Reclamación por denegación de acceso a información pública sobre las plazas de la OPE de estabilización de la Junta de Castilla y León

Resolución 183/2023, de 30 de junio, de la Comisión de Transparencia de Castilla y León Asunto: expediente CT-205/2022 / reclamación frente a la denegación de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. I. ANTECEDENTES Primero.- Con fecha 3 de junio de 2020, D. XXX presentó ante la Consejería de la Presidencia el formulario 1425/2022, para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a través del cual solicitó lo siguiente: “En relación a la OPE de estabilización publicada mediante el ACUERDO 131/2022, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos en aplicación de la ampliación de los procesos de estabilización de empleo temporal autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se solicita, en orden a comprobar si se han sacado todas las plazas que obliga la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, dos tablas (una de personal funcionario y otra de personal laboral) A FECHA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CITADA LEY 20/2021, en formato que pueda ser reutilizable informáticamente, según exige los principios de la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de todos y cada uno de los puestos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos del ámbito de este Acuerdo, cuya forma de provisión sea en concurso ordinario o el concurso específico, con los siguientes campos: Código del Puesto, si es Puesto Estructural (SI/NO), Consejería, Centro Directivo, Unidad Administrativa, Provincia, Cuerpos del Puesto, Forma de Provisión, si en la fecha solicitada tenía titular (SI/NO), si en la fecha solicitada tenía ocupante (SI/NO), Fecha última titularidad del puesto, Fecha Primera ocupación temporal del puesto, Fecha inicio ocupación del ocupante temporal actual y Fecha de la primera relación del ocupante temporal con la Junta de Castilla y León”. Como respuesta a la solicitud indicada, fue dictada la Orden de 20 de junio de 2022 de la Consejería de la Presidencia, por la que se resuelve la solicitud de acceso a la información pública formulada por D. XXX, relativa a las plazas convocadas mediante el Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos en aplicación de la ampliación de los procesos de estabilización de empleo temporal autorizada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. (54- acinf-2022). En la parte dispositiva de esta Orden se establecía lo siguiente: “INADMITIR A TRÁMITE el acceso a la información pública solicitado por D. XXX, con fecha de entrada 3 de junio de 2022, en los términos establecidos en los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de esta Orden”. En los fundamentos jurídicos tercero y cuarto de la citada Orden se aprecia la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, correspondiente a las solicitudes “Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. Segundo.- Con fecha 26 de junio de 2022, tuvo entrada en la Comisión de Transparencia de Castilla y León una reclamación presentada por D. XXX, frente a la Orden de 20 de junio de 2022 de la Consejería de la Presidencia, por la que se inadmitió a trámite su solicitud de información pública. Tercero.- Recibida la reclamación anterior nos dirigimos a la Consejería de la Presidencia poniendo de manifiesto su recepción y solicitando que nos informase sobre la actuación que había dado lugar a la citada impugnación. Con fecha 19 de septiembre de 2022, se recibió la contestación de la indicada Consejería a nuestra solicitud de informe, en la cual se puso de manifiesto lo siguiente: “En relación con la reclamación ante el Comisionado de Transparencia de Castilla y León, CT 205-2022, relativa al ACUERDO 131/2022, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León y en la que el interesado solicita «las tablas en las que se fundamentaron para sacar la OPE y que tiene que constar en el expediente de la elaboración de OPE de estabilización», se propone estimar la reclamación presentada y remitir al interesado la documentación que se incorpora en anexos del presente informe»”. Junto a la comunicación de respuesta se adjunta la siguiente documentación, “puestos funcionarios Ley 20-2021, puestos laborales Ley 20-2021, resumen plazas funcionarios y resumen plazas laborales”. Considerando lo anterior, estimamos oportuno abrir un plazo de quince días para que el reclamante pudiera formular ante esta Comisión las alegaciones que estimara oportunas en consideración a la comunicación que nos había sido remitida por la Consejería, a los efectos de concretar si había sido satisfecha o no su solicitud de información pública. Dentro del plazo concedido el reclamante manifestó ante esta Comisión que no podía “determinar si se han incluido todas las plazas que obliga la Ley 20/2021, en cuanto, en esos archivos tan solo constan las plazas realmente ofertadas a la Estabilización, pero que no es posible determinar si existen otras que no se han incluido y debería haber sido así, como consta en la Memoria, que afirma que han excluido las plazas de las Ofertas del 2017 y 2018. Por ello, me reitero en pedir los archivos de la solicitud inicial”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero.- El artículo 12 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por la propia Ley. Añade este precepto que, en el ámbito de sus respectivas competencias, será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. El artículo 24 de la misma norma dispone que frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. Segundo.- La disposición adicional cuarta de la misma LTAIBG, establece que la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 citado corresponderá, en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público, y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial, al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. En Castilla y León ese órgano es esta Comisión de Transparencia a quien corresponde la tramitación y resolución de aquella reclamación, ajustándose a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 12 de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, se crea la Comisión de Transparencia para el conocimiento y resolución de las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su impugnación contencioso- administrativa, se presenten contra las resoluciones expresas o presuntas en materia de acceso a la información pública dictadas por los organismos y entidades del sector público autonómico relacionadas en el artículo 2.1 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León; por las corporaciones de derecho público cuyo ámbito de actuación se circunscriba exclusivamente a todo o parte del territorio de la Comunidad Autónoma; por las Entidades Locales de Castilla y León y su sector público; y por las asociaciones constituidas por las referidas entidades y organismos. En consecuencia, esta Comisión es competente para resolver la reclamación antes identificada. Tercero.- La reclamación ha sido presentada por quien se encuentra legitimado para ello puesto que su autor es la misma persona que presentó la solicitud de información pública que dio lugar a esta impugnación. Cuarto.- Por lo que respecta al tiempo y forma de presentación de la reclamación, hay que tener en consideración lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG, según el cual: “La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo”. Por otro lado, el artículo 20.1 de la LTAIBG establece: “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo haga necesario y previa notificación al solicitante”. En este supuesto concreto, la reclamación fue registrada en tiempo y forma ante esta Comisión de Transparencia, puesto que se presentó el 26 de junio de 2022 y su objeto, como hemos señalado, es la Orden de la Consejería de la Presidencia de 20 de junio de 2022. Quinto.- En cuanto a la cuestión de fondo de la reclamación formulada, hay que partir de que el artículo 13 de la LTAIBG define la información pública como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En el supuesto objeto de la reclamación que ahora se resuelve, la información solicitada está relacionada con los elementos que han dado lugar a la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos en aplicación de los procesos de estabilización de empleo temporal de larga duración que deben llevarse a cabo conforme al artículo 2.1 y las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que dio lugar a la publicación del Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, indicado en al apartado primero de los antecedentes, y a la cuantificación de la oferta de empleo público en 2.589 plazas. Por lo expuesto, la información que ha sido solicitada a la Consejería de la Presidencia, y que ha dado lugar a esta reclamación, relativa a “dos tablas (una de personal funcionario y otra de personal laboral) A FECHA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA CITADA LEY 20/2021, en formato que pueda ser reutilizable informáticamente, según exige los principios de la propia Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, de todos y cada uno de los puestos de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos del ámbito de este Acuerdo, cuya forma de provisión sea en concurso ordinario o el concurso específico, con los siguientes campos: Código del Puesto, si es Puesto Estructural (SI/NO), Consejería, Centro Directivo, Unidad Administrativa, Provincia, Cuerpos del Puesto, Forma de Provisión, si en la fecha solicitada tenía titular (SI/NO), si en la fecha solicitada tenía ocupante (SI/NO), Fecha última titularidad del puesto, Fecha Primera ocupación temporal del puesto, Fecha inicio ocupación del ocupante temporal actual y Fecha de la primera relación del ocupante temporal con la Junta de Castilla y León”, constituye, sin duda, información pública elaborada por la Consejería de la Presidencia. En un principio, la solicitud de información pública fue inadmitida a trámite en virtud de la Orden de 20 de junio de 2022, de la Consejería de la Presidencia, al estimar la concurrencia de la causa de inadmisión contemplada en el artículo artículo 18.1.c) de la LTAIBG, correspondiente a las solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”. No obstante lo anterior, a través de la información facilitada por la Consejería de la Presidencia a esta Comisión de Transparencia, se ha hecho saber que existe una propuesta para estimar la reclamación presentada y remitir al interesado la documentación relacionada en el antecedente tercero de esta Resolución. Por tanto, la causa que había motivado la inadmisión a trámite del acceso a la información pública, solicitada por D. XXX, ha devenido inaplicable al indicar la propia Consejería de la Presidencia que “el interesado solicita «las tablas en las que se fundamentaron para sacar la OPE, y que tiene que constar en el expediente de elaboración de OPE estabilización»”, así como que “se propone estimar la reclamación presentada y remitir al interesado la documentación que se incorpora en anexos del presente informe”. Sin embargo, esta Comisión de Transparencia no tiene constancia de la existencia de una posterior resolución administrativa estimatoria en la que se haya materializado la propuesta antes referida, ni de que esta haya sido debidamente notificada al reclamante, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG, ni que la información pública solicitada a la Consejería de la Presidencia se haya proporcionado a aquel, dándose así satisfacción a lo pedido. A estos efectos, no se puede entender cumplida la obligación de la Consejería de proporcionar la información solicitada por el reclamante con la remisión de una copia del expediente a esta Comisión. A los efectos que aquí nos interesan, el artículo 119 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, señala que la resolución de un recurso “estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión”, así como que “el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento”. Lo anterior, aplicado a la impugnación que aquí nos ocupa, implica que en su resolución esta Comisión de Transparencia no debe limitarse únicamente a instar a la Consejería de la Presidencia a que resuelva expresamente la solicitud presentada, sino que debe pronunciarse también sobre la procedencia de la estimación de la solicitud, de conformidad con la propuesta que se nos ha remitido, y la obligación que tiene de proporcionar la información solicitada por el reclamante. Sexto.- Respecto a las alegaciones realizadas por el reclamante a la vista de la información remitida por la Administración autonómica a esta Comisión de Transparencia, debemos indicar que la memoria a la que se hace referencia en ellas es el documento denominado “Criterios de elaboración de la oferta de empleo público extraordinaria de estabilización de la Administración General de Castilla y León”, que obra en el expediente CT-174/2022, que trae causa de una reclamación formulada por el mismo ciudadano y dirigida a la misma Consejería, sobre una cuestión análoga a la aquí planteada. En el apartado 2) de este documento se señala“que del total de las plazas computadas de acuerdo con el apartado 1) de este documento de criterios, se detraerán las plazas vinculadas a los procesos selectivos correspondientes a las ofertas de empleo 2017 y 2018 siempre que, dichos procesos selectivos, se hayan convocado antes del 30/12/2021.( fecha de entrada en vigor de la ley 20/2021)”, exclusión que no obedece sino a lo que establece el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuando determina que “las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir”. Llegados a este punto, debemos traer a colación el contenido del apartado segundo, inciso 1, del Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León, firmado por el Presidente de la Junta de Castilla y León y por el Consejero de la Presidencia, publicado en el BOCYL del día 27 de mayo de 2022, donde literalmente se señala lo siguiente: “La presente oferta de empleo público incluye, para su provisión de acuerdo con los criterios y según la composición que se detallan en los apartados y en los anexos del presente acuerdo, las plazas de naturaleza estructural que contando con asignación presupuestaria cumplan las condiciones establecidas en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y, adicionalmente, las plazas que cumplen las condiciones establecidas en sus disposiciones adicionales sexta y octava”. Pues bien, la suma de los resúmenes de las plazas (2589) que nos han sido remitidos por la Consejería de la Presidencia, coinciden exactamente con la cuantificación de la oferta de empleo público reflejada en el apartado segundo, inciso 2, del Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, antes referido. De todo lo expuesto, no cabe sino concluir que la oferta de empleo público incluye las plazas que cumplen las condiciones establecidas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, sin que obre en esta Comisión de Transparencia ningún dato que nos permita apuntar que existan plazas que debiendo haber sido incluidas en aquella oferta de empleo público no lo hayan sido. Sexto.- El artículo 22.1 de la LTAIBG establece que: “El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Asimismo, el artículo 22.4 de la misma Ley dispone que: “El acceso a la información será gratuito. No obstante, la expedición de copias o la transposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, o, en su caso, conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable”. En consecuencia, el precepto señalado establece como preferente el acceso a la información por vía electrónica, salvo que el solicitante señale expresamente otro medio, y prevé, de forma específica, la posibilidad de que tal acceso se produzca a través de la expedición de copias, sin perjuicio de que esta pueda dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la normativa aplicable. En el caso que aquí nos ocupa, en las solicitudes de acceso a la información pública se opta por la obtención de la información a través de soporte electrónico, por lo que por esta vía se habrá de remitir al reclamante la información solicitada. En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, por unanimidad de sus miembros, RESUELVE Primero.- Estimar la reclamación frente a la inadmisión a trámite de una solicitud de información pública presentada por D. XXX ante la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Segundo.- Para dar cumplimiento a esta Resolución, la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León debe dictar una Orden en la que se reconozca el derecho del reclamante a acceder a la información correspondiente a las tablas utilizadas para aprobar la Oferta de Empleo Público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y de sus Organismos Autónomos aprobada mediante el Acuerdo 131/2022, de 26 de mayo, de la Junta de Castilla y León, y proporcionar a aquel el acceso a esta información. Tercero.- Notificar esta Resolución a D. XXX, como autor de la reclamación, y a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Cuarto.- Una vez realizadas las notificaciones señaladas, publicar la presente Resolución en la página web de esta Comisión, previa disociación de los datos de carácter personal que contuviera.