Reclamación de acceso a expedientes de contratos de servicios de defensa del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares desestimada por inexistencia de la información en el archivo provincial

RESOLUCIÓN 4/2025 S/REF: 1399902J REF Interna RE0631 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Archivo histórico Provincial de Guadalajara Resolución: DESESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 25 de 2024, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Archivo Histórico Provincial de Guadlajara. Este documento, con registro de entrada nº 631, ha sido presentado por . PRIMERO: El 13 de octubre de 2024, , solicita ante el archivo Histórico Provincial, “Acceso presencial, o copia digital sin coste, a los expedientes de contratos de servicios de defensa y representación en juicio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares entre las fecha 1 de junio de 2007 y 1 de julio de 2015.” SEGUNDO: El 25 de noviembre de 2024, el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación expone que no ha recibido contestación a la misma y solicita intervención del Consejo al efecto de que se facilite lo solicitado. TERCERO: Con fecha 27 de noviembre de 2024, se realiza un requerimiento al Archivo Histórico Provincial de Guadalajara instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por CUARTO: El 19 de diciembre de 2024, este CRT recibe dentro del plazo la respuesta al requerimiento efectuado, en la que se exponen lo siguiente: “que certifica que en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, no consta la documentación solicitada por el reclamante (expedientes de contratos de servicios de defensa y representación en juicio del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, entre el 1 de junio de 2007 y el 1 de julio del 2015.) Por la tipología y naturaleza del procedimiento administrativo, y en virtud de las competencias y funciones de los archivos de las distintas administraciones públicas, según la legislación vigente, esta documentación solicitada por el reclamante no se transfieres al archivo histórico provincial de Guadalajara.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: en relación con la reclamación presentada, la Administración reclamada ya ha puesto de manifiesto que la información no obra en su poder ya que ese tipo de documentación no es remitida al Archivo Histórico Provincial. Conviene recordar que el artículo 13 de la LTAIBG antes transcrito, determina que el objeto del derecho de acceso a la información pública son los contenidos o documentos que obren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, por lo que, la existencia previa de la información en su ámbito de competencias es condición necesaria para el reconocimiento del derecho. La Resolución 315/2016 del Consejo de Transparencia y Buen gobierno, de 6 de octubre, indica que el artículo 18.1.d) es aplicable “cuando el órgano al que se dirige la solicitud, además de no disponer de la información, desconoce el órgano que puede disponer de ella”, pues ante “las solicitudes indebidamente recibidas por un organismo cuando es competencia de otro deben ser redirigidas por aquél a éste” en cumplimiento del artículo 19.1. Lo contrario, aclara el Consejo, impondría “al solicitante la carga adicional de tener que presentar una nueva solicitud, con la implicación que ello tiene, especialmente una dilación injustificada en el reconocimiento de su derecho de acceso a la información pública”. En conclusión, los artículos 18.1.d) y 19.1 de la LTBG regulan “situaciones diferentes en las que el criterio diferenciador sería, precisamente, el desconocimiento o no del órgano que dispone de la información solicitada”; interpretación ya compartida por algún pronunciamiento judicial. Obvian, sin embargo, esas resoluciones cualquier consideración sobre la previsión relativa a que la resolución sobre la inadmisión deba ir acompañada de la indicación del órgano “a su juicio competente”, más allá, si acaso, de la simple reproducción de la norma. Interesa advertir, además, que la doctrina expuesta parece suceder a una anterior, en la que el Consejo, sin plantearse, como hará más tarde, las conexiones existentes entre los artículos 18.1.d) y 19.1, considera correctamente apreciada la causa de inadmisión con indicación, de conformidad con el primero de los preceptos, del “órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud”. A mayor abundamiento, conviene destacar que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible. En este caso, la Administración ha declarado la inexistencia de lo solicitado. Como ejemplos de esta jurisprudencia se pueden citar varias sentencias a modo de ejemplo: 1. Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2019 (STS 548/2019), en la que se establece que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible, y no obliga a la administración a crear documentos nuevos ni a proporcionar información que no posee, cuestión que puede aplicarse al caso que nos ocupa. 2. Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 2018 (STS 1594/2018), en ella el Tribunal Supremo se reafirma que el derecho de acceso a la información pública debe ejercerse sobre información existente y disponible, y no obliga a la administración a crear documentos nuevos ni a proporcionar información que no posee y subraya que las administraciones públicas deben actuar con diligencia para facilitar el acceso a la información, pero dentro de los límites de la información que ya tienen. En el caso que nos ocupa lo solicitado es información que no debe ser remitida por su naturaleza al Archivo histórico, por lo que deberá solicitarse al Ayuntamiento que tramitó la información solicitada. III. RESOLUCIÓN A tenor de lo expuesto, procede DESESTIMAR la solicitad presentada al no ser información en poder de la Administración reclamada.