio_698_2023_perdua_objecte_635_2023_CAST.pdf explicaciones o aclaraciones sobre la información recibida toda vez que por su contenido sea muy compleja y/o técnica la información recibida. No hallan encaje en el concepto de información pública aquellas solicitudes que versen sobre cómo llevar a cabo un trámite administrativo, ni consultas sobre el funcionamiento habitual de la Administración o sobre la concreta normativa que sea la aplicable a un expediente o actividad administrativa. A estas pretensiones no responde el objeto de la LTAIBG deberán encauzarse a través de las oficinas de información, asistencia y atención al ciudadano. Por todo lo expuesto la petición de motivos o explicaciones no es considerado reclamación de acceso a la información pública. SEXTO: Por otro lado, quiero destacar que son funciones de este CRT, según el artículo 63 de la Ley de Transparencia de Castilla-La Mancha: a) Adoptar criterios de interpretación uniforme de las obligaciones contenidas en esta ley y formular recomendaciones para su mejor cumplimiento. b) Aprobar y remitir, en el primer trimestre de cada año, a las Cortes de Castilla­ La Mancha y al Gobierno regional, un plan de trabajo anual y una memoria sobre su actividad el año anterior comprensiva del grado de cumplimiento de la normativa de transparencia y buen gobierno y de las recomendaciones y requerimientos que haya realizado. El plan de trabajo y la memoria se publicarán en el Portal de la Transparencia de las Cortes de Castilla-La Mancha. c) Informar preceptivamente los proyectos normativos del Gobierno regional en materia de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. d) Resolver las reclamaciones contra las resoluciones en materia de acceso a la información pública, con carácter previo a su impugnación en la jurisdicción contencioso-administrativa. e) Responder a las consultas que, con carácter facultativo, se le planteen en materia de transparencia y buen gobierno. f) Promover e impulsar campañas de divulgación en las materias propias de su competencia. g) Cuantas otras funciones se le asignen normativamente. Analizada la queja presentada por el interesado, indicar en primer lugar que manifiesta una queja por no haber resuelto en tiempo y forma la Viceconsejería un expediente de denuncia de irregularidades, cuestión que nada tiene que ver con la reclamación de acceso a información pública prevista en la LTAIBG. Por lo que la cuestión no tiene encaje en la ley de transparencia sino más bien en ley de Procedimiento Administrativo Común. Por ello este CRT no tiene competencias para analizar cuestiones de este tipo ni potestad para analizar cuestiones de responsabilidad administrativa que pertenecen a otro orden jurisdiccional. 111. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por la reclamante y en base a los fundamentos jurídicos expuestos, se resuelve: INADMITIR la presente reclamación por no ser considerada información pública ni ser competencia del CRT, ni objeto de la ley de transparencia.