Reclamación por denegación de acceso a un listado de funcionarios con atribución temporal de funciones y solicitud de información futura

Resolución 69/2023, de 20 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-743/2022 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales ante la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 10 de octubre de 2022, la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales presentó una solicitud de información pública dirigida a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León. En el “solicito” de esta petición se exponía lo siguiente: “PRIMERO.- Que se nos envíe un listado de todos los funcionarios que tienen una atribución temporal de funciones. En este listado debe figurar: nombre y dos apellidos del funcionario, RPT en propiedad, RPT de la atribución temporal de funciones y motivos que determinan esta atribución temporal de funciones. SEGUNDO: A partir del día de hoy, se nos informe en el momento que se concede una atribución temporal de funciones a un funcionario, facilitando la información que se solicita en el punto primero”. Segundo.- Con fecha 14 de noviembre de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a esta impugnación. A esta petición se adjuntó una copia de la solicitud de información pública no contestada y de la reclamación presentada. Cuarto.- Con fecha 25 de enero de 2023, se recibió como respuesta a nuestra petición de informe una copia de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, notificada con fecha 8 de diciembre de 2022, por la que se resolvió expresamente la solicitud de información señalada en el expositivo primero de estos antecedentes. En la parte dispositiva de esta Orden se estableció lo siguiente: “RESUELVO Primero.- ESTIMAR la solicitud formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales en lo relativo al listado de los funcionarios que tienen una atribución temporal de funciones, informando al efecto conforme a los señalado en el Fundamento de Derecho Quinto. Segundo.- INADMITIR la solicitud formulada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales en lo relativo a que a partir del día de hoy se informe en el momento que se concede una atribución temporal de funciones a un funcionario, facilitando la información que se solicita en el punto primero, por referirse a información que no tiene la consideración de información pública conforme a lo establecido en el artículo 13 de la LTAIBG, conforme a lo señalado en el Fundamento de Derecho Sexto”. El fundamento de derecho quinto de esta Orden contiene la relación del personal funcionario con puesto de trabajo en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que tenía en aquella fecha autorizada una atribución temporal de funciones, indicando nombre y apellidos, Código RPT de la plaza que ocupa y los motivos de la atribución. Por su parte, en el fundamento de derecho sexto se expone lo siguiente: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la LTAIBG, la información solicitada respecto a que a partir del día de hoy se les informe en el momento que se concede una atribución temporal de funciones a un funcionario, facilitando la información que se solicita en el punto primero, al referirse a expectativas y decisiones hipotéticas o futuribles que en la actualidad no están planteadas, no puede ser calificada como información pública en cuanto que a la fecha de presentación de la solicitud no existe información ni documento alguno al respecto elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Resolución 746/2019, de 29 de enero, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno señala que el concepto de información pública recogido en la LTAIBG y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que efectivamente se disponga en el momento de presentar la solicitud, es decir, la LTAIBG no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener previsiones, como sería esta solicitud, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que no son información ni documentos existentes en el momento en que se solicitan”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora también formuló la solicitud de información pública que ha dado lugar a aquella. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, en el curso de su tramitación se ha producido la resolución expresa de aquella solicitud a través de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio que fue notificada a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales con fecha 8 de diciembre de 2022. De conformidad con la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo (entre otras, en su Sentencia núm. 2643/2015, de 15 de junio, rec. 1762/2014) referida al recurso contencioso-administrativo pero que es trasladable a la presentación de recursos administrativos y, por tanto, a esta reclamación, la adopción por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Resolución anteriormente referida, una vez que había tenido lugar la desestimación presunta de la solicitud, pero manteniendo en parte la inadmisión a trámite de la solicitud de información, no hacía necesario que el interesado procediera a ampliar el escrito de reclamación inicial presentado ante esta Comisión a los efectos de su resolución. Quinto.- El escrito de solicitud de información pública contenía dos apartados, el primero de ellos referido a la relación de funcionarios con atribución temporal de funciones (identificación del funcionario con nombre y apellidos, número de RTP/Plantilla de la plaza ocupada y motivos que determinaron la atribución temporal de funciones), y otro apartado para solicitar que, “a partir del día de hoy, se nos informe en el momento que se concede una atribución temporal de funciones a un funcionario, facilitando la información que se solicita en el punto primero”. La información referida a la primera cuestión debe considerarse información pública conforme a lo previsto en el artículo 13 de la LTAIBG, en el que se establece que “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Con todo, dicha información ha sido concedida a la reclamante a través del fundamento de derecho quinto de la Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio a la que se ha hecho referencia, haciéndose efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, por lo que en este punto se puede concluir que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial. En cuanto a la petición de futuro realizada en el escrito de solicitud de información pública, para que se facilite información a la reclamante cuando se conceda una atribución temporal de funciones a un funcionario, se comparten en su integridad argumentos de la Administración autonómica referidos a que el objeto de esta petición concreta no constituye información pública en los términos establecidos en el artículo 13 de la LTAIBG. En efecto, no puede considerarse información pública de acuerdo con lo establecido en el citado precepto, puesto que, obviamente, no se refiere a contenidos o documentos que obren poder de la Administración autonómica. Resulta evidente que el concepto de información pública se refiere a “actuaciones efectuadas” no a “actuaciones futuras”, puesto que estas últimas, obviamente, no existían en el momento de la petición y, por tanto, su acreditación documental no podía obrar en poder de la Consejería en el sentido previsto en el citado artículo 13 de la LTAIBG. Sexto.- Es cierto que en este caso se superó el plazo establecido para la resolución expresa de la solicitud presentada. Sin embargo, aunque el sentido del silencio administrativo es negativo (artículo 20.4 de la LTAIBG), que se hubiera producido el mismo no eximía del cumplimiento de la obligación de dictar resolución expresa. Así mismo, las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo determinaban que la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptara por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio (artículo 24.3 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). En consecuencia, nada cabe objetar al contenido de la decisión adoptada de forma extemporánea. Séptimo.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pública pedida, se puede concluir que ha desaparecido el objeto de una parte de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. Respecto a la parte de la solicitud inadmitida, comparte esta Comisión de Transparencia los argumentos utilizados por la Administración autonómica para adoptar esta decisión, fundamentada en que lo pedido no constituye información pública en los términos descritos en el artículo 13 de la LTAIBG. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación inicial de una solicitud de información pública presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales ante la Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información pública que fue solicitada; así como desestimar la reclamación en lo que respecta a la inadmisión a trámite de la petición referida a la información que habría de concederse de cara al futuro cuando fuera concedida una atribución temporal de funciones a un funcionario, por cuanto el objeto de esta segunda petición no constituye información pública. Segundo.- Notificar esta Resolución a la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales como autora de la reclamación, y a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ante la que se formuló la reclamación. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.