Reclamación de un parlamentario foral sobre acceso a documentación de proyectos Next Generation y resolución de inadmisión por naturaleza política y preparatoria de la información

Reclamación 8/2021 ACUERDO AR 47/2021, de 24 de mayo de 2021, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada por don XXXXXX, parlamentario foral. Antecedentes de hecho. 1. El 29 de diciembre de 2020 el señor XXXXXX, parlamentario foral adscrito al Grupo Parlamentario de Navarra Suma, realizó, a través de la presidencia del Parlamento de Navarra, la siguiente petición de información, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara: “1. Cuantos documentos hayan sido elaborados por el conjunto de los departamentos del Gobierno de Navarra en relación con los más de 125 proyectos recogidos en el documento “Next Generation, una visión para Navarra” y que se enmarcan en los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y en los de REACT EU. 2. Cuantos proyectos no fueran inicialmente incluidos en dicho documento, pero finalmente se haya estimado su inclusión en los fondos”. 2. El 27 de enero de 2021 el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, le contestó lo siguiente: “El Gobierno de Navarra esbozó un total de 125 proyectos cuyo desarrollo se extenderá a lo largo de la próxima década. Actualmente se encuentran en un proceso de desarrollo, es decir, están en fase de madurez no finalizada. En cualquier caso, se informará cumplidamente en tiempo y forma. Para estructurar y coordinar tanto el Plan Reactivar como el Next Generation, el Gobierno de Navarra ha activado los mecanismos propios de coordinación institucional. Asimismo, contará con el apoyo técnico de la Corporación Empresarial de Navarra. (…) Página 1 de 22 No obstante, en documentos aparte, se adjunta relación de los tres ejes en los que el Plan se ve articulado, y que son los siguientes: 1. Estrategia de Cohesión Territorial y Social; 2. Estrategia de Innovación Digital; 3. Estrategia Verde (Green Deal). Trasladar al parlamentario que suscribe esta petición que, en este momento dado, no hay expedientes administrativos iniciados debido primordialmente a que no se han comenzado trámite alguno para su ejecución; por lo tanto, resulta complejo especificar un número de proyectos incluidos y o desechados para estos fondos y en este momento dado.” 3. Disconforme con la contestación del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, el 9 de febrero de 2021 el parlamentario foral don XXXXXX, reiteró su petición recordando al Consejero su obligación de facilitar todos los datos, informes o documentos administrativos derivados de actuaciones que, en razón de su competencia, corresponden a los Departamentos del Gobierno de Navarra, siempre que existan con carácter previo a la solicitud, según el informe de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra de 17 de enero de 2020. 4. El 26 de febrero de 2021 el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, contestó a esta segunda petición señalando que, por ser un trabajo abierto, vivo y en proceso, no se ha podido remitir a este grupo parlamentario la concreción de todos los documentos que solicita ya que los propios proyectos y su documentación no serán definitivos hasta la finalización de su desarrollo que se materializará con toda la precisión una vez conocidas las distintas convocatorias y requisitos posibles para ajustarse en la mayor medida posible a las mismas. Se concretarán en todos sus términos en el momento en el que haya un procedimiento administrativo oficial, y que, en todo caso, será un proceso vinculado al Reglamento que la propia Unión Europea apruebe en torno a los fondos. Termina indicando que se extractarán en detalle y a su debido tiempo aquellos proyectos definitivos que sean presentados. 5. Disconforme con que el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra no le hubiera facilitado la documentación solicitada, el 9 de marzo de 2021 el parlamentario foral don XXXXXX presentó en el Consejo de Transparencia de Navarra un escrito mediante el que formulaba la correspondiente reclamación para que se dictara Acuerdo instando al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a facilitar la información solicitada en la petición de Página 2 de 22 información de 27 de enero de 2021 realizada al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Exponía que, a la vista de que la Presidenta del Gobierno de Navarra, el 28 de octubre de 2020, compareció en rueda de prensa para anunciar más de 125 proyectos por valor de más de 1.400 millones de euros para presentar a los Fondos Next Generation, había realizado su petición de información el 29 de diciembre de 2020. Fundamentaba la reclamación en que en ningún momento se han pedido los proyectos definitivos, sino los documentos elaborados por los Departamentos del Gobierno de Navarra que sustenten los proyectos recogidos en un documento presentado por la Presidenta del Gobierno o que, no estando incluidos en dicho documento, el Gobierno de Navarra haya valorado presentar. 6. El 19 de abril de 2021, la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior del Gobierno de Navarra, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. 7. El 4 de mayo de 2021, se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra, por correo electrónico, informe y el expediente correspondiente al asunto objeto de la reclamación. El informe manifiesta lo siguiente: “En fecha de 20 de abril de 2021 hemos recibido escrito del Consejo de Transparencia de Navarra en el que se nos solicita el expediente administrativo, informe o alegaciones en relación con la reclamación interpuesta ante dicha entidad por don XXXXXX (reclamación 08/2021). En relación con el expediente nos remitimos a la documentación aportada por el propio Sr. XXXXXX. Previamente a proceder a emitir informe sobre el fondo de la reclamación este Consejero quiere manifestar el más absoluto respeto en relación con el derecho fundamental a obtener información por parte los y las parlamentarias forales en su función de impulso y control de la acción del Gobierno de Navarra, como no puede ser de otra manera. Se inicia el escrito con esta manifestación porque no debemos obviar que el Sr. XXXXXX es parlamentario del Parlamento de Navarra y que la presente reclamación se formula como consecuencia de las discrepancias surgidas en relación con su función de control al Gobierno de Navarra y de su ejercicio del derecho a obtener Página 3 de 22 información. Ejercicio que encuentra su amparo no en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sino al amparo del artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra, norma que tiene rango de ley. Considero también preciso manifestar a ese Consejo, dicho sea de paso con todo el respecto y a los solos efectos procesales, que entendemos que hay dudas jurídicas sobre la competencia de ése órgano para resolver una reclamación presentada por un parlamentario foral en el ejercicio de sus competencias de control al gobierno (ius in officium de cargo público representativo) cuando hay desacuerdo con la información que le ha facilitado el Gobierno de Navarra, derecho y obligación reguladas en el marco del Reglamento del Parlamento de Navarra y no en el marco de la Ley Foral de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Estamos por tanto ante un derecho fundamental, un derecho función, ligado al ejercicio de un cargo político. Debemos partir de la diferencia entre el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía y el derecho de acceso a la información en ejercicio de la función de control de los representantes políticos tal y como reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia 220/1991 y el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de junio de 2015. Es cierto, que la jurisprudencia viene a establecer que el derecho de los parlamentarios no puede ser de inferior condición, pero entendemos que el no tener acceso a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia de Navarra no significa per se tal condición dado que los parlamentarios y las parlamentarias cuenta con instrumentos jurisdiccionales y parlamentarios en defensa de su derecho a la información pública. Por lo que respecta a los primeros, en la actualidad, y tras cambios jurisprudenciales, se permite la vía contencioso-administrativa de protección del derecho a la información de los parlamentarios, al amparo de lo dispuesto en los artículos 23.2 y 24.1 de la CE, preconizada por la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 25 de febrero de 2013 y ratificada en, al menos, otra sentencia posterior. Además, la condición o naturaleza de este derecho de acceso a la información en el control del ejecutivo abre para los parlamentarios y parlamentarias la vía del amparo ante el Tribunal Constitucional. Acerca de los cauces no jurídicos en defensa del derecho, además del papel que pueden jugar las Presidencias de las Cámaras en la resolución de estos conflictos, queda a criterio de oportunidad política del parlamentario afectado o de su Grupo Parlamentario decidir qué iniciativas o actuaciones son las más idóneas frente a los actos de los ejecutivos que incumplan el deber informativo, tal y como se recoge en Página 4 de 22 diversos informes de los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra, por todos el de 7 de marzo de 2016. Por tanto, los parlamentarios y parlamentarias tienen unas vías de recursos y amparo frente a denegaciones totales o parciales de información que no tienen atribuidas las personas que ejercen el derecho a acceso a la información por la vía de la normativa de transparencia. Se trata por tanto de un conjunto completo e integral de sistema de reclamaciones independiente. Estas diferencias en tanto al origen, regulación y vías de defensa de estos derechos han hecho que varios autores se hayan posicionado en contra de la competencia de los órganos de transparencia con funciones de revisión de actos administrativos entendiendo que no corresponde tal vía cuando el ejercicio del acceso a la información se plantea en el ámbito del ius in officium. Así cabe citar a Edmundo Matilla Portilla quien señala que “... la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno en nada afecta al derecho de los representantes políticos...”. En similar sentido se puede citar a Martín María Razquin Lizarraga quien dice “Me inclino por la posición de seguridad jurídica, a la que también se refiere Guichot Reina (2017a:45), en el sentido de que la vía de la reclamación ante los Consejos de Transparencia por parte de los diputados sólo puede admitirse cuando así esté prevista expresamente en los reglamentos parlamentarios o en las leyes –estatal o autonómicas- de transparencia. Mientras no se efectué esa incorporación expresa, mi posición es la de que las reclamaciones de los diputados ante el CTBG o las autoridades equivalentes autonómicas debieran ser inadmitidas por falta de competencia. Por otra parte, está en manos del Parlamento, puesto que constituye el poder legislativo, modificar o bien el reglamento respectivo o la ley reguladora del derecho de acceso...”2. En este estudio el Srr. Razquin concluye en el sentido de que debiera abrirse la posibilidad de que los diputados pudieran presentar reclamaciones ante las autoridades de transparencia contra la negativa a darles la información solicitada. La incorporación de esta posibilidad debe ser expresa. Además, se señala como el Reglamento del Parlamento de Cataluña establece expresamente en su apartado 6 del artículo 8 (artículo dedicado al derecho de acceso a la información) lo siguiente, “Los diputados pueden hacer valer su derecho de acceso Página 5 de 22 a la información mediante los mecanismos de garantía establecidos con carácter general por la legislación de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La utilización de esta vía es compatible con la aplicación de las demás medidas establecidas por el presente reglamento y no excluye dicha aplicación”. Sin embargo, tal incorporación no aparece expresamente recogida ni en el Reglamento del Parlamento de Navarra ni en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Además, procede citar en idéntico sentido, en el de la inadmisibilidad de esta vía de reclamación para los parlamentarios y las parlamentarias que ejerzan su derecho constitucional de acceso a información, las Resoluciones 96 y 97/2016, de 19 de octubre del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en las que, en un supuesto similar al que ahora se examina, concluyen con la inadmisión de las reclamaciones. III. Subsidiariamente, y en el caso de que el Consejo de Transparencia de Navarra entienda que no procede la inadmisión por los motivos señalados en el punto anterior entendemos que procede la inadmisión por los siguientes: El artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra tiene la siguiente redacción: “Para el mejor cumplimiento de sus funciones, los Parlamentarios Forales tendrán la facultad de recabar de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas, los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones y entes, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal. Si el volumen de la documentación dificultase la remisión de copia de la misma, el órgano administrativo competente facilitará el acceso del Parlamentario Foral a la documentación solicitada para que tome las notas que considere oportunas.”. En consecuencia, el Reglamento establece claramente un primer límite del derecho que es su alcance a datos, informes o documentos administrativos consecuencia de las actuaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas. Página 6 de 22 El Sr. XXXXXX presenta reclamación frente a una contestación de 26 de febrero de 2021 en relación con una petición parlamentaria de información en la que solicitaba “Cuantos documentos hayan sido elaborados por el conjunto de los departamentos del Gobierno de Navarra en relación con los más de 125 proyectos recogidos en el documento “Next Generation, una visión para Navarra” y que se enmarcan en los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR) y en los React EU y cuantos proyectos no fueran inicialmente incluidos en dicho documento, pero finalmente se haya estimado su inclusión en los fondos”. Como se puede observar de las contestaciones ofrecidas el 21 de enero de 2021 y el propio 26 de febrero de 2021 en ningún momento se le niega al Sr. XXXXXX el derecho de acceso a la información, sino que se le señala que el gobierno únicamente había hecho un esbozo de los 125 proyectos cuyo desarrollo se iba a extender a lo largo de la próxima década, que estamos en un proceso de desarrollo, en una fase de madurez aún no finalizada y que se informará cumplidamente en tiempo y forma. Para comprender esta respuesta hay que comprender el propio sistema de los fondos Next Generation. Así hay que recordar que mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De conformidad con esta norma los fondos de Next Generation EU se materializarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, una vez que la Comisión Europea apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En el caso de nuestro país será la Administración General del Estado quien transfiera los fondos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a través de convenios y subvenciones alineadas siempre con los objetivos fijados desde Bruselas. En decir, en el momento de la solicitud de información del Sr. XXXXXX, y aún a día de hoy, no hay todavía unas convocatorias o una ventanilla a la que poder presentar proyectos para obtener financiación de los fondos Next Generation. Es más, con fecha de 27 de abril el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que iba a enviar esa semana a Bruselas para su evaluación, tras haber sido presentado por el presidente del Gobierno el pasado 14 de abril en el Congreso de los Diputados. Con lo cual es este momento, todavía incipiente, no hay más que esbozos, ideas generales, sobre los Página 7 de 22 proyectos que cuenta la Comunidad Foral de Navarra, 125, que podrían encajar en las convocatorias de fondos Next Generation, algunos por cierto propios y otros de entidades privadas. Como se señala en la contestación de 26 de febrero de 2021 Navarra, y el resto de Comunidades se podría decir, están en una fase previa de coordinación institucional, coordinación que se vio reforzada con el establecimiento de una Conferencia Económica Empresarial, donde están presentes los diferentes sectores de la economía (privada, pública, social, tercer sector, universidades y Federación Navarra de Municipios y Concejos. Estamos por tanto en un momento de la fase que podríamos llamar de relaciones políticas entre el Gobierno de Navarra, agentes de la Comunidad y otras Administraciones (locales y Administración General del Estado). En el mismo sentido, e hilando con el argumento de la inexistencia de datos, informes o documentos administrativos, cabe señalar que se informó al Sr. XXXXXX de que “... en este momento dado, no hay expedientes administrativos iniciados...”, resultando por tanto incorrecto hablar de proyectos incluidos y desechados en este momento. Por tanto, entendemos que hay tres razones que llevarían a la inadmisión de la reclamación en este punto: - No estamos ante datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, presupuesto esencial para que despliegue sus efectos el artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra. - Estamos en una fase no administrativa sino inserta en la esfera de la gestión política o de las relaciones políticas entre el Gobierno de Navarra y los agentes sociales y económicos y las distintas administraciones (Entidades Locales y Administración General del Estado). - Finalmente y con carácter totalmente subsidiario, por si no se estiman el resto de argumentos, hay que señala que a lo sumo y en el mejor de los casos, estamos ante documentación preparatoria, en curso de elaboración o inclusa, que, desde luego, no forma parte de ningún expediente, como ha quedado claro, siendo esta situación una Página 8 de 22 de las causas de inadmisión establecidas en la señalada ley foral (ex artículo 37.e) y habiéndose justificado tal carácter y existiendo el compromiso de facilitar la información en cuanto se tenga. Por todo ello, entendemos que: - No se ha vulnerado el derecho constitucional del parlamentario Sr. XXXXXX en el ejercicio de su ius in officium. - Que la reclamación debiera ser inadmitida por el Consejo de Transparencia de Navarra, dicho esto con el máximo de los respetos y desde una mera defensa procesal, por no existir en el Ordenamiento Jurídico una norma expresa que le habilite a su valoración. - Que subsidiariamente, procede en su caso la inadmisión de la reclamación en el sentido señalado anteriormente de conformidad con los requisitos para el acceso a la información que determina el Reglamento del Parlamento de Navarra y con las causas de admisión (en concreto la del artículo 37.e) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.” Fundamentos de derecho. Primero. La reclamación presentada en el Consejo de Transparencia de Navarra se interpone porque el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, no facilitó al reclamante la información que este pidió. El reclamante ostenta el cargo de parlamentario foral y solicitó la información a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra al amparo del artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Segundo. El artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra reconoce a los parlamentarios forales, para el mejor cumplimiento de sus funciones, la facultad de recabar de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas, los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones y entes, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legalmente establecidas para la protección de los datos de carácter personal. Esta petición de información se dirige, por medio del presidente del Parlamento de Navarra, a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y esta debe facilitar, Página 9 de 22 en el plazo de veinte días, la documentación solicitada. En caso contrario, la Administración debe manifestar al presidente del Parlamento de Navarra, para su traslado al solicitante, las razones fundadas en derecho que lo impidan. Mediante el artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra se está reconociendo el derecho de un parlamentario foral, a título individual, a la información que exista y haya sido realizada por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus entidades y, en consecuencia, el correlativo deber del órgano administrativo que sea competente de facilitarla en un plazo determinado cuando no haya limitaciones legales que lo impidan, entre ellas la protección de los datos personales de terceros. Por lo tanto, el artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra reconoce expresamente un derecho de acceso a la información pública con contenido objetivo y subjetivo coincidente con el derecho de acceso reconocido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que en su artículo 30 reconoce a cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, ya sea a título individual y en su propio nombre, ya sea en representación y en el nombre de las organizaciones legalmente constituidas en que se agrupen o que los representen, el derecho a acceder, mediante solicitud previa a la información pública, sin necesidad de motivar la solicitud ni de invocar esta ley foral, ni de acreditar interés alguno, sin otras limitaciones que las que contempla esta Ley Foral. Tercero. El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, alega en su informe que el Consejo de Transparencia de Navarra no es competente para resolver reclamaciones formuladas por parlamentarios forales en el ejercicio del ius in officium, toda vez que los parlamentarios tienen unas vías de recursos y amparo frente a denegaciones totales o parciales de información, vías que no tienen atribuidas las personas que ejercen el derecho a acceso a la información por la vía de la normativa de transparencia. Afirma que los cauces de los parlamentarios constituyen un conjunto completo e integral de sistema de reclamaciones independiente. Procede, por tanto, analizar en primer lugar esta alegación relativa a la falta de competencia de este Consejo. Cuarto. La disposición adicional séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra la competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la Página 10 de 22 información pública, en todos los casos y cualquiera que sea la normativa aplicable, salvo en los casos del Parlamento de Navarra, Cámara de Comptos, Consejo de Navarra y Defensor del Pueblo de Navarra. El Consejo de Transparencia de Navarra entiende que, por efecto de la disposición adicional séptima, número segundo, es competente cuando un parlamentario o parlamentaria foral interpone una reclamación ante un órgano administrativo de la Administración de la Comunidad Foral que le ha denegado su petición de información de documentos de índole administrativa que aquella haya generado, aun cuando dicha petición se haya realizado ante la Administración foral por la vía del artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Con arreglo a esta disposición adicional séptima, número dos, el Consejo de Transparencia de Navarra ya se ha declarado competente en los casos del artículo 77 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, de petición de información por los miembros de las entidades locales. En su Acuerdo AR 3/2018, de 21 de mayo, el Consejo declaró que: “En el ejercicio de sus funciones de control, el Consejo de Transparencia de Navarra tiene facultad para interpretar y aplicar todas aquellas leyes que reconozcan un derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, así como cualesquiera otras leyes y normas que completen esas leyes de reconocimiento de derechos o que sirvan de complemento para garantizar los objetivos que se persigue de una mayor transparencia, el acceso y consulta de los documentos públicos por cualquier persona, cualquiera que sea la condición de esta, y de un más amplio conocimiento de la actividad pública por parte de la ciudadanía, y, por tanto, también por quienes la representan. En tal sentido, la labor del Consejo es velar por la transparencia de la actividad pública y resolver las reclamaciones de los ciudadanos en los casos en que estos no puedan acceder a documentos y contenidos de las Administraciones públicas de Navarra, interpretando y aplicando en ordenamiento jurídico en su unidad”. La mencionada disposición adicional séptima, número dos, de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, aprobada por el propio Parlamento de Navarra, tiene conexión con el derecho de los parlamentarios forales a la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas, que comprenda datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas administraciones y entes, siempre que su conocimiento no conculque las garantías legales establecidas para la protección de los datos de carácter personal. Página 11 de 22 Dicha petición de información a la Administración se formula a través del presidente del Parlamento de Navarra, sin pasar, por tanto, por la Mesa del Parlamento de Navarra. Conforme al artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra, a quien se dirige la petición no es al Gobierno de Navarra en condición de entidad o institución política, sino a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a la que el Gobierno de Navarra dirige. Y quien recibe la información solicitada es solo el parlamentario foral que la solicita, a título individual; este se hace cargo de la misma y no ningún órgano del Parlamento de Navarra. Quien debe resolver sobre la petición es el órgano competente de la Administración foral, expresión que señala a un órgano administrativo, y no a un cargo político del más alto nivel (Presidenta o Consejeros). El objeto de la petición de información de los parlamentarios conforme al artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra, es la documentación administrativa consecuencia de actuaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, que obre en poder de sus órganos y que ya esté elaborada. El hecho de que el precepto reglamentario delimite la información a que sea “consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones y entes” y que lo sea de “la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”, significa, por un lado, que la documentación habrá de tener naturaleza jurídica “administrativa” y estar en el escalón administrativo, así como en archivos y fuentes de la Administración, y, por otro, no ser documentación “política”, esto es, inserta en el campo de las relaciones políticas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que se controlan por este segundo mediante otros mecanismos, ni ser documentación que corresponda al superior nivel gubernativo, donde el Gobierno de Navarra desempeña funciones políticas o más políticas que administrativas en sentido estricto. Quinto. La competencia del Consejo de Transparencia de Navarra no se extiende, por tanto, a las decisiones, respuestas o actos de los miembros del Gobierno de Navarra, de su presidenta o del propio Gobierno de Navarra, menos aún de otros gobiernos, cuando el contenido de esa información solicitada tenga una naturaleza de acto político (o directamente conexa con este) y haya sido generada con motivo de la actividad política del Gobierno de Navarra o de sus miembros en el ámbito de las funciones políticas que marcan la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente u otras leyes. La diferencia entre el nivel administrativo y el nivel político existe en el ordenamiento jurídico de Navarra, como lo existe también en el estatal y en los ámbitos Página 12 de 22 autonómicos. El ordenamiento navarro diferencia de un modo claro y absoluto entre la Ley Foral del Gobierno de Navarra, ley de mayoría absoluta, y la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos dependientes, de mayoría ordinaria. De esta separación surge también la diferencia entre decisiones de gobierno y decisiones de administración, y las decisiones de gobierno, en su ámbito de discrecionalidad política, por razón del principio de separación de poderes, no son controlables judicialmente. Sexto. La legislación foral de transparencia en Navarra se proyecta sobre la condición universal de la persona solicitante con tal intensidad que faculta a cualquier persona física o jurídica, sin discriminación alguna, como titular del derecho de acceso a la información de la Administración y sin exigirle ningún interés concreto. Y estos son principios generales a los que se somete la Administración foral por expreso deseo del legislador navarro, el mismo que aprueba el Reglamento del Parlamento de Navarra. Si cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a solicitar la información de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y, ante la negativa a darla, a reclamar ante el Consejo de Transparencia de Navarra como una garantía institucional y administrativa estatuida por el legislador foral, la misma conclusión ha de alcanzarse si quien actúa es un representante electo de la ciudadanía, esto es, un parlamentario o parlamentaria foral mediante una petición de información a la Administración que esta haya generado al amparo del Reglamento del Parlamento de Navarra, pues las garantías para los primeros no deben ser menores que para los segundos. Lo contrario es situar al representante democrático electo por el pueblo a un nivel inferior que el de un ciudadano o ciudadana solo por la vía elegida para solicitar una información que tiene la Administración foral, negar la condición universal de cualquier persona para solicitar información y dejar sin efecto el alcance extensivo de la disposición adicional séptima de la Ley Foral “a todos los casos” y “cualquiera que sea la normativa aplicable”. El hecho de que quien solicite la información sea un parlamentario o parlamentaria foral no puede ser determinante de una negativa absoluta, pues este es un representante de los ciudadanos, dotado de un plus sobre la condición ciudadana que proclama con carácter universal la Ley Foral de Transparencia y derecho de acceso a la información pública, como tampoco lo es que quien la conceda o niegue sea un consejero, pues actúa aquí en su condición jurídica de órgano administrativo competente, esto es, como órgano superior del departamento competente de la Administración foral. Si el ciudadano o ciudadana tiene derecho a solicitar una información a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que sea Página 13 de 22 consecuencia de la actividad de esta y, ante la denegación, a acudir al Consejo de Transparencia de Navarra en garantía de su derecho, también un parlamentario o parlamentaria foral tendrá derecho a acudir al Consejo de Transparencia de Navarra cuando solicite información de esa Administración y esta se la deniegue. La Ley Foral de Transparencia no pone límite alguno por razón de la cualidad o condición personal del solicitante, sino que sus limitaciones lo son a la información por el perjuicio que su entrega puede suponer para los derechos o intereses de terceros o para el interés público que identifica. No hay, pues, limitación, ni para el derecho, ni para la garantía institucional de este a través del Consejo de Transparencia de Navarra, por razón de quien reclame sea un parlamentario foral, un concejal o una persona con cualquier otra condición electiva. Como ha declarado el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de junio de 2015, tras la entrada en vigor de la reciente legislación sobre transparencia, “el derecho de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible”. Séptimo. En defensa de la alegación de incompetencia de este Consejo para conocer de reclamaciones formuladas por parlamentarios o parlamentarias forales, el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, invoca la opinión de la doctrina científica. Concretamente, cita a tres autores: Matia Portilla, Guichot Reina y Razquin Lizarraga, en el sentido de que la vía de la reclamación ante los Consejos de Transparencia por parte de los parlamentarios o parlamentarias solo puede admitirse cuando así esté prevista expresamente en los reglamentos parlamentarios o en las leyes –estatal o autonómicas- de transparencia. Mientras no se efectué esa incorporación expresa, en criterio del Consejero informante, la posición de estos autores es que las reclamaciones de los parlamentarios o parlamentarias ante los órganos garantes de la transparencia debieran ser inadmitidas por falta de competencia. Sin embargo, la lectura de esta doctrina citada lleva al Consejo a concluir que se pronuncia a favor de que este órgano garante de la transparencia conozca de las reclamaciones presentadas por los parlamentarios o parlamentarias forales ante respuestas insatisfactorias en el ejercicio de su derecho de petición de acceso a información administrativa, como seguidamente se expone. Página 14 de 22 MATIA PORTILLA, Edmundo (“Derecho a la información de los representantes políticos, protección de datos y transparencia”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 42, 2017: 143-147), si bien señala que el hecho de que el derecho a la información de los representantes políticos y el derecho de los ciudadanos en general de acceso a la información pública encuentran su fundamento en preceptos constitucionales distintos, artículos 23.2 y 105.b, y están sometidos a regímenes jurídicos diferentes, destaca que esa diferencia no significa ignorar que ambos derechos son instrumentos orientados a posibilitar la fiscalización tanto de la actuación de los poderes públicos como del comportamiento de sus responsables. De ahí deduce que la aprobación de la legislación de transparencia ha venido a recordar a todos los operadores jurídicos una revalorización y fortalecimiento del derecho de los representantes políticos a acceder a la información obrante en poder de las Administraciones Públicas como instrumento necesario para el ejercicio del ius in officium que les garantiza el artículo 23.2 CE. GUICHOT REINA, Emilio, en “El derecho de acceso a la información pública” (Tirant lo Blanch, 2020: 831-836), cita expresamente la disposición adicional séptima de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Navarra, como ejemplo de las modificaciones de la legislación de transparencia que, a su juicio, deben realizarse a fin de aclarar y evitar la disparidad de criterios y dar la necesaria seguridad jurídica (p. 835). Tanto en esta publicación como en otra suya, “El acceso de los representantes políticos a la información y la nueva normativa sobre transparencia y acceso a la información pública” (Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, 8, 2017: 45), opina que sobre el acceso a la información de los cargos electos ha de operarse con una interpretación gramatical, histórica, sistemática y teleológica de la normativa, general y especial, lo que le conduce a afirmar que la disposición adicional primera de la LTBG se refiere en su apartado segundo a la aplicación «con carácter supletorio» de la LTBG a las materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información, y acudiendo a la regulación de la reclamación del art. 24.1 LTBG, resulta que esta se prevé «frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso», sin distinguir entre materias generales y materias objeto de regulación específica, con lo cual, entiende, la literalidad no supone obstáculo alguno a la competencia. Considera que resultaría de una incoherencia insoslayable que la normativa especial que desarrolla un derecho fundamental de los representantes políticos que resulta esencial para el ejercicio de sus funciones, en que se basa el sistema de democracia representativa, se interpretara como que desprovee a estos de una garantía con la que cuenta el común de los ciudadanos, cual es la de obtener una respuesta gratuita y rápida, por una autoridad independiente. No obstante, añade que, ciertamente, la seguridad jurídica Página 15 de 22 ganaría si se hubiera incluido una referencia expresa en la norma sobre esta cuestión, pero, en cualquier caso, no duda de la aplicación supletoria de la legislación de transparencia respecto de los regímenes específicos de cargos electos. Como ejemplo de esa seguridad jurídica señala la disposición adicional séptima de la Ley navarra. Finalmente, RAZQUIN LIZARRAGA, Martín Mª, en “Límites del derecho de información de los diputados” (Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 113, 2018: 66), opina que por razones de seguridad jurídica la vía de reclamación ante los Consejos de Transparencia por parte de los parlamentarios o parlamentarias en sus solicitudes de acceso a información en ejercicio de su status, debe estar prevista expresamente en los reglamentos parlamentarios o en las leyes autonómicas de transparencia, rechazando que pueda actuarse por vía supletoria sin más. Pues bien, en criterio de este Consejo, el apartado segundo de la tan citada disposición adicional séptima es, precisamente, la norma legal que expresamente habilita a los parlamentarios forales a formular reclamaciones ante este Consejo ante respuestas insatisfactorias de peticiones de acceso a información administrativa formuladas al amparo del artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Octavo. Ha de concluirse así que el Consejo de Transparencia de Navarra es competente, en virtud de la disposición adicional séptima, número dos, “en todos los casos y cualquiera que sea la normativa aplicable”, para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública (entre ella, los datos, informes y documentación administrativa que haya generado la Administración de la Comunidad Foral de Navarra) y para examinar, como garantía inherente a ese derecho, las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten (por los órganos “administrativos” competentes) de concesión o denegación del acceso, cuando se refieran a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, pues esta, en su condición de destinataria de la solicitud, no es Parlamento de Navarra, ni Cámara de Comptos, Consejo de Navarra o Defensor del Pueblo de Navarra. Noveno. Dicho lo anterior sobre la competencia de este Consejo, procede entrar a resolver acerca de la reclamación concreta. El parlamentario foral reclamante pidió la siguiente documentación: “1. Cuantos documentos hayan sido elaborados por el conjunto de los departamentos del Gobierno de Navarra en relación con los más de 125 proyectos Página 16 de 22 recogidos en el documento “Next Generation, una visión para Navarra” y que se enmarcan en los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y en los de REACT EU. 2. Cuantos proyectos no fueran inicialmente incluidos en dicho documento, pero finalmente se haya estimado su inclusión en los fondos”. En el escrito de reclamación precisa que “en ningún momento se han pedido los proyectos definitivos, sino los documentos elaborados por los Departamentos del Gobierno de Navarra que sustenten los proyectos recogidos en un documento presentado por la Presidenta del Gobierno o que, no estando incluidos en dicho documento, el Gobierno de Navarra haya valorado presentar.” En el escrito, de 27 de enero de 2021, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, contestando a esta petición, se dice al parlamentario foral que “El Gobierno de Navarra esbozó un total de 125 proyectos cuyo desarrollo se extenderá a lo largo de la próxima década. Actualmente se encuentran en un proceso de desarrollo, es decir, están en una fase de madurez no finalizada.” En la nota de prensa de 28 de octubre de 2020 sobre esta cuestión se dice que “De la mano del trabajo conjunto del Ejecutivo foral con los diferentes sectores de la economía navarra, tanto privada, como social y el tercer sector, con las universidades y con la Federación de Municipios y Concejos de Navarra, ha surgido todo este plan de recuperación y sus proyectos concretos.” En el informe a esta reclamación se añade que en el momento de la solicitud de información del ahora reclamante, y aún a día de hoy, no hay todavía unas convocatorias o una ventanilla a la que poder presentar proyectos para obtener financiación de los fondos Next Generation, pues preciso es recordar que mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se aprobaron medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que, de conformidad con esta norma, los fondos de Next Generation EU se materializarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, una vez que la Comisión Europea apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En el caso de nuestro país será la Administración General del Estado quien transfiera los fondos a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a través de convenios y subvenciones alineadas siempre con los objetivos fijados desde Bruselas. Página 17 de 22 En suma, se estaba en una fase no administrativa sino inserta en la esfera de la gestión política o de las relaciones políticas entre el Gobierno de Navarra y los agentes sociales y económicos y las distintas administraciones (entidades locales y Administración General del Estado). Décimo. Procede entrar, por tanto, a valorar y resolver si la concreta documentación solicitada por el parlamentario foral es o no una documentación administrativa, esto es, si es consecuencia de actuaciones realizadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito propio de su actividad administrativa. El artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra dispone que “para el mejor cumplimiento de sus funciones, los Parlamentarios Forales tendrán la facultad de recabar de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos públicos, sociedades públicas y fundaciones públicas, los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por dichas Administraciones y entes”. La facultad del parlamentario foral según este artículo 14.2 se refiere, por tanto, a la información que tenga la Administración foral como consecuencia de actuaciones que ella realice. Es de hacer notar, además, que no existe una plena correspondencia entre el citado artículo 14.2 y lo dispuesto en la legislación (foral o estatal) de transparencia, pues mientras esta última considera “información pública” la generada por las Administraciones públicas y la “que estas posean”, el artículo 14.2 ciñe el objeto del derecho del parlamentario foral a los datos, informes o documentos administrativos consecuencia de actuaciones realizadas por la Administración foral y sus entes, delimitación que se corresponde con el concepto de información generada por la Administración de la Comunidad Foral, mas no así con el concepto de información “que estas posean”. El artículo 14.2 reglamentario no otorga, según el sentido de sus palabras (artículo 3.1 del Código Civil), un derecho de acceso parlamentario a aquella información que posea la Administración foral pero que no la haya generado y que provenga de otras entidades públicas o privadas. Pues bien, la petición del parlamentario reclamante trae causa de una rueda de prensa que la Presidenta del Gobierno de Navarra ofreció el 28 de octubre de 2020, en la que anunció 125 proyectos por valor de más de 3.400 millones de euros para presentar a los fondos Next Generation en la confianza de poder integrar esas iniciativas tanto en los fondos de recuperación europeos Next Generation como en las líneas del plan del Gobierno de España. A la vista de esta rueda de prensa y en base a lo informado en ella, con fecha de 29 de diciembre de 2020, el parlamentario foral Página 18 de 22 reclamante pidió al Gobierno de Navarra acceso a la documentación existente de esos proyectos. Sin embargo, dicho anuncio de la Presidenta del Gobierno de Navarra en octubre de 2020 sobre posibles proyectos para presentar a los fondos Next Generation guardaban relación con el acuerdo alcanzado por el Gobierno de España en el Consejo Europeo para la puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación (Next Generation EU), dotado con 750.000 millones de euros, durante los años 2021 a 2026, con el fin de mitigar el impacto socioeconómico causado por la pandemia de covid-19, y que, según dicho Instrumento Europeo, los Estados miembros, para poder optar a los fondos, deberán preparar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia en los que definan su programa de reformas e inversiones para el periodo 2021-2023. El Gobierno español, como el resto de los Estados miembros que quieran hacer uso de estos fondos, disponía hasta el 30 de abril de 2021 para presentar un Plan de inversiones y reformas. A la vista del mismo, la Comisión Europea valorará si los proyectos contenidos en el Plan merecen financiación. En caso de respuesta positiva por parte de la Comisión Europea sin objetar al plan que haya presentado el Gobierno español, se obtendrá un adelanto con la prefinanciación del 20% y procederá, entonces, realizar en nuestro país convocatorias de líneas de ayudas que, como pronto, podrían iniciarse el mes de julio de 2021. Y a estos efectos, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, más tarde de las declaraciones de la Presidenta, se aprobaron las medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este contexto, procede preguntarse si los “proyectos” a los que se refería la Presidenta del Gobierno de Navarra en una rueda de prensa muy anterior en el tiempo al citado Real Decreto-Ley y a su posterior desarrollo y ejecución, han de considerarse documentación “administrativa” y “propia del escalón administrativo”, o si, por el contrario, es, si es que llegaba entonces a tal grado, una documentación que se sitúa en el ámbito estrictamente político, en cuyo marco se hace la presentación en rueda de prensa, esto es, en el escalón de la actividad política de la Presidenta del Gobierno de Navarra. El Consejo entiende que estamos ante unas declaraciones políticas sobre un futurible que todavía queda lejano de lo que finalmente pueda ser y por quien tenga la competencia para ello. No cabe duda de que en el momento en que se anunciaba la declaración política (octubre de 2020) se estaba pensando en los futuros fondos Next Generation, para los que el Gobierno de Navarra tendría sus expectativas en lo que al territorio de la Comunidad Foral se refiere. Sin embargo, la realidad jurídica posterioridad Página 19 de 22 estableció un marco distinto. Como se indica en el informe del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, mediante el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De conformidad con esta norma, los fondos de Next Generation EU se materializarán a través de los Presupuestos Generales del Estado, una vez que la Comisión Europea apruebe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En el caso de España, quien solicita los fondos es el Estado español, quien, cuando los reciba, los transferirá, por la Administración General del Estado, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a través de convenios y subvenciones. Este momento todavía no se había producido en la fecha de presentación de la reclamación, por lo que ha de concluirse que, en las fechas de la petición de la información por el parlamentario foral, no se estaba en una fase administrativa, sino, como mucho, en la de las expectativas o valoraciones políticas o en una fase muy inicial de posibles “proyectos” futuribles. Como ya se ha apuntado, la competencia del Consejo de Transparencia de Navarra no se extiende a las actuaciones políticas de la Presidenta y de los miembros del Gobierno de Navarra, menos aún de otros Gobiernos, y, por ende, tampoco se extiende a la información derivada de esa actuación política del Gobierno de Navarra. Decimoprimero. El Consejo de Transparencia de Navarra considera que concurre, además, otra causa de inadmisión, según se expone seguidamente. El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, justificó la no entrega de la documentación correspondiente a los proyectos en que estaban en fase de elaboración: “El Gobierno de Navarra esbozó un total de 125 proyectos cuyo desarrollo se extenderá a lo largo de la próxima década. Actualmente se encuentran en un proceso de desarrollo, es decir, están en fase de madurez no finalizada. En cualquier caso, se informará cumplidamente en tiempo y forma.” En el informe se insiste en que “se estaba ante documentación preparatoria, en curso de elaboración o inclusa, que, desde luego, no forma parte de ningún expediente.” Por razón de lo previsto en la disposición adicional séptima, apartado primero, de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, es de aplicación para la resolución de esta reclamación, con carácter general y en todo caso supletorio, la referida Ley Foral de transparencia. Su artículo 37 e) establece que podrán ser inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada las solicitudes que: “Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de Página 20 de 22 elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquellos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración” Esta causa de inadmisión, en lo que aquí interesa, viene referida a aquellos supuestos en los que nos encontramos con documentos que todavía no están terminados de elaborar. Se trata por lo tanto de un material en curso de elaboración, pues son aquéllos que, existiendo, sin embargo, no están terminados por su redactor. Es más, esta causa de inadmisión también puede inferirse del artículo 14.2 del Reglamento del Parlamento de Navarra en cuanto establece que las peticiones de información de los parlamentarios han de versar sobre actuaciones “realizadas” por las Administraciones, lo que significa que han de estar ya elaboradas, no en proceso de elaboración. En este caso, la información solicitada, de existir, no tendría la consideración jurídica de “proyectos acabados”, sino de ideas que el Gobierno de Navarra estaría esbozando. Se trataría, por tanto, de documentos en proceso de elaboración, no de una información o documentación acabada. En su virtud, siendo ponente Juan Luis Beltrán Aguirre, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por mayoría, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ACUERDA: 1º. Inadmitir la reclamación formulada por don XXXXXX, parlamentario foral del grupo parlamentario de Navarra Suma, ante lo que considera una negativa del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a la entrega de la información pedida el 29 de diciembre de 2020 al Gobierno de Navarra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento del Parlamento de Navarra. Página 21 de 22 2º. Notificar este acuerdo al parlamentario foral reclamante. 3º. Notificar este acuerdo al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. 4º. Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. 5º. Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento. El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria Consta firma en original Juan Luis Beltrán Aguirre Página 22 de 22