Denegación de revocación de resolución de inadmisión por extemporaneidad dictada por el CRT

Dicho régimen revela el carácter finalista y especializado de las resoluciones dictadas por los órganos de transparencia, que agotan la vía administrativa y habilitan, como vía ordinaria de impugnación, la jurisdicción contencioso-administrativa. Las resoluciones del CRT, cuando ponen fin a la vía administrativa, se configuran como actos administrativos susceptibles de impugnación mediante la vía contencioso-administrativa prevista legalmente. El art. 10.1.m) de la Ley 29/1998 establece la vía para acudir ante los tribunales cuando se trate de resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de transparencia. 2.- Naturaleza y alcance de la potestad de revocación del artículo 109.1 LPAC. El artículo 109.1 LPAC reconoce a las Administraciones Públicas la facultad de revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, salvo que la revocación constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o resulte contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico. La revocación, por su texto y finalidad, supone una potestad administrativa de carácter revisora, sujeta a límites materiales y formales, y que normalmente tiene efectos retroactivos o restitutorios en cuanto a la situación jurídica afectada. No obstante, la revocación es una facultad de la propia Administración que debe ejercerse dentro del marco legalmente establecido y sin vulnerar otras reglas de tutela de derechos, especialmente cuando la resolución que se pretende revocar se integra en un esquema de impugnación especialmente regulado por la ley. La doctrina y la jurisprudencia han matizado que la potestad de revisión administrativa no constituye una vía alternativa para suplir o sustituir los cauces ordinarios de impugnación ni para burlar los plazos procesales o las reglas de impugnación previstas por el ordenamiento jurídico. 3.- Inaplicabilidad del artículo 109.1 LPAC al supuesto concreto. La utilización del artículo 109.1 LPAC para revocar la Resolución n.º 39/2026, dictada por el CRT por inadmisión de una reclamación en materia de acceso a la información, supondría la introducción de una vía de revisión interna de los actos que agotan la vía administrativa en materia de transparencia, que desbordaría el régimen legal de tutela establecido por la Ley 19/2013 y la normativa autonómica. Ello implicaría, además, una alteración del principio de seguridad jurídica y del ordenamiento de recursos previsto por la ley, al permitir que actos finales de un órgano especializado puedan ser revisados fuera de los cauces procesales previstos. La revocación solicitada, a instancia del interesado, no puede convertirse en un mecanismo para superar una inadmisión por extemporaneidad que, conforme a la instrucción y criterios legalmente aplicables, fue apreciada por el órgano competente; la corrección de tales situaciones corresponde, en su caso, a la actuación judicial en sede contencioso-administrativa cuando existan motivos jurídicos que así lo justifiquen, o a la propia Administración en el ejercicio de sus competencias cuando concurra alguna circunstancia excepcional que habilite la revisión (por ejemplo, vicios de consentimiento, error de hecho determinado y no subsanable por otra vía, o manifiesta ilicitud que afecte a la propia validez del acto). La petición ahora formulada no aporta elementos de esa índole que permitan concluir la existencia de una causa excepcional que habilite la revocación al amparo del art. 109.1 LPAC. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y de las salas contencioso-administrativas ha reiterado que la potestad de revisión no puede utilizarse para crear vías alternativas de impugnación o para eludir los requisitos de impugnación y los plazos legalmente establecidos. A modo ilustrativo, la Sentencia de 27 de marzo de 2023 (rec. 8885/2021) subraya que la potestad de revisión administrativa no sirve para impugnar fuera de plazo actos firmes y consentidos, destacando el carácter excepcional y discrecional de la revocación. Aplicado a este caso, tal doctrina refuerza la conclusión de que la revocación no procede cuando, como aquí, la resolución impugnada forma parte del sistema finalista de tutela administrativa del derecho de acceso. Además, la aplicación del art. 109.1 LPAC exige compatibilidad de la revocación con los principios constitucionales, en especial con el principio de igualdad y el de seguridad jurídica (art. 9.3 CE). La habilitación de una revocación generalizada de resoluciones que agotan la vía administrativa en materia de transparencia podría provocar desigualdades en el tratamiento de los interesados y una inseguridad jurídica incompatible con el ordenamiento. De conformidad con lo anterior, la revocación solicitada al amparo del artículo 109.1 LPAC no resulta procedente respecto de la Resolución n.º 39/2026, de 26 de enero, dictada por el CRT, toda vez que: − La resolución impugnada forma parte del régimen especializado de tutela administrativa del derecho de acceso que configura la Ley 19/2013 y la normativa autonómica, y agota la vía administrativa. − La potestad de revocación consagrada en el artículo 109.1 LPAC no puede emplearse para introducir, a instancia de parte, una vía interna de revisión alternativa a la impugnación contencioso-administrativa prevista por la ley. − No concurren, en los antecedentes aportados, circunstancias excepcionales de naturaleza tal que justifiquen la aplicación extraordinaria de la potestad de revocación (vicios manifiestos de nulidad, error esencial de hecho debidamente acreditado, o grave afectación de intereses públicos que aconsejen la revocación). − La doctrina jurisprudencial limita el uso de la revocación cuando su empleo suponga eludir los cauces y plazos de impugnación legalmente previstos.