Inadmisión de reclamación por falta de competencia al no identificarse la entidad pública destinataria de la solicitud de información

Resolución 184/2023, de 30 de junio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-782/2022 / reclamación frente a la falta de respuesta a una solicitud de información presentada por D.ª XXX I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 10 de octubre de 2022, D.ª XXX dirigió una solicitud de información referida a la localidad de Valdemerilla (Zamora) en los siguientes términos: “Solicita a Don XXX, con domicilio en C/ XXX , código postal XXX, Valdemerilla (Zamora); los movimientos de entrada y salida de dinero de las cuentas mancomunadas procedentes de pagos que recibe Valdemerilla por caza, leña, setas, etc… mínimo de los últimos 5 años. Si fuera posible de años anteriores al 2017 también”. No consta que, hasta la fecha, se haya dado respuesta a esta petición de información. Segundo.- Con fecha 20 de diciembre de 2022, se recibió en el Procurador del Común de Castilla y León, Institución a la que se encuentra adscrita esta Comisión de Transparencia pero respecto de la que actúa con separación de funciones, un correo electrónico de la antes identificada en el que manifestaba su oposición a la ausencia de respuesta a la petición de información señalada. A la vista de su contenido y en virtud de la referencia realizada a “cuentas mancomunadas”, este escrito fue calificado, en principio, como una reclamación en materia de derecho de acceso a la información pública presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por este motivo, con fecha 10 de febrero de 2023, nos dirigimos a D.ª XXX para requerirla que nos presentara su escrito de reclamación debidamente firmado y dirigido a esta Comisión de Transparencia. Como respuesta a nuestra petición, con fecha 22 de febrero recibimos un nuevo correo electrónico al que se adjuntaba una copia firmada por la antes identificada de su escrito de fecha 10 de octubre de 2022, en el que solicitaba información a D. XXX, cuando lo que se había requerido era el escrito de reclamación, debidamente firmado, dirigido a esta Comisión de Transparencia. A la vista de este último escrito, tampoco nos constaba cuál era la entidad pública a la que se solicitaba información a través del citado D. XXX, motivo por el cual no era posible confirmar la competencia de esta Comisión de Transparencia para tramitar y resolver la reclamación. En consecuencia, con fecha 6 de marzo de 2023 nos volvimos a dirigir a D.ª XXX con la finalidad de que nos remitiera su escrito de reclamación debidamente firmado y de que nos indicase cuál era la entidad presidida o representada por D. XXX a la que se había formulado la petición de información. En respuesta a este nuevo requerimiento, la interesada remitió un escrito de reclamación dirigido al Comisionado de Transparencia debidamente firmado, pero donde se continuaba sin concretar la entidad presidida o representada por D. XXX a la que se dirigía la solicitud de información. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma Ley establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. Tercero.- Los artículos 2 y 3 de la LTAIBG establecen el ámbito subjetivo de aplicación de esta Ley, enunciando las administraciones y entidades que han de cumplir con las obligaciones previstas en ella. Por su parte, ya hemos señalado que el artículo 8 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, enuncia las distintas entidades y organismos públicos frente a cuyas resoluciones, expresas o presuntas, se puede presentar una reclamación ante esta Comisión de Transparencia. Pues bien, en este caso, hemos procedido a consultar el Registro de Entidades Locales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y no hemos encontrado que la localidad de Valdemerilla se encuentre inscrita en el mismo. Por tanto, desconocemos cuál es la entidad, presidida o representada por D. XXX, a la que la reclamante dirigió su solicitud de información, y no podemos afirmar que aquella se encuentre dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG, ni que se integre dentro de alguno de los grupos de sujetos cuyas resoluciones en este ámbito son impugnables ante esta Comisión de Transparencia. En consecuencia, esta Comisión de Transparencia carece competencia para tramitar y resolver esta reclamación. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Inadmitir a trámite la reclamación frente a la falta de respuesta a una solicitud de información referida a la localidad de Valdemerilla dirigida por D.ª XXX a D. XXX Segundo.- Notificar esta Resolución a D.ª XXX, como autora de la reclamación. Tercera.- Una vez realizada la notificación señalada, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.