Reclamación por denegación presunta de acceso a informes técnicos de contratación en el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba

Resolución 26/2023, de 1 de febrero, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-18/2022 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 3 de junio de 2021, D. XXX dirigió, a través de un correo electrónico, una solicitud de información pública al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora). El texto de este correo electrónico, donde se identificaba el objeto de la petición de información, fue el siguiente: “En el ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN del contrato de servicios por procedimiento abierto simplificado para la redacción de las normas urbanísticas municipales del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora) se dice que «emitidos y examinados los informes que fueron solicitados al arquitecto XXX, así como el informe emitido por la Secretaria del Ayuntamiento, como servicio técnico del Ayuntamiento»…«Dado que según los informes técnicos la justificación de las ofertas anormalmente bajas…la mesa de contratación acuerda la exclusión de la clasificación de las ofertas presentadas». Me sorprende que sin haber realizado un cálculo estimado del contrato basado en un método, se pueda llegar a la conclusión de que la justificación presentada, basada en un método de cálculo que desglosa todo lo necesario para ejecutar el trabajo, pueda no ser válida hasta el punto de excluirla y finalmente hacer que los contribuyentes tengan que pagar un precio más alto que el marcado por el mercado competitivo. Por ello les ruego me envíen copia de esos 2 informes técnicos en los que se basan, para estudiar si son acordes a derecho con mis servicios jurídicos y en caso de que se estime oportuno realizar las acciones legales que puedan corresponder”. Consta un acuse de recibo enviado por correo electrónico desde la Oficina Auxiliar de Registro Electrónico del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, en el cual se señaló lo siguiente: “En relación con su solicitud, escrito o comunicación presentado en las oficinas de registro de esta entidad, le adjuntamos el acuse de recibo a través del cual puede acreditar en cualquier momento la fecha y hora de presentación, el número de entrada de registro asignado”. Esta petición fue reiterada a través del mismo cauce con fechas 15 de junio de 2021 y 12 de enero de 2022. Hasta la fecha, no consta que la solicitud indicada haya sido respondida por el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba. Segundo.- Con fecha 21 de enero de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Consta la recepción de esta petición por el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, tanto por comparecencia electrónica (con fecha 8 de marzo de 2022), como a través de la firma del correspondiente aviso de recibo certificado (con fecha 14 de marzo de 2022). Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es la misma persona que se dirigió, en su día, en solicitud de información pública al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba. Cuarto.- Nos encontramos aquí ante la impugnación de una denegación presunta de la información solicitada puesto que, constando la recepción de la petición de información en el Ayuntamiento indicado, esta no ha sido respondida. En efecto, la desestimación presunta objeto de esta reclamación se ha producido al haber transcurrido un plazo muy superior a un mes desde que tuvo lugar la entrada de aquella solicitud de información en el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, sin que este haya procedido a su resolución expresa. En este sentido, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo que se indica a continuación: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Respecto al plazo para la formulación de la presente reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan lo efectos del silencio administrativo. No obstante, en relación con esta cuestión formal compartimos el criterio manifestado por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición se concluye que “… la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. Quinto.- La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. El artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 119 de la LPAC señala que la resolución de un recurso “estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión”, así como que “el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento”. Lo anterior aplicado a la impugnación que nos ocupa implica que esta Comisión de Transparencia no debe limitarse únicamente aquí a instar a la Administración municipal la resolución expresa de la solicitud presentada, poniendo fin así al incumplimiento de la obligación de resolver esta última en el que se está incurriendo, sino que debe pronunciarse también sobre el contenido que debe tener aquella resolución. Sexto.- El objeto de la petición de información cuya denegación presunta constituye el objeto de esta reclamación es el acceso a dos informes emitidos en el marco de un procedimiento de adjudicación de un contrato de servicios para la redacción de las normas urbanísticas municipales, en el que el solicitante había presentado una oferta. Estos informes se debieron haber emitido en el marco del procedimiento de adjudicación del contrato de servicios en cuestión y, en concreto, del regulado en el artículo 149 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante, LCSP), para proceder a la exclusión del procedimiento de licitación de una oferta que resulte inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja. Sin perjuicio de las previsiones de aplicación directa a este procedimiento recogidas en la citada LCSP, de conformidad con lo dispuesto en su disposición final cuarta resultan aplicables aquí también subsidiariamente los preceptos contenidos en la LPAC. De acuerdo con la regla específica establecida en la disposición adicional primera de la LTAIBG (“la normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”) el reclamante, como participante en el procedimiento de adjudicación del contrato en cuestión y, por tanto, con la condición de interesado en este, tenía derecho a acceder a los documentos integrantes del expediente administrativo, en último término, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1 a) de la LPAC, precepto que reconoce el derecho a todos los interesados a “acceder y a obtener una copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos”. Superando un criterio de interpretación literal y restrictivo de la citada disposición adicional primera de la LTAIBG, esta Comisión de Transparencia viene manteniendo, entre otras en sus Resoluciones 8/2021, de 9 de febrero (expte. de reclamación CT0163/2018), 70/2021, de 7 de mayo (expte. de reclamación CT-326/2020), 224/2021, de 19 de noviembre (expte. de reclamación CT-206/2020), 33/2022, de 7 de marzo (expte. de reclamación CT-217/2020) y 147/2022, de 12 de agosto (expte. de reclamación CT-183/2020), su competencia para resolver las reclamaciones en materia de acceso a la información presentadas por los interesados de procedimientos en curso, puesto que si se admite, como parece lógico, que el reenvío de la legislación de procedimiento no afecta a las peticiones de acceso a la información pública por parte de terceros, no tiene sentido que el interesado reciba un trato de peor condición que el tercero respecto al acceso a la información que forma parte de un procedimiento en curso. Este criterio ha sido ratificado en sede judicial, primero por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de León, en su Sentencia 335/2018, de 5 de diciembre (adoptada en el recurso interpuesto frente a la Resolución 70/2017, de 14 de julio, antes citada), y después por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en su Sentencia 1253/2019, de 24 de octubre, dictada en el recurso presentado frente a la Sentencia anteriormente citada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de León. Por otra parte, el hecho de que una solicitud de información persiga un interés legítimo pero privado, no impide la aplicación de la LTAIBG. Así se ha señalado por el Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 1519/2020, de 12 de noviembre (rec. 5239/2019), donde se ha indicado expresamente al respecto lo siguiente: “(…) tampoco puede mantenerse que la persecución de un interés privado legítimo (…) no tenga cabida en las finalidades expresadas en el preámbulo de la LTAIBG, que entre otras incluye la posibilidad de que los ciudadanos puedan «conocer cómo se toman las decisiones que les afectan», sin perjuicio además de que la solicitud de acceso a una información pública por razones de interés privado legítimo no carezca objetivamente de un interés público desde la perspectiva de la transparencia que fomenta la LTAIBG, reseñada en su preámbulo, de fiscalización de la actividad pública que contribuya a la necesaria regeneración democrática, promueva la eficiencia y eficacia del Estado y favorezca el crecimiento económico. (…) Como se aprecia con facilidad, en la delimitación subjetiva establecida por el artículo 12 de la LTAIBG examinado, no se hace mención alguna sobre la exclusión de solicitudes de acceso por razones del interés privado que las motiven” (fundamento de derecho cuarto). Lo anterior puesto en relación con el supuesto que fue planteado en la presente reclamación nos conduce a afirmar, de un lado, nuestra competencia para admitir y tramitar la reclamación presentada en su día, aun cuando la solicitud de información hubiera sido presentada en relación con un procedimiento en curso por quien tenía la condición de interesado en este (no obstante, el citado procedimiento es probable que ahora se encuentre ya finalizado); y, de otro, la aplicación a su petición de información de lo previsto en la LTAIBG en todo aquello que pudiera ser más beneficioso para el solicitante. Séptimo.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, procede señalar que el objeto de la solicitud presentada en su día por el antes identificado puede ser calificado como “información pública”, de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la LTAIBG. Este precepto define la información pública como: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. No cabe duda de que los documentos que forman parte de un expediente de contratación pública son información pública en el sentido señalado en el precepto transcrito. Por tanto, el derecho del solicitante de acceder a la información indicada se encuentra reconocido no solo por la LCSP y por la LCAP, en cuanto este tiene la condición de interesado en el procedimiento donde se han emitido los dos informes objeto de su petición y que justificaron la exclusión de su oferta, sino que también podría tener su reconocimiento en el marco de aplicación de la LTAIBG. En consecuencia, la solicitud de información pública que se encuentra en el origen de esta reclamación debe ser resuelta expresamente, reconociendo el derecho de su autor a acceder a los dos informes que fueron objeto de su petición. Octavo.- En relación con la formalización del acceso a la información pública, el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En el supuesto que aquí se plantea, puesto que el solicitante se ha relacionado por medios electrónicos con el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba, esta debe ser la vía utilizada para proporcionarle acceso a los dos informes en cuestión. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba (Zamora). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, el Ayuntamiento de Manzanal de Arriba debe reconocer el derecho del reclamante a acceder a los dos informes que justificaron la exclusión del procedimiento de licitación de un contrato de servicios para la redacción de las normas urbanísticas municipales de la oferta presentada por aquel, y proporcionarle una copia de los mismos. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Manzanal de Arriba. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.