Reclamación del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria ante la denegación presunta de información pública por el Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra

Resolución 64/2023, de 20 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-108/2021 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación acreditada del Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Soria, ante el Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra (Soria) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 9 de octubre de 2020, tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra una solicitud de información pública dirigida por D. XXX, en representación acreditada del Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, al citado Ayuntamiento. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “Se adjunta BOP en el que se aprobó el proyecto ampl. edif. usos múltiples a comedor escolar en Fuentelfresno, proyecto XXX. Solicitamos tengan a bien informarnos de quien es el Director Ejecución Obra y el Coord. de S. y S.”. Hasta la fecha, no consta que la solicitud indicada haya sido resuelta expresamente. Segundo.- Con fecha 3 de marzo de 2021, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, en representación acreditada del Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 31 de mayo de 2021, se recibió la contestación del Ayuntamiento a nuestra solicitud de informe en la que se exponía lo siguiente: “La solicitud formulada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Soria al Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra adolecía de requisitos para poder atenderla: no se especificaba lo que solicitaban refiriéndose en su exponendo con abreviaturas «D.E.O. y Coord. SS». A mayor abundamiento, y caso de que se refirieran al nombramiento de técnico director de obra y en materia de Seguridad y Salud, estos no estaban nombrados a la fecha de su solicitud. A nuestro entender el Ayuntamiento en ningún momento ha vulnerado el acceso a la información pública, en tanto que sometió el Proyecto a información pública con toda la publicidad legal: Boletín Oficial de la Provincia de Soria, periodo durante el cual el Colegio de Aparejadores que formula la reclamación ante la Comisión de Transparencia no compareció como interesado. Asimismo el reclamante no acredita las razones o normativa por las que tendría que constar, a la fecha en la que se dirigen al Ayuntamiento, el «D.E.O. y coord. SS» en dicho Colegio, se trata de una obra cuyo Proyecto puede ser redactado por Ingeniero, sin necesidad de D.E.O., y también un arquitecto lo puede hacer sin aparejador, además de que las obras no se han iniciado, por lo que, transcurrido el plazo sin contestación por parte del Ayuntamiento, debió entender desestimada su defectuosa solicitud, sin que en este caso se pueda entender que se ha incumplido el deber de transparencia y acceso a la información pública”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autora es la entidad solicitante de acceso a la información pública. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada ante esta Comisión de Transparencia el 3 de marzo de 2021, después de que la solicitud de información pública fuera realizada a través de un escrito presentado el 9 de octubre de 2020. No obstante, la presentación de reclamaciones frente a las desestimaciones presuntas de las solicitudes de acceso a información pública no se encuentra sujeta a plazo, de conformidad con lo previsto en los artículos 20.1, 20.4 y 24.2 de la LTAIBG, así como de acuerdo con el criterio del CTBG, expresado en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, a partir de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos administrativos. Quinto.- Por lo que concierne a la cuestión de fondo planteada en esta reclamación, debemos partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. No cabe duda de que la información aquí solicitada es información pública en el sentido descrito en el citado artículo 13 de la LTAIBG. Se trata de información referida a una obra pública que, en principio, debiera estar contenida en un expediente de contratación. Por otra parte esta Comisión no puede compartir la argumentación expuesta por la Alcaldesa de Ausejo de la Sierra en orden a la desestimación por silencio de la solicitud formulada sobre la base de su carácter defectuoso, de la necesidad de motivar la reclamación formulada o de la exigencia al solicitante de haber participado en el trámite de información pública del Proyecto. En primer lugar y respecto de la concurrencia de posibles defectos en la solicitud al usar el interesado diversas abreviaturas, hemos de aludir a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la LTAIBG: “Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información, se pedirá al solicitante que la concrete en el plazo de diez días, con indicación de que, en caso de no hacerlo, se le tendrá por desistido, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución”. En este supuesto si el Ayuntamiento estimaba, como afirma, que la solicitud era defectuosa, debía haber instado al solicitante a subsanar la solicitud en los términos antedichos y no ampararse en el instituto del silencio. En segundo lugar, el Ayuntamiento sostiene que el Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria no argumenta ni acredita por qué el proyecto ha de contar con estos profesionales y que esto también vicia la solicitud de acceso a la información formulada. Sin embargo el artículo 17.3 de la LTAIBG dispone expresamente que “el solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. Sin embargo, podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución. No obstante, la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud”. Por tanto, tampoco en este aspecto podemos compartir las argumentaciones del Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra. Como mucho y si esta Administración considerara que no era necesaria la presencia de estos profesionales en el proyecto, y por tanto no existían en el mismo, debía haber resuelto la solicitud de acceso indicando que esa información no existía. Por último, tampoco consideramos oportuno aceptar el argumento de la Administración local en virtud del cual el proyecto se sometió a información pública y el solicitante de acceso a la información pública “no compareció como interesado”. En este sentido, la LTAIBG no ha establecido más límites al acceso a la información que los expresamente dispuestos en sus artículos 14 y 15, no concurriendo en el presente caso ninguno de ellos a juicio de esta Comisión. En concreto, como ya señaló esta Comisión de Transparencia en su Resolución 116/2022, de 14 de junio (reclamación CT-109/2021), los datos personales identificativos de los técnicos solicitados pueden ser cedidos a terceros en cumplimiento de una obligación legal del responsable del tratamiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1. apartados b) y c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, que legitiman el tratamiento y la cesión en cumplimiento de una obligación legal como es, en el caso que nos ocupa, la establecida en la LTAIBG. Sobre este mismo asunto, y a mayor abundamiento, debemos señalar que, además, estos datos deben ser objeto de publicidad activa en aplicación del artículo 8.1 de la LTAIBG, si se trata de contratos formalizados entre el Ayuntamiento y los técnicos llamados a realizar las funciones que les han sido encomendadas. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. En el presente caso la entidad solicitante de acceso a la información pública proporcionó una dirección de correo electrónico y por tanto es a esta a donde debe dirigirse la información solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX, en representación acreditada del Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, ante el Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra (Soria). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución ha de remitirse por vía electrónica la información relativa al técnico director y al coordinador de seguridad y salud de la obra referida en la solicitud de información cuya desestimación presunta constituye el objeto de esta reclamación, y, en el caso de no existir esta información por no haberse designado a aquellos, habrá de indicarse expresamente este extremo. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como representante del Iltre. Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Soria, y al Ayuntamiento de Ausejo de la Sierra (Soria). Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.