Reclamación sobre acceso a datos sanitarios de atención primaria en Castilla y León y resultado desestimatorio

Resolución 71/2023, de 27 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-313/2020 / reclamación frente a la Orden de 29 de octubre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se resolvió la solicitud de acceso a información pública formulada por D.ª XXX relativa a datos sanitarios en atención primaria I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 1 de octubre de 2020, tuvo entrada en el Registro electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León una solicitud de información pública dirigida por D.ª XXX a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “Datos de ATENCIÓN PRIMARIA: 1. Número total de consultas atendidas, con desglose de las atendidas por teléfono y las presenciales, por meses, en cada centro de salud, desde enero de 2020 y hasta el momento más reciente en que se resuelva esta petición de información. Datos de médicos de familia, enfermeros y pediatras. 2. Presión asistencial (número de consultas atendidas por día y profesional) en cada centro de salud, por trimestres, desde enero de 2020 hasta el momento más reciente en que se resuelva esta petición de información. Datos de médicos de familia, enfermeros y pediatras. 3. Número de médicos de familia, de enfermeros y de pediatras adscritos a cada centro de salud, por trimestres, desde enero de 2020. 4. Número de tarjetas sanitarias en cada centro de salud: total y número de tarjetas asignado a cada categoría profesional”. Esta solicitud fue resuelta expresamente mediante la adopción por la Consejería de Sanidad de la Orden de 29 de octubre de 2020, en cuya parte dispositiva se estableció lo siguiente: “Inadmitir a trámite la solicitud formulada por D.ª XXX, relativa a la información sobre datos de atención primaria correspondientes al año 2020 por ser una información que está en curso de elaboración o de publicación general, de acuerdo con lo dispuesto en el 18.1.a) de la LTAIPBG, poniendo en conocimiento de la interesada que su publicación está prevista para el mes de noviembre de 2020 en el enlace primaria en el Portal de Salud de Castilla y León.” En el fundamento de derecho tercero de esta Orden se establece lo siguiente: “(…) La información solicitada es una información sobre la que se está trabajando para su actualización y posterior publicación, prevista para el mes de noviembre de 2020, en el Portal de Salud de Castilla y León, dentro del apartado dedicado a Transparencia, dentro de la información que publica el Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, a la que se pude acceder a través del enlace https://www.saludcastillayleon.es/transparencia/es/observatorio/atención- primaria En este enlace se puede consultar la información sobre la población atendida, la actividad realizada y los profesionales que trabajan en atención primaria, con datos desagregados por ámbito (rural y urbano), área y centro de salud, relativa a 2019. La actualización de esta información, con los datos referidos a 2020, tal y como solicita la interesada, que como consecuencia de la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo se ha visto demorada, como se ha indicado, actualmente se encuentra en proceso de elaboración para su publicación en el Portal de Salud de Castilla y León. Por tanto, resulta de aplicación la previsión contenida en el artículo 18.1 a) de la LTAIPBG, que establece como causa de inadmisión a trámite las solicitudes «Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general». (…) En el caso que nos ocupa, siguiendo este criterio, resulta de aplicación la causa de inadmisión invocada, dado que la información solicitada referida al año 2020 puede ser considerada como información en fase de publicación general en el Portal de Salud de Castilla y León, a través del Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, de fácil acceso, que puede ser conocido y usado con facilidad por la interesada Además de acuerdo con la sentencia 105/2017, de 17 de octubre de 2017, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 7 en el PO 35/2016, respecto de la fecha de publicación señala que la Administración no puede retrasar sine die el acceso a información por el hecho de que su publicación esté en curso, una publicación que puede llegar a dilatarse excesivamente en el tiempo y que podría depender de un acto discrecional de la Administración y que la misma ha de estar accesible en un periodo razonable, se comunica a la solicitante que esta publicación tendrá lugar el próximo mes de noviembre (…)”. Segundo.- Con fecha 23 de noviembre de 2020, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a la inadmisión a trámite de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. En la instancia de reclamación se señala lo siguiente: “Que la información solicitada (desglosada por consultas atendidas por teléfono y consultas presenciales) no ha sido incluida nunca con anterioridad dentro de la estadística a la que la Consejería de Sanidad alude para inadmitir esta solicitud. Ni tampoco antes se ha publicado por meses, como solicitábamos (…). Solicita: Que se proporcione la información solicitada para observar la presencialidad de la actividad en los centros de salud desde el inicio de la pandemia”. Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Consejería de Sanidad poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase acerca de lo que estimase oportuno sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Como respuesta a nuestra petición se recibió un informe, emitido con fecha 4 de febrero de 2021, por el Secretario General de la Consejería de Sanidad. En este informe, además de reiterar la fundamentación jurídica de la Orden impugnada, se señala lo siguiente: “(…) Tal y como se indicó a la interesada en la orden que ahora es impugnada, en el Portal de Salud de Castilla y León, dentro del apartado dedicado a Transparencia destinado al Observatorio del Sistema de Salud de Castilla y León, se ha publicado la información sobre la población atendida, la actividad realizada y los profesionales que trabajan en atención primaria, desagregando los datos por ámbito (rural y urbano), área y centro de salud, pudiendo acceder a los mismos a través del enlace primaria-157eef donde se puede consultar dicha información en formato accesible respecto del periodo correspondiente de enero a septiembre de 2020, es decir, hasta el tercer trimestre. Respecto de los datos sobre la población atendida, la actividad realizada y los profesionales que trabajan en atención primaria correspondiente al cuarto trimestre de 2020, se informa que se trata de una información que lógicamente se encuentra en proceso de elaboración, ya que acaba de finalizar dicho trimestre recientemente y es necesario realizar un trabajo para extraer, analizar y consolidar los datos, a lo que se suma la excepcional situación de crisis sanitaria que estamos viviendo que puede demorar ciertos procesos, ya que los recursos tanto humanos como materiales disponibles están dedicados primordialmente y de modo intensivo a atender las demandas derivadas de la pandemia ocasionada por la COVID-19 (…) Específicamente, en cuanto a la información solicitada en el punto primero de la solicitud de D.ª XXX, esto es, el «Número total de consultas atendidas, con desglose de las atendidas por teléfono y las presenciales, por meses, en cada centro de salud, desde enero de 2020 y hasta el momento más reciente en que se resuelva esta petición de información», efectivamente es una información que no ha sido incluida dentro de la estadística que se publica en el Portal de Salud de Castilla y León, debido a que la atención primaria, de forma ordinaria, se lleva a cabo de modo presencial, siendo extraordinaria la atención telefónica, situación que tuvo que modificarse en los momentos iniciales de la pandemia, cuando, debido a la situación grave de transmisión comunitaria, con un índice altísimo de contagios, y a los confinamientos y a las limitaciones a la movilidad de las personas, se tuvo que primar la atención telefónica, siempre que fuera posible y compatible con la asistencia a prestar, con el objetivo de reducir lo máximo posible los desplazamientos a las instituciones sanitarias, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo y contagios, especialmente en las personas más vulnerables, pero manteniendo siempre la atención presencial y en domicilio de aquellos pacientes respecto de los que el profesional sanitario lo considerase necesario Esta circunstancia ha supuesto que no existiera una base de datos que específicamente estuviera destinada a recoger y explotar los datos de la actividad sanitaria realizada de forma presencial o telefónica”. A este informe se acompañó una copia del expediente tramitado para resolver la solicitud de información cuya inadmisión a trámite fue impugnada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello puesto que su autora fue la persona que se dirigió, en su día, en solicitud de información pública a la Consejería de Sanidad. Cuarto.- La reclamación fue formulada con fecha 23 de noviembre de 2020, dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación de la Orden impugnada (notificada electrónicamente con fecha 18 de noviembre de 2020), de conformidad con lo establecido en el artículo 24.2 de la LTAIBG. Quinto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, conviene recordar que la LTAIBG, de conformidad con lo previsto en su preámbulo, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. En similares términos, la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, recoge, en su Exposición de Motivos, el siguiente razonamiento: “La transparencia de la actuación de los poderes públicos al permitir el acceso de la ciudadanía a las fuentes de información administrativa, frente a la idea de secreto y reserva, refuerza el carácter democrático de las Administraciones Públicas, que quedan sujetas al control ciudadano. El conocimiento de la actuación de los poderes públicos, de sus objetivos, motivaciones, resultados y valoración permite a la ciudadanía formarse una opinión crítica y fundada sobre el estado de la sociedad y sobre las autoridades públicas, favorece su participación en los asuntos públicos y fomenta la responsabilidad de las autoridades públicas”. Como premisa básica, en el ámbito del derecho de acceso a la información, procede reiterar que el artículo 12 de la LTAIBG reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, concepto este último definido en el artículo 13 de la misma Ley como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pues bien, en este caso el objeto de la petición de información presentada por la reclamante con fecha 2 de septiembre de 2020, relativa a datos sanitarios en atención primaria, constituye en términos generales información pública, siendo este extremo aceptado en todo momento por la propia Consejería de Sanidad. Ahora bien, como señala el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 670/2022, de 2 de junio (rec. 4116/2020) “el derecho de acceso a la información pública no es un derecho ilimitado o absoluto, en el sentido de que garantice el acceso a toda la información pública en cualquier materia, sino que está sometido a límites que se desarrollan en el articulado de la LTAIBG”. Estos límites son los enunciados en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG (este último precepto relativo al límite derivado de la normativa de protección de datos), a los que cabe añadir las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 18.1 de la misma Ley como posible fundamento de una denegación de información pública. Sexto.- En el supuesto planteado en la presente reclamación, la solicitud presentada fue inadmitida, en su mayor parte, por considerar la Consejería de Sanidad la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo 18.1 a) de la LTAIBG, relativa a las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general”. El supuesto de hecho que determina la aplicación de esta causa implica, en primer lugar, que la información solicitada no se encuentre acabada o terminada, es decir que se encuentre inconclusa, pero que vaya a estarlo en un futuro más o menos próximo a la fecha de la petición; a lo cual puede añadirse, además, que tal información vaya a ser objeto de publicación, también en un futuro próximo, bien porque se trate de alguno de los contenidos que han de ser objeto de publicidad activa de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, bien porque se haya decidido la conveniencia de su publicidad general. En relación con la aplicación de esta causa de inadmisión, debemos traer a colación y acoger los razonamientos del, entonces, Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valencia (ahora sustituido por el Consejo Valenciano de Transparencia), quien en su Resolución de 28 de octubre de 2016 (expte. núm. 18/2015), puso de manifiesto lo siguiente: “(…) esta causa debe entenderse aplicable a los supuestos en los que la información y especialmente el documento concretamente solicitado no exista como tal sino que deba elaborarse o esté en trámite de elaborarse. Es decir, la información o más bien documento solicitado no existe como tal por no contar con sus elementos o porque la información que debe integrar no se ha integrado definitivamente. Para aplicar esta causa de inadmisión el sujeto obligado tendrá que describir concretamente el estado de elaboración – o falta de elaboración – de la información solicitada. Además, tendrá que informar de cuánto tiempo puede restar para una elaboración completa que permitiera solicitar su acceso en el futuro sin que procediese la inadmisión. De igual modo, habrá que dar acceso a la información que sí que está ya elaborada bajo el régimen de acceso parcial”. En los mismos términos se viene pronunciando esta Comisión de Transparencia respecto a esta causa de inadmisión, entre otras, en las Resoluciones 213/2022, de 21 de noviembre (expte. de reclamación CT-318/2021), 177/2022, de 4 de octubre (expte. de reclamación CT-222/2020), 172/2022, de 21 de septiembre (expte. de reclamación CT- 174/2022) y 81/2021, de 14 de mayo (expte. de reclamación CT-351/2020). Pues bien, en la Orden impugnada se señala que los datos relacionados con la asistencia primaria en Castilla y León que fueron solicitados por la reclamante se encontraban disponibles y publicados en el Portal de Salud de Castilla y León en la fecha de la petición en relación con el año 2019, mientras los relativos al año 2020 se encontraban en proceso de actualización, anunciándose que se iba a proceder a su publicación en noviembre de 2020 (evidentemente, los disponibles hasta ese momento). En la fecha en la que se emite por la Consejería de Sanidad el informe solicitado por la Comisión de Transparencia (4 de febrero de 2021) se señala que la información ya se encuentra publicada. Lo cierto es que, tal y como se ha constatado por esta Comisión de Transparencia, en este momento se encuentran publicados en el “Observatorio del sistema de salud de Castilla y León”, dentro del apartado “Transparencia” del Portal de Salud, los indicadores de asistencia primaria solicitados por la reclamante desde el año 2019 hasta el mes de diciembre de 2022 (también, obviamente, los correspondientes al año 2020), contenidos en diversos informes publicados en la página web. Así mismo, en el apartado de “datos abiertos”, se publican varios conjuntos de datos partiendo del año 2020 (incluido este), estructurados en los siguientes campos: fecha, zona básica de salud, ámbito de procedencia, área, provincia, edad, sexo, tipo de atención (presencial, no presencial por medios telemáticos, domiciliaria y atenciones en la comunidad) y número de consultas. Entre los conjuntos de datos publicados se encuentran los siguientes: - “Actividad de enfermería a nivel de Zona Básica de Salud”. - “Actividad de enfermería a nivel de consultorio”. - “Actividad de medicina de familia a nivel de Zona Básica de Salud”. - “Actividad de medicina de familia a nivel de consultorio”. - “Actividad de pediatría a nivel de Zona Básica de Salud”. Según se señala en el propio Portal de Salud, esta información se actualiza el día 8 de cada mes. Por tanto, a juicio de esta Comisión de Transparencia, toda la información solicitada por la reclamante relativa a la asistencia sanitaria en atención primaria en 2020 (con la matización que se realizará con posterioridad acerca de la diferenciación entre la atención presencial y no presencial) ha sido efectivamente publicada, encontrándose en la fecha en la que fue inicialmente inadmitida a trámite la petición presentada pendiente de ser actualizada y publicada. En consecuencia, a juicio de esta Comisión de Transparencia, se aplicó de forma correcta la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 a) de la LTAIBG, indicándose en aquel momento la fecha aproximada de finalización de la elaboración y publicación de la información señalada y garantizando el acceso a esta a través de su inserción en la correspondiente página web. Lo hasta aquí afirmado debe matizarse en relación con la información correspondiente a la asistencia sanitaria proporcionada de forma presencial o no presencial por medios telemáticos, puesto que en este caso la información de la que disponía la Consejería de Sanidad y que, finalmente, fue publicada no se correspondía con todo el año 2020, sino únicamente con la relativa a los meses de noviembre y diciembre. Ahora bien, es esta una cuestión sobre la que ya se ha pronunciado esta Comisión de Transparencia en su Resolución 129/2021, de 5 de julio, adoptada en el marco de la reclamación CT-143/2021. En esta Resolución se estimó parcialmente la reclamación indicada y en su parte dispositiva se estableció que la Consejería de Sanidad debía proporcionar a D.ª XXX “los datos relativos al número de consultas médicas, de enfermería y pediátricas realizadas de forma presencial y por vía telefónica en el mes de diciembre de 2020, por provincias, y especificándose el ámbito rural o urbano de las mismas”. En el fundamento jurídico séptimo de esta Resolución se señalaba lo siguiente: “A partir de lo expuesto, hay que tener en cuenta que la Consejería de Sanidad pone de manifiesto que no existe una base de datos que permita recoger y exportar los datos que permitían identificar las consultas realizadas de forma presencial y de forma telefónica; que los medios informáticos estuvieron adaptados para dar cobertura a las necesidades más imperiosas surgidas de la pandemia causada por la Covid-19; que para obtener la información realizada a demanda sería preciso acudir a cada uno de los expedientes de atención sanitaria; así como que, incluso podría no ser posible obtener la información relativa a si la atención prestada en cada uno de los expedientes se realizó de forma presencial o telefónica. No obstante todo lo anterior, puesto que la solicitud de información pública se refiere a los años 2019 y 2020, cabría pensar que debería facilitarse, al menos, la relación de consultas realizadas de manera presencial y no presencial durante parte del mes de noviembre y el mes de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad, fue cuando se empezó a incluir en la aplicación Medora el atributo que permite discriminar entre consultas presenciales y consultas realizadas por vía telefónica. A estos efectos, la simple extracción de datos de la aplicación no puede considerarse una labor de reelaboración a los efectos de aplicar la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG. Cierto es que la información parcial no facilitaría un contexto de comparación coherente con el contenido de la solicitud de información pública en consideración a lo que presumiblemente sería su finalidad, considerando además que con el inicio de la pandemia causada por la Covid-19 se generalizaron las consultas por vía telefónica, y que la solicitud de información pública abarca el tramo temporal de dos años (2019 y 2020), pidiéndose una individualización de consultas médicas, de enfermería y pediátricas por provincias y por meses, especificándose en el ámbito urbano y rural. A pesar de ello, en los términos amplios en los que se interpreta el derecho de acceso a la información pública, para cuyo ejercicio no es relevante la motivación que pudiera tener el interesado en solicitar la información en consideración a lo dispuesto en el artículo 17.2.3 de la LTAIBG, procede facilitar a la reclamante la información parcial de la que sí dispone la Consejería de Sanidad, relativa al número de consultas presenciales y por vía telefónica realizadas en el mes de diciembre de 2020, por provincias, y especificándose el ámbito rural o urbano de las mismas. Respecto a las consultas del mes de noviembre de 2020, puesto que no es posible facilitar datos individualizados del mes completo, a las consultas realizadas por vía telefónica y por vía presencial computables a través de la aplicación Medora habría que añadir un número no determinado de cada tipo de consultas. De este modo, la información que se pudiera facilitar en este caso no permite cifrar el número de consultas realizadas de una u otra forma y, por tanto, atender satisfactoriamente la solicitud de información”. Mediante Orden de 26 de julio de 2021 de la Consejería de Sanidad se dio cumplimiento a la Resolución de esta Comisión señalada y se proporcionó a la solicitante los datos relativos al número de consultas médicas, de enfermería y pediátricas, realizadas de forma presencial y por vía telefónica en el mes de diciembre de 2020, por provincias, y especificándose el ámbito rural o urbano de las mismas. Por tanto, la información específica sobre el tipo de atención sanitaria (presencial o no presencial mediante medios telemáticos) se encuentra disponible desde el momento en el que se incluyó en la aplicación Medora la posibilidad de discriminar entre consultas presenciales y consultas realizadas por vía telefónica. Por este motivo, en la publicación de los conjuntos de datos anteriormente mencionados en el “Observatorio del sistema de salud de Castilla y León”, se incluye esta información desde aquel momento. Séptimo.- En conclusión, la mayor parte de la información sobre la asistencia sanitaria de atención primaria de Castilla y León relativa al año 2020 se encontraba pendiente de actualización y publicación en la fecha en la que fue adoptada la Orden impugnada mediante la presente reclamación. Esta circunstancia determinaba la concurrencia de la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 a) de la LTAIBG y una vez que la actualización tuvo lugar se produjo la publicación de la información, manteniéndose esta publicación periódica de la información hasta la actualidad. Respecto a la información sobre la discriminación de la asistencia sanitaria proporcionada, según sea esta presencial o no presencial mediante medios telemáticos, esta Comisión de Transparencia ya se pronunció sobre la falta de disponibilidad de esta información hasta el final del año 2020, constatándose ahora también que tal información se está publicando de forma actualizada desde que la Consejería comenzó a disponer de aquella al incluirse esta discriminación en el programa “Medora”. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación presentada frente a la inadmisión a trámite de una solicitud de información pública relativa a datos sanitarios de atención primaria presentada por D.ª XXX ante la Consejería de Sanidad, por encontrarse en la fecha de su resolución la mayor parte de la información solicitada en curso de elaboración y publicación general, y ser publicada con posterioridad aquella información solicitada de la que disponía la Administración autonómica Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación, y a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.