Solicitud de información sobre adquisición de parcela y posibles conflictos de interés del alcalde

RESOLUCIÓN 65/2025 S/REF: 1418224F REF Interna RE0047 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Porzuna {Ciudad Real) RESOLUCIÓN: DESESTIMAR l. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 14 de enero de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Porzuna. Este documento, con registro de entrada nº 0047 ha sido presentado por PRIMERO: el 11 de noviembre de 2024, , solicita ante el Ayuntamiento de Porzuna lo siguiente: "Me dirijo a usted siguiendo lo establecido en la Resolución 181/2024 del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. El propio Consejo señala en su resolución que las actuaciones relacionadas con la parcela 389 del polígono 204 ''pueden ser más incompatibles o chocar con el ámbito de actuación de la Alcaldía y no de su condición de Diputado". Entiendo que la compra de una parcela es una decisión personal y privada. Sin embargo, las circunstancias específicas de esta adquisición -una parcela previamente excluida de proyecto solar Picón I mediante documento firmado por usted mismo, y de la qu conocía su potencial por la futura expansión de la planta solar, como ha reconocido en más de un pleno- plantean una situación que, como señala el propio Consejo, merece ser aclarada para evitar cualquier duda sobre posibles conflictos de intereses o uso d información privilegiada. Soy consciente de que podría solicitar formalmente toda la documentación oficial a Ayuntamiento para establecer la secuencia temporal de decisiones, verificar la declaraciones de bienes presentadas (le recuerdo que le falta enviarme la de 2015), comprobar las actas donde se trató el asunto y examinar los expedientes completos tanto de la exclusión de la parcela como de las posteriores modificaciones del proyect solar, etc, etc.. Sin embargo, prefiero dirigirme primero a usted directamente, confía en que podrá explicar las circunstancias de esta situación. En un momento en que nuestro Ayuntamiento atraviesa tantas dificultades, entenderá que es especialment importante mantener la confianza en quienes estáis gestionando Por ello, le agradecería que pudiera explicar: 1. ¿En qué fecha y por qué importe adquirió la parcela 389 del polígono 204 (ref. catastral 13065D204003890000PD)? 2. ¿Por qué se excluyó esta parcela del proyecto de planta solar Picón I mediante documento firmado por usted como alcalde. 3. ¿En qué fecha exacta se firmó la exclusión de la parcela del proyecto solar cuánto tiempo después se realizó su compra? 4. ¿ Qué información tenía sobre el potencial de estos terrenos en virtud de su cargo como alcalde antes de realizar la compra? 5. ¿ Cómo gestionó el posible conflicto de intereses entre su posición como alcalde su interés privado en la compra? 6. ¿Informó al pleno municipal sobre esta operación? Si es así, ¿en qué fecha? 7. ¿Ha participado usted en alguna decisión municipal posterior que afecte a esta parcela o al proyecto-ampliación de la planta solar? ¿ Y qué información tiene sobre dicha ampliación?" SEGUNDO: el 14 de enero de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: "NO RECIBO RESPUESTA, NI SE ABRE EXPENDIENTE ALGUNO AL RESPECTO". TERCERO: Con fecha 17 de enero de 2025, se realiza un requerimiento al Ayuntamiento instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por CUARTO: con fecha 13 de febrero el Ayuntamiento remite contestación en la que manifiesta lo siguiente: "La cuestión aludida se produce en mi ámbito privado, a tal efecto solicite Informe al Sr. Secretario-Interventor sobre la posibilidad de adquirir una parcela, Informe que se adjunta." 11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional Cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su Sector Público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la "información pública" en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: en relación con el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la contestación dada por el Ayuntamiento, es relevante en primer lugar definir que es o no información pública. Para la Oficina Antifraude de Cataluña, partiendo de la definición que a la «información» le otorga la RAE, señala en «Estudio relativo al Derecho de acceso a la información pública y transparencia (febrero de 2013)» que habría que hacer una distinción entre los conceptos «datos», «información» y «conocimiento». La noción de información va mucho más allá de la mera obtención de datos aislados, desprovistos de valor per se. La información implica un mensaje que tenga sentido y que permita a su destinatario -haciendo valer su inteligencia y experiencia previas- adoptar decisiones con conocimiento de causa. Para la citada Oficina, en cuanto a la información pública, se trata de información que se halla en poder de cualquiera de los sujetos obligados por la LTBG 19/2013, ya la tengan «como poseedores, con independencia de que esta posesión sea directa o indirecta, de tal manera que un sujeto obligado, poseerá información no sólo cuando ésta se encuentre dentro de su órbita material de actuación, sino también cuando quien la tenga materialmente sea un tercero particular vinculado a un sujeto obligado (por prestar un servicio público, desarrollar una actividad administrativa o recibir financiación pública) y el sujeto obligado conserve su control, responsabilidad y/o disposición». Igualmente, ya se ha plasmado que no es información pública peticiones que lo que persiguen es obtener una valoración o pronunciamiento institucional sobre una concreta cuestión (por ejemplo; preguntas o explicaciones sobre la posición del Ayuntamiento acerca de la aplicación de una norma, sobre la celebración de un evento), tampoco se considera una solicitud en el ejercicio de este derecho aquella que efectúa preguntas retóricas que no buscan realmente obtener información que la Administración tenga en su poder, sino, el pronunciamiento de la misma sobre una cuestión o consultas sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto, emitir criterios, o aclaraciones de la normativa aplicable, dado que, se trata de información inexistente a la fecha de la solicitud. (por ejemplo; entrada en vigor de los acuerdos del Pleno, explicaciones acerca de la elaboración de una Ordenanza sobre un tema concreto, aplicabilidad de una Ordenanza a un supuesto concreto), tampoco consultas sobre información de carácter puramente administrativo o de funcionamiento. (por ejemplo; cómo realizar un trámite administrativo de empadronamiento, información sobre talleres culturales) o formulación de quejas y sugerencias, para lo que existe otro canal municipal, o presentación de denuncias (por ejemplo; quejas sobre el estado de la calzada, por los cortes de tráfico). A título de ejemplo citar Resolución de la Comisión de Garantía de acceso a la Información Pública de Cataluña ( GAIP) 698/2023, de 27 de julio, Reclamación 635/2023 1 , que pretenden obtener una aclaración, explicación o respuesta a una pregunta, consulta o duda jurídica (ya lo sea sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto); el posicionamiento a adoptar, la obtención de criterios de valoración o interpretativos de actuación; así como obtener explicaciones o aclaraciones sobre la información recibida toda vez que por su contenido sea muy compleja y/o técnica la información recibida. Lo solicitado en estos casos, puede envolverse en una pregunta, en realidad si lo requerido constituye información en disposición del sujeto, debe proporcionarse y no encajaría en obtener un posicionamiento, sino información pública. En esta línea se razona en la STSJ de Santa Cruz de Tenerife, 117/2018, de 8 de mayo (recurso 136/2017) al señalar: «La pregunta es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor y buena prueba de ello, es seguir las indicaciones del Ayuntamiento y ver la publicación del Anuncio en el BOP cuya parte dispositiva tiene dos apartados:». 2023/20230727_Resolucio_698_2023_perdua_objecte_635_2023_CAST.pdf Analizado lo anterior existen entre las cuestiones planteadas por el reclamante varias que son exclusivas del ámbito privado del Alcalde que no tienen condición de información pública. Igualmente, en el informe de Secretaría queda reflejado que no existe régimen de incompatibilidades. Por lo anterior se considera que no es objeto de información pública las cuestiones planteadas por el reclamante y no se ajusta al objeto de la ley al entrar en el ámbito privado del Alcalde. ¡ 111. RESOLUCIÓN En lo que se refiere a lo solicitado DESESTIMAR la misma por no ser considerada información pública en los términos del fundamento jurídico quinto.