Reclamación por denegación de acceso a programaciones didácticas y calificaciones de otros aspirantes en proceso selectivo de profesorado

Reclamación 19/2022 ACUERDO AR 20/2022, de 25 de abril, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación formulada ante el Departamento de Educación. Antecedentes de hecho. 1. El 8 de marzo de 2022 el Consejo de Transparencia de Navarra recibió una reclamación de don XXXXXX frente al Departamento de Educación, por no atender una solicitud de información que presentó, referente a las programaciones didácticas, junto con su calificación, realizadas por varios aspirantes del concurso-oposición de profesorado de enseñanza secundaria convocado por Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente. 2. El 14 de marzo de 2022 la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Departamento de Educación, solicitando que, en el plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de alegaciones que estimase oportuno. 3. El 28 de marzo de 2022 se recibió el informe emitido por el Departamento de Educación, en el que se expone lo siguiente: “Según consta en expediente, don XXXXXX presentó instancia de participación en la convocatoria aprobada mediante Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, por la que se aprueban los procedimientos selectivos de ingreso, acceso y de adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de ingreso y adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Página 1 de 13 Este aspirante presentó solicitud de participación para la convocatoria en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura, idioma castellano, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (590). El número de orden de registro de la solicitud fue el 2020/ZZZZ. El aspirante presenta reclamación referida a la solicitud al Departamento de Educación de diversas programaciones didácticas presentadas por otras personas aspirantes en la segunda prueba de la oposición convocada por Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación. Al tratarse de un procedimiento finalizado, hay que tener en cuenta el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, sobre las limitaciones del derecho de acceso a la información pública, que remite al artículo 32 de la LFTAIPBG para la limitación de información pública en relación con la protección de datos de carácter personal. La justificación se encuentra en que: - Tal como se extrae de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el acceso a un examen o una prueba de conocimientos y a las observaciones o anotaciones que hayan podido efectuar sus examinadores o evaluadores a cada prueba individualmente (no la calificación final de la prueba) constituyen datos de carácter personal. - Los datos solicitados no son meramente identificativos o de contacto. Página 2 de 13 - La revelación de los datos personales de los aspirantes que participaron en las pruebas selectivas puede suponer para las concretas personas afectadas un perjuicio derivado de tal revelación para su intimidad o consideración profesional. Por todo lo anterior, el Departamento de Educación entiende que las personas aspirantes pueden revisar el contenido de las programaciones de su especialidad e idioma, pero no procede la entrega a terceros de programaciones didácticas presentadas y guiones utilizados por los aspirantes. En este sentido, el aspirante ha accedido a la vista de todas las programaciones que ha requerido de las personas aspirantes que han concurrido al proceso selectivo en su especialidad e idioma; como así lo ha hecho el resto de aspirantes. En cualquier caso, si el aspirante lo solicita mediante Registro General Electrónico se le dará cita para proceder a la vista de los expedientes que considere. Para que así conste donde proceda”. Fundamentos de derecho. Primero. La reclamación presentada trae causa de una solicitud de información que el señor XXXXXX dirigió al Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación el 17 de enero de 2022. En dicha solicitud el ahora reclamante exponía que había participado, como aspirante, en el procedimiento selectivo de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades al cuerpo de profesores de enseñanza secundaria convocado por Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Página 3 de 13 Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, concretamente en la especialidad de lengua castellana y literatura (idioma: castellano). Señalaba que el 15 de septiembre de 2021 acudió a la cita concertada para acceder al expediente del proceso selectivo, en la que pudo revisar la información relativa a las pruebas de cada aspirante, así como obtener copia de las respuestas de la primera prueba del proceso. Sin embargo, no pudo hacer copia de las programaciones didácticas presentadas por los aspirantes en la segunda prueba, al negarse los funcionarios encargados del trámite a facilitárselas. Así las cosas, solicitaba la siguiente información: “Las programaciones didácticas, junto con su calificación, presentadas a la segunda prueba de la oposición indicada en la Resolución 8/2019, correspondiente a la especialidad de lengua castellana y literatura (idioma: castellano) de las siguientes personas, eliminando previamente sus datos personales (…)”. Se identificaba en la solicitud, con nombre y dos apellidos, a los ocho aspirantes cuyas programaciones didácticas se solicitaban. En la reclamación posteriormente presentada ante el Consejo de Transparencia de Navarra, el señor XXXXXX indicaba que no se había dado respuesta a su solicitud y que ni siquiera se le había informado sobre su situación procedimental. Pedía que se tramitara su solicitud de información. Segundo. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de Página 4 de 13 transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. El Consejo es competente para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información, por lo que le corresponde resolver la reclamación presentada frente al Departamento de Educación. Tercero. El artículo 41.1 LFTN establece que el órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla lo antes posible y, a más tardar, en los plazos establecidos en las normas con rango de ley específicas. En defecto de dicha previsión, se dispone un plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro de la Administración o entidad competente para resolver, con carácter general, y se contempla la posible ampliación por otro mes adicional, si el volumen y la complejidad de la información así lo justificara. El artículo 41.2 LFTN prevé que, si no se hubiese recibido resolución expresa en en el plazo máximo, se entenderá estimada la solicitud, salvo en relación con la información cuya denegación, total o parcial, viniera expresamente impuesta en una norma con rango de ley. En línea con este carácter estimatorio o positivo del silencio, el artículo 41.3 LFTN establece que la Administración pública, en tales casos de estimación presunta, “vendrá obligada a emitir y notificar la resolución expresa reconociendo el derecho, total o parcialmente, conforme a las previsiones recogidas en esta ley foral”. Cuarto. La solicitud de información a la que se alude, del 17 de enero de 2022, no fue resuelta en el plazo de un mes legalmente establecido, que ya había vencido a la fecha de interponer la reclamación que ahora se resuelve (8 de marzo de 2022). Página 5 de 13 La falta de resolución ha determinado la estimación de la solicitud, por efecto del precitado artículo 41.2 LFTN, al no apreciarse una norma con rango de ley que imponga una denegación, como se deriva asimismo de lo que se razonará a continuación. Dicha estimación por efecto del silencio constituye un auténtico acto administrativo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sustancialmente concordante con el artículo 41.3 LFTN. Quinto. La jurisprudencia se ha pronunciado sobre la cuestión relativa al acceso por unos aspirantes a los ejercicios o pruebas realizados por otros aspirantes en el marco de procesos selectivos o de concurrencia competitiva. Ya en la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2005, dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 68/2002, se declaraba: “El punto de partida en el que nos sitúa la Constitución no puede ser otro que el del reconocimiento a los ciudadanos de la facultad de acceder a los documentos que obran en los archivos y registros públicos. Esta es la regla general y las excepciones que se le impongan por las Leyes han de estar justificadas en términos constitucionalmente aceptables. Proyectando estos criterios al caso que tenemos ante nosotros debemos comprobar si está justificada la denegación del acceso a los ejercicios de los otros opositores y al dictamen modelo, así como la negativa de las copias pretendidas. Aceptando que los ejercicios en cuestión pueden ser considerados documentos nominativos de conformidad con el artículo 37.3 de la Ley 30/1992, como afirma la contestación a la demanda, hace falta determinar si, como también se mantiene por el Letrado de las Cortes Generales, el recurrente no ha acreditado poseer, además del interés que puede concurrir en cualquier ciudadano, el que ese precepto califica Página 6 de 13 de legítimo y directo. A este respecto, hay que decir que, si bien es verdad que en el escrito de 13 de junio de 2001 que abre el expediente administrativo no se hacen precisiones sobre el particular, sí consta en él que los documentos en cuestión pertenecen al proceso selectivo en el que el solicitante tomó parte. Esa concreción ya es significativa por sí misma ya que, gracias a ella, desde el primer momento sabe la Administración Parlamentaria que el solicitante no es un ciudadano cualquiera, sino que presenta la condición singular de haber sido parte en el procedimiento en el que se generaron esos documentos. Y, además, sabe también la Administración que uno de ellos lo escribió él y que los restantes sirvieron, junto con el suyo, para que el Tribunal resolviera sobre la calificación que merecía cada uno, dependiendo directamente de ello la adjudicación de las cuatro plazas en disputa. (…) Considera la Sala que, si el interés legítimo y directo a que alude el artículo 37.3 de la Ley 30/1992 se mide por la posibilidad de que el acceso a los documentos depare a quien lo pretende un beneficio o provecho o le sirve para evitar o disminuir un perjuicio, es evidente que el Sr. José lo posee. Tanto por el mero efecto derivado del conocimiento del contenido de esos documentos, determinante para explicar el resultado de la oposición, como porque, en función del mismo, aunque ya no pueda interponer recurso Contencioso-Administrativo contra la resolución que puso fin al proceso selectivo, eso no significa que no tenga a su disposición otras vías jurídicas para reaccionar contra lo que entienda que es injusto. Frente a lo que se ha dicho no cabe oponer, como hace el Letrado de las Cortes Generales, las consecuencias que se podrían producir en función de la utilización que el recurrente haga del conocimiento que va a obtener y de las copias que va a recibir. De ello será, ciertamente responsable el propio actor, pero no hay razón para presumir que va a conducirse de manera antijurídica (…) Por el contrario, la solución a la que llegamos, además de ser coherente con lo que la Constitución afirma en su artículo 105 b), también lo es con los principios que Página 7 de 13 deben inspirar la actuación de las Administraciones Públicas y, en particular, con el de transparencia que, según el artículo 3.4 de la Ley 30/1992 y conjuntamente con el de participación, ha de guiar sus relaciones con los ciudadanos. La conclusión estimatoria a la que conduce cuanto acabamos de señalar ha de ser acompañada de otras consideraciones que le doten de la imprescindible precisión. La primera es que el recurrente tiene derecho a acceder a los documentos que ha indicado. Y también lo tiene a obtener copia de ellos a sus expensas, pues el artículo 37.8 de la Ley 30/1992 dice expresamente que el derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos cuyo examen sea autorizado por la Administración previo pago, en su caso, de los exacciones que se hallen legalmente establecidas. Dado que debió ser autorizado el acceso, igualmente se debieron expedir las copias correspondientes. También ha de serle facilitado al actor el acceso y la copia correspondiente al dictamen que según el Sr. José, sirvió al Tribunal para establecer el caso práctico objeto del tercer ejercicio de la oposición. Es cierto que sobre su existencia no se ha manifestado la Administración Parlamentaria del Congreso de los Diputados, ni para reconocerla ni para negarla. Eso no es óbice, sin embargo, para que declaremos el derecho del Sr. José a acceder y a obtener copia del mismo en el caso de que exista, de no mediar alguna de las causas en virtud de las cuales el artículo 105 b) de la Constitución, el artículo 37 de la Ley 30/1992 o alguna otra norma con valor de Ley lo impidan”. En la Sentencia 2487/2016, de 22 noviembre de 2016, el mismo Tribunal Supremo declaró: “Y tampoco es aceptable decir que carece de relevancia para la recurrente el juicio sobre los demás aspirantes tras sus respectivas entrevistas. De un lado porque, no habiendo constancia del contenido de las entrevistas y de los criterios con que se valoraron, no se sabe cómo puede la contestación a la demanda hacer esa afirmación. Página 8 de 13 De otro lado y al contrario de lo que defiende, las apreciaciones de la comisión de selección sobre la que llama idoneidad de los candidatos se hacen en un contexto competitivo de manera que es inevitable la relación de la valoración de unos con la de otros. Y, precisamente, porque para no ser arbitraria la apreciación de la comisión de selección se ha de hacer a partir de los mismos criterios, conocer el contenido de las otras entrevistas sirve para comprobar si se ha aplicado a todos el mismo rasero. De ahí que la jurisprudencia haya afirmado el derecho de los interesados a comparar sus ejercicios con los de otros aspirantes cuando sostenga que han obtenido una mejor valoración pese a ser su contenido sustancialmente idéntico”. Sexto. Por otro lado, la Agencia Española de Protección de Datos, en su informe 178/2014, analizando la relación entre el derecho a la protección de datos personales y el derecho de acceso a la información pública desde el punto de vista de la existencia de procesos de concurrencia competitiva, citando jurisprudencia, señaló: “Así, en relación con los procesos de concurrencia competitiva, y aun no siendo similar al supuesto ahora planteado, podría tenerse en cuenta la doctrina de la Audiencia Nacional en relación con las cesiones de datos de las calificaciones otorgadas en el marco de procesos selectivos, en que el tribunal ha considerado que el principio de publicidad y transparencia se torna en esencial, como garantizador del principio de igualdad. Así, la Audiencia Nacional ha ponderado el principio de publicidad con la protección de datos de carácter personal, llegando a la conclusión que durante la tramitación del proceso selectivo ha de prevalecer el primero (…) Desde este punto de vista, debemos concluir que no es exigible el consentimiento de aquellas personas que participen en un procedimiento de concurrencia competitiva para el tratamiento de las calificaciones obtenidas en dicho procedimiento y ello como garantía y exigencia de los demás participantes para asegurar la limpieza e imparcialidad del procedimiento en el que concurren (…) Página 9 de 13 Es cierto que la Ley Orgánica 15/1999 no recoge expresamente exenciones o excepciones al régimen de tratamiento de datos personales en ella contenida con fundamento en las garantías de transparencia de los procesos competitivos por lo que será preciso ponderar los intereses en conflicto para poder determinar cuál de ellos debe prevalecer. Efectuada dicha ponderación, y valorando las circunstancias que aquí concurren, es claro para este Tribunal que debe prevalecer en este caso la garantía de publicidad y transparencia del proceso competitivo sobre el derecho a la protección de datos. Aplicando esta doctrina al supuesto planteado, relacionado con el acceso por un estudiante al expediente académico de otro, a fin de conocer sus calificaciones en relación con las matriculas de honor concedidas, seria preciso conocer si, a la luz de la Ley 30/1992, el solicitante puede ser calificado como interesado; es decir, si del contenido del citado expediente puede deducirse a su favor un determinado beneficio o perjuicio, lo que dependerá de las circunstancias relacionadas con el supuesto concreto o las deducciones que sobre las tasas universitarias deban realizarse en caso de haber obtenido las calificaciones planteadas. En todo caso, el acceso debería realizarse a los datos respecto de los que pueda predicarse la citada condición de interesado; es decir, respecto de los que el solicitante se encontrase en una situación de concurrencia competitiva respecto del afectado al que se refirieran los datos”. Séptimo. Los anteriores pronunciamientos guardan relación con lo previsto en los artículos 13 y 53.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que reconocen expresamente el derecho del interesado a acceder a la información contenida en los expedientes en los que tenga dicha condición, así como a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. Condición de interesado que, en este caso, ostenta el reclamante, quien, como ha quedado reflejado, ha sido aspirante en el mismo concurso-oposición que aquellos Página 10 de 13 cuyas programaciones didácticas solicita, teniendo, por lo tanto, por tratarse de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva, un interés contrapuesto. Octavo. Con posterioridad a la formulación de la reclamación, de manera prácticamente simultánea a remitir al Consejo de Transparencia de Navarra el informe solicitado, el órgano administrativo ha comunicado al solicitante su negativa a proporcionar la información (mediante la remisión, según cabe comprobar, de dicho informe, cuyos términos han quedado recogidos en el antecedente de hecho segundo de este acuerdo). Al haber operado el silencio administrativo positivo y no existir una ley que determine la negativa (más bien, al contrario, según se ha razonado), la respuesta tardía no podía ser desestimatoria, en virtud del ya citado artículo 41.3 LFTN, así como del artículo 24.3 a) de la Ley 39/2015. Noveno. Todo lo anterior lleva a estimar la reclamación y a declarar el derecho del reclamante a obtener la documentación solicitada, que comprende las programaciones didácticas de ocho aspirantes, a los que se alude en la solicitud, y su calificación por parte del Tribunal actuante en el proceso selectivo, tal y como esta última obre en el expediente administrativo. No cabe oponer a ello el derecho a la protección de datos personales de los aspirantes, pues, aun ponderando el mismo, por lo razonado, procede facilitar la información. Y con mayor razón y claridad si cabe cuando, como también ha quedado reflejado, el propio reclamante, ya en su solicitud inicial, pedía que se eliminaran los datos personales correspondientes a las ocho programaciones solicitadas. Tampoco cabe oponer el hecho de que los miembros del Tribunal hayan podido, en su caso, realizar “observaciones o anotaciones en las pruebas”; de Página 11 de 13 haberlas, no cabe sino entender que estarán hechas en lo que es propio y específico de la labor de evaluación y calificación que corresponde al órgano de selección. En su virtud, siendo ponente don Carlos Sarasibar Marco, el Consejo de Transparencia de Navarra, previa deliberación, y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ACUERDA: 1º. Estimar la reclamación formulada por don XXXXXX frente al Departamento de Educación, por no atender la solicitud de información que presentó, referente a las programaciones didácticas, junto con su calificación, realizadas por varios aspirantes del concurso-oposición de profesorado de enseñanza secundaria convocado por Resolución 8/2019, de 26 de diciembre, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente. 2º. Dar traslado de este acuerdo al Departamento de Educación, a fin de que proceda a: a) Entregar, en un plazo de diez días, al reclamante una copia de las programaciones didácticas solicitadas, realizadas por los ocho aspirantes a que se alude en la solicitud de información, así como de la documentación del expediente que refleje la calificación de las mismas. b) Remitir al Consejo de Transparencia de Navarra copia del envío de la información remitida al reclamante, en el plazo de diez días hábiles desde que se efectúe, a fin de acreditar el debido cumplimiento de este acuerdo. 3º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX. Página 12 de 13 4º. Señalar que, contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra recurso contencioso-administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 5º. Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo, para su general conocimiento. El Presidente del Consejo de Transparencia de Navarra Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako Lehendakaria Consta firma en original Juan Luis Beltrán Aguirre Página 13 de 13