Reclamación por denegación de acceso a información sobre registro de horas y horario laboral en el Ayuntamiento de Gallegos de Argañán finalizada por desistimiento

Resolución 147/2023, de 23 de mayo, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-551/2022 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante el Ayuntamiento de Gallegos de Argañán (Salamanca) I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 7 de septiembre de 2022, se recibió en esta Comisión de Transparencia un correo electrónico, a la vista del cual se podía deducir la voluntad de D. XXX de interponer una reclamación relacionada con una solicitud de información pública que había presentado en el Registro del Ayuntamiento de Gallegos de Argañán (Salamanca) el 15 de junio de 2022. El objeto de la petición dirigida a dicho Ayuntamiento se concretaba en los siguientes términos: “Solicito por la presente mi registro íntegro de mis horas desde su inicio obligatorio en 2019, hasta la fecha, además saber por escrito cuál va a ser mi horario laboral como orden general con la modificación del nuevo cómputo de horas. Gracias y si el día de mi reincorporación tras las vacaciones mi horario será de 7:00 a 14:00 como ha sido desde 2015, evitando así las horas de más calor y tal como indica el convenio colectivo en cuanto a horario intensivo”. Segundo.- En atención al correo electrónico al que anteriormente se ha hecho referencia, el Secretario de esta Comisión de Transparencia se dirigió a D. XXX para que subsanara su reclamación frente a la falta de respuesta a su solicitud de información pública, y, en particular, para que, en el plazo de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del requerimiento, remitiera su escrito debidamente firmado, con la advertencia de que, en el caso de no recibirse la subsanación de la reclamación en plazo, se procedería al archivo de la misma mediante la correspondiente resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Mediante el correspondiente justificante, se ha verificado la práctica de la notificación a través del acceso a esta, después de haber sido puesta a disposición del interesado el 7 de noviembre de 2022, según lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley anteriormente referida. No obstante lo anterior, transcurrido del plazo dado al efecto, no se ha recibido respuesta a la solicitud de subsanación de la reclamación y, por lo tanto, no obra en poder de esta Comisión de Transparencia la reclamación debidamente firmada por el interesado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la LTAIBG establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC). En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso-administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- Esta reclamación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 23.1 de la LTAIBG y 112.2 de la LPAC tiene la consideración de “sustitutiva de los recursos administrativos”. Las reglas generales de validez y eficacia de tal sustitución son, según el citado precepto de la legislación básica de procedimiento administrativo, las siguientes: su conocimiento se encomienda a órganos colegiados o comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas y han de respetarse los principios, garantías y plazos que la Ley del Procedimiento Administrativo Común reconoce a los interesados y ciudadanos en todo procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior, el artículo 24.3 de la LTAIBG prevé que la tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la legislación de procedimiento administrativo. Como recuerda el CTBG en su Criterio Interpretativo CI/0012016, de 17 de febrero, se deben aplicar a este procedimiento de reclamación “las reglas de interposición, la posibilidad de suspensión de la ejecución de la decisión impugnada, la audiencia a los interesados y la resolución”. Por otro lado, en virtud de lo establecido en al artículo 11.2.c) de la LPAC, debe ser requerido el uso obligatorio de firma para la interposición de recursos, motivo por el cual, como quedó expuesto en el antecedente segundo de esta Resolución, esta Comisión de Transparencia requirió al interesado para que subsanara su reclamación con la correspondiente firma. Sin que se haya procedido a la subsanación pedida en el plazo establecido, procede tener por desistido al interesado de su reclamación conforme a lo dispuesto en el artículo 68.1 de la LPAC, y, por lo tanto, tener por concluso el procedimiento según lo previsto también en el artículo 21.1 de la misma Ley, según el cual, en los casos de desistimiento de la solicitud, la resolución consistirá en la declaración de esta circunstancia, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Se declara el desistimiento de D. XXX en su reclamación y concluso el procedimiento. Segundo.- Notificar esta Resolución al D. XXX como autor de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.