Reclamación de acceso a información urbanística sobre licencias de arrendamiento de jardín en Toledo, desestimada por ser una consulta jurídica

RESOLUCIÓN 165/2025 S/REF: 1428330R Interna RE0476 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Toledo RESOLUCIÓN: DESESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 29 de mayo de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido al Ayuntamiento de Toledo. Este documento, con registro de entrada nº 476, ha sido presentado por PRIMERO: el 5 de marzo del 2025, solicita ante el Ayuntamiento reclamado,” con domicilio a efectos de notificaciones en el Calle , y en su nombre y representación , con N.I.F. como representante de la misma en su condición de administrador único, según tengo debidamente acreditado ante este Ayuntamiento, y cuya identidad y representación también acredita el certificado digital con el que se firma el presente escrito, con dirección de correo electrónico a efectos del aviso de puesta a disposición de notificaciones electrónicas, ante este órgano comparezco y como mejor proceda DIGO: Que mediante el presente escrito y al amparo de lo dispuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, formulo la siguiente SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACIÓN PUBLICA de la que dispone este Ayuntamiento, con base en los siguientes hechos: Primero: es la propietaria del inmueble urbano con referencia catastral 2823501VK1122D0001II, conocido como “Cigarral de San Lucas o Jardín de los Doctrinos”, situado en , en el interior del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo, con licencia de primera utilización concedida mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo en sesión ordinaria celebrada el día 7 de mayo de 2024, en la que fue declarada la “conformidad de las obras ejecutadas por . consistentes en rehabilitación de Cigarral para tres viviendas, en con la documentación técnica aprobada, la legislación y el planeamiento urbanístico de aplicación, surtiendo plenos efectos la Declaración Responsable de Primera Utilización presentada por el interesado.” Segundo: El citado inmueble, conforme al proyecto “as built” que fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo en fecha 18/04/2024, posee un espacio libre o jardín de aprox. 1.500 m2, que se desarrolla a lo largo de los tres niveles de que consta la propiedad. Tercero: tiene la intención de arrendar por horas a terceros el jardín de la propiedad bajo el régimen jurídico de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos para que, dichos terceros, puedan realizar por sí mismos eventos ocasionales de carácter privado que no implique ni actividad económica ni prestación de servicios, ni tampoco acceso de público en general (ni siquiera con entrada gratuita), con un máximo de 150 personas y con expresa prohibición de pago de precio o contraprestación alguna por parte de las personas invitadas por el arrendatario al evento privado. Y en base a lo expuesto anteriormente y al amparo de lo dispuesto en el art. 53.1 f) Ley 39/2015, formulo a ese Ayuntamiento la siguiente solicitud de información pública: 1ª.- Se me informe de si para poder suscribir un arrendamiento en los términos expuestos, ¿resulta necesario que “ obtenga previamente del Ayuntamiento algún tipo de autorización, licencia, título habilitante o realice algún tipo de comunicación previa o declaración responsable? 2ª.- En caso afirmativo, se me informe de ¿cuál es la concreta base legal o normativa por la que resultaría obligado obtener previamente dicha autorización, licencia, título habilitante o realizar algún tipo de comunicación previa o declaración responsable? Por lo expuesto, SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, se digne admitirlo, y en méritos de lo contenido en el cuerpo de este, acuerde el acceso a la información solicitada, todo ello a la mayor brevedad.” SEGUNDO: el 29 de mayo de 2025, el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone, de manera literal, que el motivo de esta es: " Formulo reclamación ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Toledo a una previa solicitud de información pública realizada al mismo en fecha 05/03/2025 (adjunto copia del escrito de solicitud al que me remito y doy por reproducido íntegramente, pues en el mismo constan los motivos de mi solicitud), pues considero que no existe límite alguno aplicable al acceso a la solicitud que en su día realice, ya que se trata de acceder a determinada información urbanística municipal que se menciona en mi escrito de solicitud, la cual dispone el Ayuntamiento por ser quien ejercita tales competencias y funciones.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional Cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su Sector Público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: a efectos de analizar la reclamación presentada lo primero que conviene destacar es que la solicitud presentada, ya fue objeto de resolución con fecha 26 de febrero RESOLUCIÓN 43/2025, en los mismos términos, y debemos corroborar lo mismo dicho entonces que es una consulta en la que se plantean varias preguntas y no una reclamación de información pública. En este sentido, puede resultar ilustrativo citar, entre otros, el artículo 1.2 b) del Convenio del Consejo de Europa núm. 205 sobre el acceso a los documentos públicos, que se refiere a «toda la información registrada (archivada) de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de las autoridades públicas». Para la Oficina Antifraude de Cataluña, partiendo de la definición que a la «información» le otorga la RAE, señala en «Estudio relativo al Derecho de acceso a la información pública y transparencia (febrero de 2013)» que habría que hacer una distinción entre los conceptos «datos», «información» y «conocimiento». La noción de información va mucho más allá de la mera obtención de datos aislados, desprovistos de valor per se. La información implica un mensaje que tenga sentido y que permita a su destinatario —haciendo valer su inteligencia y experiencia previas— adoptar decisiones con conocimiento de causa. Para la citada Oficina, en cuanto a la información pública, se trata de información que se halla en poder de cualquiera de los sujetos obligados por la LTBG 19/2013, ya la tengan «como poseedores, con independencia de que esta posesión sea directa o indirecta, de tal manera que un sujeto obligado, poseerá información no sólo cuando ésta se encuentre dentro de su órbita material de actuación, sino también cuando quien la tenga materialmente sea un tercero particular vinculado a un sujeto obligado (por prestar un servicio público, desarrollar una actividad administrativa o recibir financiación pública) y el sujeto obligado conserve su control, responsabilidad y/o disposición». Igualmente, ya se ha plasmado que no es información pública peticiones que lo que persiguen es obtener una valoración o pronunciamiento institucional sobre una concreta cuestión (por ejemplo; preguntas o explicaciones sobre la posición del Ayuntamiento acerca de la aplicación de una norma, sobre la celebración de un evento), tampoco se considera una solicitud en el ejercicio de este derecho aquella que efectúa preguntas retóricas que no buscan realmente obtener información que la Administración tenga en su poder, sino, el pronunciamiento de la misma sobre una cuestión o consultas sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto, emitir criterios, o aclaraciones de la normativa aplicable, dado que, se trata de información inexistente a la fecha de la solicitud. (por ejemplo; entrada en vigor de los acuerdos del Pleno, explicaciones acerca de la elaboración de una Ordenanza sobre un tema concreto, aplicabilidad de una Ordenanza a un supuesto concreto), tampoco consultas sobre información de carácter puramente administrativo o de funcionamiento. (por ejemplo; cómo realizar un trámite administrativo de empadronamiento, información sobre talleres culturales) o formulación de quejas y sugerencias, para lo que existe otro canal municipal, o presentación de denuncias (por ejemplo; quejas sobre el estado de la calzada, por los cortes de tráfico). A título de ejemplo citar Resolución de la Comisión de Garantía de acceso a la información pública de Cataluña ( GAIP) 698/2023, de 27 de julio, Reclamación 635/2023 1, que pretenden obtener una aclaración, explicación o respuesta a una pregunta, consulta o duda jurídica (ya lo sea sobre la normativa aplicable a un determinado supuesto); el posicionamiento a adoptar, la obtención de criterios de valoración o interpretativos de actuación; así como obtener explicaciones o aclaraciones sobre la información recibida toda vez que por su contenido sea muy compleja y/o técnica la información recibida. Lo solicitado en estos casos, puede envolverse en una pregunta, en realidad si lo requerido constituye información en disposición del sujeto, debe proporcionarse y no encajaría en obtener un posicionamiento, sino información pública. En esta línea se razona en la STSJ de Santa Cruz de Tenerife, ) al señalar: «La pregunta es clarísima por parte de un ciudadano, que en este caso es afectado por dicho plan, en su finca y paga sus impuestos municipales. Se pregunta si el plan se aprobó y si ha entrado en vigor, y eso no es ninguna opinión jurídica sino una realidad formal que el ayuntamiento tiene la obligación de conocer y el administrado el derecho de saber; pues no es lo mismo aprobar un Plan, que hacerlo entrar en vigor y buena prueba de ello, es seguir las indicaciones del Ayuntamiento y ver la publicación del Anuncio en el BOP cuya parte dispositiva tiene dos apartados: ». No hallan encaje en el concepto de información pública aquellas solicitudes que versen sobre cómo llevar a cabo un trámite administrativo, ni consultas sobre el funcionamiento habitual de la Administración o sobre la 2023/20230727_Resolucio_698_2023_perdua_objecte_635_2023_CAST.pdf concreta normativa que sea la aplicable a un expediente o actividad administrativa. A estas pretensiones no responde el objeto de la LTAIBG deberán encauzarse a través de las oficinas de información, asistencia y atención al ciudadano. III. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por la reclamante y en base a los fundamentos jurídicos expuestos, se resuelve: DESESTIMAR la presente reclamación por no ser considerada información pública sino más bien consulta o pregunta que debe ser tramitada por otra vía que no es la prevista en la LTAIBG además de reiterativa porque ya fue objeto de resolución con anterioridad.