Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre expediente académico y evaluación de alumna en la Consejería de Educación de Castilla y León

Resolución 120/2023, de 25 de abril, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-9/2021 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 11 de agosto de 2020, tuvo entrada en el Registro electrónico de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León un escrito formulado por Dña. XXX, a través del cual se interpuso un recurso de alzada contra las calificaciones obtenidas por su hija menor, Dña. XXX, en las asignaturas de educación física, biología y geología, tecnología, inglés, francés y lengua castellana y literatura en el primer Curso de Educación Secundaria Obligatoria seguido por aquella en el IES XXX, de León. Dicho recurso contenía asimismo solicitud de acceso a información pública, concretamente en el punto segundo de los “solicito” del mismo, donde se exponía la siguiente petición: “SEGUNDO.- Que se facilite copia en formato digital del expediente administrativo en curso, que incorpore: copia de las actas de las sesiones de evaluación, de los informes elaborados en el centro, copia de la reclamación presentada ante el centro, la resolución de la dirección del centro, copia de los instrumentos de evaluación (exámenes y demás trabajos evaluados, así como copia de todos (sic) las sesiones online realizadas durante el tercer trimestre, y demás, correos electrónicos comunicados por la docente a través de las distintas plataformas educativas y recursos tecnológicos utilizados, etc.) que justifiquen las decisiones derivadas del proceso de evaluación de la alumna; medidas de refuerzo educativo que ha adoptado la docente para que XXX supere sus dificultades en el aprendizaje de la materia que le han impedido alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades, acorde con su nivel curricular demostrado en las demás asignaturas y en cursos precedentes: el informe, si procede de la directora y de la orientadora sobre el procedimiento en curso y el informe que haya elaborado la inspección educativa. Para lo cual se facilita la siguiente dirección de correo: [email protected]”. El recurso de alzada fue resuelto y desestimado mediante Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en León, de fecha 21 de octubre de 2020. Segundo.- Con fecha 13 de enero de 2021, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D.ª XXX, frente a lo que la interesada consideraba una denegación de la solicitud de información pública indicada en el expositivo anterior. Tercero.- Una vez recibida esta reclamación, nos dirigimos a la Consejería de Educación poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 26 de octubre de 2021, se recibió la contestación de la Consejería de Educación a nuestra solicitud de informe, de cuyo contenido se le dio traslado a la interesada, previa petición realizada por esta, con fecha 9 de noviembre, quien accedió a su contenido por sede electrónica en la misma fecha. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley 19/2013, de 9 de diciembre, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimada para ello, puesto que su autora es la solicitante de acceso a la información pública, como firmante del recurso de alzada donde se contenía la petición de información. Cuarto.- La reclamación ha sido presentada dentro del plazo establecido para ello 24.2 de la LTAIBG. Quinto.- Comenzando con el análisis de la actuación administrativa impugnada, debemos indicar que la solicitud de acceso a la información pública contenida en el recurso de alzada interpuesto por Dña. XXX, contiene, a su vez, dos peticiones de acceso respecto de cuestiones de diversa naturaleza. Como premisa debemos aclarar qué se entiende como información pública a tenor de lo dispuesto en el artículo 13 de la LTAIBG, precepto donde se define esta en los siguientes términos: “Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. A la vista de esta definición, lo primero que debe ser puesto de manifiesto es que, con carácter general, la información pública comprende contenidos y documentos elaborados o adquiridos por la Administración (en este caso por la Administración educativa), si bien no ampara todos los extremos de la petición formulada por la reclamante, tal y como expondremos en el cuerpo de esta Resolución. Por otra parte, como nos informa la propia Consejería de Educación, hay información pública de la que ya dispone la recurrente a cuyo efecto y, en este ámbito, la reclamación puede inadmitirse por estimarse repetitiva a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.1.e) de la citada LTAIBG. Esta causa de inadmisión afecta a la “petición de copia de la reclamación presentada en el centro y de la resolución de la dirección del centro”. También cabe la inadmisión de la solicitud en lo atinente a lo que se denomina por la reclamante “instrumentos de evaluación” puesto que, como informa la Consejería de Educación y la propia Directora del IES XXX, estos documentos “se corresponden con notas auxiliares del trabajo diario del profesor sobre la evaluación del aprendizaje del alumno que no forman parte del expediente académico”. Por tanto, se trata de información de carácter auxiliar o de apoyo cuya inadmisión tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 18.1.b) de la LTAIBG. En todo caso, lo que sí resulta pertinente es la emisión y notificación de una resolución administrativa debidamente motivada en la que, con sustento en el mencionado artículo, se inadmita la solicitud formulada respecto a estas peticiones, otorgando asimismo a la interesada la posibilidad de recurrir sobre la concurrencia de tales causas de inadmisión. Otro de los extremos acerca de los que se pronuncia la Consejería de Educación es sobre la solicitud del informe de la Directora y de la Orientadora sobre el procedimiento en curso. En este caso, la Administración nos indica que estos informes “no existen por lo que no se pueden facilitar”. Al respecto esta Comisión ha señalado en numerosas resoluciones (entre otras, Resolución 188/2020, de 9 de octubre, expediente CT-15/2020; Resolución 119/2021, de 18 de junio, expediente CT-147/2020; Resolución 219/2021, de 2 de noviembre, expediente CT-239/2020; o, en fin, Resolución 22/2022, de 1 de marzo, expediente CT-166/2021) que, en el supuesto de que la información pública solicitada no exista, la satisfacción del derecho de acceso a la información del solicitante exige que su petición sea resuelta expresamente manifestando de forma explícita tal circunstancia. En consecuencia, al igual que en los dos casos anteriores, resulta necesaria la emisión de una resolución en la cual se ponga de manifiesto la inexistencia de la información señalada pedida por la reclamante, y facilitando a esta la posibilidad de reaccionar en vía administrativa contra esta resolución. Sexto.- Cuestión distinta es la referida a diversos aspectos acerca de los que la Consejería de Educación señala que la interesada “ha tenido la posibilidad de obtenerla (la información) por los cauces legalmente establecidos”. Más concretamente se indica que “la reclamante ha podido acceder, previa petición al centro, a todas las informaciones que forman parte del expediente administrativo de los alumnos y que está integrado por el expediente académico, las actas de evaluación, el informe personal por traslado, el consejo orientador de cada curso de educación secundaria obligatoria y los historiales académicos de educación secundaria obligatoria y bachillerato”. Así las cosas, parece que se reconoce el derecho de la reclamante a acceder, pero no se precisa si ha accedido o no, por lo que la situación se plantea en estrictos términos de posibilidad. Por ello, a la vista de la solicitud formulada por la Sra. XXX, estimamos que ésta tiene derecho a acceder a esta información que ha solicitado, si bien en el marco de un recurso de alzada. Por esta razón, estimamos que debe concedérsele el acceso pedido a tal información, en caso de que este no haya tenido aún lugar. Séptimo.- En definitiva, esta Comisión considera que ha de emitirse resolución expresa en la que se hagan constar las causas de inadmisión de la solicitud formulada respecto de los aspectos señalados en el fundamento jurídico quinto. Por lo que se refiere al resto de peticiones ha de concederse el acceso, si aún no se hubiera hecho. En cuanto a la materialización de este acceso, el artículo 22.1 de la LTAIBG establece lo siguiente: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, y pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, en la solicitud de acceso a la información pública se señala, a efectos de notificación, una dirección de correo electrónico para atender a su solicitud. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar parcialmente la reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D.ª XXX ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución debe emitirse una Resolución expresa con el siguiente contenido: 1.- Inadmisión motivada de los pedimentos consistentes en información a la que la interesada ya ha tenido acceso, sobre la base del carácter repetitivo de la solicitud a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 2.- Inadmisión motivada de la solicitud de acceso a “los instrumentos de evaluación” por tratarse de información de carácter auxiliar o de apoyo, de conformidad con lo previsto en el artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 3.- Inexistencia de la información consistente en “los informes de la Directora y de la Orientadora sobre el procedimiento en curso”. 4.- Reconocimiento del derecho de la reclamante a acceder al resto de la información solicitada, poniendo esta a su disposición en los términos expuestos en el fundamento jurídico séptimo de esta Resolución, si no se hubiera procedido aún de esta forma. Tercero.- Notificar esta Resolución a la autora de la reclamación y a la Consejería de Educación. Cuarta.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.