Reclamación por denegación presunta de acceso a información sobre obras de pavimentación en el Ayuntamiento de Muriel

Resolución 75/2023, de 27 de marzo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-649/2022 / reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Muriel (Valladolid) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 31 de agosto de 2020 y número 13, tuvo entrada en el Registro del Ayuntamiento de Muriel (Valladolid) una solicitud de información pública dirigida por D. XXX y dos personas más a la citada Entidad Local. El objeto de esta petición se formuló en los siguientes términos: “SOLICITAMOS Copia, incluso Honorarios de los Facultativos, bien en papel, bien telemática o posibilidad de acceder al Proyecto de la obra de pavimentación que se está ejecutando actualmente en el contorno de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de este municipio”. Segundo.- Con fecha 14 de octubre de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León a través del Procurador de Común, Institución a la que se encuentra adscrita esta Comisión pero respecto de la que actúa con separación de funciones, un escrito que fue calificado como una reclamación presentada por D. XXX frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. En este escrito se hacía referencia a la ausencia de acceso a la información relativa a las obras de pavimentación llevadas a cabo en la plaza de la localidad, al tiempo que se señalaba que, además de la ausencia de respuesta a la solicitud presentada por escrito, aquella información también había sido denegada de forma verbal por la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento indicado. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos al Ayuntamiento de Muriel poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la presunta ausencia de respuesta que había dado lugar a la citada impugnación. Consta la recepción de esta petición por el Ayuntamiento destinatario de la petición de informe con fecha 28 de diciembre de 2022, a través de la firma del correspondiente aviso de recibo certificado. Sin embargo, el informe solicitado no ha sido recibido en esta Comisión de Transparencia. No obstante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se prosiguen las actuaciones y se procede a adoptar la presente Resolución. Sin perjuicio de ello, lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Muriel, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado. Esta falta de respuesta, además, supone un incumplimiento de la colaboración debida al Comisionado de Transparencia, en cuanto Presidente de esta Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello, puesto que su autor es una de las tres personas que se dirigieron, en su día, en solicitud de información pública al Ayuntamiento de Muriel. Cuarto.- Nos encontramos aquí ante la impugnación de una denegación presunta de la información solicitada en su día, puesto que no consta que la petición recibida en el Ayuntamiento de Muriel con fecha 31 de agosto de 2020 haya sido resuelta expresamente por este. La desestimación presunta objeto de esta reclamación se ha producido al haber transcurrido un plazo muy superior a un mes desde que tuvo lugar la entrada de la solicitud de información en el Ayuntamiento indicado, sin que conste su resolución expresa por este. En este sentido, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver”. En cuanto al sentido del silencio, el apartado cuarto del mismo precepto establece lo que se indica a continuación: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Respecto al plazo para la formulación de la presente reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, es, en principio, de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzcan lo efectos del silencio administrativo. No obstante, en relación con esta cuestión formal compartimos la postura mantenida al respecto por el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero de 2016, donde, partiendo de la jurisprudencia fijada por el Tribunal Constitucional acerca de los plazos para recurrir el silencio administrativo negativo y de las previsiones de la LPAC relativas a la interposición de los recursos de alzada y de reposición se concluye que “… la presentación de una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno frente a la desestimación de una solicitud de acceso a la información por silencio no estará sujeta a plazo”. Esta conclusión la hacemos extensible a las reclamaciones que se presentan ante esta Comisión de Transparencia frente a las desestimaciones presuntas de solicitudes de acceso a información pública. Quinto.- La reclamación que ahora se resuelve, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, antes citada, tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. El artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/001/2016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 119 de la LPAC señala que la resolución de un recurso “estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión”, así como que “el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento”. Lo anterior aplicado a la impugnación que nos ocupa implica que esta Comisión de Transparencia no debe limitarse únicamente aquí a instar a la Administración municipal la resolución expresa de la solicitud presentada, poniendo fin así al incumplimiento de la obligación de resolver esta última en el que se está incurriendo, sino que debe pronunciarse también sobre el contenido que debe tener aquella resolución. Sexto.- Comenzando con el análisis material de la actuación administrativa impugnada, procede señalar que el objeto de la solicitud presentada en su día por el antes identificado puede ser calificado como “información pública”, de acuerdo con la definición de este concepto que se realiza en el artículo 13 de la LTAIBG. Este precepto define la información pública como: “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Dentro de esta definición de “información pública” se incluye la información cuya denegación presunta dio lugar a la presente reclamación, consistente en la documentación integrante del expediente administrativo tramitado para la ejecución de unas obras públicas de pavimentación realizadas en el entorno de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de la localidad de Muriel. En consecuencia, resulta de aplicación a la solicitud de información pública identificada en el expositivo primero de los antecedentes la LTAIBG, norma legal que establece un procedimiento que da comienzo con la presentación de la correspondiente solicitud, la cual podrá ser inadmitida por alguna de las causas previstas en el artículo 18; continúa con la tramitación de la citada solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 y finaliza con una resolución recurrible directamente ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y potestativamente a través de la reclamación sustitutiva del recurso administrativo ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Sin embargo, en este caso, el Ayuntamiento de Muriel no procedió de la forma indicada, por cuanto ni tan siquiera ha contestado por escrito a la petición realizada. Por otra parte, desde un punto de vista material no se observa que el acceso a la información solicitada vulnerara alguno de los límites previstos en los artículos 14 y 15 de la LTAIBG, ni tampoco que la petición formulada incurriera en alguna de las causas de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogidas en el artículo 18 de la LTAIBG. Respecto a los límites, únicamente cabría señalar que en el caso de que en los documentos integrantes del expediente señalado aparecieran datos de carácter personal (de personas físicas) que permitan su identificación, se debe aplicar lo dispuesto en el artículo 15.4 de la LTAIBG y proceder a la disociación de tales datos con carácter previo a que tenga lugar el acceso a aquellos por el solicitante. Por su parte, en cuanto a las causas de inadmisión, ni tan siquiera el hecho de que la solicitud de información se presentara cuando todavía se estaban ejecutando las obras señaladas justificaba que en aquel momento pudiera aplicarse la causa de inadmisión de las solicitudes de acceso a la información pública recogida en la letra a) del artículo 18.1 de la LTAIBG relativa a las solicitudes “que se refieran a información que esté en curso de elaboración”. Al respecto, debemos señalar, como ya hemos hecho en anteriores Resoluciones de esta Comisión de Transparencia (entre otras, Resolución 40/2019, de 26 de febrero, expte. CT-0203/2018; Resolución 86/2020, de 3 de abril, expte. CT-24/2019; y Resolución 202/2020, de 30 de octubre; expte. CT-0215/2018), que no se debe confundir que una información se encuentre en curso de elaboración con el hecho de que forme parte de un procedimiento que se encuentre en tramitación y que, por tanto, no haya finalizado. En un sentido análogo, el Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valencia (ahora sustituido por el Consejo Valenciano de Transparencia), en su Resolución de 28 de octubre de 2016 (expte. núm. 18/2015), en relación a la causa de inadmisión relativa a información que se encuentra en curso de elaboración, puso de manifiesto lo siguiente: “(…) esta causa debe entenderse aplicable a los supuestos en los que la información y especialmente el documento concretamente solicitado no exista como tal sino que deba elaborarse o esté en trámite de elaborarse. Es decir, la información o más bien documento solicitado no existe como tal por no contar con sus elementos o porque la información que debe integrar no se ha integrado definitivamente. Para aplicar esta causa de inadmisión el sujeto obligado tendrá que describir concretamente el estado de elaboración – o falta de elaboración – de la información solicitada. Además, tendrá que informar de cuánto tiempo puede restar para una elaboración completa que permitiera solicitar su acceso en el futuro sin que procediese la inadmisión. De igual modo, habrá que dar acceso a la información que sí que está ya elaborada bajo el régimen de acceso parcial”. Poniendo en relación lo anterior con el supuesto planteado en la presente reclamación, cabe indicar que la circunstancia de que, en el momento en el que se presentó la solicitud de información no hubiera finalizado la ejecución de las obras en cuestión o, incluso, que pudieran ser modificadas estas, no podía fundamentar que se denegara entonces el acceso a la información pedida. En todo caso, lo procedente hubiera sido garantizar un acceso parcial, en los términos previstos en el artículo 16 de la LTAIBG, que se extendiera a todos aquellos documentos integrantes del expediente tramitado para la ejecución de las obras públicas en cuestión cuya elaboración hubiera finalizado en aquel momento. En todo caso, considerando que en el momento actual la ejecución de las obras sobre las que se pide información habrá finalizado, ahora procede que se resuelva expresamente, aunque de forma extemporánea, la solicitud presentada y que se reconozca el derecho del reclamante a acceder a todas las actuaciones integrantes del expediente administrativo correspondiente a la ejecución de las obras públicas de pavimentación señaladas. Séptimo.- En relación con la formalización del acceso a la información pública, el artículo 22.1 de la LTAIBG dispone lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. A los efectos que aquí interesan, lo anterior debe complementarse con lo previsto en el apartado 4 del mismo precepto: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En el caso aquí planteado, los solicitantes de la información, uno de los cuales es quien actúa como reclamante ante esta Comisión de Transparencia, señalaron expresamente que el objeto de su petición era obtener una copia de la documentación solicitada e indicaron en su escrito una dirección postal. Por tanto, esta ha de ser la vía utilizada para proporcionar la información correspondiente al expediente tramitado para la ejecución de las obras de pavimentación en cuestión. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la denegación presunta de una solicitud de información pública presentada por D. XXX y dos personas más ante el Ayuntamiento de Muriel (Valladolid). Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, se debe reconocer a D. XXX su derecho de acceso al expediente tramitado para la ejecución de unas obras públicas de pavimentación realizadas en el entorno de la Iglesia de Nuestra Señora del Castillo de la localidad de Muriel y proporcionar a aquel una copia de los documentos integrantes de aquel expediente en los términos señalados en el fundamento jurídico séptimo de esta Resolución. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y al Ayuntamiento de Muriel. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.