Acceso a expediente de agricultura, ganadería y montes solicitado por concejal y entregado tardíamente por el Ayuntamiento de Tudela

ACUERDO AR 117/2025, de 13 de octubre, del Consejo de Transparencia de Navarra, por el que se resuelve la reclamación 108/2025 formulada ante el Ayuntamiento de Tudela. Antecedentes de hecho. 1. Con fecha 20 de agosto de 2025 se presenta escrito dirigido al Consejo de Transparencia firmado por don XXXXXX, concejal del Ayuntamiento de Tudela, mediante el que formula una reclamación frente al Ayuntamiento de Tudela ante la falta de respuesta a su solicitud de información pública de 14 de agosto de 2025 (número de registro 2025016196) relativa a acceso a expediente 10/2024/ATCO, relativo al área de agricultura, ganadería y montes. 2. El 25 de agosto se requiere al reclamante para la subsanación de su reclamación, y a tal fin, presente copia de la solicitud presentada ante el Ayuntamiento. 3. En respuesta al requerimiento, se presenta escrito el 25 de agosto en el que el reclamante manifiesta: “PRIMERO. Que con fecha 14 de agosto de 2025 presenté solicitud de acceso a la información pública ante el Ayuntamiento de Tudela, registrada con el número de entrada 2025016196, en la que solicité acceso al expediente 10/2024/ATCO. SEGUNDO. Que en el requerimiento de subsanación recibido se me pide aportar copia de la concreta solicitud presentada. TERCERO. Que debo señalar que el Ayuntamiento de Tudela no facilita al solicitante copia íntegra de la instancia registrada, limitándose a emitir un justificante de registro electrónico sin reproducir el contenido de la petición. La única vía para recuperar el texto de lo solicitado es el extracto que se muestra en la Carpeta Ciudadana de la sede electrónica municipal. CUARTO. Que, en consecuencia, adjunto al presente escrito captura de pantalla de la sede electrónica en la que consta el número de registro 2025016196, la fecha de anotación y el extracto con la información solicitada (“Solicito acceso al expediente 10/2024/ATCO”). 4. A la vista del escrito presentado, se admite la subsanación, se prosiguen las actuaciones, y el 17 de septiembre la Secretaría del Consejo de Transparencia de Navarra trasladó la reclamación al Ayuntamiento de Tudela, solicitando que, en plazo máximo de diez días hábiles, remitiera el expediente administrativo y el informe de Página 1 de 8 alegaciones que considerase oportuno a los efectos de resolver la reclamación planteada. 5. El 29 de agosto de 2025 se recibió en el Consejo de Transparencia de Navarra contestación al requerimiento en la que en escrito adjunto se informa: “Habiendo recibido reclamación 107/2025 del Consejo de Transparencia de Navarra sobre reclamación en materia de acceso a información pública presentada por Don XXXXXX, frente a la falta de respuesta de este Ayuntamiento a la solicitud de información pública realizada por éste el 19 de junio de 2025, con nº de registro 2025016067, relativa al acceso a expediente de contratación de la instalación de toldo en c/ Yanguas y Miranda de la localidad, o, en su defecto, la información existente sobre el procedimiento seguido en dicha actuación indicar que: Dicha petición, al no existir resolución motivada de alcaldía para su denegación trascurridos cinco días naturales desde su solicitud, en concordancia con lo establecido en el artículo 77 de la Ley 7, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y los artículos 9.3. y 9.4. del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Tudela se presume concedido, y por tanto no se entiende muy bien su solicitud a través del Consejo de Transparencia. Con carácter general, las solicitudes de acceso a la información pública presentadas por los concejales se realizan dentro del plazo referido de cinco días naturales, si bien debido a las ausencias producidas durante el periodo vacacional, no ha podido atenderse la petición realizada por D. XXXXXX, con fecha 13 de agosto de 2025 (núm. registro 2025016067). No obstante, lo anterior y con fecha 28 de agosto de 2025 se ha puesto a disposición y remitido el expediente completo 132/2025/CONAD a Don XXXXXX, mediante notificación fehaciente, la cual ha sido incluida en el expediente que se remite junto a la presente.” Fundamentos de derecho. Primero. Conforme a lo establecido en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LFTN), el Consejo de Transparencia de Navarra es el órgano independiente de control en materia de transparencia en la Comunidad Foral de Navarra, que vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y que garantiza el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Al Consejo de Transparencia de Navarra le corresponde conocer de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública emanadas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y/o del resto de las entidades contempladas en el artículo Página 2 de 8 2 de la LFTN. Así pues, es competente para resolver la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Tudela. Segundo. La reclamación se ha presentado por un concejal del Ayuntamiento, por lo que, de manera preliminar, y antes de entrar a examinar la cuestión de fondo, se hace necesario realizar un breve análisis acerca de las vías de acceso para el ejercicio del derecho a la información pública por parte de los cargos electos locales y su relación con LFTN. Vías de acceso que parten de presupuestos diferentes y obedecen a finalidades distintas. En primer lugar, el artículo 77 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante, LRBRL), otorga a los miembros de las corporaciones locales, en su condición de tales, el derecho a obtener del alcalde o de la comisión de gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Conforme al citado artículo 77 de la LRBRL y el artículo 14.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, el derecho de información de los miembros de las entidades locales aparece estrecha y directamente relacionado con el “desarrollo de su función” y, muy especialmente, en los términos del artículo 22.2 a) de la propia LRBRL, con las funciones de “control y fiscalización de los órganos de gobierno”, para la rendición de cuentas y asunción de responsabilidad por parte de los poderes públicos. Y aplicable a todas las entidades locales de Navarra, el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se manifiesta prácticamente en los mismos términos. Conforme a este precepto, los cargos electos de las entidades locales tienen el derecho de acceso a cuantos documentos y archivos obren en las mismas y resulten precisos para el desarrollo de su función. Y en el numeral dos del mismo artículo se establece que esta petición o solicitud ha de ser resuelta motivadamente por el Alcalde o por la Junta de Gobierno Local en los cinco días naturales siguientes a la fecha en que se hubiera presentado en el Registro de la entidad local. Paralelamente a este bloque normativo de acceso a información por parte de los representantes locales, se sitúa el derecho de acceso a la información por los ciudadanos, que se enmarca, no tanto en el control meramente político sino en el derecho a conocer cómo se toman las decisiones que afectan a la ciudadanía y cómo se manejan los fondos públicos. Y si bien, en algún momento se ha generado dilema acerca de si es aplicable el derecho de acceso a la información regulado por las leyes de transparencia, puesto que el ejercicio del derecho a la información de los cargos electos es un régimen jurídico completo y acabado y caracterizado por la regulación de un específico procedimiento de derecho de acceso en cuanto a solicitud, plazos, Página 3 de 8 formalización del acceso, etc., el Tribunal Supremo ha insistido en la idea de protección reforzada del derecho de acceso a la información de los cargos electos, fundamentalmente por su vinculación con el artículo 23 de la CE. En su sentencia de 15 de junio de 2015, el Tribunal Supremo se pronunció en el sentido de que, en relación con el derecho de acceso de parlamentarios autonómicos: “En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no solo no podrán ser inferiores a los que tienen ya a disposición cualquier ciudadano en virtud de las leyes de transparencia, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible.” En posteriores sentencias, (por todas, Sentencia dictada en casación nº 1033/2022, de 10 de marzo de 2022, f. j. 4) el Tribunal Supremo ha reconocido expresamente el derecho de los miembros de las Corporaciones Locales, cuando consideren insatisfecha su solicitud de información realizada en el ejercicio de sus funciones, a interponer la reclamación que se regula en la legislación de transparencia, así: “El artículo 23.1 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno establece que << 1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común>>. La referencia que hace el precepto al artículo 107.2 de la Ley 30/1992 pone de manifiesto que la reclamación que se regula en la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno sustituye al recurso de alzada, lo que deja a salvo la posible coexistencia de dicha reclamación con el recurso potestativo de reposición. Y en esa misma línea se pronuncia la Ley catalana 19/2014, que, después de contemplar la posibilidad del recurso potestativo de reposición (artículo 38), pasa a regular la reclamación ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información pública (artículos 39 y siguientes). Por tanto, la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno admite que la reclamación que en ella se regula pueda dirigirse contra el acto originario que deniega el acceso a la información o, en su caso, contra el acto que desestima el recurso potestativo de reposición que eventualmente se hubiera interpuesto contra aquél. Por otra parte, es oportuno señalar que la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno (y en los artículos 39 y siguientes de la ley catalana 19/2014) es meramente potestativa, de manera que Página 4 de 8 no constituye una carga para quien pretende acceder a la información, ni un paso previo obligado antes de acudir a la vía contencioso-administrativa, sino que la posibilidad de formular la reclamación se ofrece al interesado como una garantía a la que voluntariamente puede acogerse para la protección de su derecho. Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información << se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio>>. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formularla reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre).” Tercero. Por su parte, es preciso destacar que la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el apartado 2 de la Disposición Adicional Séptima, atribuye al Consejo de Transparencia de Navarra, en todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable, competencia para velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y así como para examinar las reclamaciones contra los actos y resoluciones que se dicten de concesión o denegación total o parcial de acceso a la información pública, en todos los casos, y cualquiera que sea la normativa aplicable, por tanto es competente para conocer de la reclamación formulada por un concejal ante la falta de respuesta a una solicitud de información pública planteada para el desarrollo de sus funciones. Cuarto. En el momento en el que fue presentada la reclamación que ahora se resuelve, la pretensión de acceso a la información que había sido solicitada con fecha 14 de agosto de 2025 debía entenderse estimada presuntamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 del ROF. Por tanto, en aquel momento el objeto de la reclamación era una resolución presunta cuyo contenido era el reconocimiento del derecho del miembro de la Entidad local a acceder a aquella información. Con carácter Página 5 de 8 general, en aquellos supuestos en los que el interesado ha obtenido por silencio administrativo el reconocimiento de una prestación pública, algo que materialmente debe producir o entregar la Administración, el acto presunto, desde un punto de vista práctico, puede adolecer de falta de virtualidad o de efectividad, puesto que a pesar de que se haya producido el silencio positivo, la persona solicitante sigue sin ver satisfecho el objeto de su solicitud (en este caso, la obtención del acceso a la información pedida). En este sentido y siguiendo lo afirmado al respecto en el Criterio Interpretativo de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública de Cataluña (GAIP), de 7 de enero de 2016, sobre reclamación en caso de silencio administrativo, la previsión del legislador de crear organismos de garantía en materia de acceso a la información pública que se ofrecen como alternativa a la vía jurisdiccional, es significativa de la voluntad de facilitar a todos los ciudadanos la tutela y garantía del derecho de acceso a la información, en todos aquellos casos en los que este no se vea satisfecho, bien por verse desestimado el mismo expresa o presuntamente al margen de lo dispuesto en la normativa aplicable; bien por no verse materializado efectivamente mediante el acceso solicitado como consecuencia de una mala praxis de la Administración al no cumplir con su obligación de resolver, cuando el silencio sea positivo. En consecuencia, puesto que los artículos 24 de la LTAIBG y 45 de la LFTNA, reconocen expresamente la posibilidad de interponer ante este Consejo de Transparencia reclamaciones frente a resoluciones presuntas en materia de acceso a la información pública, resulta coherente con la letra y con el espíritu de estas leyes que, dentro de estas reclamaciones presuntas impugnables, se incluyan también las estimatorias. Lo contrario implicaría que en estos casos se “beneficiara” la actuación incorrecta de la Administración consistente en no resolver lo procedente en el plazo establecido para ello, con la frustración del legítimo derecho de los ciudadanos a solicitar la tutela de este órgano de garantía del derecho de acceso a la información pública. Quinto. El reclamante, en su escrito de 14 de agosto de 2025 (número de registro 2025016196) solicita acceso a expediente 10/2024/ATCO, relativo al área de agricultura, ganadería y montes y a fecha de la reclamación ni se proporcionó la información solicitada ni se comunicó expresamente la inexistencia de la misma. Y, si bien, finalmente, se ha procedido por parte del Ayuntamiento de Tudela a remitir respuesta a la solicitud, esta entrega se ha efectuado fuera de plazo, durante la tramitación del procedimiento de reclamación, cuando lo apropiado hubiera sido dar contestación al solicitante dentro de los plazos establecidos conforme al artículo 41.1 de Página 6 de 8 la LFTN, que remite a los plazos que establezcan las leyes que regulen un régimen específico de acceso a la información pública, y, en segundo lugar, en defecto de previsión de un régimen específico, establece con carácter general el plazo máximo de un mes. En este supuesto, como se ha referido, tanto el artículo 77 de la LRBRL como el artículo 76 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, establecen que las solicitudes de los miembros de las Corporaciones Locales para el ejercicio del derecho de acceso a la información han de ser resueltas motivadamente en los cinco días naturales siguientes a aquél en que se hubiesen presentado. Tal actuación resulta contraria a los propósitos de la LFTN, cuál es que la ciudadanía y, en este caso, además, miembro de la corporación local, obtenga la información con la celeridad deseable, esto es dentro del plazo legalmente establecido, y por ello, tal modo de proceder por parte de la entidad local merece reproche. En tales circunstancias, por parte del Consejo de Transparencia procede dictar acuerdo estimatorio de la reclamación, reconociendo el derecho del reclamante a la información, aunque sólo sea para reconocer y recordar el derecho que asiste a la ciudadanía de acceder en plazo a la información pública solicitada. No obstante, dado que la misma ya ha sido enviada, aunque tardíamente, al interesado, no procede ordenar ninguna actuación adicional a la entidad local. En su virtud, siendo ponente doña Itziar Ayerdi Fernández de Barrena, previa deliberación y por unanimidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ACUERDA: 1º. Estimar la reclamación presentada por don XXXXXX formulada frente al Ayuntamiento de Tudela 2º. Notificar este acuerdo a don XXXXXX. 3º. Trasladar este acuerdo al Ayuntamiento de Tudela. Página 7 de 8 4.º Señalar que, contra este acuerdo que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, recurso contencioso administrativo en el plazo máximo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la notificación del mismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 5º. Publicar este acuerdo en el espacio web del Consejo de Transparencia de Navarra, previa notificación a las partes y disociación de los datos de carácter personal que figuran en el mismo para su general conocimiento. El Presidente en funciones del Consejo de Transparencia de Navarra Nafarroako Gardentasunaren Kontseiluako jarduneko Lehendakaria Consta firma en original Juan Luis Beltrán Aguirre Página 8 de 8