Reclamación de un concejal por falta de respuesta a solicitudes de acceso a expedientes y datos de personal en la Mancomunidad Campo de Montiel, resuelta con estimación

RESOLUCIÓN 481/2025 S/REF: 1552912Y Ref. Interna: 689 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Mancomunidad Campo de Montiel RESOLUCIÓN: ESTIMAR I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 28 de junio de 2025, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra la Mancomunidad Campo de Montiel. Este documento, con registro de entrada nº 0689 ha sido presentado por en calidad de concejal. PRIMERO: el 22 y 29 de mayo de 2025, , solicita ante la Mancomunidad lo siguiente: “Que, en fecha 22 de mayo de 2025, presenté solicitud de acceso al expediente n.º 1335882R, relativo al Pleno Extraordinario 1/2024, de 22 de julio de 2024, registrada con el número de entrada 25/2025. 2. Que, en fecha 29 de mayo de 2025, presenté solicitud de información sobre la adscripción municipal del funcionario encargado de la grabación contable en el expediente n.º 1457088J "Presupuesto General 2025", registrada con el número de entrada 28/2025. 3. Que ambas solicitudes se formularon en el ejercicio de mis funciones como miembro del Pleno, conforme al artículo 77 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que reconoce el derecho de los miembros de las corporaciones locales a obtener cuantos antecedentes, datos e informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. 4. Que el citado artículo 77 establece que la solicitud debe ser resuelta motivadamente en el plazo de cinco días naturales desde su presentación. 5. Que, transcurrido sobradamente dicho plazo, no he recibido respuesta expresa ni motivada a ninguna de mis solicitudes, ni se me ha facilitado el acceso a la documentación requerida”. SEGUNDO: el 28 de junio de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: “Denuncia por falta de respuesta a solicitudes de acceso a información y documentación ante la Mancomunidad Campo de Montiel, en archivo PDF adjunto.” TERCERO: Con fecha 14 de julio de 2025, se realiza un requerimiento a la Mancomunidad instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por no habiendo recibido respuesta a fecha actual. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: En primer lugar, conviene precisar que el reclamante, en su condición de concejal, ejerce su derecho de acceso a la información en virtud de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Dicha norma reconoce a todos los miembros de las Corporaciones Locales el derecho a obtener del alcalde, Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Por tanto, existe un derecho subjetivo del corporativo al acceso a la documentación municipal, que debe ser facilitado por la Alcaldía mediante la puesta a disposición de los expedientes administrativos concretos solicitados. Si bien la solicitud se fundamenta en la LRBRL, la doctrina y la jurisprudencia han avalado la aplicación supletoria de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG) en estos supuestos. Así, el Tribunal Supremo, en su sentencia STS 2876/2015 (referida a representantes autonómicos, pero plenamente aplicable al ámbito local), ha señalado que, tras la entrada en vigor de la LTAIBG, el derecho de acceso de los cargos representativos a la información pública se ve reforzado, debiendo contar con medios que no solo no sean inferiores a los reconocidos a cualquier ciudadano, sino que supongan un plus añadido imprescindible para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Tribunal Supremo ha reconocido la posibilidad de acudir al mecanismo de reclamación y garantía previsto en la LTAIBG de forma supletoria, incluso cuando el acceso a la información esté sometido a un régimen especial, como el previsto en la legislación de régimen local. Este criterio delimita el alcance de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG en conexión con la normativa de régimen local, y reconoce a los concejales la legitimación para formular reclamaciones ante los órganos de garantía creados por la legislación de transparencia, en línea con la doctrina de la GAIP y otros comisionados de transparencia, tal y como se recoge en la STS 312/2022. Por todo lo anterior, el reclamante se encuentra plenamente legitimado y la cuestión debe ser abordada conforme a lo dispuesto en la LTAIBG. SEXTO: La condición de concejal confiere a sus titulares un estatuto jurídico reforzado respecto al de los ciudadanos ordinarios, especialmente en lo relativo al acceso a la documentación e información obrante en poder de la Administración municipal. Este derecho de acceso constituye un instrumento esencial para el correcto y eficaz desempeño de las funciones que les son legalmente encomendadas, y reviste particular relevancia como mecanismo de control de la acción de gobierno, especialmente para aquellos concejales que no integran el equipo de gobierno. Así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la STC n.º 161/1988, de 20 de septiembre, al destacar que el derecho de acceso a los documentos o derecho de información adquiere especial trascendencia por su carácter instrumental, al ser imprescindible para que los miembros de las Corporaciones Locales puedan ejercer sus funciones con el conocimiento suficiente. El derecho de información constituye, por tanto, uno de los elementos nucleares del estatuto del concejal, de modo que todos los concejales, incluidos los no adscritos, ostentan el derecho a obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, en los términos previstos en los artículos 14, 15 y 16 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF) , en desarrollo reglamentario del artículo 77 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) . En consecuencia, los concejales tienen derecho a acceder a la información relativa a cualquier asunto, tanto en su condición de ciudadanos como, especialmente, en el ejercicio de sus funciones representativas. Por ello, en relación con la solicitud de acceso al expediente relativo al Pleno extraordinario, debe reconocerse el derecho de acceso, al tratarse de un expediente vinculado a un pleno debidamente convocado. De igual modo, la solicitud de información sobre la adscripción municipal del funcionario encargado de la grabación contable en el expediente n.º 1457088J "Presupuesto General 2025" se encuentra igualmente amparada por las funciones de control atribuidas a los cargos electos. No se aprecian límites al ejercicio de este derecho de acceso en los supuestos planteados y, además, debe recordarse que, conforme a la normativa aplicable, el silencio administrativo en este ámbito se entiende positivo, por lo que la solicitud debe considerarse estimada. Finalmente, el artículo 103 de la Constitución Española establece que la Administración Pública debe actuar con objetividad, eficacia y pleno sometimiento a la ley y al Derecho, principio que ha sido desarrollado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, reconociendo el principio de buena administración como estándar de actuación que garantiza los derechos tanto de los ciudadanos como de los cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, el silencio administrativo ante solicitudes de acceso a la información formuladas por concejales vulnera dicho principio, al impedir el ejercicio eficaz de sus funciones representativas y de control. La falta de respuesta expresa y motivada no solo contraviene lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley 7/1985 y en la normativa de transparencia, sino que obstaculiza el derecho a una administración transparente, responsable y colaborativa, pilares esenciales del buen gobierno. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que el principio de buena administración implica, entre otros elementos: • El deber de resolver expresamente las solicitudes formuladas por los ciudadanos (STS 453/2020, de 3 de febrero). • La obligación de motivar las decisiones administrativas, especialmente cuando afectan derechos reconocidos legalmente. • La garantía de participación y acceso a la información, como mecanismo de control democrático y rendición de cuentas. La interpretación uniforme del derecho de acceso de los cargos electos ha sido consolidada por órganos de garantía autonómicos como la GAIP en Cataluña, el CTBG estatal y el Comisionado de Transparencia de Canarias. Todos ellos han resuelto reclamaciones similares reconociendo que el acceso a la información pública por parte de concejales constituye un derecho reforzado, vinculado al ejercicio de funciones representativas y de control, y que debe ser garantizado incluso frente al silencio administrativo o la falta de motivación en la denegación. Por todo lo expuesto, los concejales ostentan un derecho reforzado de acceso a la información municipal, directamente vinculado con el ejercicio de sus funciones representativas y de control. Este derecho comprende la facultad de obtener cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de la Administración municipal y resulten precisos para el desarrollo de su función. En los supuestos planteados, debe reconocerse el derecho de acceso tanto al expediente relativo al Pleno extraordinario como a la información sobre la adscripción del funcionario encargado de la grabación contable. A mayor abundamiento el silencio administrativo en esta materia tiene carácter positivo, por lo que, transcurrido el plazo sin resolución expresa, las solicitudes deben entenderse estimadas, y la Administración municipal debe actuar con objetividad, eficacia y pleno sometimiento a la ley y al Derecho, facilitando el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información de los concejales. III. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por contra la Mancomunidad Campo de Montiel, procede ESTIMAR la solicitud planteada por lo indicado en los fundamentos jurídicos anteriores.