Reclamación de acceso a los movimientos bancarios municipales del Ayuntamiento de Almoguera (2015-2025) con estimación parcial

RESOLUCIÓN 487/2025 S/REF: 1552843C Ref. Interna: 817 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Almoguera RESOLUCIÓN: ESTIMAR PARCIALMENTE I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 30 de junio de 2025 se presentan en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Almoguera. Este documento, con registro de entrada nº 713 ha sido presentado por . PRIMERO: el pasado 28 de mayo de 2025, presenta ante el Ayuntamiento la siguiente solicitud: “Que comparece al amparo de la ley de transparencia. Que comparece al amparo de la RESOLUCIÓN 138/2025 del Consejo de Transparencia de Castilla la Mancha Solicita Copia digital de los movimientos bancarios municipales entre las fechas 1 de junio de 2015 y 1 de julio de 2019. Solicita Copia digital de los movimientos bancarios municipales entre las fechas 1 de junio de 2019 y 28 de mayo de 2025” SEGUNDO: el 30 de junio de 2025 el reclamante presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En esta reclamación se expone lo siguiente: El ayuntamiento de Almoguera no ha reportado la información solicitada según adjunto. Por lo mismo el consejo resolvió que el Ayuntamiento de Pastrana debía de reportar lo mismo. TERCERO: Con fecha 14 de julio y posteriormente 27 del mismo mes se realiza requerimiento al Ayuntamiento para que alegue o manifieste lo que considere al respecto, no habiendo recibido contestación alguna a fecha de hoy. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la Disposición Adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: Entrando en el análisis de la información solicitada, en primer lugar, manifestar lo siguiente, como aclaración. El reclamante se ampara en una resolución previa de este CRT para que se resuelva en los mismos términos. Pues bien, hay que aclarar que cada caso debe ser analizado individualmente y tener en cuenta a la hora de resolver todas las cuestiones que se planteen o surjan, y cada caso concreto es diferente. Las resoluciones de los Consejos de Transparencia tienen carácter vinculante únicamente en el caso concreto resuelto. Jurídicamente, son actos administrativos singulares, dictados en el marco de un procedimiento concreto (art. 112 y ss. de la Ley 39/2015, LPACAP); por tanto, no constituyen fuente de derecho en sentido estricto (art. 1 CC). Las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Si bien la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene fuerza complementaria del ordenamiento (art. 1.6 CC) y orienta la interpretación obligatoria de la ley, las resoluciones de los Consejos de Transparencia no son jurisprudencia, sino criterios administrativos interpretativos; solo tienen un valor de precedente o referencia, pero no obligan a otros órganos ni crean doctrina general. Por tanto, no debe ampararse en ellas a la hora de solicitar acceso en otros casos. SEXTO: La información solicitada se trata de información que necesariamente el Ayuntamiento debe tener a su disposición, y constitutiva de información pública a los efectos del artículo 13 de la LTAIBG. En otro orden de cosas, conviene destacar que los extractos de las cuentas bancarias de la entidad local no constituyen información pública. Sin duda, es una muestra inequívoca de transparencia, poniendo en conocimiento de los ciudadanos los gastos realizados y los motivos a los que obedecen. Sin embargo, no constituyen información pública cuyo acceso está limitado a los ciudadanos por la normativa de protección de datos. Es por ello por lo que no existe impedimento alguno para que el Ayuntamiento conceda la misma. El Comisionado de Transparencia de Castilla y León obligó a entregar a un vecino los extractos bancarios de varios años. El Ayuntamiento argumentó que la solicitud era abusiva y que la información ya estaba disponible en su portal de transparencia. Sin embargo, el Comisionado determinó que los extractos bancarios son información pública y que no se puede denegar su acceso alegando protección de datos personales, siempre que se anonimicen los datos sensibles. El Defensor del Pueblo ha reiterado en varias ocasiones que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información pública, incluyendo documentos justificativos de los movimientos financieros municipales, como facturas y extractos bancarios. En casos donde se alegan dificultades técnicas o de carga administrativa para denegar el acceso, se ha recordado que la Administración debe facilitar la información en formatos accesibles, como copias digitales, y que la existencia de plataformas digitales elimina muchas de las excusas para no proporcionar la información solicitada. Por otro lado, el Tribunal Constitucional – Sentencia 233/2005 establece que los datos económicos, como los movimientos bancarios, están protegidos por el derecho a la intimidad. Sin embargo, también reconoce que cuando se trata de información relacionada con la gestión de fondos públicos, el interés público puede prevalecer, especialmente si se garantiza la anonimización de los datos personales. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene matizar una cuestión: en la solicitud inicial, el Ayuntamiento solicita de manera literal “Copia digital de los movimientos bancarios municipales entre las fechas 1 de junio de 2015 y 1 de julio de 2019. Solicita copia digital de los movimientos bancarios municipales entre las fechas 1 de junio de 2019 y 28 de mayo de 2025”, existiendo una contradicción, y el Ayuntamiento debería haber requerido al reclamante para que especifique las fechas exactas de búsqueda. Ya que, de solicitar del 1 de junio del 2015 a mayo de 2025, se trata de una franja de tiempo de 10 años que podría suponer una carga excesiva de trabajo para un ayuntamiento como Almoguera. Al respecto, se pronuncia la Resolución del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía del 23 de mayo de 2018, Núm. 181/2018, señalando lo siguiente: «No es infrecuente en Derecho comparado que se aborde de forma expresa el tratamiento que ha de darse a peticiones de información que, dado su excesivo volumen o la extrema dificultad que conlleva su examen, pueden entrañar una desmesurada carga para la autoridad pública interpelada hasta el punto de entrañar un serio obstáculo al normal desenvolvimiento de sus funciones, ofreciéndole alternativas que, con las pertinentes cautelas, le permitan atemperar estos supuestos extremos. Así, en el marco de la Unión Europea, el Reglamento n.º 1049/2001, de 30 de mayo, relativo al acceso del público a los documentos de las instituciones europeas, contempla en su artículo 6.3 que “en el caso de una solicitud de un documento de gran extensión o de un gran número de documentos, la institución podrá tratar de llegar a un arreglo amistoso y equitativo con el solicitante”. Y a partir de esta reconocida posibilidad de que se concilien “los intereses del solicitante con los propios de una buena administración”, la jurisprudencia ha abierto cauces para hacer frente a “una solicitud de acceso a un número de documentos manifiestamente irrazonable…, que genere por su mera tramitación una carga de trabajo capaz de paralizar sustancialmente el buen funcionamiento de la institución” (…). A tal objeto, se podría admite explícitamente que se exceptúe la obligación de realizar un concreto e individual examen de la solicitud “con carácter extraordinario y únicamente cuando la carga administrativa provocada por tal examen se revelara extremadamente gravosa, excediendo así los límites de lo que puede exigirse razonablemente”; posibilidad excepcional que se subordina a dos condicionantes fundamentales: de una parte, que incumbe a la institución la carga de probar la envergadura del carácter irrazonable de la tarea derivada de la solicitud; y en segundo término, una vez acreditado dicho carácter, que ha de procurar llegar a un arreglo con el solicitante (…) se pone como ejemplo de este supuesto la solicitud que “requiere una cantidad desproporcionada de investigación o examen”. (…) se incluyen aquellas peticiones que suponen una excesiva carga para la autoridad y el personal a su servicio, debiendo ponderarse a este respecto criterios tales como el periodo de tiempo al que se proyecta la solicitud, así como la extensión de la información requerida (…) Es la causa de inadmisión del art. 18.1 e) LTAIBG la más propiamente aplicable a aquellas solicitudes de información cuyo desmesurado volumen o extensión pueden llegar a obstaculizar el normal funcionamiento de la Administración. A esta dirección apunta el Criterio Interpretativo 3/2016, de 14 de julio, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al considerar abusiva una solicitud en el siguiente caso: “Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos”. (…) En resumidas cuentas, no cabe en absoluto descartar que el motivo de inadmisión contenido en el art. 18.1 e) LTAIBG resulte aplicable a las solicitudes de información excesivamente voluminosas o complejas. Ahora bien, esta posibilidad excepcional se sujeta a la observancia de los siguientes requisitos. En primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Motivación explícita de la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, han de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición. Esto se entiende en el bien entendido de que un cuantioso número no predetermina necesariamente una desmesurada carga de trabajo. Esto depende asimismo de la dedicación que precise un adecuado examen de los mismos. Asimismo, cabe ponderar a este respecto el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. Y, en segundo término, antes de acordar sin más la inadmisión de la solicitud, la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión al interesado a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado. Una vez delimitadas las líneas directrices que han de orientar la elucidación de estos supuestos, procede ya aplicarlas al caso que nos ocupa. No obstante, debido a la excepcionalidad de la inadmisión de las solicitudes de acceso a la información, y que solo se ha de recurrir a esta vía en casos muy contados, se aconseja que, antes de considerar la opción de inadmitir la solicitud de acceso a la información, se intente agotar la vía de colaboración con el solicitante, de forma que solicite aquella información imprescindible, o de forma que se le vaya facilitando por bloques (no estando obligado el Ayuntamiento a facilitar la totalidad de la información de una vez, sino que se pueda alargar y dividir por bloques), y que no obstaculice el funcionamiento de la Administración. SÉPTIMO: Por otro lado, hay que tener en cuenta que los extractos pueden contener, entre otros, códigos de identificación fiscal, nombres, cuentas bancarias (IBAN), direcciones, matrículas, referencias catastrales, denominación de subvenciones y ayudas, datos de salud o discapacidad, números de licencia, referencias a sanciones, embargos, datos de menores o que revelan situación socioeconómica. Incluso pueden incluir información de seguridad (vehículos policiales camuflados, ubicaciones de cámaras). Su tratamiento exige disociación granular y, en categorías especiales, recabar consentimiento expreso o amparo legal, lo que multiplica la carga y excluye soluciones automáticas de “tachado masivo”. La secuencia obligatoria incluye: I) identificación de datos especialmente protegidos; II) si los hay, solicitud de consentimiento expreso y explícito al amparo del RGPD; III) si no son especialmente protegidos, pero son personales, aplicar la ponderación del art. 15.3 y, en su caso, audiencia a terceros identificables. Todo ello antes de decidir qué se entrega y en qué forma. La propia AEPD ha enfatizado que el consentimiento para categorías especiales debe ser “explícito” y no puede presumirse por silencio, lo que obliga a tramitar y gestionar múltiples traslados/consentimientos, incrementando aún más la carga. Esta operativa previa, exigida por la normativa, convierte de facto la respuesta en un proyecto de tratamiento masivo que trasciende la simple puesta a disposición, aproximándose a reelaboración incompatible con plazos y medios ordinarios del municipio. OCTAVO: Dicho lo anterior, aun disociando la información sensible y protegida, el resultado probablemente sería un conjunto de cifras/fechas importantes descontextualizadas, sin vínculos con unidades gestoras o expedientes, lo que activaría la excepción del acceso parcial “cuando de ello resulte información distorsionada o carente de sentido”, reforzando la improcedencia de invertir recursos desproporcionados en una respuesta que no cumpliría la finalidad de transparencia efectiva en los términos alegados. La información solicitada (extractos y movimientos bancarios) incorpora de forma transversal datos personales y, en numerosos casos, categorías especiales (ayudas sociales, embargos, sanciones, salud, menores, referencias sensibles), lo que activa la necesidad de un análisis caso a caso, con eventual solicitud de consentimientos explícitos y audiencias a terceros, o, en su defecto, la supresión o conversión de los campos a categorías genéricas. A efectos ilustrativos, y sin ánimo exhaustivo, se exponen ejemplos típicos de operaciones en las que, por imperativo de la normativa de protección de datos y seguridad, la disociación deja sin elementos verificables para fines de control ciudadano: a) Ayudas sociales individuales b) Embargos y sanciones c) Gastos con trazas de salud o discapacidad d) Operaciones con riesgos de seguridad pública En todos estos supuestos, la pérdida combinada de perceptor, identificadores bancarios, concepto específico y referencias de expediente priva de la posibilidad de detectar pagos repetidos a un mismo beneficiario, fraccionamientos de contratos, patrones de gasto por proveedor o la adecuada correspondencia con adjudicaciones o subvenciones. La información remanente (fecha/importe) se convierte en una serie numérica sin anclaje verificable, que “carece de sentido” a efectos del preámbulo y art. 16 de la Ley de transparencia. No obstante, el Ayuntamiento no ha alegado ni manifestado nada, no ha acreditado el volumen ni el exceso de trabajo que preparar la información podría suponer, por lo que no es este CRT el competente para valorarlo. Por lo que debe ser el Ayuntamiento el que valore el trabajo que puede suponer, el número de movimientos que debe analizar y disociar y la información sensible que puedan contener. III. RESOLUCIÓN En cuanto a lo solicitado por el reclamante, procede: ESTIMAR PARCIALMENTE la reclamación presentada por contra el Ayuntamiento de Almoguera, e instar al Ayuntamiento a RETROTRAER las actuaciones, resolver motivadamente en los términos anteriormente indicados, y que analice la posibilidad de conceder acceso parcial de la información solicitada. Para ello el Ayuntamiento dispondrá del plazo de 1 mes desde la recepción de la presente resolución,