Reclamación por denegación presunta de información sobre técnicos directores de obras en SOMACYL, desestimada por desaparición del objeto

Resolución 91/2023, de 3 de abril, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-702/2022/ reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública dirigida por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 22 de septiembre de 2022, la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León dirigió, a través del formulario normalizado para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad de Castilla y León, una petición de información a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL). El objeto de esta solicitud se formuló en los siguientes términos: “En relación a obras de las EDAR de los municipios de La Bóveda de Toro, Fuentes de Ropel y Montamarta (Zamora) (…). La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales, SOLICITA: PRIMERO.- Nombre y dos apellidos del Técnico Director del Proyecto. SEGUNDO.- Nombre y dos apellidos del Técnico Director de las Obras”. Segundo.- Con fecha 2 de noviembre de 2022, se recibió en esta Comisión de Transparencia una reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública frente a la denegación presunta de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior, presentada por D. XXX, en representación de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León. Tercero.- Con fecha 23 de noviembre de 2022, el representante de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León ha manifestado ante esta Comisión de Transparencia la recepción de la información solicitada y ha pedido el archivo del expediente. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la misma organización solicitante de la información. Cuarto.- La reclamación inicialmente fue interpuesta frente a la denegación presunta de la solicitud de información presentada. Sin embargo, pocos días después de la presentación de la reclamación se comunicó a esta Comisión de Transparencia que había tenido lugar la resolución expresa de aquella solicitud, concediéndose el acceso a la información pedida. Teniendo en cuenta las fechas en la que fue presentada la solicitud de información y en la que se recibió esta reclamación en la Comisión de Transparencia, así como que el plazo máximo de un mes para resolver las solicitudes de acceso a información pública comienza a computarse, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, no desde la fecha de presentación de la petición de información sino desde la recepción de esta por el órgano competente para resolver, se puede afirmar que la desestimación presunta objeto de esta impugnación apenas si se acababa de producir cuando se formuló esta reclamación. De hecho, pocos días después se resolvió expresamente la solicitud y se concedió la información pedida sin que fuera necesaria una intervención de esta Comisión. Por tanto, se puede concluir, por haberlo puesto de manifiesto así el reclamante ante esta Comisión, que se ha concedido la información pública solicitada y que no tiene objeto la reclamación presentada. Quinto.- En definitiva, considerando que se ha resuelto expresamente la solicitud de información pública presentada haciendo efectivo el derecho de la solicitante a acceder a la información pedida, se puede entender que ha desaparecido el objeto de la reclamación inicial y, por este motivo, procede su desestimación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros RESUELVE Primero.- Desestimar la reclamación frente a la denegación presunta inicial de una solicitud de información pública presentada por la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, al haber desaparecido su objeto puesto que se ha proporcionado la información solicitada. Segundo.- Notificar esta Resolución al representante de la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales de la Junta de Castilla y León, autora de la reclamación. Tercero.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.